Objetivos y diseño
Objetivo de la regla fiscal
La regla fiscal tiene por finalidad asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas en el mediano y largo plazo, resguardando la estabilidad macroeconómica y la continuidad de las políticas públicas. Su propósito central es vincular de manera consistente las decisiones fiscales anuales con una trayectoria de endeudamiento compatible con la capacidad de pago del Estado, reduciendo la vulnerabilidad ante shocks económicos y fortaleciendo la previsibilidad de la política fiscal.
A partir de la aprobación de la Ley de Presupuesto Nacional (N.º 20.446), el marco fiscal adopta un esquema dual que combina un ancla de deuda neta de mediano plazo con metas operacionales de corto plazo, para el GC-BPS. El ancla de deuda establece una referencia explícita para la trayectoria sostenible del endeudamiento público, mientras que las metas operacionales —definidas sobre el resultado fiscal estructural y el endeudamiento neto anual— permiten orientar la política fiscal en cada ejercicio presupuestario de forma coherente con dicha referencia.
Asimismo, se fortalece el marco institucional mediante la consolidación de un Consejo Fiscal de carácter autónomo, con funciones ampliadas de monitoreo y evaluación. Este cambio refuerza la transparencia, la supervisión técnica y la credibilidad del régimen fiscal.
Diseño de la regla fiscal
El diseño de la regla fiscal busca compatibilizar disciplina, flexibilidad y simplicidad operativa. Su arquitectura se articula en torno a un ancla de deuda equivalente al 65% del PIB para el GC-BPS, como referencia de mediano plazo para la sostenibilidad de las finanzas públicas. Esta ancla es complementada por metas anuales de resultado fiscal estructural y de endeudamiento neto consistentes con esa trayectoria.
El resultado fiscal estructural es una medida del resultado fiscal ajustada por el ciclo económico y por factores transitorios o extraordinarios. Su objetivo es reflejar el estado subyacente o “estructural” de las finanzas públicas; es decir, el déficit o superávit que se observaría si la economía estuviera operando en su nivel tendencial y sin ingresos ni gastos excepcionales. De este modo, se atenúan los sesgos procíclicos de la política fiscal y se resguarda la estabilidad macroeconómica a lo largo del tiempo.
El marco incorpora, además, mecanismos explícitos de convergencia y de corrección ante eventuales desvíos respecto de las metas, así como cláusulas de salvaguarda y de escape aplicables en circunstancias excepcionales debidamente justificadas. Estas herramientas permiten preservar la credibilidad del régimen, al tiempo que otorgan márgenes de acción frente a shocks imprevistos.
La institucionalidad se refuerza con la participación de órganos técnicos independientes, como el Consejo Fiscal Autónomo y el Comité de Expertos, que contribuyen a la evaluación del cumplimiento de las metas fiscales.