Exposición de Motivos

3.6. Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

En los últimos años, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) ha procurado fortalecer sus capacidades como ejecutor y regulador de las políticas de desarrollo agropecuario. Este fortalecimiento resulta imprescindible a fin de acompasar el fuerte crecimiento que ha tenido el sector agropecuario, apoyar las acciones que tienden a la sustentabilidad de los recursos naturales ante un uso más intensivo de los mismos, prever la adaptación al cambio climático, desarrollar acciones destinadas a apoyar a los pequeños productores rurales y adecuar la actividad de contralor a las exigencias crecientes de los mercados de destino de la producción.

La estrategia seguida por Uruguay para apoyar el desarrollo de productos con mayor valor agregado y el acceso a nuevos mercados de elevadas exigencias, requiere de esfuerzos permanentes y crecientes. Se inscriben, en ese sentido, acciones en materia de trazabilidad que permiten que Uruguay sea el primer país con trazabilidad del 100% del ganado vacuno, así como los esfuerzos crecientes para asegurar el control sanitario, tanto animal como vegetal, reforzados por la reciente creación de la Dirección General de Control de Inocuidad Alimentaria. Esto permitió el ingreso reciente a importantes mercados cárnicos como Corea y Japón y a Estados Unidos con los citrus.

Con el objetivo de continuar incrementando la productividad del sector en forma sustentable, se está llevando adelante el proyecto de “Desarrollo y Adaptación al Cambio Climático”, que realiza intervenciones a nivel predial o multi-predial para el abastecimiento de agua, abrevaderos, sistemas de riego, cuidado de suelos, manejo del campo natural y fortalecimiento de los productores a través de la incorporación a las cadenas productivas. En el Presupuesto se asignaron fondos para fortalecer esta línea de trabajo y se institucionalizaron algunas de estas políticas, procurando la incorporación del personal técnico.

En el último Presupuesto, se creó una nueva unidad ejecutora, la 009 “Dirección General de Control de Inocuidad Alimentaria”. Esta unidad es responsable de las barreras sanitarias y, para llevar adelante este cometido, a partir de 2017 cuenta con el apoyo del Ministerio de Defensa Nacional. Adicionalmente, se creó por ley el Sistema Nacional de Información Agropecuaria, con el objetivo de integrar la información recabada por los diferentes sistemas del Ministerio, creando una base de datos única.

En lo que respecta a los recursos humanos, en el Presupuesto se previó un reordenamiento de la estructura, procurando adecuarla a los nuevos requerimientos y estrategias.

Un rasgo particular de este Ministerio, es la importante cantidad de funcionarios capacitados que alcanzan causal jubilatoria en el período, lo que refuerza la necesidad de incorporación de personal. Si bien el Ministerio ha avanzado en este reordenamiento, los tiempos para su implementación están siendo más extensos de lo previsto originalmente.

Cabe destacar que, en el año 2014, se realizó una importante salarización de proventos, independizando la retribución que perciben los funcionarios de lo que pagan los usuarios por los servicios, lo que permitió una racionalización de los conceptos cobrados.

Cabe resaltar que el gasto de este Ministerio se mantuvo relativamente estable en el período 2010-2018[1], sin considerar los gastos extraordinarios para atender situaciones de emergencia.

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En 2018, este Ministerio ejecutó un total de 3.633 millones de pesos, destinándose más de la mitad a remuneraciones, un 28% a gastos de funcionamiento y un 9% a inversiones. Dentro de este total, se debe mencionar que el 10% del gasto corresponde al Fondo de Reconstrucción y Fomento de la Granja, ejecutado a través del MGAP y que se expone presupuestalmente en el Inciso 24 “Diversos Créditos”.

Los principales gastos de funcionamiento realizados por este inciso corresponden a dispositivos de trazabilidad (caravanas), contrataciones de profesionales y técnicos destinados principalmente al mantenimiento del Sistema Nacional de Identificación Ganadera, diferentes modalidades de apoyo al sector agropecuario mediante transferencias y al Fondo Agropecuario de Emergencias. Cabe mencionar que las últimas normas presupuestales establecieron abatimientos para remuneraciones y funcionamiento a partir del año 2017 [2].

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El financiamiento con endeudamiento externo juega un papel fundamental para el fortalecimiento de las capacidades del organismo y para el despliegue de las políticas agropecuarias, tanto a través del Banco Mundial, como del Banco Interamericano de Desarrollo y del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola. En 2018 estos representaron un 10% de la ejecución total del Ministerio. Estos generalmente corresponden a proyectos mixtos, que incluyen tanto gastos de funcionamiento, como inversiones.

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En materia de apoyos directos a los sectores productivos, se destaca el fortalecimiento del “Fondo de Fomento a la Granja” y su aplicación en el apoyo económico para diversos planes de negocios, en programas que procuran mejoras sanitarias que impactan en la calidad de la producción, y en el estímulo para el desarrollo de seguros, de forma de gestionar mejor los riesgos en lugar de administrar los daños. En el Presupuesto se asignaron 350 millones de pesos al Fondo de Fomento de la Granja y posteriormente se desafectó la recaudación de IVA a la importación de frutas, flores y hortalizas.

Debe resaltarse la rápida respuesta del Ministerio y la contribución aportada por el Fondo de Fomento de la Granja y el Fondo Agropecuario de Emergencias en las situaciones de emergencias climáticas verificadas en los últimos años. Estos apoyos, implicaron subsidios monetarios a los pequeños productores y créditos subsidiados a los productores mayores, financiándose las intervenciones, no sólo a través de Rentas Generales, sino en forma creciente mediante los recuperos de los propios préstamos otorgados por ambos fondos. En este sentido, en los años 2015 y 2018 se subsidió mediante el Fondo Agropecuario de Emergencias a productores afectados por el granizo y la sequía respectivamente.

A partir del año 2015, las indemnizaciones por sacrificio de animales con tuberculosis, que eran cubiertas con el Fondo Permanente de Indemnización, pasaron a cubrirse mediante un seguro conformado por aportes de los productores. Este seguro cubre además casos de brucelosis y otras enfermedades prevalentes.

Cabe mencionar que en el año 2018 de acuerdo a lo establecido por la Ley Nº 19.649, el Fondo de Desarrollo Rural aportó 38 millones de pesos al Fondo de Asistencia a los Productores de Leche Remitentes a Pili S.A., a fin de cubrir los adeudos que la empresa mantenía con estos productores.

Por otra parte, el Fondo Forestal, que se registró presupuestalmente entre los subsidios y subvenciones administrados por el Ministerio hasta el año 2017, aún continúa realizando pagos de deudas, estimando que finalicen en el año 2020.

Por último, para enfrentar los crecientes desafíos en materia agropecuaria, en los últimos años se realizaron diversas modificaciones a la institucionalidad agropecuaria, cumpliendo el Ministerio el rol de rectoría y de articulación de los diferentes organismos involucrados: INIA, IPA, INAC, INASE e INALE.

[1] En los años 2009 y 2010 se excluyen las partidas administradas por este Ministerio destinadas a subsidios, que a partir de 2011 se exponen en el Inciso 21 “Subsidios y Subvenciones”.

[2] Se estableció un abatimiento de 65 millones de pesos a partir de 2017 y 61 millones de pesos más a partir de 2018. En funcionamiento se estableció un abatimiento de 37 millones de pesos a partir de 2018.