Resumen Ejecutivo
El envejecimiento de los funcionarios públicos es un asunto de atención en todas las administraciones públicas, particularmente en aquellas de mayor desarrollo. La velocidad de envejecimiento de los funcionarios públicos suele ser, además, más acelerada que la del sector privado (Colley, 2014). Esta situación plantea desafíos para el sostenimiento de algunos servicios públicos, así como de las capacidades, experiencia y memoria institucional de las organizaciones públicas.
Un servicio público más envejecido puede, a su vez, ser visto como una oportunidad en la medida que permite planificar una reconfiguración de la plantilla más acorde a las necesidades del sector público en el momento (Pilichowski et al., 2007). En este sentido, conocer cuántas personas entran en edad de retiro durante cada período es importante porque permite replantear preguntas como cuántas de esas vacantes es deseable reponer, o cuántas es necesario transformar en cargos con nuevos perfiles.
El presente estudio se circunscribe a la denominada Administración Central, esto es, Presidencia de la República y los 13 Ministerios actualmente existentes. Dentro de ese grupo, considera únicamente los vínculos con calidad de funcionario público, excluyendo además los funcionarios militares y policiales (escalafones “K” y “L”, respectivamente). Es decir que abarca al 23,5% del total de vínculos laborales existentes en esos organismos al 31 de diciembre de 2019.
El promedio de edad de este grupo de funcionarios es de 47,6 años, algo menor al promedio de 51,3 años que se verificaba en 2013.
También resulta relevante señalar que, aunque la brecha se redujo en los últimos 6 años, actualmente los funcionarios de la Administración Central siguen siendo en promedio 6,3 años mayores al promedio nacional.1
Por otra parte, si se considera que la edad mínima que habilita el retiro para estos funcionarios es de 60 años (siempre que además hayan completado 30 años de trabajo reconocido por el sistema previsional), se advierte que casi uno de cada cinco (19,4%) estaba en edad de retirarse en diciembre de 2019.
Este es un valor extremadamente alto en el contexto internacional. En efecto, como se aprecia en el siguiente gráfico, un estudio de OCDE (2012) informaba que para un conjunto de 9 países seleccionados el porcentaje de funcionarios con 60 años o más era de apenas 7,6%. Entre dichos países, el segundo con mayor proporción de personal esa franja etaria era Estados Unidos, con sólo 11%.
Finalmente vale la pena plantear algunos escenarios posibles en cuanto al porcentaje de funcionarios que podría pasar a retiro en los próximos cinco años. Hacia fines de 2024 el 5% de las personas que hoy son funcionarios públicos en la Administración Central debería retirarse por cumplir la edad máxima que determina el retiro obligatorio, actualmente fijada en 70 años.
No obstante, se advierte que en 2019 la edad promedio de retiro verificada fue de 63,9 años. Considerando la hipótesis de que el personal se retirara a los 63 años, entonces hacia fines de 2024 se habrá jubilado más de uno de cada cuatro funcionarios públicos del Poder Ejecutivo (27%).
En otras palabras, de mantenerse las actuales condiciones, durante el actual período de gobierno la causal jubilatoria plantea la oportunidad de rediscutir el destino de cerca de un cuarto de los cargos actualmente vigentes en el Poder Ejecutivo.