3.13. Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, cumple un rol fundamental en la implementación y consolidación de las políticas urbano – habitacionales, siendo las mismas un componente sustantivo de las políticas sociales.
También gestiona diversos procesos orientados a la planificación y el ordenamiento del territorio nacional y es regulador de las políticas medio ambientales que propician el desarrollo sostenible, buscando asegurar que la mejora de la calidad de vida de la población esté acompasada con la conservación y el uso responsable de los ecosistemas.
Este Ministerio ha incrementado su gasto en un 116% en términos reales en el período 2009-2018. Ello evidencia el énfasis que los últimos gobiernos han puesto en el fortalecimiento fundamentalmente de las políticas de vivienda, que absorben la mayor parte de los recursos del Inciso.
Debe destacarse el importante esfuerzo adicional, realizado en los años 2018 y 2019 para apoyar las políticas de vivienda. En el año 2018 se asignaron 1.500 millones de pesos y en 2019 300 millones, para cubrir necesidades del Inciso, fundamentalmente en el programa de Cooperativas, seguido de un apoyo especial para atender la problemática habitacional de los realojos.
Cabe mencionar que, en los años 2016 y 2017, el Ministerio destinó recursos adicionales para las intervenciones urbanas necesarias a efectos de contribuir a la reconstrucción de la ciudad de Dolores, a raíz del tornado acontecido en el año 2016, por 95 y 130 millones de pesos respectivamente. Desde el año 2016, el Inciso lleva adelante la gestión del proyecto “Plan Juntos”, que anteriormente funcionaba en la órbita de la Presidencia de la República, por lo que a efectos de hacer comparativo el análisis, se reclasificaron los créditos de años anteriores a efectos de reflejar la situación actual.
La ejecución del Inciso para el año 2018 fue de 11.140 millones de pesos, de los cuales un 91% corresponde a inversiones, un 5% a remuneraciones y un 4% a funcionamiento. Corresponde señalar que, dentro de las inversiones, el 97% se ejecuta a través de la Dirección Nacional de Vivienda (DINAVI).
La inversión pública en vivienda, se ha incrementado significativamente en los últimos años, como se ilustra en la gráfica siguiente. El promedio anual de inversiones del período 2010-2014, es un 70% superior en términos reales a las inversiones realizadas en el período 2005-2009 y en el período 2015-2018, las inversiones están un 23% por encima del período anterior. En el período 2015-2018 el promedio anual de inversiones fue de 8.526 millones de pesos a valores de 2018.
La ejecución de la DINAVI se puede dividir en diversos tipos de apoyo, según la modalidad de intervención. Se destacan el programa de cooperativas, el otorgamiento de préstamos y subsidios para la compra de viviendas, la construcción de viviendas para activos y pasivos, la vivienda rural y los realojos, entre otros.
El Ministerio ha mantenido una tendencia creciente en la ejecución de sus distintos programas de vivienda, lo que ha redundado en un avance importante para el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan Quinquenal de Vivienda.
Las prioridades de la DINAVI han sido convalidadas y apoyadas a través de recursos incrementales en la última Ley de Rendición de Cuentas donde se distingue una asignación presupuestal para el año 2018 de 1.500 millones de pesos y para el año 2019 de 300 millones de pesos, como fuera mencionado anteriormente.
Particularmente, se destaca el proyecto presupuestal “Nuevas Soluciones Urbano Habitacionales”, que ocupa la mayor parte del crédito de la DINAVI, donde se encuentra la ejecución de diversas líneas de acción en materia de vivienda, que tienen como objetivo contribuir al acceso de las familias a una solución habitacional.
Asimismo, dentro de la DINAVI se destacan otros proyectos que pretenden mejorar las condiciones de residencia de la población, como lo son los mecanismos de préstamos o subsidios para la refacción o mejora de la vivienda y el Plan Juntos que está dirigido a población en situación de vulnerabilidad social.
Por otro lado, se distingue también la importancia de la implementación del Programa de Mejoramiento de Barrios (ex PIAI) que tiene por objetivo mejorar las condiciones de vida de la población de asentamientos irregulares y áreas degradadas mediante un mejor acceso a la infraestructura básica y a los servicios sociales y urbanos. Este programa se encuentra financiado en parte a través de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo.
Cabe mencionar que la política de vivienda debe analizarse encuadrada dentro de la institucionalidad global del Sistema Público de Vivienda, que fue reestructurado sustantivamente en el quinquenio 2005-2009.
Las diversas políticas son financiadas en su mayoría por la fuente presupuestal correspondiente al Fondo Nacional de Vivienda, que representa un 90% de la ejecución total del Inciso. A su vez, esta recaudación ajusta de forma automática los créditos del Inciso, según lo establecido en el artículo 605 de la Ley Nº 18.719. El ajuste realizado de forma anual incluye, en función de los diversos componentes de la recaudación, ajustes dados por la variación del IMS, por los aportes patronales volcados por los Organismos del Estado y por los recuperos de créditos realizados, los que vienen creciendo de forma anual, generando en consecuencia un incremento del crédito. A modo de ejemplo, en el año 2018 se ejecutaron 9.975 millones de pesos, frente a los 4.319 millones ejecutados en 2009, expresados a valores del 2018.
Otro punto a destacar es la reforma y capitalización del Banco Hipotecario del Uruguay (BHU), que le permitió volver a ocupar un rol activo para el otorgamiento de créditos para vivienda con garantía hipotecaria. Esto le permite al Banco participar en el mercado de forma dinámica complementando las políticas del Ministerio, posibilitando además el acceso a la vivienda para amplios sectores de la población.
Como consecuencia del ordenamiento del mercado de crédito de vivienda, también se desarrollaron otras modalidades de financiamiento a través de la banca privada, que complementan la oferta de financiamiento provista por el BHU, posibilitando el acceso a la vivienda.
Debe mencionarse en el año 2007 la creación de la Agencia Nacional de Vivienda (ANV), como organismo descentralizado y responsable de la gestión de los fideicomisos adquiridos por el Estado y transferidos desde el BHU. La Agencia recibe un subsidio por 789 millones de pesos, que se ejecutan en el Inciso 21 “Subsidios y Subvenciones”, a lo que deben sumarse las comisiones pagadas por el Ministerio de Economía y Finanzas por la administración de la cartera de fideicomisos del MEF y el pago del MVOTMA por la gestión de los créditos de vivienda por unos 80 millones de pesos anuales.
Además, desde el año 2011 se comenzó a implementar una política de incentivo a la inversión privada para “viviendas de interés social”, que promueve el acceso a la vivienda para población con ingresos medios. Se establecieron exoneraciones fiscales para este tipo de inversión privada, destinada tanto a renta como a venta a través de créditos hipotecarios. Con el objetivo de acercar la oferta de la vivienda promovida y la población destinataria de subsidios, a partir del año 2017, se exige que al menos el 10% de las viviendas promovidas en Montevideo y el 20% para el interior, se comercialicen a través del Ministerio.
Por otra parte, se destaca la labor de MEVIR, que se ejecuta a través del Inciso “Subsidios y Subvenciones” pero que además se complementa con el crédito del proyecto “Vivienda rural” del MVOTMA. Este Organismo continúa consolidándose como actor principal en las políticas de erradicación de la vivienda rural insalubre, particularmente en las pequeñas localidades del interior.
En lo que respeta a las otras áreas de acción de este Ministerio, se destaca la participación creciente de la DINAMA, la que busca asegurar la protección de los recursos naturales y la implementación de políticas de cuidado del medio ambiente.
Vinculado a esto último, se considera importante mencionar el proyecto de ley recientemente aprobado a iniciativa de la DINAMA para la regulación del uso de bolsas plásticas y el proyecto sobre la gestión integral de los residuos, que se encuentra para su evaluación en el Parlamento.