Mesa de diálogo y trabajo “Gobierno Abierto: Transparencia, Integridad Pública, Prevención y Combate de la Corrupción”

Apertura

Daniel Mordecki, director ejecutivo de Agesic

Destacó la importancia del encuentro y la participación de los distintos sectores. Invitó a todos los actores a asumir un compromiso firme en la elaboración del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto.  

Jorge Díaz, pro secretario de la Presidencia de la República Oriental del Uruguay

Reafirmó el compromiso del gobierno con la transparencia, destacando que se debe avanzar hacia una cultura de Gobierno Abierto en oposición a la cultura de la opacidad.

Enfatizó la importancia de cumplir con los pedidos de acceso a la información pública, destacando que la transparencia es un principio innegociable, incluso cuando su implementación conlleve ciertos riesgos. Señaló que el acceso, la rendición de cuentas y la entrega de información a la ciudadanía son fundamentales. Reconoció el trabajo de Agesic en esta materia, como un ejemplo del compromiso sostenido del Estado.

Subrayó que el Gobierno Abierto no se reduce a la incorporación de tecnología, sino que implica un cambio cultural profundo. Finalizó señalando que el gobierno está a disposición para fomentar la transparencia, no para ocultar, y que los avances deben ser continuos.

Mariana Labastié, en representación del Observatorio Ciudadano de Corrupción

Agradeció al Grupo de Trabajo de Gobierno Abierto la oportunidad de participar en la apertura y presentó el trabajo de la sociedad civil en materia de Gobierno Abierto y transparencia.

En representación del Observatorio Ciudadano Anticorrupción, liderado en Uruguay, por Data Uruguay, Cainfo, y otras organizaciones sociales, expuso los avances desde su creación en 2021. Se refirió a dos informes: el primero en 2022 sobre el Seguimiento de los compromisos de Lima y el segundo, en 2024, sobre el Seguimiento a los compromisos de las Cumbres Presidenciales de Lima 2018 y Los Ángeles 2022.

Ambos informes evaluaron cerca de 90 indicadores en términos de pertinencia, sostenibilidad y eficacia de las acciones en Uruguay. Destacó la fortaleza institucional del país, la participación ciudadana y la calidad democrática, la vez que advirtió sobre desafíos persistentes.

Señaló la necesidad de fortalecer los órganos de control y asegurar recursos para su funcionamiento. Enfatizó en la importancia de contar con espacios de intercambio no solo digitales, sino también presenciales, los cuales han sido clave en el monitoreo ciudadano. 

Expresó su preocupación por la baja representación de mujeres y poblaciones vulnerables en las políticas de transparencia y lucha contra la corrupción. Asimismo, advirtió que aún no existe una hoja de ruta clara para incluir al sector privado y el financiamiento de los partidos políticos en estos procesos.

Alejandra Villar, presidenta del Consejo de la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP)

Señaló la importancia del acceso a la información pública como un mecanismo fundamental en la lucha contra la corrupción.

Explicó que la transparencia favorece procesos de toma de decisiones más abiertos y previene prácticas deshonestas, siendo un elemento sustantivo en la construcción de una administración pública más confiable y eficiente. Recordó que desde 2006 Uruguay cuenta con legislación específica que establece la obligación de los Estados de poner a disposición de la ciudadanía la información en poder de los organismos públicos.

Detalló los tres tipos de transparencia: 

1) Transparencia activa: derecho de las personas a acceder a la información en poder del Estado. 

2) Transparencia pasiva: obligación del Estado de difundir la información de manera accesible, veraz, y responsable. 

3) Transparencia focalizada: liberación de información específica en formatos abiertos, orientada al cumplimiento de objetivos institucionales.  

Señaló que estos enfoques están alineados con los principios establecidos por la Organización de los Estados Americanos (OEA), que busca fortalecer la transparencia en la región.

Destacó la importancia de la inoponibilidad cuando está relacionada con actos de corrupción por parte de los funcionarios públicos, y concluyó que la transparencia permite conocer y valorar la gestión del Estado, promoviendo una cultura de apertura. 

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