3.5. Perspectivas
Tomando en cuenta la evolución esperada del escenario internacional y de las principales variables económicas domésticas, se revisaron las proyecciones macroeconómicas para 2019-2020, las que constituyen un insumo fundamental para la programación financiera de lo que resta del período de gobierno.
En 2018, la economía uruguaya verificó un crecimiento del PIB de 1,6% lo cual constituye un guarismo menor al previsto en la pasada Rendición de Cuentas. Ello se produjo como consecuencia de un debilitamiento, a partir del segundo semestre de 2018, del escenario económico global y particularmente, en un severo deterioro del panorama regional. Al momento de la elaboración de la Rendición de Cuentas de 2017, la actividad económica estaba acelerándose en casi todas las regiones del mundo y el crecimiento de la economía mundial estaba proyectado en 3,9% en 2018 y 2019, respectivamente. Sin embargo, dicho crecimiento se vio afectado por las tensiones comerciales entre EE.UU. y China, la desaceleración más profunda del nivel
de actividad de esta última, las condiciones financieras más restrictivas y la volatilidad en los mercados de materias primas. Así, en 2018 la economía mundial registró un crecimiento menor al previsto (de 3,6%) y además se produjeron sucesivos ajustes a la baja en los pronósticos de crecimiento para los años subsiguientes.
Por su parte, el declive económico de la región resultó mucho más agudo del esperado como consecuencia de la abrupta caída de la actividad económica en Argentina y de la débil expansión que experimentó Brasil. Esta realidad impactó de modo relevante en el comercio de bienes y servicios del país con sus socios regionales.
En lo que refiere al desempeño de la economía uruguaya, la sequía verificada en la primera mitad de2018 afectó gravemente los rendimientos de los cultivos de verano, en particular la soja y con ello, el volumen de exportaciones. Asimismo, la debilidad regional trajo como consecuencia un brusco descenso del turismo receptivo.
En virtud de este panorama de deterioro del entorno, las proyecciones de crecimiento incorporadas en la pasada Rendición de Cuentas, así como las que en su momento realizó la mayoría de los analistas privados (Encuesta de Expectativas del BCU y consultoras privadas) resultaron sustancialmente distintas al comportamiento observado por la economía.
Los indicadores de avance muestran que la actividad económica continúa mostrando signos de debilitamiento en los primeros meses del año, lo que se verifica en un deterioro de las variables del mercado de trabajo y en bajos niveles de inversión.
En este contexto, se proyecta que el ritmo de crecimiento de producto sea menor al registrado en 2018, alcanzando el 0,7% en 2019, para emprender una senda de mayor dinamismo en 2020 con 2,6%. En este desempeño previsto juega un rol determinante la instalación en nuestro país de la tercera planta de fabricación de pasta de celulosa de la empresa UPM Kymmene.
Frente a la moderación del crecimiento del salario real, la pérdida de dinamismo del mercado de trabajo y la reciente caída del poder de compra medido en dólares, se espera que el consumo privado crezca 0,8 y 2,7% en 2019 y 2020, respectivamente. No obstante, la trayectoria descendente de la inflación permitiría que el gasto de los hogares siga aumentando en línea con el crecimiento de la economía en los años siguientes.
En lo que refiere a la inversión, se espera que en lo que resta del período de gobierno la formación bruta de capital fijo del sector público muestre un mayor dinamismo asociado a la concreción de las obras vinculadas al plan de infraestructura, en particular el ferrocarril central y las obras portuarias. Por su parte, a partir del próximo año la inversión privada contribuiría nuevamente a ser un factor expansivo del PIB como en años anteriores, debido fundamentalmente a la construcción de la nueva planta de celulosa.
En materia de comercio exterior, el escenario regional adverso, particularmente asociado a la contracción de la actividad económica en Argentina, explica la
contracción de las exportaciones de servicios turísticos, lo cual sería parcialmente compensado por un crecimiento de las exportaciones asociadas a la actividad agrícola, a la luz de rendimientos excepcionales en los cultivos de soja.
En lo que refiera a las importaciones de bienes y servicios, se espera una caída en 2019 del entorno del 5%, en tanto que en 2020 se verificaría un crecimiento relevante de 5% como consecuencia de la adquisición en el exterior de insumos y bienes de capital para la construcción de la nueva planta de celulosa.
Finalmente, a los efectos de la programación que respalda esta Rendición de Cuentas, se proyecta una depreciación real en 2019 y una evolución del tipo de cambio levemente superior a la inflación en 2020, de modo consistente una gradual recuperación de la competitividad precio de la economía. Es menester señalar que la trayectoria esperada del tipo de cambio constituye un supuesto sobre el que se elabora la proyección, no obstante, su evolución observada dependerá del contexto internacional y regional, de las expectativas de los agentes económicos y del comportamiento de los fundamentos macroeconómicos que la determinan.
Estímulos a la inversión y a la actividad productiva
Durante la última década, Uruguay ha realizado esfuerzos tendientes a elevar sus niveles de inversión desde guarismos históricamente bajos. La reglamentación de la Ley de Promoción de Inversiones Nº 16.906 ha contribuido a establecer un clima propicio para la inversión privada, priorizando la agilidad y transparencia en la implementación del régimen, por lo que los estímulos establecidos constituyeron un elemento central del sistema de inversión.
El Decreto Nº 455/07 dio impulso al régimen al facilitar la previsión ex ante de los beneficios para cada tipo de proyecto y el Decreto Nº 2/012 introdujo modificaciones que dotaron de mayor eficiencia al uso de los recursos públicos, en la medida que se lograron más compromisos del sector privado por unidad monetaria exonerada.
Por su parte, el Decreto Nº 143/018 procura volver a dinamizar el régimen de promoción de inversiones, al tiempo que supera algunas dificultades de implementación que persistían en la normativa anterior, mejorando la capacidad de seguimiento. En ese sentido, se incrementa el peso de indicadores con mayor impacto potencial de derrame como el empleo y la investigación y desarrollo e innovación; se introduce la posibilidad de suspender del plazo de uso de los beneficios para evitar que las empresas pierdan años de plazo cuando no generan renta, lo cual resulta especialmente relevante para nuevos emprendimientos y empresas en crecimiento. Para las empresas nuevas se incrementa el porcentaje del IRAE que pueden exonerar cada año y para los proyectos promovidos de micro y pequeñas empresas se aumenta el beneficio adicional de IRAE.
Se espera que el nuevo decreto permita superar algunas limitaciones del anterior, facilitando la tarea de la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (COMAP) en
la medida que proporciona las principales definiciones de política, permitiéndole que se enfoque en el análisis y seguimiento de los proyectos. Las transformaciones que se proponen en el diseño del régimen dan respuesta a los principales desafíos macroeconómicos que enfrenta el país, impulsando la inversión productiva y la creación de empleo, por lo que estas modificaciones, junto con cambios en la gestión que se están impulsando en forma paralela, redundarán en un mayor impacto del régimen como elemento transformador de la economía.
En lo que refiere a los resultados, más allá de los períodos de maduración de los procesos de inversión, se destaca que el monto de los proyectos aprobados por la COMAP en 2019 (acumulado entre enero y abril) aumentó 351% con respecto a igual período en 2018. Es importante señalar también que el 50% de los proyectos aprobados están localizados en el interior del país y más del 70% corresponde a pymes.
El desempeño del sector de la construcción explica una parte importante de la pérdida de puestos de trabajo reciente. Por esta razón se modificó el Decreto Nº 329/016 (Decreto Nº 48/016) para proyectos de gran dimensión económica. Luego de implementados estos cambios que flexibilizaron las condiciones para acceder a este régimen, se presentaron 66 proyectos – 16% más que en 2017 – por un monto de inversión cercano a US$ 2.400 millones, lo que representa un crecimiento de 25% de los montos respecto a 2017. Se espera que la puesta en ejecución de estos proyectos contribuya a la dinamizar la inversión y el empleo en el sector.
Por otra parte, frente a las dificultades puntuales de algunos sectores productivos referidas al contexto internacional adverso en materia de precios y acceso a mercados, se instrumentaron mecanismos de estímulo a la actividad productiva a través de la estructuración de instrumentos destinados a paliar dificultades financieras, así como medidas de estímulo a la producción, exportación y el empleo, mediante bonificaciones en la tarifa por servicios públicos.
En ese sentido y con el objetivo de atender la situación de endeudamiento en el sector lechero, a fines de 2018 comenzó a operar el Fondo de Garantía para Deudas de los Productores Lecheros (FOGALE) dispuesto por la Ley Nº 19.596. El mismo se constituyó por US$ 36 millones, de los cuales US$ 30 millones se destinan a garantizar operaciones de crédito y los restantes US$ 6 millones se utilizaron para brindar asistencia con fondos de libre disponibilidad no reembolsables a los productores más pequeños (aquellos que habían remitido menos de 480.000 litros en el año 2017).
Por su parte, y atendiendo la situación que atraviesa el sector arrocero, en octubre de 2018 se instauró el Fondo de Garantía Arrocero con un capital de US$ 2 millones. El objetivo del Fondo fue garantizar operaciones de préstamo de entre 3 y 12 meses destinadas a financiar el cultivo de arroz. Con el objetivo de mejorar las condiciones de acceso al financiamiento de los productores arroceros, recientemente se resolvió implementar algunos ajustes, entre los que se destacan la reducción de las comisiones por la utilización de la herramienta, el incremento en el porcentaje de cobertura de la garantía respecto al monto del crédito y la extensión de la vigencia
del Fondo (hasta marzo de 2020). Se espera que estas medidas, junto con las que implementará el BROU, contribuyan a mejorar la situación del sector.
Por otra parte, se establecieron descuentos comerciales que se extenderán durante 2019, destinados a las empresas industriales del sector arrocero, a los eléctricos de riego con fines productivos, a los productores lácteos.
En el mismo sentido y con el objetivo de dinamizar la producción y el empleo y promover la exportación, se establecieron descuentos de hasta 25% en la tarifa de energía eléctrica a establecimientos industriales cuyo gasto anual de electricidad represente un valor bruto de producción mayor o igual al 2,5% y que mantengan o incrementen la producción física, o incrementen el volumen físico exportado, o mantengan o aumenten sus puestos de trabajo.
Asimismo, se estableció la devolución de IVA de la compra de gasoil para pequeños productores agropecuarios, de acuerdo al rubro y de las ventas realizadas en el ejercicio anterior, de modo de aliviar el peso de los combustibles en la estructura de costos de aquellas unidades productivas que tributan IMEBA.
Otra línea de estímulos se implementó para atenuar el impacto en el turismo de la crisis argentina. En ese sentido, se volvió a aplicar la devolución de 22 puntos del IVA a los turistas extranjeros para servicios gastronómicos, de catering para eventos, alquiler de vehículos, servicios de intermediación de inmobiliarias para alquileres con destino turístico, así como la devolución de 10,5% del precio del arrendamiento de inmuebles a turistas, siempre que los mismo se paguen con dinero electrónico, tarjetas de débito o crédito.
Por otra parte, se han instrumentado medidas destinadas a promover el desarrollo de nuevas actividades y sectores con potencial de incrementar el valor agregado de la producción. En esa dirección se destaca el estímulo a las actividades de Investigación y Desarrollo (I+D) a través de la creación de un crédito fiscal de hasta 45% del monto de los gastos en proyectos de I+D (Ley Nº 19.739). Por su parte, se estableció un régimen promocional para el sector audiovisual con el doble objetivo de impulsar las producciones nacionales y la captación de inversiones extranjeras en el sector.
En lo que refiere al empleo, también se desarrollaron iniciativas específicas como la creación de un programa temporal de subsidio que beneficiará a unos 5.000 nuevos trabajadores mediante la Ley Nº 19.689. Los empleadores que formen parte del programa obtendrán un subsidio equivalente al 25% de las retribuciones mensuales de cada nuevo trabajador y este porcentaje podrá llegar a 40% en el caso de trabajadores mayores de 45 años de edad. A su vez, se establecieron modificaciones en la ley de empleo juvenil (Ley Nº 19.133), con el objetivo de agilizar y hacer más atractivos los subsidios para la contratación de jóvenes en su primera experiencia laboral y en situación de vulnerabilidad que se encuentren desempleados, otorgando subsidios que van entre el 25% y el 80% de la retribución nominal del empleado. Por su parte, se adoptaron medidas paliativas en algunos casos de empresas con gran
impacto en su localidad, extendiendo el seguro de desempleo en siete casos y proponiendo la creación de tres regímenes especiales. Finalmente, se creó el Fondo de Garantías Laborales (Ley Nº 19.690) para brindar protección a los trabajadores ante el cierre de una empresa por insolvencia patronal.
Nueva planta de fabricación de pulpa de celulosa
El país está próximo de concretar la mayor inversión privada de su historia ya que, de producirse la decisión definitiva, a partir del año próximo la empresa UPM Kymmene comenzará a construir una nueva planta de fabricación de pulpa de celulosa en el centro del país. La instalación de la planta comprende una inversión por parte de la empresa del entorno de los US$2.700 millones que comprende a la construcción de la planta y la terminal portuaria especializada.
La instalación de la nueva planta de celulosa y la cadena de valor asociada en el centro del país, tendrá un impacto que permitirá un incremento de entre 10 y 15% en PIB per cápita de los departamentos de Cerro Largo, Durazno, Florida y Tacuarembó, una de las zonas más rezagadas del país en términos de pobreza, ingresos y necesidades básicas insatisfechas. De ese modo, el proyecto marcará un hito en el proceso de descentralización de las actividades productivas, alterando las características estructurales del desarrollo a nivel de regiones del país. A su vez, el proyecto continuará dinamizando la cadena forestal-madera-celulosa que se ha constituido en uno de los principales complejos agroindustriales nacionales que ha impulsado del crecimiento, con un papel determinante en la diversificación de las exportaciones, la generación de empleo de calidad y la incorporación de conocimiento en las actividades productivas.
El proyecto provocará un incremento permanente de aproximadamente 2 p.p. del PIB y en más de US$1.000 millones anuales. Por otro lado, generará una recaudación adicional de tributos de aproximadamente US$120 millones anuales (esta estimación no incluye recaudación tributaria derivada de la etapa de construcción), generará un promedio de 3.000 puestos de trabajo, con picos de 5.000, durante la construcción de la planta en el trienio 2020-2022, sin incluir la creación de puestos de trabajo indirectos por obras asociadas. Durante la fase de operación, la planta generará unos 4.000 puestos de trabajo directos e indirectos y entre 3.500 y 4.000 puestos de trabajo inducidos.