Ministerio de Economía y Finanzas

La iniciativa buscará mejorar el clima de negocios, digitalizar trámites que siguen en formato papel, eliminar controles duplicados y reducir costos de exportación y importación, lo que repercutiría también en el precio de los productos para los consumidores finales.

La consulta, que se abrió en marzo, recibió una diversidad de propuestas provenientes de cámaras empresariales, sectores académicos y ciudadanos particulares. Los temas que despertaron mayor interés incluyen la digitalización integral de trámites ante organismos como la DGI, el BPS y la Aduana, así como el fortalecimiento de la autoridad de competencia (COPRODEC), el reconocimiento de certificaciones internacionales para bajar el costo de importación de productos y la introducción de incentivos para la digitalización, la innovación y la capacitación del capital humano.

Estos comentarios se sumarán a los realizados en marzo por las principales cámaras empresariales, consultoras, universidades y sindicatos durante la presentación de los lineamientos del proyecto de ley.

Ley de Competitividad e Innovación

Uno de los pilares de la normativa es la agilización de procedimientos de evaluación, por ejemplo, mediante la reglamentación de las declaraciones juradas, el uso del silencio administrativo y el fortalecimiento del reconocimiento de certificaciones de otros países, con el objetivo de evitar dobles controles.

Asimismo, se reformará el Código Aduanero y se actualizarán las normativas asociadas al comercio exterior con el fin de dar mayor responsabilidad a las empresas y hacer más eficientes los mecanismos de control.

También se fortalecerá el marco normativo de la Ley de Defensa de la Competencia, para clarificar su accionar y orientar de manera más eficiente los recursos de la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia. Además, se incorporarán regulaciones procompetitivas en mercados regulados.

Finalmente, se ajustará el marco normativo de las instituciones asociadas a la innovación a los efectos de agilizar y optimizar el acceso a instrumentos de financiamiento.

Más reformas anunciadas en marzo

En paralelo al proyecto de ley, el MEF presentó en marzo nuevas medidas en línea con estos objetivos, como la eliminación de la intervención previa de DGI en el Comercio exterior para las importaciones y exportaciones, la eliminación de documentación en soporte papel para la Aduana, el Canal rojo basado exclusivamente en análisis de riesgo y beneficios para el Operador Económico Certificado (OEC) y el transporte ferroviario.

Estos anuncios se suman a las reformas anunciadas en 2025 y que entraron en vigencia 2026 como la reducción de la tasa LATU a las exportaciones, la eliminación de la tasa de Administración Nacional de los Servicios de Estiba (ANSE) a las importaciones y los adelantos especiales de IRAE.

Adicionalmente, este año se implementará la autocertificación de origen, facilitando el trámite de reconocimiento de la producción uruguaya en las exportaciones destinadas al Mercosur y posteriormente a la Unión Europea.