Ministerio de Economía y Finanzas

Kamil desarrolló su presentación en tres partes. En la primera describió la importancia creciente que de los criterios de desarrollo sostenible tienen en las decisiones de asignación de capital de inversores internacionales, y en la asignación del crédito del sistema bancario, tanto comercial como multilateral. 

En la segunda ilustró “los avances de Uruguay en los indicadores ambientales, sociales e institucionales, y el impacto positivo que ha tenido en las condiciones de financiamiento del gobierno desde la irrupción de la pandemia global”.

Por último, el director de la UGD planteó la hoja de ruta para la estrategia de financiamiento sustentable del gobierno y cómo se integrará con las políticas de acción climática.

“Entendemos el desarrollo sostenible como el proceso de crecimiento en el que se satisfacen las necesidades económicas, sociales, de diversidad cultural en un medio ambiente sano, para generaciones actuales y futuras. Es decir, este concepto tiene imbricado el mediano plazo e implica una responsabilidad intergeneracional”, expresó Kamil.

“Los inversores están enfatizando e integrando crecientemente los factores de sostenibilidad y de impacto en sus evaluaciones de riesgo crediticio y estrategias de inversión en bonos y acciones”, dijo.

“Asimismo, y cada vez con más frecuencia, los organismos multilaterales e instituciones financieras están incorporando estándares de inversión responsable y sostenible a sus decisiones de crédito y programas de desembolso de préstamos”, enfatizó.

¿Cuáles son esos factores?

“Son los factores ambientales, sociales y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés), que se enmarcan dentro de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible lineamientos de la Agenda Internacional ODS-2030 elaborada por las Naciones Unidas”, explicó.

“Entre los factores ambientales se incluye las estrategias de mitigación/adaptación al clima, desarrollo de energía renovables, gestión de residuos y recursos hídricos y protección a la biodiversidad, entre otros”, agregó.

En tanto, “los factores sociales pueden incluir igualdad de género, y distribución de la riqueza y nivel de pobreza, así como calidad educativa. Y entre los factores de solidez institucional se toman en consideración, entre otros, la estabilidad política, el estado de derecho, el nivel de corrupción y la independencia del Poder Judicial”.

El director de la UGD explicó que “una fracción de los fondos de inversión internacional está comprometida con los Principios de Inversión Responsable, y buscan invertir en aquellos gobiernos, sectores o empresas que puedan generar un impacto social o ambiental positivo, medible y verificable, además de un retorno financiero”.

El número de estos fondos “ha tenido un crecimiento sostenido, especialmente en 2020 y 2021. Esta jerarquización de los aspectos ambientales y sociales en las decisiones de portafolio está también impulsada por cambios regulatorios, particularmente en Europa. Basado en nuestros intercambios con varios de estos fondos, también está impulsado por una renovación generacional, donde los clientes más jóvenes apuntalan está tendencia. La filosofía e inversión podría resumirse en: que me vaya bien, haciendo el bien”.

Kamil reflexionó acerca de que “esta mayor concientización sobre la huella ambiental y social en las estrategias de inversión tiene su correlato en la forma en que los gobiernos consiguen sus recursos al acceder a los mercados de capitales”. Los países, tanto desarrollados como emergentes, “están emitiendo con mayor frecuencia bonos temáticos, esto es, bonos cuyos fondos están destinados específicamente a financiar proyectos con un claro impacto social o de protección del medio ambiente, con clara trazabilidad (monitoreo y reporte) de los fondos. Dentro de ellos predominan los bonos verdes”, añadió.

“La tendencia es tan fuerte que el volumen emitido a mayo 2021 ya equivale a todo el 2020. Las finanzas sostenibles han salido de su nicho, y creemos que el momentum va a continuar, signado por la rápida innovación financiera”, explicó.

“Esto pone de manifiesto un aspecto bien claro: la ambición y el cumplimiento de las políticas ambientales inciden crecientemente en la demanda y los costos de financiamiento de la deuda soberana. En particular, como un país usa (o abusa) su capital natural, es decir, el stock de sus activos naturales, incluyendo la tierra, el aire, el agua, la biodiversidad, es crecientemente crítico para los inversores de deuda soberana”, dijo.

Más adelante, el director de la Unidad de Gestión de Deuda del Ministerio de Economía afirmó que “Uruguay ha logrado un posicionamiento estratégico en varios indicadores ambientales, sociales y de gobernanza, estando en segundo lugar entre 65 países del mundo según el indicador compuesto de factores ESG que prepara el banco de inversión JP Morgan”.

“En términos de indicadores medioambientales, Uruguay tiene un excelente desempeño en indicadores de intensidad de carbono, contaminación del aire y transición energética, y ocupa el primer lugar en el Ranking de Futuro Verde de MIT -dijo Kamil-. En suma, Uruguay es un ejemplo de responsabilidad ambiental en un tiempo en el que esto es central en el mundo.”

“La solidez de Uruguay en los factores ESG también se observa en los indicadores sociales y de gobernanza. Uruguay sigue siendo un bastión de estabilidad institucional y política en la región”, con una de las democracias más fuertes y estables de América Latina y del mundo.  En los últimos 35 años, los tres grandes partidos han rotado en el poder, sin convulsiones políticas y con transiciones ordenadas que no han afectado la estabilidad económica, la independencia judicial o el respeto a los contratos. Uruguay tiene instituciones sólidas y un amplio consenso social sobre la conservación de los arreglos institucionales del país”, expresó.

“La robustez de los factores ESG se ven reflejados en el posicionamiento de Uruguay en los índices de referencia de la deuda de mercados emergentes, lo que potencia la demanda de los bonos y mejora sus precios”, explicó. 

En la tercera parte de su presentación, en cuanto a la estrategia de gestión de deuda, Kamil indicó que “no solo busca capitalizar, sino al mismo tiempo potenciar, los avances que ha mostrado Uruguay en los fundamentos sostenibles ESG”.

“El gobierno trabaja en desarrollar un bono soberano que incorpore explícitamente el objetivo del país de alcanzar metas de desempeño en indicadores ambientales dentro de un plazo predefinido”, aclaró.

Las metas estarían asociadas a “la mitigación de gases de efecto invernadero, en base a los compromisos internacionales en cambio climático ya asumidos bajo el Acuerdo de París (indicadores cuantitativos basados en la Contribución Nacional Determinada). Creemos que hay margen para innovar en el campo de las finanzas sostenibles soberanas, y estamos comprometidos a avanzar en esta dirección”, analizó.

“Como mencionó la ministra Arbeleche en su exposición, en el caso de los bonos soberanos globales tradicionales (conocidos como plain-vanilla), el Ministerio de Economía es el responsable de su diseño, ejecución y monitoreo. Sin embargo, la emisión de un bono sostenible requiere de un esfuerzo-país, que es por naturaleza multidisciplinario e interministerial, y de largo aliento. Por ello, estamos coordinando activamente con los Ministerios de Ambiente, de Industria y Energía, y de Agricultura y Ganadería y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. También, y contamos con el asesoramiento técnico del BID y el apoyo del PNUD”.

¿Por qué el Bono Global Indexado a Indicadores Ambientales?

Kamil detalló las razones para buscar el desarrollo de este tipo de instrumentos financieros innovadores. En primer lugar, la importancia creciente de los factores ambientales en las decisiones de portafolio: “la carrera hacia la descarbonización del mundo va a ser un determinante de largo plazo de la actividad económica global y los mercados financieros”, expresó.

En segundo lugar, el excelente posicionamiento de Uruguay en los indicadores de calidad y transición ambiental. En tercer lugar, “el fuerte compromiso del gobierno con la acción climática”.

“Este compromiso quedó plasmado en el artículo 533 de la Ley de Presupuesto votada el año pasado, que incorpora explícitamente los Principios de Helsinki. Allí se establece específicamente que el país procurará que la planificación y diseño de las políticas económicas y las finanzas públicas contemplen los objetivos nacionales de mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero y de adaptación al cambio climático”, explicó Kamil.

“De poder concretar la emisión de este tipo de bono, tenemos la convicción de que podríamos ampliar la base de inversionistas del gobierno y mejorar los términos de financiamiento, al acceder a fondos de inversión comprometidos con el desarrollo económico sostenible, y alineando al país con las mejores prácticas de mercado”, indicó.

“Creemos que los beneficios potenciales podrían extenderse más allá de la mejora en las condiciones de financiamiento soberano. Por ejemplo, ayudaría a darle más visibilidad a iniciativas estratégicas más amplias con efectos reputacionales para el país (poniendo foco en los objetivos de sustentabilidad y estrategia de desarrollo). Dado que la mejoras en cambio climático son un bien público global, también podría ayudar a acceder a otros instrumentos de financiamiento climático internacional (donaciones, préstamos concesionales). Por último, y de concretarse la emisión, podría tener un efecto demostrativo sobre el sector privado, tanto corporativo como en el ecosistema financiero”, subrayó.

A manera de conclusión, Kamil resaltó que “los compromisos internacionales de Uruguay asociados a la Agenda ODS-2030 y a su ambición climática frente al Acuerdo de París, implicarán grandes esfuerzos del gobierno, el sector financiero y el sector empresarial privado en su conjunto”. “Alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible implica un esfuerzo nación, que es multisectorial y multidisciplinario, que implica una acción mancomunada del gobierno, el sector privado, la sociedad civil y el sector financiero en la movilización de capital privado y público hacia metas de sustentabilidad”, expresó.