1. Marco general
El actual Gobierno ha puesto particular énfasis en la importancia de la mejora de la infraestructura del país. Dicho énfasis se vio claramente reflejado en el plan que el Gobierno presentó en 2015, por un total US$ 12.370 millones destinados a elevar la calidad de la infraestructura disponible.
Para hacer posible el despliegue de esa inversión, se ha requerido, por un lado, de un importante esfuerzo presupuestal para la ejecución de obras en diversos sectores y en todo el país. Por otro lado, teniendo en cuenta la envergadura del plan, se previó que una parte de los recursos necesarios se financiaran a través del sector privado (en concreto, alrededor de 35% del total). Esta decisión contempló, las limitaciones presupuestales que enfrenta la planificación de gobierno, así como también las ganancias de eficiencia que se pueden alcanzar en proyectos de participación público privada (PPP) a través de una adecuada distribución de riesgos, por lo que, además del importante monto previsto, el plan representa un desafío relevante en términos de financiamiento.
La apuesta al desarrollo de proyectos en el marco de la Ley Nº 18.786 de PPP forma parte de las estrategias de financiamiento elegidas por la actual Administración. El proceso de desarrollo de esta herramienta de financiamiento de inversiones en infraestructura ha representado un aprendizaje tanto para el sector público como para el privado. Dicho aprendizaje ha traído como resultado natural que los procesos para las adjudicaciones finales a los contratistas fueran más lentos que lo inicialmente previsto, impactando en los avances de ejecución que se presentan más adelante. No obstante, en el último año los procesos vinculados a estos proyectos han ganado dinamismo y permiten avizorar el comienzo en 2019 y 2020 de las obras de varios proyectos viales, educativos y el más reciente vinculado al Ferrocarril Central. En efecto, se esperan inversiones en proyectos PPP por aproximadamente US$ 240 millones este año y por casi US$ 630 millones en 2020.
Por otra parte, las inversiones planificadas han cobrado especial relevancia en el marco del escenario de desaceleración económica que presenta nuestro país, por lo que el actual contexto económico necesita un impulso decidido de la inversión, fundamentalmente de la privada. Debe destacarse también que para posibilitar mejoras de la competitividad resulta imprescindible contar con infraestructura de calidad que contribuya a una reducción de los costos logísticos y redunde en el crecimiento de los diferentes sectores de la economía. Asimismo, las inversiones del plan previeron obras de infraestructura social en seguridad ciudadana, salud, educación y vivienda. En ese sentido, el plan apostó a continuar fortaleciendo los logros alcanzados en equidad social desde la mejora de la capacidad física disponible para brindar diversos servicios a la sociedad.
El avance del plan es un reflejo del esfuerzo que el Gobierno ha realizado para viabilizar diversos proyectos de inversión que elevan la calidad de la infraestructura disponible. Naturalmente, en el desarrollo de los proyectos se han realizado ajustes respecto de lo inicialmente planeado y el más destacado se evidenció en la inversión en infraestructura ferroviaria, ya que el proyecto de inversión inicialmente previsto para el tramo Pintado – Paso de los Toros fue sustituido por el proyecto del Ferrocarril Central, que abarca una distancia mayor (desde Paso de los Toros al Puerto de Montevideo) y presenta estándares técnicos superiores. En todo caso, con la inversión prevista para 2019, la ejecución exhibirá un avance muy significativo respecto a lo planificado, fundamentalmente a nivel de las inversiones con financiamiento público. La ejecución de la inversión que requiere de financiamiento privado mostrará un avance significativamente menor, aunque se espera que estas inversiones cobren dinamismo a partir de este año (tal como fue comentado previamente). No obstante, en los próximos años el Gobierno deberá continuar trabajando para generar las condiciones necesarias que propicien el incremento de la participación privada en proyectos de infraestructura.