Suicidios en Uruguay. Nueva orientación de las políticas públicas ante evolución negativa
Este jueves, el Ministerio de Salud Pública (MSP) presentó las cifras actualizadas sobre mortalidad por suicidio e intentos de autoeliminación (IAE) correspondientes al año 2024.
La tasa de suicidio en 2024 fue de 21,35 por cada 100.000 habitantes, lo que representa una leve disminución respecto al pico registrado en 2022 (23,2). Sin embargo, la tendencia general desde el año 2000 continúa en ascenso.
El análisis por sexo muestra una diferencia persistente: en 2024, la tasa fue de 33,3 en hombres y 10,1 en mujeres, una brecha que se mantiene de forma consistente desde el año 2000.
En cuanto a la distribución por edad, las tasas más altas se registraron en personas mayores. El grupo de 85 a 89 años presentó una tasa de 38,2 por 100.000 habitantes, seguido por los mayores de 90 años (37,6). El tercer lugar lo ocupó el grupo de 20 a 24 años, con una tasa de 33,2, la más alta registrada históricamente para esta franja etaria. Este dato subraya la necesidad de continuar fortaleciendo las estrategias de prevención dirigidas a personas jóvenes.
A nivel territorial, los departamentos con mayores tasas de suicidio fueron Treinta y Tres (37,7), Río Negro (35,5) y Rocha (34,9), todos por encima del promedio nacional. Se advierte que estas cifras pueden presentar variaciones significativas debido al tamaño poblacional de cada departamento.
El informe identifica dos picos etarios de mayor prevalencia: personas mayores de 80 años (tasa de 34,84) y jóvenes de 20 a 24 años (33,21).
Respecto a los intentos de autoeliminación, la tasa en 2024 fue de 161,74 por cada 100.000 habitantes, superior a la registrada en 2023 (132,42). Este incremento podría estar vinculado a mejoras en los sistemas de registro, y no necesariamente a un aumento real de casos.
Al desagregar por sexo, se observa que la tasa en mujeres (223,34) más que duplica la registrada en varones (96,48). Por grupo etario, los IAE se concentraron principalmente en adolescentes y jóvenes, especialmente entre los 15 y 19 años, seguidos por el grupo de 20 a 24 años.
Los datos de mortalidad por suicidio provienen del Departamento de Estadísticas Vitales del MSP. En tanto, los registros de IAE se generan a partir del sistema digital obligatorio implementado en puertas de emergencia de todo el país desde octubre de 2022.
Acciones prioritarias
El abordaje de esta problemática requiere de acciones sostenidas a corto, mediano y largo plazo, con enfoque integral y perspectiva de derechos.
Entre las prioridades definidas se encuentra el fortalecimiento del primer nivel de atención, asegurando el acceso y la capacidad de respuesta en todo el territorio. También se trabajará en mejorar la calidad de la atención en salud, consolidar el enfoque intersectorial como política pública sostenida e incorporar de forma transversal la perspectiva de género, generaciones y territorialidades en cada una de las estrategias.
El MSP está llevando adelante la evaluación de implementación de la Estrategia Nacional de Prevención del Suicidio 2021-2025, elaborada en el marco de la Comisión Nacional Honoraria. Este proceso brindará insumos clave para el diseño de la próxima estrategia nacional 2026-2030.
La nueva estrategia se construirá a partir de una revisión rigurosa de la evidencia científica nacional e internacional, e integrará como ejes prioritarios la participación intersectorial, la inclusión activa de la sociedad civil -en particular de sobrevivientes y personas con experiencia vivida-, la incorporación de la perspectiva de género, generaciones y territorios, así como la definición de recursos concretos para su implementación y una atención adecuada en el marco del Sistema Nacional Integrado de Salud.
Desde el MSP se trabajará en la evaluación del estado de implementación de los abordajes psicoterapéuticos y psicosociales en el Sistema Nacional Integrado de Salud, comparando los avances entre 2011 y 2024. Se priorizará el fortalecimiento de la atención a personas con conducta suicida y a sus familias, así como la elaboración de protocolos específicos para situaciones de riesgo, incluyendo el desarrollo de uno recientemente finalizado sobre medidas de seguridad en emergencia, urgencia y ambulatorio no urgente.
La complejidad y multifactorialidad del suicidio exige un abordaje integral y sostenido. En este marco, el enfoque intersectorial resulta fundamental para avanzar en políticas efectivas de prevención. Se fortalecerá la Comisión Nacional Honoraria de Prevención del Suicidio, así como los espacios de articulación territorial, a través de los Grupos Departamentales de Prevención del Suicidio, promoviendo la participación activa de grupos de personas sobrevivientes. A su vez, se profundizará en la incorporación del enfoque de determinantes sociales de la salud, entendiendo que el entorno en el que vivimos tiene un impacto directo en el bienestar emocional y mental de las personas.
La formación de equipos técnicos y no técnicos es un eje prioritario. Se trabajará en el fortalecimiento del primer nivel de atención para el abordaje de la conducta suicida, incluyendo el lanzamiento de la segunda edición del curso virtual “Prevención de la autolesión y el suicidio: empoderamiento de los profesionales del primer nivel de atención”. También se implementarán las Guías de Práctica Clínica sobre ansiedad, depresión y conducta suicida, y se desarrollará una estrategia de capacitación dirigida a referentes comunitarios, con foco en cuidadores, docentes y personal policial.
El rol de los medios de comunicación también será abordado de manera específica. Está demostrado que una comunicación responsable puede tener un impacto positivo en la prevención. Por eso, se impulsará un plan de actividades de sensibilización y capacitación destinado a periodistas y comunicadores, junto con la difusión de orientaciones y pautas para el tratamiento adecuado de este tipo de noticias.
En paralelo, se trabajará en la regulación e implementación de medidas de seguridad en zonas de riesgo, como puentes, lugares elevados o de fácil acceso a fármacos, en coordinación con los Grupos Departamentales de Prevención del Suicidio.
Finalmente, se hará un especial énfasis en la mejora de la calidad de la información nacional sobre conducta suicida. Contar con datos sólidos y oportunos es clave para diseñar políticas públicas basadas en evidencia. En este sentido, también se avanzará en la definición de indicadores que permitan monitorear y evaluar en forma continua la implementación de la Estrategia Nacional de Prevención del Suicidio.