Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento

Menciona que la Institución está apoyando a la Comisión asesora de discapacidad, la cual está utilizando la Plataforma de Participación Ciudadana para sus procesos. 

Hace referencia que se podría considerar incorporar la Plataforma de forma masiva en los temas de discapacidad, buscando sea de uso cotidiano para las personas. 

Desde el programa de Accesibilidad Digital que integra, destaca que la accesibilidad debe ser transversal a todo el sexto plan. 

Mencionó que le parece un cambio positivo la extensión a 4 años para este nuevo plan. Señala que desde el Ministerio vienen trabajando en estos temas, por ejemplo, en el 5to Plan Acción de Gobierno Abierto, se presentaron 2 compromisos. En uno de ellos no se avanzó de acuerdo a lo previsto y porque el tema era muy amplio (Plan Nacional de Gestión de Residuos).

Informa que la institución analiza dos propuestas:

a) Primero, una relacionada con el tema de Residuos incorporándole el tema de Derechos Humanos.

b) Y la segunda, ampliar la información en el Observatorio Ambiental Nacional referente a temas de la calidad del agua.

Considera que es fundamental disponibilizar más información, pero que también es importante el intercambio con la sociedad civil. Para ello es fundamental analizar desde el Ministerio la información disponible, formato y calidad de esta, para luego disponibilizarla y que sea viable su uso.

Hace referencia que la institución están disponible para recibir propuestas e ideas de otros organismos y/u organizaciones, vinculadas a las necesidades sobre la política de datos.

Informa que la institución viene trabajando en diferentes ámbitos y observaron que muchas personas no acceden a derechos y prestaciones simplemente porque no saben que existen.

Por ello, plantean como potencial propuesta, desarrollar una plataforma de fácil acceso, donde las personas puedan ingresar y, a partir de un cuestionario de acuerdo a determinadas características, conocer qué prestaciones sociales les corresponden o a qué beneficios pueden aplicar, por ejemplo, en materia de salud, vivienda o asignaciones familiares.

Consideran que este proyecto podría ser transversal a varios programas e instituciones. Un caso concreto, es la asignación familiar durante el embarazo, beneficios que muchas personas desconocen y por lo tanto no hacen uso.

Complementa la propuesta de Anahí Bermúdez, indicando que la propuesta es desarrollar una Ventanilla Única en el Ministerio, que permita brindar asesoramiento directo y centralizado a las personas.

La propuesta tiene por objetivo integrar los distintos sistemas del Estado y facilitar una comunicación unificada entre Ministerios, mejorando significativamente la experiencia de acceso a derechos e información pública.

Plantea la necesidad de avanzar en la definición de criterios y estándares comunes para evaluar procesos de participación y deliberación ciudadana desde la gestión del agua.

Señala que esta propuesta ya cuenta con antecedentes, pero entiende que es posible seguir desarrollándola a nivel nacional. Esto no sólo fortalecería la calidad de los espacios participativos, sino que también contribuiría a una mejor rendición de cuentas, aunque se trate de un aspecto más intangible.

Plantea como desafío la creación de un ambiente digital accesible y amigable para facilitar el trabajo de las distintas comisiones de cuencas. Informa que ha habido intentos anteriores no han tenido los resultados esperados. Desde la institución mantienen el compromiso de concretar un espacio digital funcional que facilite la participación y el intercambio en estos ámbitos técnicos y territoriales.

Las propuestas presentadas fueron:

a) Generar espacios de participación para la gestión integrada del agua.

b) Avanzar en evaluar criterios comunes de participación.

Plantea como propuesta la apertura de datos vinculados a la emisión de documentos como cédulas, pasaportes y documentos para personas extranjeras.

El objetivo sería disponibilizar esta información a la academia, la ciudadanía y la sociedad civil, con el fin de conocer más sobre el derecho al acceso a la identidad y tomar acciones en casos de indocumentación.

Se subrayó la importancia de trabajar de forma colaborativa con otros organismos, como el Ministerio de Salud Pública y el MIDES, para mejorar la cobertura documental, especialmente en el interior del país.

Desde DNIC se expresa una fuerte disposición a integrarse activamente al ecosistema de Gobierno Abierto y participar en iniciativas transversales.

Desde la Unidad de género del Ministerio presentó como línea de trabajo la construcción de una nueva política sectorial de género para toda la institucionalidad agropecuaria, elaborada junto a organizaciones de la sociedad civil con la participación de más de 400 personas.

Señaló la sub representación de la población rural y agraria en este tipo de iniciativas.

Planteó como objetivo promover que los organismos incorporen la mirada de ruralidad en sus estrategias. Esta política también incluirá componentes ambientales, y se proyecta la creación de un observatorio que articule temas de género, campo natural y bioeconomía, contribuyendo así a visibilizar y fortalecer la equidad en el medio rural.

Destacó la relevancia del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto, subrayando la importancia de reivindicarlo y reforzarlo, evitando retrocesos. Señaló que Uruguay enfrenta desafíos en varias dimensiones de derechos humanos. En este sentido, mencionó el Informe 2024 de Amnistía Internacional, que presenta un análisis del estado de situación del país en esta materia e identifica áreas críticas a considerar.

Entre los temas centrales mencionados se encuentran:

• Libertad de expresión y acceso a la información pública, en los que Uruguay recibió observaciones por primera vez, constituyendo una señal de alerta.
• Sistema penitenciario, violencia de género y crímenes del pasado reciente, que continúan siendo problemáticas relevantes.
• Infancias y adolescencias, particularmente la situación de embarazos en niñas y adolescentes menores de 15 años.
• Salud mental, cuidados y medio ambiente, que requieren atención prioritaria.

Destacó que la libertad de expresión constituye un eje transversal, ya que permite abrir otros componentes de la agenda de derechos humanos y elaborar diagnósticos más integrales.

Señaló también la importancia de profundizar en los temas priorizados por Amnistía Internacional, lo que implica solicitar información y desarrollar indicadores aún no disponibles. Resaltó que este proceso no se limita al monitoreo, sino que contribuye a robustecer diagnósticos y a orientar acciones para la resolución de los problemas identificados.

Indicó que esta forma de trabajo fortalece la capacidad de incidencia de la sociedad civil en las políticas públicas, favoreciendo la toma de decisiones informadas. Subrayó que, al realizarse de manera colectiva, se facilita el esfuerzo, dado que resulta costoso tanto para la sociedad civil como para el Estado; en ese marco, la articulación permite mayor eficiencia. Asimismo, enfatizó que estas acciones contribuyen a consolidar el sistema de garantías, lo que requiere de una firme voluntad política.

Para ilustrar, presentó un caso de éxito: el trabajo de diagnóstico desarrollado en diálogo permanente con ASSE, que permitió generar datos sobre embarazos infantiles producto de violencia sexual. Explicó que, hasta entonces, no existía un sistema de notificación para embarazos en niñas y adolescentes menores de 15 años, el cual fue construido gracias a la articulación entre sociedad civil y un organismo público.

Finalmente, señaló que este tipo de ejercicios posibilita formular nuevas preguntas, así como construir indicadores y datos que hoy no están disponibles, fortaleciendo así la capacidad de respuesta en materia de derechos humanos.

Considera que uno de los grandes desafíos en Uruguay está vinculados al acceso a la información pública y ambiental.

Propone la posibilidad de diseñar un plan de trabajo para avanzar en la implementación de garantías y derechos consagrados en el acuerdo de Escazú Artículos N° 5 y 6 de la Ley N°19.773 del 2019.

Mencionó la importancia que tiene para las organizaciones de sociedad civil transparencia, participación ciudadana y acceso a la información.

Desde Data Uruguay indicaron que seguirán trabajando con el MSP y la herramienta AtuServicio, desarrollando una hoja de ruta para su evolución a 5 años.

Señala su interés en trabajar con el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) para digitalizar y publicar la colección de los museos del Sistema Nacional de Museos.

También señala su interés en apoyar iniciativas vinculadas a residuos, vivienda, agua, otros.

En este sentido propone:

a) Evolucionar la herramienta Atu.servicio.

b) Publicar la colección de obras de museos en formato digital.

c) Participar apoyando proyectos vinculados a residuos, interior, vivienda y agua.

Señaló que Uruguay ha sido líder en la transformación energética, aunque este logro aún no es suficientemente conocido por la ciudadanía. En este sentido, destacó la importancia de mejorar la comunicación pública de los datos del sector energético, de manera que las personas puedan apropiarse de estos avances.

Entre sus propuestas planteó:

a) Presentar los datos de la transformación energética en un formato claro y comprensible para toda la población.

b) Crear una biblioteca de información organizada en clave de preguntas y respuestas, que facilite el acceso ciudadano.

c) Fortalecer y articular el Mirador de Beneficios del MIEM, integrándolo con otras instituciones y promoviendo su uso conjunto.

Recordó que, en el plan anterior, el Ministerio desarrolló un mirador con información sobre los beneficios dirigidos a la población, y subrayó que el objetivo ahora es mejorar esa herramienta, ampliando su alcance y favoreciendo la integración con otras instituciones promotoras de beneficios, de modo de contar con una plataforma más completa y articulada.

Indicó que ya se ha comenzado a trabajar en varias iniciativas que podrían contribuir a dar respuesta a algunos de los temas planteados en la mesa. Señaló que se realizó una solicitud a Agesic para mejorar la accesibilidad del sitio web institucional, con el objetivo de que contemple también aspectos vinculados a la discapacidad.

Explicó que existe la idea de desarrollar un sistema de preguntas y respuestas, ya que, si bien se dispone de abundante información publicada, esta resulta difícil de identificar y muchas personas no logran acceder a ella porque desconocen dónde está disponible. En este sentido, mencionó que se está trabajando en transformar la información existente en formatos más comprensibles y fáciles de interpretar para la ciudadanía.

Como primera etapa, destacó la necesidad de mejorar los accesos, garantizando al mismo tiempo el derecho a la privacidad y confidencialidad de los datos, sin exponer información granular, pero transformando lo ya disponible en contenidos claros y entendibles.

Agregó que, si a estos avances se suman herramientas de accesibilidad para personas con discapacidad, se podrá mejorar la experiencia de los usuarios del sistema de salud y fortalecer su capacidad de tomar decisiones informadas, en consonancia con los derechos consagrados en la legislación vigente.

Las propuestas concretas presentadas fueron:

a) Mejorar la accesibilidad del sitio web del MSP, con apoyo de Agesic.

b) Transformar la información existente en formatos más accesibles y comprensibles.

c) Incorporar herramientas que faciliten la toma de decisiones informadas en materia de salud.

Finalmente, realizó un aporte respecto a la intervención de Mónica Xavier, señalando que al Mapa Sanitario Regional podría incorporarse personal capacitado en temas de género.

Indicó que vienen trabajando junto a Data Uruguay en la evolución de AtuServicio, hacia una versión que incluya datos georreferenciados y mayor cantidad de indicadores.

Planteó las siguientes propuestas:

a) Desarrollar AtuServicio.uy 2.0 con georreferenciación de datos y nuevos indicadores.

b) Realizar encuestas de usuarios/as para evaluar la satisfacción de la plataforma y mejorar su calidad.

c) Avanzar en un plan de transparencia con la publicación de actas de la Junta Nacional de Salud (JUNASA) y los datos relevados en salud como en formato abierto.

En particular, hizo referencia a la alineación con lo planteado por Amnistía Internacional en relación con la situación en los centros penitenciarios, subrayando que se trata de una problemática nacional que requiere un abordaje articulado entre múltiples actores.

Desde su experiencia en gestión y ciudadanía, destacó la necesidad de perfilar al usuario y de mejorar la accesibilidad a la información, teniendo en cuenta los distintos niveles de cercanía y gobernanza que atraviesan el sistema educativo.

En ese marco, propone incorporar al Plan de Gobierno Abierto el diseño y desarrollo de un plan de alfabetización en cárceles, en el marco del Plan de Educación, como compromiso con enfoque territorial, de transparencia y con impacto en poblaciones vulnerables.

Resaltó como ejes centrales de su planteo la descentralización, la articulación entre entes autónomos y la orientación a las necesidades ciudadanas.

Señaló que se viene trabajando en la actualización del Plan Nacional de Derechos Humanos de 2016, retomando los diálogos anteriores e incorporando la transversalización del enfoque de derechos humanos y de género, así como la actualización de contenidos y la inclusión de la memoria y otros aspectos relevantes.

Destacó, además, que se están desarrollando líneas de trabajo en áreas como Ciencia, Tecnología y Género.

Sus propuestas:

a) Revisar y poner a disposición protocolos y mapas vinculados a estos temas, garantizando la confidencialidad de la información.

b) Sistematizar denuncias y reclamos, elaborando informes, y avanzar en la participación activa de niños, niñas y adolescentes, ampliando los Consejos existentes y fortaleciendo el diálogo con todos los niveles de gobierno.

Indicó que vienen trabajando desde su colectivo en la construcción de distintas propuestas, las cuales detalla a continuación:

a) Visualizador de datos de procesos judiciales de niños, niñas y adolescentes que se vienen desarrollando en los últimos años en el país.

b) Compartir las tasas de otorgamiento de crédito vía la visualización, indicando que no se está cumpliendo con el acceso a esa información. Esta propuesta debe trabajarse con el Área de defensa del consumidor y el Banco Central del Uruguay.

Planteó una serie de cuestiones en clave transversal, tanto respecto al plan como a los potenciales compromisos. En primer lugar, subrayó la necesidad de reforzar el acceso a la información, no solo en términos de construcción y visibilidad, sino también garantizando que la ciudadanía pueda acceder a información ya existente en distintos colectivos y grupos sociales, a los que no siempre llega de manera efectiva. Ejemplificó con situaciones vinculadas a la población migrante, las barreras de lenguaje y la brecha digital, que afectan a sectores específicos de la sociedad y dificultan la comprensión y el ejercicio de derechos.

Destacó asimismo que el Sexto Plan debe estar acompañado de una estrategia de comunicación sólida. Señaló como ejemplo la situación de jóvenes con discapacidad que buscan insertarse en el ámbito laboral, mientras existe una oferta laboral disponible que, sin embargo, es desconocida para ellos.

Agregó que resulta necesario promover una inducción en materia de Gobierno Abierto dirigida a la ciudadanía, ya que muchas veces las personas se enteran tarde de las herramientas generadas. En este sentido, resaltó que tanto la comunicación como la inducción son fundamentales para el uso efectivo de lo que se desarrolle en el marco de Gobierno Abierto.

Más allá del monitoreo de los planes, planteó también la necesidad de fortalecer los mecanismos de evaluación de lo ya implementado. Señaló, a modo de ejemplo, la plataforma de denuncias ambientales, respecto a la cual se debería analizar si está funcionando adecuadamente. Desde las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en estos temas, se observa que aún hay margen de mejora en la evaluación de los compromisos previamente desarrollados.

En cuanto a sus propuestas concretas, señaló:

a) Elaborar un Índice de participación de la sociedad civil, desarrollado por ANONG como experiencia piloto, que podría ponerse a disposición para su aprovechamiento en ámbitos de participación institucionalizados, tanto presenciales como digitales.

b) Mejorar el acceso a la información que ya se encuentra en poder de colectivos y grupos sociales, incorporando una estrategia de comunicación robusta.

c) Fortalecer los mecanismos de evaluación y monitoreo de los sucesivos planes y de los compromisos ya implementados.

d) Desarrollar instancias de inducción ciudadana sobre el manejo de las herramientas de Gobierno Abierto.

Finalmente, señaló que estas propuestas ya fueron publicadas en la Plataforma de Participación Ciudadana.

Desde el equipo de Datos Abiertos del organismo indicaron que trabajan de forma transversal buscando potenciar la cultura de datos abiertos. Mencionó que ya tienen un gran conjunto de datos publicados en el Catálogo Nacional de Datos abiertos, y están trabajando en esta línea para hacer capacitaciones internas.

Tienen datos de Medio Ambiente entre otros temas importantes y desean incorporar más áreas de la empresa para que se adhieran a esta iniciativa.

Informa que vinculado al tema transparencia el Ministerio ha logrado avances sustanciales en los datos sobre delitos sexuales y violencia basada en género (VBG). Menciona que actualmente se está trabajando en fortalecer los datos históricos y ampliar la información disponible.

Su propuesta concreta es sobre: Violencia a NNA y su georreferenciación. Generar un módulo con datos estadísticos específicos.

Informó que el Observatorio de Violencia y Criminalidad, del cual forma parte, atraviesa un proceso de reforma institucional orientado a fortalecer su alcance y legitimidad. Entre los principales avances destacó:

• La creación de un marco institucional más amplio, que trascienda al Ministerio e involucre a diversos actores.
• La implementación de un nuevo modelo de gobernanza de la información interna, alineado con el Plan Sectorial de Garantía e Institucionalidad.
• La conformación, por primera vez, de un espacio de trabajo conjunto entre los generadores de datos del Ministerio del Interior, con el objetivo de producir información de mayor calidad y legitimidad.
• La instalación de un consejo asesor del Observatorio, integrado por organismos de control, instituciones del Estado, organizaciones de la sociedad civil y el ámbito académico, que contribuye a reforzar la transparencia y promover un uso más efectivo de los datos en la formulación de políticas públicas.

Señala la importancia de enfatizar en los siguientes temas: democratización de la información y la participación ciudadana. Trabajar en el acceso a la justicia con énfasis en medio rural, NNA y sobre violencia en adultos mayores.

Las propuestas fueron:

a) La creación de una aplicación con dispositivo electrónico para víctimas, personas con discapacidad visual y auditiva.

b) Incorporar la IA en denuncias de violencia basada en género y para la evaluación de riesgos.

Señala que la perspectiva de género debe ser una perspectiva de Estado.

Sus propuestas fueron:

a) Violencia basada en género: Actualizar la georreferenciación de las primeras puertas de entrada a las personas que necesitan denunciar o acudir por estos hechos.

b) Incorporar la perspectiva de género en el 6to Plan de Acción de Gobierno Abierto.

Señaló que sus plataformas trabajan a partir de los datos que los organismos del Estado ponen a disposición, lo que convierte a Wikipedia en un usuario relevante de esa información pública.

En este marco, transmitió diversas demandas planteadas por los usuarios, vinculadas a la necesidad de contar con más datos sobre justicia climática y derechos ambientales, así como sobre calidad del agua, donde se identifica una importante carencia. También remarcó la falta de información sobre eventos climáticos extremos, incluyendo su georreferenciación, impactos económicos, población afectada y otros aspectos relacionados.

Destacó que no alcanza con que los datos estén publicados, sino que deben ser accesibles, utilizables y actualizados. Como ejemplo, mencionó los datos disponibles sobre cantidad y calidad de agua, que resultan poco prácticos debido a su dispersión y baja frecuencia de publicación. Si bien el Catálogo Nacional de Datos Abiertos contiene información relevante, en muchos casos corresponde a años anteriores y no ha sido actualizada.

Planteó que para un mejor aprovechamiento de la información se requiere una centralización y actualización periódica de los datos públicos, especialmente entre los gobiernos departamentales, OSE y el Ministerio de Ambiente.

Su propuesta fue, mejorar la accesibilidad y actualización centralizada de los datos públicos, de modo que plataformas como Wikipedia puedan replicar y difundir información oficial y confiable a la ciudadanía.

Propone lo siguiente:

a) Generar un Mirador donde las empresas puedan incluir el volumen y tipo de residuos que generan (que puede transformarse en un insumo de valor para otras cadenas productivas). 
b) Interconectar las bases de datos de los observatorios locales y nacionales (explorar si existen otros observatorios o miradores a nivel regional/internacionales vinculados al sector productivo, industrial, energético y tecnológico en las cadenas de valor que sean de interés para Uruguay).
c) Trabajar en una línea de base y monitoreo de los datos ambientales, que optimicen el uso responsable y sostenible de los activos estratégicos del país (sus recursos naturales, ej. las cuencas hídricas, que permita realizar análisis prospectivos y manejo de escenarios, que permita analizar la radicación de las inversiones en el territorio, y el consumo de los activos estratégicos en escenarios de sequía, superponiendo todos los consumos (sector agropecuario, sector industrial, sector turístico, sector energético), para así poder visualizar en los diferentes escenarios los puntos de equilibrio de estos consumos (agua, energía, tierra, etc.), la ubicación de nuevas inversiones en el territorio en función de los usos ya existentes.

Indicó también que es importante trabajar sobre los ciclos productivos y la reutilización de los residuos para revalorizar, para generar nuevas oportunidades de desarrollo y empleo calificado en lugar de acumular los residuos en los vertederos a cielo abierto o realizar relleno sanitario (enterramiento de residuos) que implica costos para el Estado. Esto implica generación de riqueza, si se logra aplicar conocimiento para la transformación de dichos residuos en un nuevo insumo para otras cadenas productivas, o un nuevo producto de exportación.

Mencionó que existen residuos con los que se puede producir colágeno, de alto valor para la industria farmacéutica y cosmética. Existen también residuos de cueros ovinos, que podrían aplicar a la industria de la marroquinería y vestimenta, existen residuos plásticos que podrían transformarse en nuevos productos por transformación industrial, etc).

Comentó que tener datos es fundamental para poder ver el dimensionamiento y la escala, que permite ver si existe viabilidad o no para dichos emprendimientos, y al mismo tiempo para el cuidado de los recursos naturales (que son insumos estratégicos para la población y para el aparato productivo).

Por otra parte, mencionó que los recursos naturales tienen su ciclo de reposición (no se pueden depredar, se deben utilizar y conservar en buen estado para las generaciones futuras). Por eso es importante superponer las capas de consumo, para poder evaluar el punto de equilibrio, cuando hay simultaneidad de actores demandantes de estos activos estratégicos. También para analizar a futuro, cuando se presentan nuevas inversiones, hasta donde sí es viable, y en qué territorio es más viable su instalación, sin generar dificultades para lo que ya está en funcionamiento. De lo contrario el Estado paga los costos de esta falta de previsión. Implica manejo de escenarios y análisis prospectivo, en base a datos. Pero se requiere realizar la línea de base, la alimentación periódica y el monitoreo de los datos. Tal vez buena parte de estos datos ya estén en diferentes observatorios, que se requiere integrar. Y permitiría también buscar soluciones innovadoras a nivel científico y tecnológico para sustituir los contaminantes agrotóxicos (ej. herbicidas químicos por otras formas de combatir especies no deseadas, o químicos para combatir insectos, plagas, con productos de base natural). Tener datos de consumo nacional y estándares recomendados a nivel nacional/internacional, permitía visualizar si hay exceso de aplicación en el uso de fertilizantes y otros químicos que generan cianobacterias en los cursos de agua, y sustituirlos por otras alternativas, o racionalizar su consumo, o aplicar otras metodologías de producción más amigables con el ambiente sin perder productividad), para una producción más sostenible, y que mejore el cuidado del ambiente, que reduzca el impacto de esa contaminación ambiental en las especies animales de dichos hábitats, y en la salud de la población (cuando se ve afectada por estos impactos).
Y cuando estos datos estén integrados a nivel nacional, procurar la integración con datos a nivel regional.

Mencionó que desde la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia comenzaron con el Plan Nacional de Educación de Derechos Humanos desde el cuarto plan. En esta instancia traen como propuesta avanzar con el segundo ciclo de dicho Plan, en un proceso participativo con compromisos vinculados a distintas poblaciones.

Su propuesta es lanzar el segundo ciclo del Plan nacional de educación en DDHH en colaboración con el MEC, a través de un proceso participativo, incorporando observatorios e indicadores unificados para evaluar y dar seguimiento a las políticas públicas, especialmente en relación con la población con discapacidad. El plan anterior incluyó cerca de 60 compromisos.

Indicó que el Plan Nacional de Educación de derechos humanos es un plan rector. El desafío está en crear un Observatorio Nacional que muestre las políticas de derechos humanos para monitorear y evaluar sobre los accesos a las políticas públicas para la población, también que tenga el componente de monitoreo, con cortes por población mirando las poblaciones más vulnerables y que sea a nivel nacional.

Propone elaborar un nuevo Plan de Género y Cambio Climático para el período 2025-2030.

Este plan, que actualizará la estrategia diseñada en el año 2019, será desarrollado de forma participativa e incluirá metas, actividades, mecanismos de gobernanza, indicadores y herramientas para su monitoreo, seguimiento y rendición de cuentas.

La elaboración e implementación del plan se enmarcará en el horizonte del 6º Plan de Acción de Gobierno Abierto, con una duración estimada menor a cuatro años.

Señaló que vienen trabajando en cuatro planes nacionales de adaptación al cambio climático y que el siguiente paso es comenzar su implementación.

Propuso iniciar con dos de ellos: El Plan Nacional de Adaptación para Zonas Costeras y el Plan Nacional de Adaptación en Ciudades e Infraestructuras.

Cada uno implica desafíos adicionales, por lo que su desarrollo requerirá un trabajo articulado entre organismos como INUMET, SINAE, DINOT y otras instituciones del Estado.

Además, planteó la creación de una plataforma pública de monitoreo y acceso a la información sobre medidas de adaptación, como parte de un proceso que podría entregar sus primeros resultados hacia 2030, en el marco de un horizonte más amplio (2050).

Destacó que Uruguay enfrenta un desafío en materia de derechos de las personas con discapacidad. Indicó que es importante jerarquizar los temas de discapacidad, y para eso hay varios compromisos mencionando que en poco tiempo se contará con el Instituto Nacional para Personas con Discapacidad y el Plan Nacional de Discapacidad. 

Su propuesta es incorporar este Plan Nacional de Discapacidad como Sexto Plan. Este tendrá una herramienta de monitoreo para ver su implementación, y el impacto que tiene a través de distintos indicadores de gestión.

Enfatizó es necesario construir datos y publicarlos en formatos abiertos en el Catálogo Nacional de Datos Abiertos.

Señala que se cuenta con una Estrategia Nacional de Ciudadanía Digital, cuya segunda versión fue publicada recientemente tras un proceso de revisión.

Mencionó que en esta estrategia se incorporó la perspectiva de sostenibilidad ambiental, promoviendo comportamientos en entornos digitales que sean ambientalmente responsables.

Esto implica considerar el impacto de la tecnología a lo largo de todo su ciclo de vida, incluyendo los desechos tecnológicos, y fomentar la construcción de ciudadanía digital con conciencia sobre los efectos ambientales del entorno digital.
Su propuesta fue incorporar a la ciudadanía para elaborar acciones sobre el impacto ambiental del entorno digital, desde una mirada de construcción de ciudadanía con responsabilidad digital.

Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU)

Participó con el objetivo de ver cómo contribuir al proceso. Mencionó que están trabajando en la construcción de la información del organismo para que se ajuste a la realidad, y creando el Registro de Identidad de Niños, Niñas y Adolescente que transitan por el INAU.

Indicó que en esta línea de transparencia y género se viene trabajando, y que vinculado a estas temáticas están analizando propuestas para integrar al Sexto Plan.

Señala que apoya la línea de reforzar la idea de poner a las personas y las empresas en el centro, para la visibilidad de los datos y no el centro en el Organismo, apoyar acercando servicios a la ciudadanía, ayudando a que estén todos visibilizados.

Mencionó que preocupa la visibilidad de los datos, los cuales se deben mejorar, y que cuentan con otros elementos y propuestas que vienen desarrollando en sus equipos de trabajo y que prevén compartir en las próximas instancias.