El Poder Ejecutivo presenta proyecto de ley con la nueva causal de retiro anticipado a partir de los 60 años
La causal habilita un mecanismo general de acceso, concebido para atender contingencias y brindar mayor flexibilidad ante las diferentes situaciones que atraviesan las personas. De este modo, se consideran las diferencias en las trayectorias laborales, el desgaste físico acumulado, las diversas posibilidades de permanecer en el mercado laboral a edades avanzadas y las desigualdades en la expectativa de vida de las personas según su nivel socioeconómico.
La reforma pone el foco en los trabajadores y trabajadoras más vulnerables. El diseño propuesto permite que trabajadoras y trabajadores de los sectores de ingresos bajos y medio bajos puedan anticipar el retiro y jubilarse con montos similares o mayores a los vigentes antes de la reforma de 2023. Los sectores medios y altos también podrán hacer uso de la causal, pero el esquema de beneficios introduce incentivos adicionales a que estos sectores se mantengan en actividad hasta la edad normal de 65 años.
Por tratarse de una causal destinada a quienes no pueden o no desean continuar en actividad, no habilita la compatibilidad con trabajo.
Otras mejoras
El proyecto de ley también incorpora cambios en el suplemento solidario, de forma de asegurar que continúe reforzando las jubilaciones más bajas a futuro. Asimismo, la modificación sustituye el mecanismo discrecional de ajuste que rige actualmente, permitiendo mayor previsibilidad sobre la evolución futura de los egresos del sistema.
Por otra parte, el proyecto amplía, para las personas que configuran alguna causal jubilatoria, la posibilidad de acceder a las partidas adicionales destinadas a personas que enfrentan una incapacidad permanente; al tiempo que elimina los plazos vigentes para el reconocimiento de servicios anteriores al inicio de la historia laboral en 1996.
Sostenibilidad financiera
Las proyecciones realizadas por los servicios actuariales del Banco de Previsión Social (BPS) indican que los cambios propuestos no comprometen la sostenibilidad económico financiera del sistema previsional. A mediano plazo, se estima un costo máximo anual de 0,16% del PIB entre 2040 y 2045, que se torna decreciente hasta llegar a ser nulo a largo plazo.