Identificación Digital

Argentina y Uruguay avanzan en la integración de sus respectivas identificaciones digitales

El objetivo es implementar trámites y servicios en línea para que las personas puedan realizarlos desde ambos países.
persona accediendo a id uruguay

El prototipo presentado se desarrolló en el contexto de la Red Interamericana de Gobierno Digital (RedGEALC) y fue financiado a través de uno de los programas de Bienes Públicos Regionales (BPR) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

La primera etapa puso foco en la firma digital transfronteriza en la que Uruguay, Argentina y Paraguay ya avanzaron. La segunda etapa del proyecto propone la implementación de identificaciones digitales que trasciendan fronteras, de modo que una persona de un país pueda identificarse digitalmente en otro con la misma identidad y garantías que posee en su país de origen.

Con este objetivo Argentina y Uruguay trabajaron en un prototipo de integración, que incorporó los sistemas de identificación digital de cada país, “Autenticar” e “ID Uruguay” respectivamente.

El trabajo implicó la definición de aspectos técnicos comunes que posibilitarán el intercambio de datos a nivel regional, así como determinar estándares, normativa, marcos de seguridad y de infraestructura entre otros, permitiendo su articulación de acuerdo a las estrategias de interoperabilidad definidas en cada país.

La identificación digital transfronteriza permitirá, por ejemplo, que una persona en Uruguay pueda identificarse digitalmente de manera segura en un portal de gobierno de la República Argentina utilizando alguna de las identidades disponibles: Usuario.gub.uy, cédula de identidad con chip, Identidad Mobile de Abitab y TuID de Antel.

¿Qué son los bienes públicos regionales?

Los Bienes Públicos Regionales (BPR) son instrumentos de financiación y apoyo técnico para el diseño y ejecución de proyectos que desarrollen productos y servicios en la región.

El BPR "Programa para el fortalecimiento de las transacciones electrónicas transfronterizas en América Latina y el Caribe", aprobado en 2019, busca generar capacidades y apoyar la instrumentación de la firma electrónica transfronteriza y los servicios digitales transfronterizos para acelerar su adopción en el entorno regional.

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