Ministerio de Economía y Finanzas

Durante la presentación el ministro Gabriel Oddone afirmó que “somos conscientes que tenemos que generar un entorno competitivo para las empresas uruguayas, tanto para que las compiten en el exterior como las que compiten en el mercado interno con productos importados, con menos rigideces, menos costos y esto es un objetivo central. La competitividad es un objetivo transversal”, aseveró.

Oddone precisó que “este es el momento de de recurrir a un a un mecanismo de este tipo porque la macroeconomía tiene un suficiente orden hoy en el Uruguay, gracias a un conjunto de cosas hechas en los últimos 20 años. Con estos niveles de inflación y con estos niveles de de variabilidad de los precios relativos, el corazón de la competitividad está en los costos de gestión, en los costos de funcionamiento del sistema y en eso el sector público muchas veces por costumbre, por no hacer revisiones profundas de las decisiones tomadas en el pasado, pone sobre la carga de los contribuyentes, en particular sobre las empresas un peso extraordinario”.

En segundo lugar, dijo, el proyecto aborda obstáculos concretos que generan costos innecesarios. “El objetivo final nuestro es hacer de Uruguay un país más competitivo y a su vez también menos costoso”. 

El ministro de Economía explicó que se trata de una modesta pero importante reforma del Estado, que en Uruguay desde el año 1995, es un tema que no ha estado puesto sobre la mesa. 

El proyecto tiene por objetivo aumentar la productividad, el crecimiento económico y la inversión, con el fin de contribuir a la reducción del costo de vida de los uruguayos. En este marco, pone el foco en el apoyo a las pymes, el fortalecimiento de la competitividad, la promoción de la competencia y medidas para generar más y mejor empleo. 

El proyecto de ley es resultado del trabajo conjunto entre los ministerios de Economía y Finanzas; Industria, Energía y Minería; Salud Pública; Ganadería, Agricultura y Pesca; Turismo, Transporte y Obras Públicas y Ambiente. 

Además, la iniciativa recoge cerca de un centenar de propuestas surgidas del intercambio entre organismos del Poder Ejecutivo y diversos actores de la sociedad, entre ellos cámaras empresariales, organizaciones sociales, sindicatos nucleados en el PIT-CNT, el Congreso de Intendentes, colectivos profesionales, consultoras especializadas, el ecosistema de innovación y organizaciones de la sociedad civil. 

El resultado de esta serie de intercambios es un proyecto amplio y diverso, que propone cambios en la regulación y simplificación de trámites vinculados a algunos de los principales sectores de actividad del país. 

Entre ellos se encuentran el sector agropecuario, la cadena cárnica, la lechería, la pesca y la industria vitivinícola; la industria alimentaria, la construcción y la minería; los productos para la salud; la comunidad portuaria, el transporte y la logística; el comercio y el turismo; y sectores innovadores como la biotecnología y las fintech. 

Entre las iniciativas más relevantes del proyecto de ley se encuentran: 
 

MENOS BUROCRACIA 

A través de esta Ley se establecen los mecanismos para que el Estado uruguayo sea más ágil y preciso a la hora de responder solicitudes de empresas y la ciudadanía. Para lograr mejorar los trámites, se promoverá el uso de: 

• las declaraciones juradas,
• el establecimiento de plazos máximos para obtener una respuesta
• el establecimiento de la falta de respuesta como un consentimiento (silencios positivos) 

Programa de calidad regulatoria: 

• Creación de un programa permanente de calidad regulatoria y agilización de trámites, orientado a mejorar los trámites de manera continua para simplificarlos, reducir sus tiempos y abaratarlos. 

Plataformas accesibles para la agilización de trámites:

Buscando que ciudadanos y empresas puedan realizar sus interacciones con el Estado desde donde se encuentren e ingresando la información necesaria una única vez. Esto conduce a mejorar la automatización y comunicación entre los organismos. Esta Ley crea y promueve: 

• Registro único de apoderados y representantes: Las empresas registrarán sus representantes solo una vez y el Estado está obligado a usar esa información, evitando pedir en cada oficina estos poderes.
• Centralización de Estados Financieros: El Registro de Estados Contables en la Auditoría Interna de la Nación, tendrá plenos efectos sobre otras dependencias estatales que no podrán requerir los estados financieros, salvo razón fundada.
• Ventanilla Única Marítima. Gestión electrónica integrada de los trámites marítimos y portuarios (arribo, permanencia y salida de buques), bajo la dirección técnica de VUCE.
• Plataforma de información positiva: Para mejorar el acceso al crédito, se disponibilizará información positiva de los solicitantes
• Sistema de información integral para la cadena cárnica
• Promoción del Notariado electrónico
• Mandato a interoperar con el Registro Único Nacional de Alimentos, Empresas y Vehículos (RUNAEV)
   

Mecanismos sectoriales para la agilización de trámites.

• Ampliación de la duración de los registros sanitarios o técnicos: Los registros de mercadería sometida a vigilancia sanitaria, fitosanitaria, técnica o ambiental tendrán una vigencia de 10 años, al igual que en Argentina y Brasil. Actualmente, la vigencia es de cinco años.
• En la renovación se quita la obligatoriedad de la traducción para documentos en inglés o portugués, y bastará la presentación de una declaración jurada por parte del responsable del registro, a menos que se hayan modificado las condiciones técnicas del producto. 

Además, el proyecto de Ley revisa distintos registros y procedimientos de los sectores agro, industria y salud, promoviendo su agilización: 

• Agro: Trazabilidad en la hortifruticultura; Interoperabilidad y digitalización de registros en la cadena forestal,
• Industria: Eliminación de registro de empresas fabricantes de bebidas; simplificación del código minero; agilización de trámites ante el BPS para la industria proveedora de la construcción.    
• Salud: Trámite en paralelo de habilitación de depósito y obtención de registros de productos; Procedimiento simplificado a través de declaración jurada; Se incorporan alternativas al certificado de libre de venta. 
   

PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA Y REDUCCIÓN DEL COSTO DE VIDA 

Se fortalecerá y dotará de mayor independencia técnica a la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia (Coprodec) a los efectos de que tome un rol más proactivo en sus cometidos.

• Creación de un servicio descentralizado: La Ley crea una autoridad de competencia autónoma, con nuevas reglas de gobernanza, independencia, financiamiento, personal y funcionamiento institucional.
• Separación de las funciones investigativas y resolutorias. La Dirección de Investigación investiga y los comisionados hacen la valoración de la prueba y deciden.
• Fortalecimiento de la función investigativa: Se definen nuevas reglas sobre acceso a la información y mayores poderes para requerirla, realización de inspecciones y solicitud de medidas cautelares, junto con garantías procesales para los investigados.

Medidas para reducir el costo de vida y facilitar la toma de decisiones en base a información de calidad  

• Facilitación de importadores múltiples de un mismo producto: Se habilitan múltiples registros de un producto sin requerir información que el regulador ya tiene. Se debe garantizar que el producto es el mismo y asegurar la trazabilidad de cada lote. Se permite aplicación restringida a orígenes confiables.
• Precio por unidad: La normativa plantea que los locales comerciales deberán publicar, junto al precio de venta de los productos, los precios según unidad de medida equivalente en kilogramos, litros, metros o unidades del producto. 

Quedan contemplados los comercios con grandes superficies, los establecimientos que vendan alimentos y artículos de higiene personal o de uso doméstico. También alcanzaría a los canales de comercio electrónico. El precio de venta y el precio por unidad de medida deberán exhibirse tanto en la etiqueta del producto en góndola como en medios digitales y mensajes publicitarios. 
 

INNOVACIÓN Y ACELERACIÓN DE LA INVERSIÓN 

Mipymes: 

• Simplificación tributaria a Mipymes: Graduación tributaria a las empresas Literal E para acompañar su crecimiento.
• Facilitar la gestión y facturación electrónica a través de la creación de un Sistema integrado de gestión y facturación gratuito para micro y pequeñas empresas.
• Reducción de los costos de registro de productos de Mipymes. 

Innovación en fintech: 

• Entornos controlados de prueba (Sandboxes): Habilitación de espacios controlados con menores regulaciones a los efectos de probar y desarrollar nuevas soluciones financieras.
• Finanzas abiertas: Crea un sistema regulado por el BCU que permite a los usuarios compartir de forma segura sus datos financieros con instituciones autorizadas mediante su consentimiento. Tiene el objetivo de promover la inclusión financiera, la competencia y la innovación, facilitando el desarrollo de nuevos servicios financieros, bajo estándares de interoperabilidad, seguridad y protección de datos personales.
• Financiamiento a la innovación:
  1. Fondos de inversión cerrados promovidos: Amplían el espectro en lo que se puede invertir, reduce barreras de entrada al eliminar la garantía hipotecaria y los hace transparentes por lo que tributariamente son beneficiosos.
  2. Plataformas de financiamiento colectivo (Crowdfunding): Ampliación de su definición e incentivos tributarios. 

Estímulos sectoriales 

• Parques industriales: Mayores incentivos tributarios a usuarios, facilidades en las autorizaciones de recategorización del suelo.
• Investigación clínica: Se proponen incentivos a esta actividad que hoy no se realiza en Uruguay y contribuiría al acceso temprano a tratamientos innovadores, impulsando la transferencia de conocimiento y fortaleciendo las capacidades científicas y sanitarias del país.
• Proyectos mineros: Ajuste a la definición de minería de gran porte. 
   

FACILITACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR 

Creación del autodespacho aduanero: Los importadores y exportadores podrán registrarse ante la Dirección Nacional de Aduanas para realizar sus propias declaraciones aduaneras. Los titulares o sus empleados deberán acreditar formación en comercio exterior.

Agilización procedimientos aduaneros: Eliminación intervención previa DGI en mercadería que retorna e implementación del cobro diferido de tributos. 

Análisis riesgo, sin controles redundantes:

• Canales de gestión diferencial y tramitación preferencial en el control de alimentos y bebidas importados por parte del LATU
• Programa de reconocimiento de certificaciones u otras acreditaciones emitidas por autoridades u organismos certificadores de países con altos estándares regulatorios.
• La determinación de los canales de revisión en el control aduanero se realizará exclusivamente en base a análisis de riesgo de DNA. 

Desempapelamiento, que ahorra tiempo y dinero: El proyecto propone digitalizar decenas de trámites, entre ellos, los relacionados al comercio exterior. La Dirección Nacional de Aduanas pasaría a aceptar exclusivamente documentos electrónicos y el archivo de documentación será en formato electrónico.