Mesa de Diálogo y Trabajo “Gobierno Abierto: democracia, espacio cívico y gobernanza digital”

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Daniel Mordecki, Director de Agesic, Destaca la participación de representantes de todos los poderes del Estado, subrayando que este espacio constituye “democracia y transparencia en acción”. Enfatizó la importancia de preservar y cuidar este proceso a lo largo del tiempo.

Recordó que, en 2005, cuando se creó la estrategia de Agesic, el país enfrentaba una realidad predominantemente no digital, pero con una oportunidad clara de avanzar en la digitalización de documentos, trámites y servicios. Ese proceso culminó en veinte años con la consolidación de una sólida política de Estado, en un mundo donde lo digital se ha convertido en el núcleo de la vida social, cultural y económica.

Si bien existe una dimensión tangible que no puede digitalizarse, la mayoría de las interacciones cotidianas —desde el acceso a la información hasta los vínculos sociales— se desarrollan en entornos digitales. En este contexto, advirtió que el desafío actual es mucho mayor: la inclusión digital debe ser universal y no generar ciudadanos de “segunda categoría”. El Estado, señaló, debe tener una vida digital significativa, interactuando de manera fluida y consciente en este ámbito.

En el marco del Plan de Gobierno Abierto, remarcó la necesidad de garantizar la participación digital, reconociendo que no basta con disponer de un dispositivo y conexión a internet: se requiere que las personas puedan utilizar estas herramientas para integrarse plenamente en la vida cultural, social y comunitaria. Subrayó que las medidas que se adopten desembocarán en un plan digital robusto y efectivo, en el que la plataforma digital jugará un rol central.

Concluyó afirmando que es imprescindible poner sobre la mesa los desafíos de la vida digital actual y abordarlos sin concesiones, para asegurar que nadie quede atrás en este proceso de transformación.
 

Analía Bertoni, representante del Instituto de Comunicación y Desarrollo (ICD), inició su intervención destacando el trabajo de la organización en el fortalecimiento de la participación ciudadana y la ampliación del espacio cívico, eje central de su participación en esta instancia.

Explicó que la estrategia de Gobierno Abierto se sustenta en cinco objetivos, siendo el tercero la protección y ampliación del espacio cívico, entendido como el ámbito en el que las personas y organizaciones de la sociedad civil pueden actuar libremente y ejercer sus derechos sin restricciones. Señaló que este espacio constituye la base de cualquier sociedad abierta y democrática, ya que garantiza tres derechos fundamentales: libertad de expresión, de manifestación y protesta, y de asociación.

Advirtió que en la región estos derechos se encuentran en retroceso, con espacios cívicos cada vez más restringidos. En este marco, mencionó que trabaja en un proyecto de monitoreo del espacio cívico en América Latina y el Caribe. Destacó que Uruguay se encuentra en una posición privilegiada, considerado un país “abierto” con un puntaje de 88/100, situación que contrasta con la de la región, donde el 30% de la población vive en contextos cerrados o represivos, y menos del 5% de los países son clasificados como abiertos. En América del Sur solo Uruguay alcanza este estándar, y en América del Norte, únicamente Canadá.

Subraya que incluso en un país abierto, resulta esencial mantener y fortalecer estos espacios. La represión política, el debilitamiento institucional y la concentración de poder en el Ejecutivo son factores que amenazan la democracia y reafirman la relevancia del Gobierno Abierto como alianza equitativa entre Estado y sociedad civil. Asimismo, destacó que las iniciativas de Gobierno Abierto han contribuido a mejorar el acceso a la información, fortalecer la libertad de expresión, garantizar procesos judiciales más transparentes y promover la rendición de cuentas de los gobiernos.

Señaló, no obstante, las dificultades de la sociedad civil para acceder a financiamiento que le permita sostener su participación, y remarcó la necesidad de evaluar los resultados de las acciones implementadas. La evaluación, afirmó, constituye uno de los principales déficits señalados en los informes, por lo que es fundamental avanzar en este aspecto.

Finalmente, resaltó la importancia de la coimplementación de compromisos, de manera que la sociedad civil no solo participe, sino que también pueda asumir un rol activo como implementadora junto con los organismos públicos.
 

Sebastián Valdomir, Diputado Nacional y Presidente de la Cámara de Representantes, destaca la importancia de contar con la participación de los tres poderes del Estado, la sociedad civil, empresas públicas y diversas organizaciones del sector público en el marco del Gobierno Abierto.

En relación con la evaluación del Quinto Plan de Gobierno Abierto, señaló su preocupación por la limitada respuesta institucional del Parlamento frente a instancias de normativa e información que son relevantes para los organismos de control del Estado. No obstante, valoró especialmente el compromiso y la responsabilidad de los funcionarios parlamentarios en este proceso. Recordó que uno de los dos compromisos asumidos por el Parlamento en el Quinto Plan alcanzó solo un 58% de avance, lo que reafirma la necesidad de que el Sexto Plan sea más robusto, con compromisos claros y de impacto institucional, orientados a problemáticas sustantivas del Estado y la sociedad.

Remarcó la importancia de promover canales de participación ciudadana que sean auténticos y efectivos, que acerquen al Parlamento a la sociedad civil, den visibilidad al proceso de elaboración de leyes, reflejen la interacción de las bancadas con distintos actores y fortalezcan la transparencia en la gestión parlamentaria, garantizando el acceso pleno a la información y a los datos de su labor.

Finalmente, enfatizó que lo esencial es trabajar sobre compromisos sustantivos y medibles, que refuercen el vínculo entre sociedad civil y Estado, y expresen un verdadero compromiso institucional del Parlamento. El objetivo —concluyó— es que, al evaluar el Sexto Plan, se evidencie un avance real en la resolución de los desafíos democráticos y políticos, evitando repetir errores del pasado.

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