Ministerio de Economía y Finanzas

La directora Biestro explicó en rueda de prensa en el Poder Legislativo el significado de que Uruguay forme parte de la lista jurisdicción cooperante con compromisos asumidos ante la UE.

“Lo que vinimos a explicar fue la evaluación que está llevando a cabo el Código de Conducta de la UE para la fiscalidad en las empresas. Una evaluación que viene haciéndose desde el 2017. Dejamos claro que el foco está en las rentas empresariales, no en las rentas personales”, dijo Biestro.

“Dejamos claro también que esto no tiene absolutamente nada que ver con normativa que se haya aprobado en esta administración, como puede ser la ley de urgente consideración, o las nuevas hipótesis de configuración de residencia fiscal por inversiones, ni tampoco tiene que ver con normas que se hayan aprobado en administraciones anteriores. Esto es producto de una decisión de soberanía política que se tomó hace 50 años, de gravar solamente las rentas empresariales que se generan en Uruguay”, agregó.

La directora explicó que el foco está en las rentas pasivas, “entendiéndose por rentas pasivas intereses, dividendos y regalías, y mayoritariamente son aquellas sociedades que no tienen sustancia o actividad económica significativa en Uruguay”.

Biestro se refirió a cuáles serán los próximos pasos en ese sentido. “En el año 2022 deberían realizarse las modificaciones normativas y estas deberían entrar en vigencia el 1º de enero de 2023. Mantenemos contacto muy fluido con el Grupo del Código de Conducta de la UE desde el 2017, cuando fue la primera evaluación. Tenemos una relación fluida permanentemente y ellos van a estar en contacto con nosotros”, explicó.

La directora de Asesoría Tributaria descartó que Uruguay forme parte de una “lista gris” del organismo: “No hay listas cromáticas en la Unión Europea, la única lista que existe es la lista de jurisdicciones no cooperantes en materia fiscal. Una lista en la cual Uruguay no estuvo, no está, y no pretende estar tampoco”. “Hay jurisdicciones no cooperantes en materia tributaria, y después cooperantes. El anexo II, en el cual está incluido Uruguay es una jurisdicción cooperante con algún compromiso con la UE. Hay jurisdicciones que no se evalúan porque las jurisdicciones que evalúa son las que tienen alguna relación relevante, por ejemplo comercial, con los estados miembros de la UE. Cumpliendo con estos deberes que se tienen con la UE seríamos una jurisdicción cooperante, como somos ahora, pero sin compromisos con la UE”, agregó.

Al ser consultada acerca de una posible afectación de la imagen de Uruguay por cambios incluidos en la ley de urgente consideración, Biestro respondió: “Desde el punto de vista de la evaluación que hace la UE esto no tiene absolutamente nada que ver con las modificaciones realizadas en la ley de urgente consideración”.

Las declaraciones de Biestro fueron realizadas luego de la sesión de la Comisión de Hacienda de Diputados integrada con la especial de fines legislativos de transparencia, lucha contra el lavado de activos y el crimen organizado, a la que concurrió junto al ministro interino Alejandro Irastorza.

También asistió una delegación del Banco Central integrada por el presidente Diego Labat; el vicepresidente Washington Ribeiro; el superintendente de Servicios Financieros, Juan Pedro Cantera; y la gerente del Área de Asesoramiento de la Asesoría Jurídica, Viviana Pérez; además del secretario general de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, Jorge Chediak; y la contadora de la Asesoría Tributaria de la Dirección General Impositiva, Catalina Camejo.

El motivo de la convocatoria a la comisión fueron los cambios en las exigencias del grupo del código de conducta de la Unión Europea y sus eventuales consecuencias en la calificación de Uruguay en términos de jurisdicciones cooperantes.