Introducción
La inteligencia artificial (IA) se hace cada día más presente en todos los ámbitos de la sociedad a nivel global y en nuestra vida cotidiana, aunque no siempre somos plenamente conscientes de ello. En este contexto de creciente importancia, las repercusiones -positivas y adversas- económicas, sociales, culturales y ambientales de la IA no se encuentran distribuidas equitativamente entre los países, y frecuentemente, tampoco a la interna de estos.
La relevancia social, económica y geopolítica de la IA se ha visto potenciada por el avance tecnológico que ha sido particularmente vertiginoso en los últimos años, desembocando en nuevos desafíos para todos los gobiernos. En este escenario, la comunidad internacional ha desarrollado diferentes esfuerzos (en los que Uruguay ha contribuido activamente) con el fin de establecer las bases para una gobernanza de la IA global e inclusiva, que permita contar con marcos comunes e interoperables, para garantizar el desarrollo y uso ético, seguro, responsable, crítico y creativo de estas tecnologías en beneficio de la humanidad.
Vale mencionar que la referencia al desarrollo y uso ético, seguro, responsable, crítico y creativo de la inteligencia artificial subraya, entre otros aspectos relevantes, que los desarrollos y su utilización se rigen por principios éticos y están centrados en las personas; promueven y respetan plenamente la protección de los derechos humanos; garantizan la privacidad; son fiables y explicables; y se orientan hacia el desarrollo sostenible en sus diversas dimensiones: económica, social y cultural. Además, se conciben y aplican de manera crítica y creativa, considerando los distintos impactos involucrados, con el objetivo de generar soluciones innovadoras que contribuyan al bien común y faciliten el logro de los objetivos establecidos en la Estrategia.
Asimismo, junto con los países de la región, Uruguay ha destacado la necesidad de que esta gobernanza internacional, sus marcos, procesos y mecanismos, contemplen las particularidades de América Latina y el Caribe para fortalecer el acceso equitativo de la región a las oportunidades y beneficios implicados en la IA.
Para que las potencialidades que ofrece la IA para el bienestar de los seres humanos se vuelvan tangibles, y para prevenir y mitigar los riesgos e impactos adversos para los derechos de las personas, los consensos logrados en estos esfuerzos globales y regionales requieren ser traducidos por los gobiernos en políticas públicas construidas e implementadas de manera conjunta y colaborativa con las múltiples partes interesadas.
Esta nueva Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial constituye la piedra angular para el despliegue de una política pública de IA que comprenda al sector público, sector privado y todas las partes interesadas, y que potencie el desarrollo sostenible de Uruguay en todas sus dimensiones, contribuyendo al crecimiento económico inclusivo, a la sostenibilidad ambiental del país y al fortalecimiento de su soberanía.
Con este propósito la presente Estrategia Nacional establece las bases para la gobernanza nacional de la IA sobre un enfoque de múltiples partes interesadas, y para asegurar las capacidades que habiliten su aprovechamiento para el desarrollo de los diferentes sectores de la economía y el logro de una sociedad más igualitaria e inclusiva. Se apoya en los avances alcanzados por el país en materia de transformación digital y en el campo de la investigación e innovación, fomentándolos al mismo tiempo.
Esta Estrategia articula la política de inteligencia artificial con la Estrategia Nacional de Ciberseguridad (2024-2030), la Estrategia Nacional de Ciudadanía Digital para una Sociedad de la Información y el Conocimiento (2024-2028) y la Estrategia Nacional de Datos cocreada juntamente con la presente.
En el ámbito público, en especial, brinda sostenibilidad a los avances logrados por el país a partir de la Estrategia de IA para el Gobierno Digital (2020) y busca profundizarlos impulsando el aprovechamiento de la IA para la mejora de los servicios públicos y la gestión de las entidades públicas.
Sienta las bases para promover y optimizar la inversión pública y privada que posibilite al país contar con la infraestructura y las capacidades necesarias para el desarrollo y despliegue de la IA por parte del sector público y privado, reconociendo que en este aspecto radica un importante desafío para nuestro país en función del volumen de su economía y del presupuesto nacional.
La Estrategia no soslaya los riesgos para la sociedad, los derechos humanos y la democracia implicados en la IA. Por el contrario, establece los cimientos para que puedan ser abordados de manera adecuada y efectiva, planteando diversas líneas de acción orientadas a desarrollar marcos regulatorios y las capacidades necesarias, promoviendo la colaboración de las múltiples partes interesadas.
Este instrumento fue creado a través de un amplio proceso participativo, que recogió aportes de más de 300 personas de diferentes disciplinas y ámbitos, referentes de más de 40 instituciones del Estado, 11 organizaciones de la sociedad civil, 45 organizaciones del sector privado, la academia y diversos colectivos de interés, que contribuyeron desde sus perspectivas. Contó con la cooperación técnica del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
Este proceso colaborativo ha sido precisamente el pilar metodológico que ha dado sustento a la creación de la Estrategia y será la clave del éxito de su implementación, seguimiento y revisión periódica para dar cumplimiento a los objetivos nacionales que en ella se trazan.