Plan Nacional Para el Fomento de la Producción con Bases Agroecológicas

IV. Fundamentación

Diversos estudios demuestran la importancia del sector agropecuario en la economía nacional. En 2016, el sector agropecuario de Uruguay representó el 7% del PIB (12% si además se considera a la industria alimenticia asociada). Asimismo, las exportaciones agroindustriales (incluyendo la pasta de celulosa) representaron en promedio el 75% del total (período 2012-2016) (Ackerman et al. 2018).

La base natural sobre la que se apoya la intensificación productiva enfrenta algunos problemas y desafíos, entre otros: i) degradación de suelos, ii) la contaminación de suelos y aguas como resultado del mayor uso de plaguicidas, fertilizantes y otros productos químicos iii) la pérdida de biodiversidad debido a los cambios en el uso del suelo (MVOTMA, 2016); iv) la creciente frecuencia de fenómenos climáticos extremos (sequías, lluvias torrenciales, vientos), que magnifican los riesgos ambientales que conllevan las distintas prácticas productivas.

Por otra parte, la gestión predominante de la agricultura actual requiere de altos niveles tecnológicos, financieros y de capital lo cual hace necesarios incentivos y políticas específicas para aquellas unidades productivas de menor tamaño y de carácter familiar. La baja en la cantidad de pequeños productores familiares es un hecho notorio de las últimas décadas. La agroecología se presenta como una estrategia que contribuye a la sustentabilidad de los predios familiares y de menor tamaño, junto con otras políticas públicas dirigidas a este sector. 

En este contexto, diversos autores e instituciones como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO, 2021), señalan a la agroecología como una perspectiva apropiada para hacer frente a los desafíos involucrados.

Si se considera un período de 20 años a la fecha, el uso de plaguicidas en la agricultura extensiva se ha incrementado sustancialmente debido no solo al gran aumento del área sembrada de cultivos extensivos de verano a nivel nacional sino también a la intensificación del uso del suelo en las chacras. Los riesgos potenciales del uso de plaguicidas abarcan desde la contaminación e intoxicación de usuarios de plaguicidas, trabajadores agrícolas y vecinos de plantaciones; pérdida de la inocuidad por residuos de plaguicidas en alimentos y contaminación de fuentes de agua potable.

Existe una creciente preocupación ciudadana por una alimentación saludable, libre de agroquímicos y transgénicos. (Britz et al., 2015). Por otra parte, existe una creciente demanda social y ambiental vinculada a la calidad del agua, a la salud y a las condiciones de trabajo de las personas comprendidas en el sistema agroalimentario.

La constante desaparición de productores familiares, la despoblación de la campaña y la concentración de la tierra en grandes explotaciones plantean interrogantes para la viabilidad de un proyecto-país territorialmente integrado y con equilibrio social.

Frente a la complejidad de estos desafíos, promover una agricultura sobre bases agroecológicas es una opción de política pública, con significativo potencial de desarrollo. La perspectiva agroecológica, al reconocer las dimensiones multifuncionales de la agricultura y al dar importancia a la combinación de investigación científica con la experimentación a nivel local, tecnologías e innovaciones intensivas en conocimiento, de bajo costo y fácilmente adaptables por los pequeños productores, facilita el avance hacia un amplio rango de objetivos vinculados al desarrollo equitativo y sostenible. Entre ellos se encuentran el aumento de la productividad agrícola, la seguridad y soberanía alimentaria, la mejora de los ingresos y los medios de sustento de la población rural, la conservación de los bienes naturales, la restauración ecológica, el aumento de la resiliencia de los agroecosistemas y el menor riesgo frente a la variabilidad y cambio climático, la mitigación del cambio climático a través de una mayor eficiencia energética, menor dependencia de combustibles fósiles y de insumos agrícolas basados en combustibles fósiles, restauración de los ciclos de carbono y del agua.

La Política Nacional de Cambio Climático (PNCC), aprobada por el Poder Ejecutivo en el año 2017, se plantea «contribuir al desarrollo sostenible del país, con una perspectiva global, de equidad intra e intergeneracional y de derechos humanos, procurando una sociedad más resiliente, menos vulnerable, con mayor capacidad de adaptación al cambio y a la variabilidad climática, y más consciente y responsable ante este desafío, promoviendo una economía de bajas emisiones de carbono, a partir de procesos productivos y servicios sostenibles ambiental, social y económicamente, que incorporan conocimiento e innovación”. Estos objetivos están conectados con procesos sociales particularmente la participación e inclusión, capaces de promover la transición y transformación de los sistemas alimentarios.

Adicionalmente, los avances tecnológicos generados en el ámbito de la agroecología, resultan en aportes que la trascienden y tienen el potencial de incorporarse - aunque sea parcialmente- en sistemas productivos convencionales.

Desde un punto de vista estrictamente comercial, se destaca que tanto a nivel internacional como de mercado interno hay una creciente demanda de productos de base agroecológica en sus distintas expresiones. Sin embargo, al presente es dificultoso para productores familiares responder a la misma dadas las limitantes en investigación, asesoramiento, desarrollo de mercados, normativa, barreras para certificar la producción, entre otros, que se requiere para poder iniciar y dar continuidad a una línea de producción bajo este enfoque.

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