La política energética como base del desarrollo, la sostenibilidad y la transformación productiva del país

El 14 de febrero se conmemora el Día Mundial de la Energía, una fecha que invita a reflexionar sobre el papel estratégico que esta desempeña en la vida cotidiana de las personas, en el desarrollo productivo y en la construcción de un futuro sostenible. La fecha promueve, además, la concientización sobre la necesidad de avanzar hacia una producción y un uso responsable y eficiente de la energía.
En este marco, Uruguay se destaca a nivel internacional por los avances sostenidos, gracias a su política energética, consolidada como política de Estado desde hace casi dos décadas. Gracias a una planificación de largo plazo, el país ha llevado adelante una profunda transformación de su sector energético, con resultados concretos en términos de soberanía energética, sostenibilidad ambiental y reducción de emisiones.
Uno de los hitos más visibles de este proceso es la evolución de la matriz de generación eléctrica, que desde hace ya varios años presenta una alta participación de fuentes renovables. De acuerdo con datos preliminares elaborados por la Dirección Nacional de Energía (DNE), en 2025 la matriz de generación eléctrica estuvo compuesta en un 98% por fuentes renovables, con una participación destacada de la hidroelectricidad (46%), seguida por la energía eólica (34%), la biomasa (14%) y la solar (4%). La generación a partir de fuentes fósiles representó apenas el 2% del total.
Esta elevada participación de fuentes renovables se traduce en un bajo impacto ambiental del sistema eléctrico. En 2025, el factor de emisión de dióxido de carbono (CO₂) del Sistema Interconectado Nacional (SIN) fue de 11,2 toneladas de CO₂ emitidas por cada gigavatio-hora de energía generada (tCO₂/GWh).
Pero la transformación del sector energético no se limita a la generación eléctrica. La política energética ha impulsado también cambios estructurales en la matriz energética primaria, históricamente dominada por el petróleo y sus derivados. Como resultado de la diversificación de fuentes, la promoción de la eficiencia energética y la sustitución de combustibles fósiles en distintos sectores (la participación de estos últimos se redujo de más del 70% en 2006 a apenas 36% en 2024), se ha conseguido un cambio estructural de gran relevancia.
Asimismo, una vez consolidada una matriz de generación eléctrica mayoritariamente limpia, el país avanza hacia la electrificación de los usos finales de la energía. En este marco, el sector del transporte ocupa un lugar central, dado que representa aproximadamente el 25% del consumo final de energía y concentra el 61% de las emisiones de CO₂ del sector energético. Por este motivo, se ha puesto especial énfasis en la movilidad sostenible, priorizando el transporte público, los vehículos de uso intensivo y las flotas.
Entre las principales herramientas se destacan el Fideicomiso para la Movilidad Sostenible, que incentiva la incorporación de ómnibus eléctricos en el transporte público colectivo, así como diversos instrumentos fiscales y tarifarios que promueven la adopción de tecnologías más eficientes y de menor impacto ambiental. Estas acciones se enmarcan en la Política de Movilidad Urbana Sostenible, aprobada en 2025, que establece una visión de largo plazo hacia 2050, con un enfoque integral que prioriza a las personas, la equidad territorial y la reducción de emisiones.
En paralelo, el Ministerio de Industria, Energía y Minería comenzó la revisión de la política energética, con una mirada estratégica hacia 2050, orientada a consolidar los logros alcanzados, anticipar nuevos escenarios tecnológicos y profundizar una transición energética que contribuya al desarrollo sostenible del Uruguay.
La conmemoración del Día Internacional de la Energía constituye una oportunidad para reafirmar el valor de contar con políticas públicas sostenidas en el tiempo, basadas en la planificación, la evidencia y la articulación interinstitucional. La experiencia uruguaya demuestra que una política energética sólida es un pilar fundamental para el desarrollo sostenible, la competitividad del país y la mejora de la calidad de vida de la población.

