Ministerio de Economía y Finanzas

En un panel conformado por Gabriel Daly, de Perú; Juan E. Chackiel, de Chile; Bruno Westin Leal, de Brasil; y moderado por Ancor Suarez, y Carlos Nascimento, del BID, Panizza afirmó que “Uuguay resulta atractivo y diferencial para captar financiamiento privado y esto se sustenta básicamente en cuatro pilares: Ser un país atractivo para las inversiones; contar con un portafolio de proyectos claro y definido; contar con un marco jurídico regulatorio robusto; y una adecuada oferta de financiamiento”.

“En términos de institucionalidad, lo primero a resaltar es que Uruguay cuenta desde hace años con una fuerte estabilidad política y social, respaldada en una democracia consolidada y fuerte seguridad jurídica. El país cuenta con una sólida tradición democrática, basada en una transparente política de gobierno y en una amplia libertad económica”, afirmó la directora.

“Esta cualidad es tomada como un diferencial por los inversores a la hora de optar por Uruguay, ya que actúa como un pilar para la generación de confianza en el clima de inversiones. Y consideramos que esto ha sido reflejado en nuestro Programa PPP a través de la alta participación de consorcios oferentes integrados por empresas de origen extranjero. Uruguay es un país muy pequeño que necesita la participación de actores internacionales”, resaltó Panizza.

“En esa misma línea, el manejo ordenado macroeconómico y financiero hace que hoy Uruguay cuente con grado inversor otorgado por las cinco agencias calificadoras de riesgo que evalúan al país y, además, tres de ellas le otorgan una nota por encima del mínimo escalón de grado inversor. Esto ha impactado positivamente en nuestro Programa PPP al menos de dos formas: logrando un bajo costo de financiamiento soberano ofrecido a los contratistas PPP y otro ofreciendo un amplio espectro de inversores que proveen financiamiento a través de deuda senior, deuda subordinada o equity”, dijo la economista.

“Otra base fundamental para involucrar el sector privado en materia de infraestructura refiere al marco jurídico. Uruguay cuenta desde hace 10 años con un marco jurídico autocontenido como es la Ley específica de PPP que ofrece varias ventajas: establece un ciclo para cada proyecto, garantías para los acreedores financieros, da opciones de tratamiento contable a la Administración a través de la transferencia de riesgos, introduce al arbitraje como mecanismo de solución de controversias e incluye mecanismos de involucramiento institucional donde participan diversas organismos públicos”, explicó.

Y añadió que “eso ha redundado en diversos beneficios: en primer término, el marco jurídico ha asegurado contar con estudios previos robustos que aseguraron el desarrollo de proyectos con buenos niveles de rentabilidad social. Aquellos proyectos que no lograron demostrarlo, han sido descartados".

"En segundo término, se ha logrado diagramar proyectos que han resultado atractivos para el sector privado. Prueba de ello es que ninguna licitación en Uruguay, de los 13 proyectos que tenemos en cartera, se ha declarado desierta y en promedio, hemos contado con la participación de tres oferentes por licitación”.

“En términos de asignación de riesgos, se ha logrado una transferencia suficiente de riesgos hacia el sector privado, lo que ha permitido, por un lado, un tratamiento contable favorable a la Administración y, por otro lado, una mayor equidad intergeneracional en términos presupuestarios y de esfuerzo fiscal, donde cada generación aporta en función del uso que hace de la infraestructura", aclaró Panizza.

"Otro punto a destacar del marco jurídico es el equilibrio interinstitucional. En el programa de PPP de Uruguay se ha logrado el involucramiento de distintos actores a nivel de la Administración Pública, generando una visión sobre el mismo proyecto desde diferentes aristas y eso ha enriquecido los proyectos", acotó.

"En términos de transparencia, hemos transitado un camino que nos otorga un distintivo en la región en lo que refiere a publicación de contratos firmados, estudios previos e informes semestrales de control y seguimiento. Todos ellos colgados en la página web del Ministerio de Economía y Finanzas”, subrayó.

“Uno de los elementos que consideramos que ha sido valorado positivamente por el mercado, ha sido la generación de instancias de consultas públicas, o rondas con interesados, previo al lanzamiento de la licitación pública. En estas instancias, se evacuaron a través de sondeos de mercado, dudas acerca de qué tipo de proyectos se ajustaba mejor a las necesidades y potencialidades del mercado, así como también intercambios con la ciudadanía para explicar el mecanismo y recibir sus inquietudes. En la mayoría de los casos, las bases de licitación se publicaron en forma previa al lanzamiento del llamado a licitación, de modo de obtener sugerencias, por parte de los potenciales oferentes, y luego salir con un pliego de licitación más robusto”, señaló Panizza.

Consultada acerca del camino recorrido por Uruguay y en base a las recomendaciones que realiza el BID, sobre cuáles considera que son los principales desafíos que enfrenta el Programa PPP de Uruguay en lo que refiere al Control y Seguimiento, la directora de PPP indicó que los principales desafíos son “lograr que cada una de las instituciones involucradas comprenda su rol y el alcance de sus competencias. Entender las diferencias con la obra pública tradicional, un aspecto que en Uruguay nos ha costado muchísimo es que el enfoque tiene que ser de resultados y que realmente se cumpla con el objetivo de brindar el servicio al usuario, que realmente cumpla con los niveles de servicios establecidos en el contrato, a favor de los usuarios".

Panizza también hizo hincapié en que es necesario "ser realistas en los recursos humanos y monetarios con los que se cuenta, ya que ello condiciona la forma como se puede llevar adelante el control y seguimiento del proyecto. De lo contrario, se corre el riesgo de subexplotar la infraestructura disponible o de que la misma pierda valor rápidamente".

"Planificar cómo gestionar los recursos para mantenimiento, especialmente aquellos derivados de los gastos que son responsabilidad de la Administración, como ser: en los recintos penitenciarios que tenemos en Uruguay gastos por vandalismo; o mal uso, en el caso de los proyectos educativos. Esas fallas en la gestión pueden llevar a que no se pueda hacer un control adecuado del desempeño del contratista privado y no se obtenga el servicio deseado. Y estamos tratando de sortear esos obstáculos, pero con mucha dificultad, por las restricciones fiscales que tenemos", indicó.

"Encontrar la manera más eficiente de gestionar y reducir las modificaciones de contrato y las renegociaciones. En este sentido, es importante señalar que no siempre las modificaciones son perjudiciales, pero en la mayoría de los casos la Administración Contratante se encuentra en una posición débil de negociación. Asimismo, desde el Ministerio de Economía y Finanzas es un desafío entender claramente cuál debe ser el rol a desempeñar en estos casos y poder preservar la correcta transferencia de riesgos establecidos inicialmente, especialmente en los casos de solicitudes que pueden surgir desde la Administración contratante", dijo.

"Por último, un gran desafío es lograr la estandarización de los contratos. Si bien se ha recorrido un camino en ese sentido, hoy no contamos con un documento oficial que se pueda considerar como un contrato tipo. Entendemos que lograrlo implicaría una reducción tanto en los plazos de estructuración como en los plazos de estructuración financiera”, finalizó Panizza.