Ministerio de Economía y Finanzas

En dicha actividad, que tuvo lugar en la Sala Acuña de Figueroa del Palacio Legislativo, también expusieron la copresidenta del Sistema B Uruguay Natalia Hughes, el diputado Rodrigo Goñi y el subsecretario del Ministerio de Ambiente, Gerardo Amarilla.

La ley de Sociedades de Beneficio e Interés Colectivo (BIC) fue aprobada en julio de este año, y establece condiciones para que las empresas creen valor económico e impacten positivamente en la sociedad y en cuidado del medio ambiente. En el encuentro se anunció la próxima reglamentación de la #LeyBIC .

En su intervención, el director de la Unidad de Gestión de Deuda (UGD) del Ministerio de Economía y Finanzas, Herman Kamil, comenzó felicitando “a los equipos que han puesto a Uruguay a la vanguardia en el desarrollo de un marco normativo y legal que permita generar las condiciones para que las empresas lleven adelante un propósito de impacto, ya sea en el área social, ambiental, que sea positivo, medible, verificable y con rendición de cuentas”.

“Esto no se trata de realzar la imagen corporativa, sino de realmente hacer que las empresas sean agentes de cambio en la sociedad, que marquen la diferencia, y que se compatibilice la actividad lucrativa ─concepto que no debe ser estigmatizado─ con la capacidad de las empresas de contribuir a un bien público, ya sea local o, en el caso del medio ambiente, un bien público global”, afirmó.

Kamil desarrolló en su presentación “cuáles son las políticas y las iniciativas que desde el gobierno se están llevando adelante en materia de finanzas sostenibles”, y destacó “los puntos de contacto que tienen estas políticas públicas con los objetivos y el espíritu de la ley BIC”.

El director de la UGD dividió su presentación en partes. En la primera, hizo énfasis en “la importancia creciente que están teniendo los criterios de desarrollo sostenible y de impacto en las decisiones de asignación del capital a nivel internacional, tanto en los mercados como en el crédito bancario”. En ese sentido, indicó: “La creciente concientización sobre la importancia de la huella ambiental y social en las decisiones de inversión está dando paso a un cambio acelerado en el paradigma de las finanzas internacionales, y eso lo vimos muy claramente la semana pasada cuando tuvimos la oportunidad, junto a las autoridades del Ministerio de Economía y de Ambiente, de participar de la conferencia de COP26 en Glasgow”, explicó Kamil. 

“Dada esa mayor jerarquización de los factores sociales y ambientales”, en la segunda parte de su exposición, el director de UGD resumió “cómo se posiciona Uruguay en ese nuevo contexto internacional ante esta nueva tendencia”.

Y, por último, en la tercera parte, planteó: “mirando hacia adelante, cuál es la hoja de ruta del gobierno en términos de la estrategia de financiamiento sostenible y cómo se articula, cómo se conecta con otras políticas públicas, pero también con las iniciativas que surgen desde el sector privado y desde la sociedad civil”, indicó.

“¿Qué entendemos nosotros por desarrollo sostenible? Es crear las condiciones de generar mayor crecimiento económico, mayor desarrollo social, satisfacer las necesidades de diversidad cultural y de esparcimiento, pero asegurando un medio ambiente sano ─y no solo para las generaciones presentes, sino también para las generaciones futuras─. El concepto de desarrollo sostenible para nosotros tiene imbricado la responsabilidad intergeneracional”, fundamentó Kamil.

“La sigla que hoy por hoy acapara la atención mundial es ESG, que representa la sigla en inglés por Environmental, Social and Governance, o sea los factores de medio ambiente, sociales e institucionales o de gobernanza”, continuó. “Estos son los factores que hoy por hoy, cuando hablamos con los inversores internacionales, que compran los bonos de Uruguay o que están pensando en relocalizarse en Uruguay con una inversión extranjera directa, son los primeros que ponen arriba de la mesa. No es solo desde los mercados financieros que se están tomando en cuenta estos factores, sino también desde los organismos multilaterales e instituciones financieras que están incorporando estos estándares de inversión responsable, y también cada vez más las agencias calificadoras de riesgo.”

“¿Cuáles son esos factores? En materia de medio ambiente, la estrategia de adaptación al clima, como reducir la contaminación del agua, la biodiversidad. Más y más, la forma en que los países usan (o abusan) de su capital natural, del aire, de la tierra, del agua, de su biodiversidad, está jugando un rol cada vez más importante en las decisiones de inversión, tanto de bonos como de inversión extranjera directa”, dijo. “También cuentan los factores sociales como los institucionales.”

“¿Dónde lo vemos eso en números, en concreto?: En el volumen de activos financieros que están siendo manejados por empresas que firmaron o suscribieron lo que se llama los Principios de Inversión Responsable. Esa sería la contracara de las empresas del sector productivo que buscan impulsar esta lógica BIC, es decir, empresas de sector financiero que están buscando productos o sectores donde invertir que sigan esos fines. Cada vez más estos fondos de inversión buscan incorporar en sus decisiones de portafolio el concepto de propósito. Ya no es solo el retorno, el riesgo, la liquidez: es en qué estoy invirtiendo, qué impacto va a tener. El lema es 'quiero que me vaya bien, pero haciendo el bien'. En Uruguay hay solo cuatro empresas o instituciones financieras que son signatarias del principio de inversión responsable, y nos parece que hacia adelante y en los próximos meses vamos a empezar a ver más y más en el Uruguay”, reflexionó Kamil.

“A su vez, la forma en que los inversores están mirando los criterios de inversión está afectando la forma en que los gobiernos acceden a recursos en los mercados de deuda. Este cambio de paradigma está dando lugar a la innovación financiera. ¿Cuál es la diferencia con los instrumentos tradicionales? Que los soberanos se comprometen, con los fondos que toman, a que eso va a tener un destino específico a proyectos de impacto ambiental y social. Ya no es simplemente recibir el dinero con fines generales sino claramente un compromiso de adónde destinarlos. Y ahí lo que priman dentro de los bonos temáticos, son los bonos verdes”, indicó. “Dado este contexto, este cambio en las finanzas internacionales, ¿cómo se posiciona Uruguay? ¿Dónde está Uruguay posicionado en el ranking ESG? Y acá la muy buena noticia es que a partir del mes pasado se posiciona primero en el mundo emergente en los factores ESG. Y esto muchas veces no conoce y no se sabe, no se difunde, pero es muy importante debido a que es cada vez más lo que se toma en cuenta en el mundo al pensar en dónde invertir”, subrayó el director de la UGD. 

“¿Por qué Uruguay tiene esos avances en ESG? El país hizo una fuerte transformación de su matriz energética apuntando a las energías limpias, y está hoy primero en el ranking de transición energética. También ha sido un bastión de estabilidad institucional y social, especialmente durante la pandemia. Ese factor también suma a la fortaleza ESG y es otro carácter distintivo del país. Dado ese contexto entonces ¿cómo Uruguay está diseñando sus políticas de financiamiento?”, se preguntó.

“El objetivo fundamental es que la política financiera sustentable sea la herramienta fundamental para transitar hacia ese sendero de crecimiento sostenible. Y en el punto de inflexión en el que estamos ─pasando de la fase de manejo de la crisis por la pandemia a una fase de recuperación─ es que Uruguay quiere y busca que ese crecimiento sea inclusivo y sostenible. Y para eso lo quiere demostrar con aspectos bien concretos. Y una forma es la de integrar a su política de financiamiento del gobierno los criterios de acción climática. Es decir, conectar directamente y alinear nuestra estrategia de financiamiento, con la que obtenemos los fondos, con los objetivos medioambientales. El gobierno ha mostrado un fuerte compromiso con las acciones de política para mitigar y adaptarse al cambio climático (la creación del Ministerio de Ambiente, la participación en distintos foros internacionales, el desarrollo de la estrategia de hidrógeno verde). Ello se plasmó en un artículo de la última Ley de Presupuesto que va en línea con el espíritu de BIC y es el artículo 533, que incorpora explícitamente los principios de Helsinki. Entonces establece que la recuperación económica de la crisis tiene que ser sostenible e inclusiva, incorporando también los efectos de mitigación del cambio climático”, prosiguió el jerarca.

“En términos de las iniciativas de financiamiento sostenible que el país está llevando adelante, tanto a nivel público como privado, quisiera destacar dos: la primera, el desarrollo y el diseño de un bono soberano global que esté vinculado directamente a indicadores ambientales, es decir, esto es un nuevo instrumento financiero que tiene tres aspectos distintivos: 1. Incorporará explícitamente dentro del contrato, dentro del instrumento financiero, los objetivos que a nivel climático el Uruguay se planteó alcanzar bajo el Acuerdo de París. 2. Que esos indicadores estén asociados directamente a los objetivos de la contribución nacional determinada que el Uruguay estableció a 2025 en la reducción de los gases de efecto invernadero. 3. Lo que vamos a buscar también es que haya una alineación de incentivos, que si Uruguay alcanza los objetivos pueda pagar menos tasa de interés, pero si no los alcanza que sea penalizado. Y es aquí donde quiero enfatizar: la importancia de las finanzas no es solo destinar y disponer de los recursos, pero es una fuente muy potente de incentivos y creemos que hacia adelante una forma de impulsar las finanzas sostenibles es generar instrumentos financieros que alineen los incentivos. A diferencia de otros bonos que hemos emitido en el pasado, la emisión de este bono es un esfuerzo interministerial y multidisciplinario en donde el Ministerio de Ambiente está trabajando activamente en el diseño del mismo, junto al Ministerio de Industria y Energía y el Ministerio de Agricultura y Ganadería”, informó Kamil. 

“De concretarse un bono de esta naturaleza, vemos varios aspectos potencialmente positivos: primero mejorar las condiciones de financiamiento soberano, segundo generar beneficios reputacionales y la atracción de otras alternativas de financiamiento. Uruguay es un ejemplo de responsabilidad ambiental en un mundo y en un tiempo histórico en el que esto es fundamental. Por lo tanto, esto trasciende el financiamiento del gobierno, esto tiene que ver con la atracción de inversión extranjera directa, la negociación de acuerdos multilaterales, el posicionamiento de Uruguay en los ODS. Pero también, y aquí es donde queremos hacer el vínculo con la ley BIC, puede tener un efecto demostrativo muy fuerte sobre el sector privado. En el alentar y en el incentivar, el desarrollo de un ecosistema financiero que busque destinar recursos, premiar a aquellas empresas que buscan el triple impacto. E insisto en que ese impacto tiene que ser positivo, medible, verificable y con rendición de cuentas, con resultados concretos”.

“Lo segundo en que estamos trabajando, que tiene muchos puntos de contacto con la ley BIC, es que en los primeros días de diciembre el gobierno va a lanzar la Mesa de Finanzas Sostenibles. Una iniciativa que lidera el Banco Central del Uruguay junto con el Ministerio de Economía pero que engloba e incorpora a los distintos agentes del sistema financiero. Porque si queremos impulsar empresas con espíritu BIC necesitamos tener escalados el capital y el financiamiento desde el sector financiero que tenga también esos propósitos. Necesitamos tener una comunión, tanto del lado de la oferta como del lado de la demanda. Y por eso es que creemos que crear estos espacios voluntarios de diálogo, con el sector privado, para cómo identificar alternativas para hacer esa movilización de recursos escalable es para nosotros fundamental”, explicó Kamil.

Para concluir, el director del MEF indicó que “en el mundo es cada vez mayor el compromiso con el cuidado del medio ambiente, el desarrollo de modelos de vida en sociedades sostenibles, y el bienestar colectivo de las personas. Hay un cambio en el enfoque, hay un cambio en el paradigma, y es en ese sentido que la ley BIC se consustancia con esa nueva tendencia. Ello implica que los países van a tener que movilizar flujos de capital con estos criterios, verdes y sociales, que permitan avanzar en cerrar las brechas pospandemia. Alcanzar esos objetivos de desarrollo sostenible para nosotros es un esfuerzo-nación. Tiene que ser multisectorial, multidisciplinario y tiene que involucrar al sector público, al sector privado, a la sociedad civil y al sistema financiero que permita alcanzar esos objetivos. Y es en eso en que estamos trabajando”.