3.15. Poder Judicial
El Poder Judicial tuvo un incremento presupuestal significativo en el período 2005-2018, que alcanzó el 95% en términos reales. Este incremento se compone de un importante aumento del 51% en el período 2005-2009, al que se agregó un 12% adicional en el período 2010-2014 y 15 % más en los últimos 4 años, sin considerar el incremento correspondiente a las cuotas por el diferendo salarial.
En la Rendición de Cuentas 2015 se asignaron recursos para la implementación del Nuevo Código del Proceso Penal (NCPP). Su instrumentación conlleva un cambio profundo en todo el proceso penal, que pasó a ser oral y público, modificándose los roles de los magistrados y de los fiscales. Su aplicación fue postergada hasta el 1º de noviembre de 2017, explicando parte de la subejecución en los gastos de funcionamiento, permitiendo reasignar créditos a inversiones por 49 millones de pesos a partir de la subejecución transitoria de remuneraciones.
A fines del año 2014 se aprobó el Nuevo Código Aduanero otorgando nuevas competencias al Poder Judicial, que anteriormente eran diligenciadas por la Dirección Nacional de Aduanas. En la Rendición de Cuentas de 2015 se incluyeron los cargos, así como los gastos de funcionamiento y las inversiones solicitadas por el Poder Judicial para su instrumentación, que se financiaron mayormente con cargo a los créditos de la Dirección de Aduanas.
Respecto a las remuneraciones, la masa salarial ha aumentado en el orden del 111% en términos reales en el período 2005-2018. Por un lado, los incrementos para remuneraciones establecidos en las leyes presupuestales del período 2010-2014 representaron un aumento de un 25% en términos reales y fueron destinados a ajustes de las partidas de presentismo e incompatibilidad absoluta y permanencia a la orden, así como a la creación de cargos. Éstos abarcaron los principales ámbitos de acción de este Poder, creándose cargos de Magistrados, Mediadores, Defensores Públicos, técnicos, informáticos, administrativos y auxiliares, así como los cargos necesarios para nuevos Juzgados Letrados de Primera Instancia y Juzgados Letrados de instancia única en materia de trabajo, un Tribunal de Apelaciones en materia laboral y un Juzgado de Faltas, entre otros.
Por otro lado, en 2015, se llegó a un acuerdo entre el Poder Ejecutivo, la Suprema Corte de Justicia y la intergremial del Poder Judicial en cuanto a la forma de distribución, naturaleza y condiciones de ejecución de la partida dispuesta por el artículo 3 de la Ley Nº 19.310, del 7 de enero de 2015, la cual implicó un adelanto a cuenta, en el marco del conflicto salarial mantenido con el Poder Ejecutivo. En 2016, se habilitaron 266 millones de pesos por este concepto, correspondiente a un ajuste del 7,76%. Sobre finales del mismo año, el Poder Ejecutivo suscribió sendos acuerdos con la Asociación de Magistrados, la Asociación de Magistrados Fiscales, la Asociación de Defensores Públicos y los respectivos Incisos, a efectos de poner fin al diferendo salarial mantenido desde hace varios años. Éstos establecen el pago de una partida única, la que se hará efectiva en tres cuotas iguales y consecutivas en los años 2017, 2018 y 2019, un incremento salarial de 3,24% en el año 2017 y un 3% adicional en el año 2018. Una vez perfeccionados dichos acuerdos, a iniciativa del Poder Ejecutivo, el Parlamento sancionó la Ley Nº 19.485, a través de la cual se instrumentó el cumplimiento de dichos convenios para el año 2017. Los créditos para su cumplimiento fueron presupuestados por el artículo 233 de la Ley Nº 19.535, de 25 de setiembre de 2017, y se encuentran actualmente en ejecución, habiéndose realizado el pago de la segunda cuota de tres.
La Asociación de Funcionarios Judiciales, el colectivo reclamante más numeroso, con quienes se siguió el proceso de negociación y que representa al resto de los escalafones del Poder Judicial, con excepción de los Actuarios, suscribió con fecha 1º de febrero de 2018 un convenio que establece el pago de una partida única, la que se hará efectiva en dos cuotas de 670 y 540 millones de pesos en 2018 y 2019 respectivamente, además de un incremento salarial del 5% para el año 2018 y otro 5% acumulado para el año próximo. De esta forma, considerando los adelantos otorgados al amparo del artículo 3 de la Ley Nº 19.310, de 7 de enero de 2015, se alcanzará un incremento salarial total del 18,8%. Los créditos para su cumplimiento fueron asignados por el artículo 317 de la Ley Nº 19.670, de 15 de octubre de 2018, y se encuentran en ejecución a partir del año 2018, habiéndose realizado el pago de la primera cuota.
A efectos de tener una magnitud de los montos involucrados, cabe señalar que el monto total de las asignaciones para las cuotas asciende a 1.261 millones de pesos y el costo asignado para el aumento salarial se estima en el orden de los 652 millones de pesos, expresados a valores de 2018.
En cuanto a las inversiones, este organismo ha realizado importantes esfuerzos para ampliar y adecuar su infraestructura edilicia. En el período 2010-2017 se destinaron 1.550 millones de pesos a inversiones, expresados a valores 2017. Dentro de éstas, es de destacar que, en el año 2017, se terminó la primera etapa de la construcción del Centro de Justicia de Maldonado, para lo cual se destinaron 263 millones de pesos en 3 años, a valores 2017. En 2018 se adquirieron 2 inmuebles, uno destinado a centralizar oficinas administrativas y el otro destinado a la Defensoría Penal. Con estas adquisiciones se pretende disminuir el costo de arrendamientos del Inciso.
Además, el Poder Judicial viene desarrollando un proceso para mejorar su gestión, informatizando y reorganizando los procedimientos, procurando disminuir el plazo de tramitación de los expedientes judiciales.
En cuanto a la estructura de los gastos, en 2018 las remuneraciones constituyeron un 79% del gasto del Poder Judicial. Los gastos de funcionamiento, que representan un 17%, corresponden principalmente a arrendamientos y gastos de limpieza de las sedes.
Cabe destacar que el organismo implementó medidas para reducir el gasto en suministros, a través de la migración a nuevas tecnologías, logrando disminuir por ejemplo los costos en telecomunicaciones.
