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Declaraciones Juradas de Bienes e Ingresos

La Declaración Jurada de Bienes e Ingresos, establecida por Ley N.° 17060 de 23 de diciembre de 1998, constituye un mecanismo de importancia relevante dentro de los instrumentos con los que cuenta el país para luchar contra el fraude y la corrupción administrativa.

La Junta de Transparencia y Ética Pública, la Administración y el Poder Judicial disponen, a través de esta herramienta legal, de un instrumento hábil para identificar eventuales conflictos de interés entre los funcionarios obligados a realizar la declaración jurada y, en función del análisis y seguimiento de esos datos, detectar posibles enriquecimientos injustificados o acciones ilícitas en perjuicio de la Administración.

Aquellos funcionarios que no cumplan con esta obligación serán declarados omisos por la Jutep (art. 16), y pasarán a integrar la nómina de funcionarios omisos, la cual es dada a conocer mediante difusión pública.

 

¿Qué es una Declaración Jurada de Bienes e Ingresos en los términos de la Ley N.° 17060?

Es una relación precisa y circunstanciada:

a. de bienes muebles e inmuebles, así como de los ingresos del declarante y de su cónyuge, o concubino declarado judicialmente tal, de la sociedad conyugal o de bienes concubinarios que integra, de las personas sometidas a su patria potestad, tutela o curatela;

b. de la participación que posea en sociedades nacionales o extranjeras, personales con o sin personalidad jurídica, en sociedades de responsabilidad limitada, anónimas o en comandita por acciones o holdings, así como de aquellas sociedades en las que desempeñe el cargo de director o gerente,

c. de los bienes que disponga el uso exclusivo y de los ingresos del declarante y su cónyuge.

 

¿Quiénes están obligados a presentar dicha Declaración?

Están obligadas las principales autoridades del Estado, en primer lugar, el Presidente y Vicepresidente de la República (art. 10) cuyas declaraciones se publican en el Diario Oficial (art. 12).

Además, están incluidos en la obligación los ministros de Estado, los miembros de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, del Tribunal de Cuentas y de la Corte Electoral, los senadores, los representantes nacionales e intendentes departamentales, en cuyo caso el contenido es reservado.

La Ley N.° 18362 de 6 de octubre de 2008 en su artículo 299 modifica y amplía la nómina de cargos y funciones públicas originalmente comprendidos por el artículo 11 de la Ley N.° 17060. Se incluye en la obligación una extensa enumeración de cargos y funciones, entre ellos gerentes, jefes de compras y ordenadores de gastos y de pagos de los organismos públicos cualquiera sea la denominación de su cargo (literal N del art. 11).

Asimismo, funcionarios que ocupen cargos políticos o de particular confianza, declarados tales a nivel nacional o departamental (literal O del art. 11). La totalidad de los funcionarios de la Dirección Nacional de Aduanas (literal Q del art. 11), y la totalidad de los funcionarios de la Dirección General de Casinos y de los Casinos departamentales (literal R del art. 11).

La Ley Nº 19149 de 24 de octubre de 2013 en su artículo 139 incluye la totalidad de los funcionarios del Ministerio del Interior (literal S del art. 11).

https://www.impo.com.uy/bases/leyes/17060-1998

https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18362-2008

https://www.impo.com.uy/bases/leyes/19149-2013