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Irastorza: Gobierno llevó adelante manejo responsable de dineros públicos sin dejar de atender reformas estructurales

El subsecretario Alejandro Irastorza participó en la tarde de hoy, junto al presidente del Directorio del Banco Central del Uruguay, Diego Labat, del panel de cierre del XI Congreso Nacional de Graduados en Ciencias Económicas, organizado por el Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay.
Jorge Visca, Diego Labat, Alejandro Irastorza, Sol Andrade

En su alocución Irastorza destacó la doble perspectiva del gobierno que conlleva el uso de las luces cortas para atender las urgencias y necesidades del momento, sin desatender la mirada a largo plazo, es decir las luces largas. De este modo, el subsecretario repasó los esfuerzos por atender las necesidades sanitarias, sociales y económicas derivadas de la pandemia del Covid-19; luego atender las consecuencias de la invasión de Rusia a Ucrania, que provocó el aumento de precio de algunos alimentos. Y más recientemente, la emergencia hídrica derivada de la histórica sequía que afectó al país.

Irastorza subrayó que se destinaron importantes recursos para apoyar a los sectores más afectados en las distintas circunstancias, pero sin perder de vista el largo plazo, que son las reformas estructurales necesarias para apalancar un mayor crecimiento y desarrollo.

A continuación, Irastorza afirmó que el año 2022 fue de importantes logros que se evidencian en los indicadores macroeconómicos: la actividad económica creció 4,9% real en 2022, luego de haber crecido 5,3% en 2021. A su vez, este crecimiento fue acompañado por la recuperación de la inversión, del empleo y el aumento de la formalidad del mercado laboral. Además, se inició la etapa de recuperación en el salario real que, junto a las políticas sociales implementadas, llevó a una disminución en la pobreza de los hogares. El jerarca recordó que la mejora en estos indicadores socio económicos se logró en un contexto internacional adverso, de bajo crecimiento económico mundial, alta inflación e inestabilidad financiera.

Por otra parte, dijo que en el primer trimestre de este año se notó un menor dinamismo de la actividad económica, producto de la sequía más grave de los últimos 100 años, tanto en duración como en severidad (el impacto directo en el agro de los efectos de la sequía se estimó en 0,6% del PIB del 2023). Por esta razón también se verificará una caída en la actividad en el segundo trimestre. Irastorza añadió que espera que la situación se revierta en el segundo semestre del año.

Por otra parte, el subsecretario destacó el apoyo destinado a potenciar la inversión en infraestructura, que desempeña un rol relevante para elevar la productividad global de la economía y mejorar la competitividad de la producción nacional de bienes y servicios, destacando un importante plan de obras viales en desarrollo en todo el país, interviniendo más del 80% de las rutas nacionales;

Durante el año 2022 la ejecución de inversión en infraestructura, sumada a la inversión pública en vivienda, llegó a los US$ 2.478 millones ejecutados en el año, alcanzando 3,5% del PIB. Para todo el quinquenio 2020-2024 la inversión en infraestructura, en conjunto con la inversión pública en vivienda, se proyecta que alcanzará los US$ 11.476 millones, un 7% más que en el quinquenio anterior.

Por otro lado, este crecimiento en la economía se ha visto reflejado en la mejora de los resultados en materia laboral. El acuerdo alcanzado en plena pandemia con sindicatos y cámaras empresariales priorizó el empleo, y asumimos el compromiso de la recuperación salarial a lo largo del período de gobierno.

Con respecto a 2019, ahora hay 116.000 ocupados más. De esta forma, no sólo se logró recuperar el empleo perdido durante la pandemia, sino también los 52.000 empleos destruidos en el quinquenio pasado.

Irastorza destacó también, como características de los ocupados, que aumentó la formalidad y que 7 de cada 10 empleos creados fueron en el interior del país.

Asimismo el jerarca hizo hincapié también en la baja significativa de la inflación, que está en su menor nivel de los últimos 18 años (desde noviembre 2005). Ello se encuentra en línea con lo propuesto desde el comienzo de esta Administración, y representa una defensa cierta del poder adquisitivo de trabajadores, jubilados y pensionistas.

El viceministro de Economía, también analizó la actual situación macroeconómica, que se enmarca en una política fiscal que, desde 2020, se ha guiado por un manejo responsable y prudente de los dineros públicos como condición necesaria para la estabilidad y el crecimiento económico del país.  Esto implica cumplir con las prioridades de política del gobierno atendiendo, a la vez, la sostenibilidad de la deuda pública.

Con ese objetivo, en 2020, se implementó una nueva institucionalidad fiscal que comprende una regla fiscal, a nivel del gobierno central, con tres pilares: el resultado fiscal estructural, la variación de egresos primarios y el tope legal de endeudamiento neto que, a su vez, se fijan anualmente con el objetivo de estabilizar la trayectoria de deuda.

En paralelo, la nueva institucionalidad fiscal generó dos consejos externos asesores: El Consejo Fiscal Asesor y el Comité de Expertos.

Irastorza también remarcó que la regla fiscal se cumplió por tercer año consecutivo y la trayectoria de deuda logró reducirse, luego del fuerte incremento provocado por la crisis sanitaria del COVID-19, tal como aconteciera en el mundo entero. Se cumplieron todos los objetivos trazados, no sólo a nivel de metas cuantitativas sino, particularmente, a la hora de responder a las necesidades prioritarias de la sociedad.

Y resumió: hablando en sencillo, la regla fiscal no es ni más ni menos que cuidar de la mejor manera el dinero de los uruguayos.

También alertó que en 2023 se dio un paso más, y como resultado de la nueva política fiscal responsable, se dispuso un alivio de la carga tributaria para los contribuyentes de menores ingresos y las micro y pequeñas empresas.

Luego destacó que los cambios propuestos en los impuestos a la renta de los trabajadores y pasivos generaron aumentos en el ingreso disponible de estas personas, con eje en los contribuyentes de menores ingresos. Unos 327.000 trabajadores y 179.000 jubilados y pensionistas y pequeñas y medianas empresas se vieron beneficiados con esta rebaja de impuestos. Las modificaciones dispuestas para los impuestos de micro y pequeñas empresas permitieron continuar profundizando el apoyo que esta Administración les ha otorgado desde el inicio, beneficiando en esta ocasión, a 35.150 micro y pequeñas empresas.

Durante 2022 y en lo que va de 2023, Uruguay recibió un fuerte respaldo de los inversores y de las cinco agencias que califican el crédito soberano del país, todas las cuales mejoraron la nota de calificación crediticia o su perspectiva. El país logró alcanzar la mayor nota de crédito de su historia, BBB+, apenas un escalón por debajo de la selecta categoría A. En sus respectivos informes, las calificadoras coincidieron en destacar el manejo fiscal prudente y creíble, la robustez de la nueva institucionalidad fiscal, las reformas estructurales en marcha (en particular, la de seguridad social), la resiliencia de la economía a los shocks externos y el fuerte flujo de inversión extranjera directa en distintos sectores de actividad.

En otro orden, Irastorza subrayó la aprobación de la reforma de la seguridad social, que nos permitirá tener un régimen previsional común sostenible, más justo y equitativo. El nuevo sistema otorga además mayor libertad a quienes después de jubilarse quieran seguir trabajando.

Por último, el viceministro reafirmó que esta Administración sigue comprometida con la apertura del comercio internacional, la integración y el libre flujo de bienes y servicios, habiéndose alcanzando logros significativos, tanto a nivel del Mercosur, como en materia bilateral, en la región y con terceros países.

Irastorza dijo, concluyendo su intervención, que la política económica que está llevando adelante esta Administración ha implicado un cambio sustancial respecto al pasado. Se ha trabajado para llegar con una respuesta efectiva a las necesidades más acuciantes de la sociedad en el marco de un manejo responsable y prudente de los recursos públicos.  El cumplimiento de los objetivos, el manejo macroeconómico cuidado y creíble y el compromiso con el desarrollo de la agenda de reformas estructurales, es el valor que esta Administración le está dejando al país y que es reconocido por inversores y calificadoras. Ello nos permitirá construir una economía más estable y próspera para todos los uruguayos.

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