3.25. Fiscalía General de la Nación
La Fiscalía General de la Nación se constituye como un servicio descentralizado en agosto de 2015, a partir de la Fiscalía de Corte y Procuraduría General de la Nación, que era una unidad ejecutora del Ministerio de Educación y Cultura.
En los últimos tres años, desde el cambio institucional, la ejecución del gasto se incrementó en un 41% en términos reales, como resultado de las asignaciones incrementales, del pago del convenio por el diferendo salarial y de la flexibilidad con que cuenta el organismo que le da la posibilidad de ejecutar el 100% de los créditos asignados. De esta manera, en el conjunto del período 2005-2018, el gasto de la Fiscalía casi se triplicó en términos reales.
En noviembre de 2017 entró en vigencia el Nuevo Código del Proceso Penal (NCPP), que cambia sustancialmente el proceso penal y los roles, tanto de los jueces como de los fiscales, siendo estos últimos los responsables de llevar adelante la investigación, en tanto los jueces tienen a su cargo la sentencia, pasando el juicio a ser oral y público. Cabe mencionar además la implementación de vías alternativas de resolución como son el juicio abreviado, suspensión condicional del proceso y el acuerdo reparatorio.
Para poder implementar el NCPP, se otorgaron montos importantes de recursos a la Fiscalía y al Poder Judicial. En la Ley de Presupuesto 2015-2019 y en las posteriores Rendiciones de Cuentas, a Fiscalías se le asignó un monto incremental de 291 millones de pesos.
Con estos recursos se previó la creación de cargos para la “Unidad de Víctimas y Testigos”, para el “Área Sistema Penal Acusatorio” y para la “Unidad Sistema de Tecnología e Información”, así como la creación de fiscalías departamentales.
La instrumentación del NCPP trajo aparejado mayores necesidades de inversiones y de gastos de funcionamiento, que fueron cubiertas en buena medida a partir de trasposiciones desde remuneraciones. Ello fue posible debido a la postergación de la aplicación del NCPP y las flexibilidades especiales con que cuenta el organismo. Este financiamiento transitorio se ve disminuido significativamente, en la medida que se avanza en la implementación del NCPP y la ocupación de los cargos creados.
En el período 2016 al 2018 las inversiones ascendieron a 163, 142 y 41 millones de pesos respectivamente. Los recursos fueron destinados al acondicionamiento de diversas oficinas en Montevideo y el Interior, de acuerdo al NCPP, y a la instrumentación del Sistema Informático del Proceso Penal Acusatorio del Uruguay (SIPPAU), que resulta fundamental para la gestión de las Fiscalías. Asimismo, el organismo adquirió en el año 2016, un edificio para su nueva sede, financiado parcialmente por el “Fondo de Bienes Decomisados” que administra la Junta Nacional de Drogas, por 70 millones de pesos, que presupuestalmente se encuentran reflejados en la Presidencia de la República.
Es importante mencionar que la instrumentación del NCPP, en los hechos, está significando un mayor volumen de trabajo de lo que el organismo había previsto originalmente, por lo que está adoptando diferentes medidas con el objetivo de racionalizar y focalizar los recursos asignados en la materia penal y reduciendo su participación en materia civil. En este sentido, por ejemplo, en la ley de rendición de cuentas 2017, se establece que la Fiscalía deja de participar como tercero en procesos enmarcados en la “Ley de Violencia hacia las Mujeres Basada en Género", puesto que las partes se encuentran legalmente asistidas y en presencia de un Juez, evitando de esta forma la multiplicidad de actores.
A diciembre del 2018, la Fiscalía contaba con un total de 38 oficinas en Montevideo y 60 en el interior del país.
La Fiscalía se ha visto afectada, en los últimos años, por el diferendo salarial mantenido entre los fiscales y el Poder Ejecutivo, que también afectó al Poder Judicial. Sobre finales de 2016, el Poder Ejecutivo suscribió sendos acuerdos con la Asociación de Magistrados del Uruguay, la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay y la Asociación de Defensores Públicos del Uruguay, y los respectivos Incisos, a efectos de poner fin al diferendo salarial mantenido desde hace varios años.
Estos acuerdos establecen el pago de una partida única, la que se hará efectiva en tres cuotas consecutivas en los años 2017, 2018 y 2019, y un incremento salarial de 3,24% en el año 2017 y un 3% adicional en el año 2018. Esto se agrega al aumento de 7,76% que ya había sido otorgado en el año 2016 a cuenta de los convenios colectivos o condenas que surjan.
Una vez perfeccionados dichos acuerdos, a iniciativa del Poder Ejecutivo, el Parlamento sancionó la Ley Nº 19.485, de 15 de marzo de 2017, a través de la cual se instrumentó el cumplimiento de dichos convenios. Los créditos para su cumplimiento fueron presupuestados por el artículo 233 de la Ley Nº 19.535, de 25 de setiembre de 2017, y se encuentran actualmente en ejecución, habiéndose realizado el pago de dos de las tres cuotas.
A efectos de tener una magnitud de los montos involucrados, cabe señalar que el monto total de las asignaciones para las cuotas asciende a 120 millones de pesos, expresado a pesos de 2018 y el costo asignado para el aumento salarial se estima en el orden de los 82 millones de pesos a partir de 2018, expresados a valores de dicho año.