Ministerio de Salud Pública

Análisis cualitativo del proceso

La jornada del 10 de noviembre permitió consolidar un conjunto amplio y diverso de miradas sobre la Salud Mental.[1] A partir de las relatorías elaboradas por cada grupo temático y de los intercambios generados en los encuentros virtuales previos, se construyó un análisis cualitativo que integra diagnósticos, demandas, tensiones y oportunidades para orientar la política pública del MSP. Este capítulo organiza esos aportes siguiendo una estructura que incluye, en primer lugar, los temas transversales, en segundo lugar, una lectura detallada por eje temático, en tercer lugar, la identificación de consensos fuertes, las tensiones observadas y los nudos críticos que emergen como desafíos prioritarios para la rectoría.

Temas transversales emergentes

La lectura de las relatorías muestra un conjunto de ideas que se repiten con matices propios en los cinco ejes temáticos trabajados. Una de las más persistentes es la necesidad de consolidar un modelo comunitario de salud mental, asentado en un enfoque de derechos y con fuerte énfasis en la vida en comunidad. La desinstitucionalización aparece como un horizonte ineludible, acompañado de la convicción de que la salud mental no puede reducirse a la atención clínica, sino que debe contemplar dimensiones como la vivienda, la educación, el trabajo, la cultura y la participación.

Otra preocupación transversal es la desigualdad territorial. En todos los grupos se insistió en las demoras en el acceso, la falta de especialistas, la ausencia de dispositivos cercanos en muchos departamentos y la sobrecarga de determinados espacios del sistema. Se plantea que la equidad territorial implica no solo contar con dispositivos formales, sino asegurar su capacidad instalada, su continuidad y la presencia efectiva de equipos en territorio.

Asimismo, la fragmentación institucional aparece como un problema histórico que aún no encuentra solución definitiva. Las superposiciones entre instituciones, la falta de articulación real entre sectores como salud, educación, desarrollo social, justicia y gobiernos locales, y la ausencia de protocolos comunes dificultan la continuidad de los procesos de salud mental. Aunque la intersectorialidad es un mandato legal y discursivo consolidado, falta avanzar hacia su institucionalización práctica.

A ello se suma un déficit persistente en la gestión humana. Escasean perfiles especializados, especialmente en el interior; se registra una mala distribución de los recursos, condiciones de trabajo que favorecen el burnout y ausencia de dispositivos de cuidado para quienes cuidan. Se demanda formación específica en salud mental, tanto para los actores sanitarios como para otros sectores del Estado.

Los participantes también destacaron los vacíos existentes en rectoría, gobernanza y sistemas de información. La falta de planificación ordenada de dispositivos, las dificultades para implementar plenamente la Ley de Salud Mental, la ausencia de un sistema de información unificado y las debilidades en fiscalización y monitoreo conforman un diagnóstico compartido. Finalmente, aparece en todos los ejes la centralidad de la prevención, la promoción y la participación comunitaria. La idea de que “hay que llegar antes” se reitera en las propuestas de trabajo con escuelas, liceos, clubes, barrios y espacios laborales, con un rol destacado para la juventud y las comunidades organizadas.

Estos temas transversales constituyen el telón de fondo desde el cual se organiza la lectura específica de cada eje temático.

Lectura por eje temático

Atención: modelo integral a lo largo del ciclo de vida

En el eje Atención, las discusiones se centraron en la construcción de un modelo comunitario capaz de acompañar a las personas en todas las etapas del ciclo vital. La gestación, la primera infancia, la adolescencia, la adultez y la vejez fueron analizadas con objetivos y acciones propias, subrayando la importancia de la continuidad del cuidado.

La desinstitucionalización se reafirma como un imperativo ético y técnico. La sustitución de dispositivos asilares por servicios de cercanía, apoyos personalizados, viviendas con apoyos y dispositivos intermedios constituye un consenso firme. Junto con ello, la accesibilidad emerge como un problema persistente: las listas de espera, las distancias geográficas y la desigual distribución de recursos humanos generan inequidades notorias, especialmente en el interior.

Los determinantes sociales —pobreza, desigualdad, precariedad laboral, aislamiento, exclusión educativa— son señalados como factores que condicionan tanto la demanda como los resultados en salud mental. Una atención integral requiere un abordaje articulado. Del mismo modo, se reconoce la necesidad de una mayor participación de familias, usuarios y comunidad en la planificación, implementación y seguimiento de los dispositivos, evitando abordajes centrados solo en síntomas.

El eje converge en un entendimiento claro: ampliar camas o aumentar consultas no constituye, por sí solo, una transformación del modelo. La orientación comunitaria, intersectorial y basada en derechos es la dirección hacia donde debe avanzar el sistema.

Gestión humana, formación y capacitación

Las discusiones sobre gestión humana revelaron un déficit generalizado de recursos especializados, agravado por su mala distribución territorial. La escasez de psiquiatras, psicólogos clínicos, acompañantes terapéuticos y equipos interdisciplinarios se percibe como un obstáculo estructural para cambiar el modelo.

Se identificó, además, una necesidad urgente de formación transversal en salud mental para todo el sistema sanitario y para trabajadores de sectores como educación, seguridad, justicia, empresas y servicios sociales. Paralelamente, el burnout y la sensación de deshumanización fueron mencionados con preocupación: muchos equipos sienten que no cuentan con acompañamiento, supervisión ni espacios de cuidado emocional.

El grupo también subrayó la importancia de mejorar los marcos institucionales para la formación, regulando la calidad y orientación de las ofertas académicas e incorporando contenidos vinculados al modelo comunitario y a los determinantes sociales. Se planteó, asimismo, la necesidad de reconocer saberes experienciales y comunitarios, integrando a “expertos por experiencia” y actores territoriales.

El mensaje de este eje es contundente: sin una política robusta de recursos humanos —que incluya formación, distribución, incentivos, condiciones de trabajo y cuidado de equipos— la transformación del modelo será inviable.

Rectoría y Gobernanza

En el eje de rectoría, las direcciones departamentales de salud y otros referentes señalaron avances en la reglamentación de la Ley de Salud Mental, pero también reconocieron que quedan puntos sensibles sin implementar. La complementación público-privada genera tensiones, especialmente en dispositivos de internación y estadías prolongadas, donde ASSE suele absorber la mayor carga.

La rectoría en el primer nivel de atención aparece debilitada. Falta claridad sobre la organización del territorio, el rol de los diferentes niveles y quién toma decisiones en cada tramo. También se reclama una planificación nacional clara de los dispositivos previstos por la Ley, incluyendo criterios de cantidad, localización y recursos.

Las debilidades en sistemas de información y monitoreo fueron señaladas como un problema estructural. La falta de un sistema integrado y seguro limita la capacidad de planificar, evaluar y regular la implementación del modelo.

El eje concluye reclamando una rectoría fuerte, no solo normativa sino también operativa, con capacidad de conducir, ordenar, regular y evaluar.

Interinstitucionalidad e intersectorialidad

Este grupo analizó la compleja interacción entre instituciones de salud, educación, desarrollo social, justicia, gobiernos locales y sociedad civil. Se observó que muchas personas son atendidas simultáneamente por distintas instituciones que no se comunican entre sí, generando duplicaciones, vacíos y trayectorias que se transforman en rutas de “peregrinación institucional”.

La necesidad de realizar un mapeo nacional de recursos y servicios aparece como un paso clave para ordenar y coordinar. Se señaló que la intersectorialidad se sostiene más por la buena disposición de actores locales que por estructuras formales estables. Por ello se propuso que la intersectorialidad sea entendida como una responsabilidad obligatoria, regulada, institucionalizada y sostenida.

También se destacó el rol de la sociedad civil, cuyas experiencias innovadoras muchas veces no son incorporadas de manera plena por el Estado. Finalmente, se señaló la tensión entre centralización y territorio: se demanda un marco nacional claro, pero acompañado de la autonomía necesaria para adaptarse a realidades locales.

Promoción, prevención y participación comunitaria

Este eje fue el que reunió mayor diversidad de participantes. Las discusiones señalaron una comprensión amplia de la salud mental como derecho humano y bien colectivo, inseparable de las condiciones de vida y de la participación social.

El sistema educativo y los espacios de socialización temprana fueron identificados como lugares privilegiados para la prevención. Adolescentes y jóvenes, en particular, se reconocieron como protagonistas en la generación de iniciativas, programas y espacios de escucha.

Las campañas públicas sostenidas fueron presentadas como una necesidad urgente para combatir el estigma y visibilizar recursos. También se destacó la importancia de crear espacios comunitarios de escucha y apoyo que no requieran derivación médica y que estén situados en espacios cercanos, como centros comunales, policlínicas o clubes.

La figura de agentes comunitarios y educadores sociales fue reconocida como central en la prevención, a la vez que se insistió en la necesidad de fortalecer su formación y su reconocimiento institucional. Este eje reafirma que la promoción y la prevención no pueden verse como dimensiones accesorias, sino como pilares de la política de salud mental.

Consensos fuertes del proceso, tensiones, nudos críticos

El proceso participativo permitió alcanzar consensos sólidos. La salud mental fue asumida como un derecho humano y una responsabilidad colectiva. El modelo de abordaje a consolidar es comunitario, territorial, intersectorial y basado en derechos. También existe acuerdo en que el fortalecimiento del primer nivel de atención es indispensable y que la política no puede centrarse en la internación.

Se reafirma que la prevención y la promoción requieren continuidad, planificación y especial atención al ámbito educativo y comunitario.

La mala distribución y el déficit de recursos humanos son temas urgentes que demandan políticas específicas. La intersectorialidad, para ser efectiva, debe institucionalizarse con estructuras, protocolos y responsabilidades claras. Finalmente, se destacó la necesidad de contar con sistemas de información y evaluación sólidos que permitan regular y monitorear la implementación de la Ley y del Plan Nacional.

El análisis también reveló tensiones relevantes. Una de ellas es la tensión entre el modelo clínico y el modelo comunitario-preventivo. Existe preocupación por la sobrecarga del sistema clínico y por la posibilidad de que la prevención quede relegada. Otra tensión relevante es la relación entre centralización y autonomía territorial: se valora un marco nacional fuerte, pero se exige flexibilidad para responder a las particularidades de cada departamento.

También se discute cómo articular la profesionalización con los saberes comunitarios y experienciales, y cómo asignar recursos en un contexto donde las expectativas son amplias pero los recursos limitados. Estas tensiones no deben interpretarse como obstáculos, sino como puntos de decisión política que requieren abordaje explícito.

El proceso permitió identificar nudos críticos que deberían ser considerados por el MSP. La gobernanza del primer nivel de atención es uno de ellos: falta fortalecer recursos, protocolos, formación y mecanismos de seguimiento. Asimismo, se requiere un plan nacional para la migración e implementación de los nuevos dispositivos previstos en la Ley, definiendo criterios territoriales y de recursos.

La ausencia de un sistema de información integrado constituye una limitación seria. Se necesita desarrollar indicadores específicos, con discriminación por gravedad y mecanismos de análisis sistemático. En materia de recursos humanos, el déficit profesional, la desigualdad territorial y el burnout requieren una política integral de formación, incentivos, distribución y cuidado.

La intersectorialidad, para dejar de ser un discurso, debe convertirse en estructura con mecanismos estables de coordinación. Finalmente, la promoción y la prevención, especialmente orientadas a juventudes y a la comunidad, representan una oportunidad para construir una agenda nacional sostenida y de impacto.

Desde la perspectiva de la rectoría, la Acción País aportó valor estratégico en varios sentidos. Validó diagnósticos ya existentes, pero con una legitimidad social y territorial renovada. Incorporó miradas frescas y diversas, especialmente provenientes de juventudes, organizaciones comunitarias y equipos de base. Generó un lenguaje compartido sobre modelo comunitario, intersectorialidad, promoción y derechos. Además, produjo insumos concretos para la planificación: prioridades, acciones, demandas institucionales y propuestas de cambio.