Ministerio de Economía y Finanzas

En conferencia de prensa, durante un cuarto intermedio realizado para sanitizar el recinto de Diputados, la ministra de Economía Azucena Arbeleche informó, entre otros asuntos, que el Ministerio de Economía no puede revelar la información de los expedientes ya que no tiene una norma que lo habilite, y que cualquier persona puede utilizar el simulador de la web de Comap (Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones) para averiguar cuál puede ser la exoneración solicitada por una empresa.

Por otra parte, y en cuanto a los cuestionamientos de carácter ético, Arbeleche respondió preguntando acerca de a qué ética se estaban refiriendo. "¿La ética de quién? ¿Qué es lo que está buscando el miembro interpelante? ¿Que yo aplique mis valores personales por encima de las leyes de la República?", dijo Arbeleche, y respondió que la ética de los gobernantes es la ley.

Más temprano, durante la sesión parlamentaria, resumió la trayectoria de la política de promoción de inversiones, y lo que para Arbeleche “nuestro país posee, desde la década de 1970, es una verdadera política de Estado de promoción de inversiones”.

“Uruguay cuenta con una legislación denominada de promoción industrial que luego fue denominada de promoción de inversiones. Mediante la declaración de interés nacional en algunos casos, y en el marco de planes de desarrollo económico y social se ha buscado patrocinar, facilitar, y captar inversiones productivas. Esto es lo que la terminología constitucional denomina fomentar. Se trata de promocionar distintas inversiones de activo fijos y de bienes intangibles con el objetivo de contribuir directa e indirectamente al desarrollo, en especial a la creación y expansión de distintas fuentes de trabajo genuino”, indicó.

“Esta política de fomento o de incentivo de la inversión, ha sido desarrollada por el país durante por lo menos medio siglo, como una política de promoción industrial, que se ha transformado en una veradera política de Estado, la cual fue no solo mantenida sino inclusive ampliada y perfeccionada por los distintos gobiernos desde la recuperación de nuestra democracia. Las normas legislativas y reglamentarias le otorgan al Poder Ejecutivo distintas herramientas, como ser asistencia crediticia directa, canalización de ahorro, franquicias fiscales varias, trato justo por parte del Estado y sin discriminación alguna entre inversores nacionales y extranjeros, garantía de estabilidad jurídica, eventual rebaja de aportes a la seguridad social. Entre estas herramientas se encuentra el uso del incentivo a la exoneración tributaria en beneficio del inversor. La exoneración tributaria, en sus distintas variantes, no es la única herramienta a ser utilizada, sino uno de los mecanismos incentivadores con que cuenta la administración a efectos de captar inversiones, propendiendo así al desarrollo económico y social y por lo tanto a la creación genuina de fuentes de trabajo”, explicó la ministra en su alocución.

“Cuando la Administración, haciendo uso de las normas referidas, otorga una exoneración tributaria, no está otorgando un beneficio, un subsidio o una prebenda en exclusivo derecho del particular, sino que está otorgando un incentivo o está haciendo uso de una política de fomento, con el objetivo de obtener la contrapartida de la inversión, como política de desarrollo económico y social. Corresponde asimismo destacar que la declaración de interés nacional actualmente se encuentra hecha directamente por el legislador. En el régimen jurídico actual pueden resultar promovidos tanto la producción de bienes como de servicios, y esto queda claramente establecido en el artículo 11 de la ley 16.906, abarcándose prácticamente la totalidad de sectores económicos, incluyendo a título expreso el fomento a las actividades de las micro, pequeñas y medianas empresas, en tanto son generadoras de empleo productivo, de empleo genuino”, continuó Arbeleche.

“Desde los orígenes de la legislación antes citada se ha buscado la mayor objetividad a los efectos de disminuir el margen de discrecionalidad del Poder Ejecutivo para la selección de los beneficiarios. Entre las medidas para lograr la mayor objetividad se encuentra el hecho de actuar asesorado, necesariamente por una comisión de asesoramiento, me refiero a la Comsión de Aplicación de la ley 16.906, conocida como Comap. Esta Comisión, integrada con delegados de distintos organismos públicos, previa evaluación, dictamina en forma previa y necesaria para la posterior recomendación al Poder Ejecutivo, quien es el que concede los beneficios. Asimismo las circunstancia que en la actual página web de la Comap de que se encuentre un simulador a disposición de los inversores, el cual previamente establece la eventual exoneración refuerza la característica de actuación objetiva, reglada y ajustada a derecho del sistema, buscando minimizar todo lo posible la discrecionalidad de la resolución final”, explicó.

Luego la ministra se refirió a “las preguntas que realizara el diputado interpelante y que tienen que ver con expediente 84.398 de 2019 correspondiente a Isaac Alfie. La resolución 1522 de 11 de febrero de 2021 fue dictada como culminación del expediente mencionado. Al haberse dictado por el Ministerio de Economía, como ministra firmé esa resolución y por supuesto que como ministra tenía absolutamente conocimiento de esa resolución que estaba firmando. Esta resolución es la culminación del expediente citado cuyo titular es la empresa Isaac Alfie Stochek, expediente generado en el Ministerio de Economía como consecuencia de la petición calificada que su titular planteara en el correr del año 2019, el 13 de diciembre”.

“Mediante dicha resolución se declaró al amparo de las leyes 14178 y la 16906 el proyecto de inversión referida. Y cabe destacar que la Comisión recomendó expresamente y por unanimidad al Poder Ejecutivo el otorgamiento de los beneficios previstos en la legislación aplicable. Se actuó en consecuencia, plenamente conforme a derecho, contándose con los asesoramientos preceptivos previos y favorables por cuyo mérito debe afirmarse que la exoneración otorgada es regular, legal y ajustada absolutamente al sistema jurídico”, informó Arbeleche.

“El cargo de director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto no tiene incompatibilidades específicas para el desarrollo de la actividad privada, en tanto el beneficiario no integra el órgano resolutivo. Quien toma la decisión es el Ministerio de Economía”, dijo. Y expresó que Alfie dirige la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, “dependiente de Presidencia de la República”.

Arbeleche añadió que "jurídicamente en ninguna parte está establecido que por el hecho de devenir en gobernante o funcionario público deben negarse derechos sustanciales por la sola circunstancia de ser funcionario público o gobernante. Lo único que sí puede y debe exigirse es la abstención en el procedimiento resolutivo. Pero la pérdida de derechos sustanciales, el derecho de goce como es llamado, por el hecho de transformarse en gobernante o funcionario público, implicaría una causal inexistente de conculcación de derechos de cualquier ciudadanos".

“Ningún inversor está obligado a perder o renunciar a sus derechos sustanciales si se cumplen los requisitos legales sea o no funcionario o gobernante. El economista Alfie, tampoco”, expresó, y siguió diciendo que por lo tanto “no hubo por lo tanto ninguna ilegalidad o discrecional mal ejercida ni de parte del solicitante o de la ministra de Economía. Negar la exoneración tributaria solicitada hubiera constituido un acto ilícito”.

"Fui muy clara de todo el procedimiento y de que se cumplían los requisitos legales. La única alternativa era dar la exoneración tributaria. No me queda claro si la propuesta era que no se cumpliera la ley. No cumplir la ley no es una opción", dijo Arbeleche.

Por su parte, y a pedido de la ministra de Economía, la contadora Janet Cukier, delegada por el MEF ante la Comap y coordinadora general de dicha Comisión, explicó el rol del organismo y su constitución, de acuerdo a lo que está previsto en la legislación vigente.

"Los proyectos de inversión son recibidos por personal de la Ventanilla Única de la Comap, donde se realizan determinados controles a efectos de chequear que cumplan con todas las formalidades establecidas y son direccionados al ministerio evaluador competente", dijo Cukier.

"Los proyectos de inversión son evaluados por la COMAP siguiendo la normativa establecida a estos efectos, la cual es determinada por el marco establecido por la ley Nº 16.906, la cual además ha sido reglamentada en sucesivos decretos desde el año 1998 hasta la fecha", añadió.

“Existe un marco jurídico claramente establecido y de público conocimiento a efectos de realizar la evaluación de los proyectos, el cual marca pautas objetivas a estos efectos que anulan cualquier grado de discrecionalidad posible”, dijo la coordinadora general de la COMAP, Janet Cukier.