Ministerio de Industria, Energía y Minería

Con la participación de los ministros de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, y de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, este lunes 12 de abril se realizó una conferencia virtual en la que se expusieron los avances en la reforma del mercado de los combustibles en Uruguay, así como decisiones del gobierno relativas a la gestión de las tarifas al público.

En la actividad, la ministra Azucena Arbeleche explicó que el barril de crudo Brent aumentó su precio 30,8 % desde diciembre de 2020, y pasó de costar menos de US$ 40 para llegar, en marzo de este año, a más de US$ 65 en promedio.

Arbeleche recordó que el petróleo es el principal insumo importado por Ancap, y que la suba, no obstante, no se ha visto reflejada ni en un aumento de los precios de los combustibles ni en las tarifas públicas, a diferencia de lo que ocurre en la región (por ejemplo, en Argentina y Brasil), en Estados Unidos y en Europa.

En estos países, las naftas han aumentado entre 10% y 24%, y el gasoil entre 10% y 22%, acompasando la suba el en el precio del barril de petróleo.

En contrapartida, en Uruguay el gasoil no ha aumentado su precio de venta al público desde enero de 2018, y todos los combustibles han reducido sus precios en términos de dólares, teniendo en cuenta no solo el incremento en el precio de la materia prima, sino también la suba del tipo de cambio.

A pesar de este contexto internacional de suba de precios, la ministra de Economía y Finanzas anunció que “el Gobierno ha resuelto no trasladar estos aumentos de petróleo a las tarifas de los combustibles en nuestro país”. Por lo tanto, no subirán los precios ni de la nafta ni del gasoil.

“Entendemos que el país está atravesando momentos extraordinarios que requieren de respuestas de parte del gobierno también extraordinarias”, dijo la ministra, y agregó que se trata de un apoyo “a todo el sector productivo, básicamente a las empresas más pequeñas, para que puedan pasar esta situación de pandemia”, así como “a la ciudadanía en general”.

Arbeleche dijo que el costo de este apoyo definido por el gobierno es del entorno de US$ 30 millones solo para abril de 2021, que se suman a un monto similar para el período enero-marzo de este año. Esto, que implica un deterioro del resultado fiscal, que se justifica por la situación derivada de la pandemia, subrayó.

La ministra agregó que esta decisión puede tomarse debido al manejo responsable de las finanzas públicas que se ha llevado a cabo desde que asumió el gobierno. “Son los ahorros como los que obtuvimos el año pasado los que nos permiten sostener este otro tipo de medidas para apoyar al país en su conjunto”, afirmó.

Arbeleche también dijo que la situación del crudo se monitoreará mes a mes para definir cuándo corresponderá trasladar el aumento a las tarifas públicas. No obstante, aclaró que en este momento es el gobierno el que se hace cargo del desfasaje entre el precio del crudo y las tarifas públicas, y que no se optará por “trasladar los ingresos que no percibió el sector público de enero a abril” en el momento en que estas se modifiquen.

La jerarca ejemplificó que en abril, si se utilizara el nuevo sistema de fijación de tarifas, que toma como base el precio internacional del crudo (ver siguiente sección), los combustibles deberían aumentar en el entorno del 18%.

La ministra Arbeleche dijo que el Poder Ejecutivo tomó estas decisiones luego de analizar los balances de Ancap y sus programas financieros y “transmitiéndole el absoluto respaldo del Poder Ejecutivo” para que sus finanzas se mantengan sólidas.

Preparados para la siguiente etapa

Arbeleche dijo que el Poder Ejecutivo está preparado para “dar el siguiente paso de fijación de las tarifas públicas”, de acuerdo al nuevo esquema que detalló el ministro Paganini.

El titular del Ministerio de Industria, Energía y Energía (MIEM) recordó que este nuevo esquema se envió a la Asamblea General, y afirmó que su objetivo principal es “darle transparencia al sistema de fijación de tarifas en el país”.

Se basa en parámetros conocidos y predecibles por la ciudadanía, explicó. De este modo, se evitan usos discrecionales de los aumentos de las tarifas con fines, por ejemplo, recaudatorios.

Además, el nuevo sistema busca “generar incentivos para bajar los costos nacionales asociados a los combustibles” en toda la cadena productiva, señaló Paganini.

Este proceso de cambio insumirá tres años, recordó el ministro. Durante ese período, se irán modificando las reglas de juego, con apoyo en dos grandes parámetros: un nuevo esquema de fijación de tarifas y la regulación del resto de la cadena por parte de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (URSEA).

Paganini insistió en que, aunque el Poder Ejecutivo está listo para poner en marcha este nuevo sistema, debido al contexto excepcional que está transitando el país “se ha decidido esperar”.

Aun así, el secretario de Estado explicó detalladamente en qué consiste el nuevo esquema. Recordó que se apoya en dos componentes centrales. En primer lugar se encuentra el precio de paridad de importación (PPI), que se vincula con los costos en los que incurriría un importador que trajera el combustible derivado del exterior. A eso se suman los costos propios de la comercialización del combustible, lo que incluye la mezcla con biocombustibles, impuestos y tasas.

El PPI es calculado por la URSEA mensualmente desde noviembre de 2020. Paganini dijo que este precio incluye el precio del combustible importado en la planta de La Tablada, más, en el caso del gasoil, $ 3,48 vinculados al subsidio del transporte colectivo, alrededor de $ 6 vinculados al margen de la cadena de distribución, tasas e IVA. Los cálculos de la URSEA han evidenciado que el PPI “acompaña muy fielmente la evaluación del precio internacional del crudo”, aseveró.

En segundo lugar, se toma en cuenta el denominado factor X, un monto que se añade al PPI y se traslada a las tarifas. Corresponde a sobrecostos en los que incurre Ancap para absorber sus pérdidas y subsidios, así como a sobrecostos estructurales. Paganini dijo que la empresa pública “debe trabajar para disminuir” esos sobrecostos. El objetivo es “una mejora genuina de los costos nacionales de producción de combustibles”, por lo que se “requiere una transición”, enfatizó el jerarca.

En abril de este año, el precio de los combustibles se encuentra por debajo del PPI. La gasolina se ubica en $ 58,4 el litro, mientras que el PPI es de $ 65,2. En el caso del gasoil, el precio es de $ 40,4 el litro, mientras que el PPI calculado por la URSEA es de $ 44,9 el litro. La diferencia es de 11% en el caso del gasoil y de 12 % de la gasolina. Si se suma el factor X (casi $ 3) se requeriría un aumento del 18% en la gasolina súper y del 19% en el del gasoil para acompasar el PPI.

Cronograma

El nuevo sistema se implementará en tres años, período en que disminuirá el valor en pesos del denominado factor X, hasta llegar a cero. Para lograrlo, se requieren “cambios importantes en el sector”, afirmó Paganini.

El ministro detalló que las pérdidas de Ancap se vinculan con el negocio del pórtland y con la mezcla de agrocombustibles, “que está por encima de lo que mandata la ley”, por lo que, a pesar de sus beneficios, implican sobrecostos.

Sobre este punto, Paganini recordó que la ley establece una mezcla del 5% de la gasolina con etanol y del gasoil con biodiesel, de fabricación nacional y con materia prima nacional. Se trata de una norma con más de diez años que genera dos líneas de producción de etanol (en Bella Unión y en Paysandú) y una en Montevideo, dedicada al biodiesel. Esto genera sobrecostos para el combustible nacional del orden de $ 1,7 o 1,8 por litro. Por ello, dijo el ministro, es necesario evaluar si se debe mantener la normativa. Por ello, se recomendó a la Asamblea General que se estudie la eliminación de la obligatoriedad de la mezcla del biodiésel, lo que se suma a otras medidas abocadas al cuidado del ambiente. El Poder Ejecutivo está elaborando un proyecto de ley que se presentará al Poder Legislativo en poco tiempo, anunció Paganini.

A los sobrecostos anteriores, añadió el ministro, se suma el subsidio al GLP (supergás), que se vende debajo de su costo. El ministro anunció que el subsidio del GLP continuará durante 2021. Por último, como ya se mencionó, se agregan los sobrecostos estructurales de Ancap.

Todos estos factores, de acuerdo a un cálculo del MIEM, suman $ 2,97 por litro de combustible expendido, que se añaden al PPI.

“Cuando la situación permita transparentar los precios y los costos reales, pensamos que este mecanismo es el más transparente” y simple, y el que generará incentivos para disminuir los sobrecostos, dijo el ministro Paganini.