Síntesis de propuestas y consensos
El capítulo "Análisis cualitativo del proceso" constituye la síntesis nacional del proceso Acción País por la Salud Mental. Esta síntesis recoge, integra y articula los aportes provenientes de las 275 propuestas presentadas por organizaciones, de los 21 grupos virtuales de trabajo, de las seis mesas temáticas desarrolladas el 10 de noviembre y de las relatorías completas elaboradas para cada eje. El propósito de este capítulo es presentar de forma estructurada los consensos estratégicos, las prioridades, los problemas críticos y las líneas de acción que emergieron del proceso.
Ejes estratégicos emergentes
Si bien el proceso participativo se organizó inicialmente en torno a cinco ejes temáticos, el análisis nacional reveló que las propuestas y acuerdos tienden a agruparse en cuatro grandes áreas de cambio estructural. La primera de ellas es la transformación del modelo de atención hacia un enfoque comunitario y territorial, que aparece como el núcleo más denso y consensuado del proceso. La segunda se concentra en la gobernanza, la rectoría, la planificación y la regulación del sistema, áreas donde existe un diagnóstico unánime acerca de la necesidad de fortalecer el rol rector del MSP. La tercera refiere a la intersectorialidad como infraestructura permanente del sistema, superando la lógica de declaraciones para constituirse en dispositivos estables de articulación entre sectores. Y la cuarta aborda la promoción, la prevención y la participación comunitaria sostenida como pilares fundamentales para que el país pueda avanzar hacia una política pública integral.
Transformación hacia un modelo comunitario
Este eje concentra la mayor cantidad de propuestas y acuerdos, y es considerado por actores institucionales, técnicos y comunitarios como necesario, urgente y viable, aunque no garantizado sin una rectoría clara, una planificación adecuada y recursos suficientes. Los distintos grupos de trabajo coincidieron en que la transición al modelo comunitario debe asegurar la continuidad del cuidado a lo largo de todo el ciclo vital. Las demandas más fuertes se ubicaron en áreas como la salud mental perinatal, la primera infancia y la adolescencia, mientras que también surgieron preocupaciones específicas vinculadas al aislamiento de personas mayores y a las personas con condiciones de salud mental persistentes.
La sustitución progresiva de los dispositivos asilares constituye otro punto de acuerdo generalizado. Se identificó la necesidad de abandonar las internaciones prolongadas, los dispositivos cerrados y las lógicas de atención centradas exclusivamente en el número de camas, para avanzar hacia viviendas con apoyos, equipos comunitarios móviles, dispositivos de rehabilitación psicosocial y apoyos dirigidos a familias y cuidadores. En la misma dirección, se subrayó que el primer nivel de atención debe ocupar el eje central del nuevo modelo. Los actores insistieron en que “el modelo comunitario empieza en el territorio, no en el hospital”, y que se requiere más tiempo profesional en el primer nivel, formación en salud mental comunitaria, protocolos claros y equipos territoriales multidisciplinarios.
Otro elemento que emergió con fuerza fue la integración efectiva de los determinantes sociales. La salud mental se concibe como un fenómeno profundamente atravesado por factores como pobreza, desigualdad, violencia, acceso a vivienda, aislamiento social, consumo problemático y trayectorias educativas o laborales. En consecuencia, el modelo debe incorporar estos determinantes de forma estructural, superando enfoques exclusivamente clínicos. Finalmente, se reafirmó la necesidad de reconocer la participación de familias, cuidadores, usuarios y organizaciones barriales como parte constitutiva del cuidado, apostando a una comunidad que se define como coproductora del proceso de atención.
Gobernanza, rectoría, planificación y regulación
A lo largo de las mesas temáticas y las relatorías se consolidó un diagnóstico compartido: la rectoría del sistema requiere un fortalecimiento profundo. En particular, existe amplio consenso sobre la necesidad de avanzar en la implementación plena de la Ley 19529, lo cual implica acelerar la reglamentación de aspectos pendientes, clarificar funciones de contralor, ordenar los dispositivos en función de criterios de calidad y pertinencia, y revisar los mecanismos de complementación entre los sectores público y privado.
El proceso reveló una demanda clara por una planificación nacional de dispositivos de salud mental comunitaria. Los actores señalaron la necesidad de saber cuántos dispositivos requiere el país, dónde deberían ubicarse, qué equipos deben integrarlos, bajo qué criterios de calidad deben funcionar y cuáles serán los mecanismos de monitoreo. Los sistemas de información surgieron también como un tema crítico: se reclamó un sistema único e interoperable, que incluya indicadores de calidad y oportunidad, seguimiento de trayectorias y mecanismos de integración efectiva entre prestadores públicos y privados.
En materia territorial, se destacó que las Direcciones Departamentales de Salud y los equipos locales necesitan directrices claras, recursos suficientes y capacidad efectiva de articulación. Asimismo, requieren mecanismos estables de reporte y retroalimentación que permitan fortalecer su papel en la gobernanza territorial.
Intersectorialidad como infraestructura del sistema
Los actores coinciden en que la intersectorialidad es imprescindible para avanzar en salud mental y que, si bien figura en todos los marcos normativos, su expresión práctica es todavía débil y fragmentada. El proceso permitió identificar la necesidad de construir mesas territoriales intersectoriales estables, integradas por salud, educación, desarrollo social, infancia y adolescencia, justicia, trabajo, gobiernos departamentales y organizaciones de la sociedad civil. También se propuso elaborar protocolos y circuitos claros entre sectores, especialmente para situaciones de crisis, episodios de violencia, intentos de autoeliminación, consumo problemático y problemáticas vinculadas a la adolescencia.
Antes de coordinar acciones, los participantes insistieron en la necesidad de un mapeo nacional preciso de recursos. Este debe permitir comprender qué existe en cada territorio y evitar la fragmentación en la atención. Del mismo modo, se solicitó promover una coordinación efectiva entre niveles nacional, departamental y local que permita minimizar duplicaciones, fragmentaciones y los “peregrinajes institucionales” que frecuentemente enfrentan usuarios y familias.
Promoción, prevención y participación comunitaria sostenida
Este eje resultó ser el más dinámico del proceso, concentrando la mayor cantidad de propuestas. Se destacó que la promoción del bienestar emocional y la prevención de problemas de salud mental deben tener un fuerte anclaje en el sistema educativo. Escuelas, liceos, UTU y centros juveniles fueron mencionados como espacios clave para la prevención.
El protagonismo de adolescentes y jóvenes surgió como un fenómeno transversal en todas las relatorías. Jóvenes que proponen, participan y demandan un rol activo en la construcción del cambio. Paralelamente, se reclamaron espacios comunitarios accesibles que no requieran derivación médica: salas de escucha, programas de pares, grupos comunitarios, equipos de cercanía y otros espacios barriales de apoyo.
El país requiere campañas nacionales sostenidas que aborden la desestigmatización, utilicen lenguajes adecuados para adolescentes y jóvenes, y difundan de forma clara los recursos disponibles. Finalmente, se destacó el rol estratégico de agentes comunitarios y educadores sociales, cuya labor requiere formación, validación formal y una articulación efectiva con los equipos de salud mental.