1 INTRODUCCIÓN
La actividad económica ha mostrado su resiliencia en los últimos años, superando dificultades de gran impacto con estabilidad macroeconómica, responsabilidad fiscal y reformas estructurales, que han sido reconocidas en la evaluación de la calificación crediticia realizada al país. A semanas de asumir, la presente administración debió enfrentar una pandemia sin precedentes, provocada por el COVID-19 con enormes consecuencias en el plano sanitario, económico y social en todo el mundo. Luego, como consecuencia de la invasión de Rusia a Ucrania en febrero de 2022, se generaron fuertes presiones inflacionarias producto del aumento en los precios de las materias primas y de las disrupciones de las cadenas de producción globales que incrementaron fuertemente el precio de los fletes internacionales. A ello se sumó un escenario regional de gran inestabilidad, donde los precios relativos, especialmente con Argentina, afectaron la actividad económica en el país, sobre todo en las zonas de frontera, y generaron durante el 2023 un desvío considerable de consumo hacia dicho país.
Adicionalmente, entre 2020 y 2023 el país afrontó un evento de déficit hídrico que, de acuerdo al análisis de diferentes variables, fue el de mayor duración y severidad que enfrentó el país en los últimos 100 años. La producción agropecuaria se vio afectada severamente por esta situación por lo que el gobierno desplegó un conjunto de medidas focalizadas que apuntaron a levantar restricciones de financiamiento o a reducir costos en los sectores más afectados. Además, el impacto del déficit hídrico especialmente en la zona centro-sur del país, acarreó dificultades en el abastecimiento de agua potable a la población, lo que llevó a que, en junio de 2023, se declarase la emergencia hídrica para esta zona del país y se dispusieran medidas transitorias de rebaja impositiva para el agua embotellada y apoyo focalizado para el acceso al agua embotellada para las personas más vulnerables desde la perspectiva sanitaria y socioeconómica. Con el objetivo de asegurar a la ciudadanía los recursos necesarios para afrontar la emergencia hídrica y a fin de dotar de transparencia a los gastos derivados de esta emergencia, se creó el Fondo de Emergencia Hídrica con tal fin.
A pesar del escenario externo adverso y del prolongado déficit hídrico ocurrido en el país, durante 2023 la actividad económica creció 0,4% respecto del año anterior en términos de volumen físico y el PIB del año 2023 estuvo 2,7% por encima de los niveles de 2019. En el primer trimestre de este año, el PIB continuó creciendo (0,6% interanual), y se espera un mayor ritmo de crecimiento en los siguientes trimestres. El crecimiento estimado para el PIB durante 2024 es de 3% en términos reales y será impulsado por la incidencia de una mayor demanda externa neta, especialmente de bienes, a la que se sumará el crecimiento del gasto de consumo de los hogares, a instancias de la recuperación del salario real y del empleo.
La política laboral implementada durante esta administración tuvo como principal objetivo mantener el necesario equilibrio entre más empleo y mejores salarios, un desafío particular en períodos en que el crecimiento económico se ve afectado por shocks adversos de magnitud, como lo fue la pandemia por COVID-19. El resultado en términos de empleo, ha sido la recuperación de todos los puestos de trabajos perdidos por la pandemia e incluso en el quinquenio anterior, con un incremento promedio de 76.100 personas ocupadas netas en 2023 respecto a 2019. El resultado en materia salarial, muestra la recuperación del salario real al cierre de 2023, cuando superó en 1,9% el nivel de cierre de 2019, siendo la suba de 1,4% real para el salario privado y 2,7% real para el salario público. De acuerdo a lo acordado en los consejos de salarios tripartitos, este proceso de recuperación del salario real continuará durante el 2024, y se observará la recuperación también para los sectores más afectados por la pandemia.
Por primera vez desde que se han definido objetivos de inflación en el país, se completó un año con la tasa de inflación dentro del rango meta y con significativa reducción en las expectativas de crecimiento de los precios al consumo. La inflación de los últimos doce meses cerrados en mayo de 2024 se encuentra en 4,1%, luego de comenzar un marcado descenso en el año 2023 que cerró con una tasa anual de 5,1%. En un entorno de reversión del shock al alza en los precios de los commodities del año 2022 y de apreciación del peso, los mecanismos de transmisión de la política monetaria fueron más creíbles en su fase contractiva.
En materia de finanzas públicas, esta administración demostró que es posible implementar una política fiscal diferente, atendiendo las necesidades de la sociedad, a la vez que se hace un manejo responsable de los dineros públicos. En 2020, se implementó una nueva institucionalidad fiscal, que se trazó como objetivo preservar la sostenibilidad de la deuda pública y, con ello, la estabilidad económica del país, a través de un aumento del gasto primario en línea con el crecimiento potencial de la economía. Al mismo tiempo, se propuso reducir el manejo históricamente procíclico del gasto fiscal, priorizando la estabilidad en políticas de gasto críticas como la educación, la seguridad y la atención a los hogares más vulnerables, entre otras.
La nueva institucionalidad fiscal comprende una regla fiscal con tres indicadores, el resultado fiscal estructural, la variación de egresos primarios y el endeudamiento neto. También incluye un conjunto de aspectos que fortalecen la transparencia, la rendición de cuentas y la credibilidad de la política fiscal, tales como los consejos fiscales externos, la información económica y metodológica puesta a disposición del público, una mayor frecuencia y transparencia en la rendición de cuentas y un horizonte temporal más amplio para las proyecciones fiscales futuras.
En el período 2020 - 2023, además de atender las necesidades sociales, se logró reducir la deuda pública en relación al PIB, desde los valores de 2020 alcanzados en pandemia, manteniéndola estable desde entonces. En 2023, se alcanzaron las metas trazadas en los tres pilares de la regla fiscal, por cuarto año consecutivo. Asimismo, se logró mejorar el resultado fiscal efectivo de -3,9% del PIB en 2019 a -3,3% del PIB en 2023, manteniendo el aumento del gasto por debajo de la suba de los ingresos. Depurado del ciclo económico y de partidas extraordinarias, el resultado fiscal estructural mejoró de -4,5% del PIB en 2019 a -2,8% del PIB en 2023.
Finalmente, este manejo fiscal prudente permitió a esta administración, iniciar un camino de reducción en la carga tributaria a contribuyentes de menores ingresos, tanto individuos como empresas, con el objetivo de aliviar su situación financiera y dinamizar la actividad económica y el empleo. En 2023, se puso en marcha dicha rebaja que implica una resignación del fisco por US$ 150 millones anuales.
Las políticas sociales desarrolladas se focalizaron inicialmente en dar respuesta a los efectos negativos que causó la pandemia de COVID-19, que afectaron especialmente a las personas más vulnerables. En un marco de gran incertidumbre, el gobierno nacional enfrentó esta situación excepcional, garantizando los recursos necesarios para afrontar la emergencia sanitaria, atender la emergencia social y mantener los motores de la economía encendidos para reactivar la actividad a medida que las restricciones se fueran levantando. La gestión de la pandemia estuvo guiada por la libertad responsable de cada uno de los uruguayos, como un valor que forma parte de la identidad nacional, realizando un análisis permanente de la información con el asesoramiento de un Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), disponiendo medidas de apoyo amplias, graduales y focalizadas, a medida que la pandemia se extendía en el tiempo.
Se garantizó el acceso gratuito de toda la población a pruebas de diagnóstico, y se dispuso de recursos para incrementar la capacidad instalada de los centros de salud, especialmente respecto de respiradores y camas en CTI. La eficiente instrumentación del plan de vacunación en todo el país durante el año 2021 destacó a Uruguay a nivel internacional y determinó que Uruguay estuviese mejor preparado para enfrentar nuevas cepas del virus con mayor grado de contagio, lo que se verificó con resultados relativos de menos muertes por millón de habitantes que en los países de la región. Asimismo, se apoyó financieramente al sistema mutual, a efectos de preservar los puestos de trabajo en el sector de la salud.
Se creó el Fondo Solidario COVID-19 para el manejo transparente de los recursos empleados en atender las necesidades sanitarias, sociales y económicas derivadas de la pandemia. Ello permitió también distinguir las medidas de gasto estructural del incremento de gasto extraordinario derivado de la pandemia. En el periodo 2020-2022 el gasto destinado a atender estas necesidades fue de US$ 2.430 millones, de los cuales US$ 807 millones se destinaron a medidas sanitarias, US$ 418 millones se destinaron a medidas sociales y US$ 1.205 millones se destinaron a medidas económicas y de empleo. Ello, sin considerar la importante resignación de ingresos fiscales que implicó la pandemia, con una caída del PIB de más de 7% real en 2020.
Esta administración puso un foco especial en la primera infancia, asignando recursos adicionales por US$ 50 millones anuales en la Ley de Rendición de Cuentas del año 2020, dada la relevancia de los primeros años sobre el ciclo de vida de las personas, así como la prevalencia de altas tasas de pobreza infantil. Ha sido ampliamente estudiado que las carencias impactan negativamente en el desarrollo de los niños, en una etapa que es crítica para el mismo, y por lo tanto, la calidad de la atención y el cuidado que se les brinda tiene un impacto significativo en su evolución cognitiva y emocional de largo plazo, y por lo tanto, en el crecimiento económico del país.
Los recursos adicionales de apoyo a la primera infancia se han ejecutado en 2022-2024 de forma transversal a través de MIDES, INAU, ANEP, ASSE, MSP y MVOT y a partir de este año se ha creado una nueva institucionalidad para la gestión transversal, denominada Fondo Infancia. En el período, el 50% de la partida adicional se ha ejecutado a través del MIDES, el 41% a través de INAU y el 9% entre los restantes organismos. Las principales líneas de acción han sido las transferencias monetarias (Bono Crianza para 30.000 beneficiarios de 0 a 3 años), el fortalecimiento de los programas de acompañamiento familiar (más cantidad de técnicos contratados), la expansión de la cobertura de educación inicial, focalizando en familias del primer quintil, cuyos hijos no asistían a ningún centro (11.225 nuevas plazas equivalentes de cuatro horas en centros CAIF principalmente, gestionados con una nueva organización y Becas de Inclusión Social para costear cupos en centros educativos privados), y mejoras en la atención sanitaria mediante la creación de Casas de Desarrollo de la Niñez donde se integra en el primer nivel de atención a profesionales de la salud y de la educación en equipos interdisciplinarios que realizan evaluación, intervención y tratamiento a las dificultades de aprendizaje.
Por otro lado, se ha iniciado la transformación educativa para lograr mejorar las trayectorias y los aprendizajes de los estudiantes desde el nivel inicial hasta la educación media superior, y que permita reducir la significativa inequidad educativa que existe en el país. Las principales líneas de cambio han sido dos: transformaciones en la gestión institucional y cambios en el área de currículo.
En términos de gestión institucional, el inicio de la transformación educativa ha incrementado la cobertura para los estudiantes en contextos de mayor vulnerabilidad social, con la extensión del tiempo pedagógico en la educación media mediante una nueva modalidad de centro de tiempo completo incluyendo alimentación (centros “María Espínola”), y también reforzando los centros de primaria con tiempo completo y extendido. Al cierre del año 2023, la ANEP ha incrementado el tiempo pedagógico en 135 centros, de los cuales 48 corresponden a educación inicial y primaria y 87 corresponden a educación media, con la creación de 54 centros “María Espínola”. Asimismo, se implementaron cursos de formación para directores e inspectores para que estos acompañaran a los centros educativos en la implementación adecuada de la transformación educativa, y para generar mayor autonomía a nivel de centro y mejorar la gestión de los mismos.
En el área de currículo, la transformación busca modificar lo que los estudiantes aprenden, las razones por las cuales lo aprenden y cómo lo aprenden. Ello fue plasmado en el nuevo Marco Curricular Nacional (MCN) que contiene los principios que rigen al sistema educativo, los aprendizajes que se espera que los estudiantes desarrollen y el perfil de egreso de los mismos. En el MCN se define además una educación basada en competencias que se trabajan desde la educación inicial, hasta la finalización del bachillerato, para las cuales las diferentes disciplinas aportan a su desarrollo. Además, se han definido los planes de estudios y el reglamento para las carreras del Consejo de Formación en Educación, para formar a los docentes que llevarán adelante la transformación educativa.
En relación a las políticas sociales de vivienda, el gobierno implementó el Plan Avanzar para promover una acción significativa y atender la situación de unos 120 asentamientos irregulares en todo el país, llegando a mejorar la situación habitacional de más de 15.000 hogares. Incluye intervenciones que ya estaban en curso, se retoman proyectos que estaban en pausa y se agregan nuevas intervenciones. Para ello se trabajó con el compromiso de duplicar los recursos quinquenales dedicados a esta política, adicionando por lo menos US$ 240 millones, tanto mediante incrementos en el presupuesto nacional como a través de la creación de un nuevo instrumento de financiamiento y de ejecución denominado Fideicomiso de Integración Social y Urbana (FISU).
Para llevar adelante el Plan Avanzar se dispuso la creación de la Dirección Nacional de Integración Social y Urbana en el MVOT, con una mirada integral para atender a los asentamientos irregulares y la informalidad socio-urbana en todo el territorio nacional, trabajando en conjunto con los 19 gobiernos departamentales y coordinando con todo el Sistema Público de Vivienda, ampliando así las capacidades de acción del plan.
Desde el inicio de esta administración y hasta el mes de mayo del presente año, se completaron proyectos en 22 asentamientos e intervenciones en informalidad dispersa, correspondientes a 3.332 hogares. Se encuentran activos proyectos en 99 asentamientos e informalidad dispersa, que atienden las necesidades de unos 11.681 hogares, de los cuales más de la mitad se encuentran en etapa de ejecución de las obras o en el proceso de compra de vivienda usada, que es otras de las herramientas del programa, y el resto se encuentra en etapa de licitación o de elaboración de los proyectos.
El compromiso con las áreas de seguridad pública y defensa se ha evidenciado desde el inicio de esta administración, que ha priorizado este objetivo dedicando recursos adicionales, tanto recursos humanos, como insumos, móviles y tecnología para más despliegue policial, equipamiento de última generación para el trabajo preventivo y de investigación policial e infraestructura tanto en jefaturas y comisarías como en ampliación de plazas carcelarias. En algunos casos de especial relevancia, como el control de las fronteras y el combate al narcotráfico, se han desplegado acciones de complementación entre varios organismos del Estado. En particular, se destaca la compra de tres scanners a través de la Dirección Nacional de Aduanas, para incorporar tecnología de última generación para revisar la carga en el puerto de Montevideo y otras zonas del país. Los resultados de las políticas realizadas muestran que después de muchos años se ha revertido la tendencia al alza en los delitos, y que en el año 2023 en comparación con el 2019, se destacan mejoras significativas en hurtos (- 19,5%), rapiñas (- 26,9%) y abigeato (- 50%).
Esta administración implementó acciones sustantivas para jerarquizar la conservación del ambiente y así avanzar en una senda de desarrollo más sostenible. En primer lugar, se crea el Ministerio de Ambiente, con lo cual se jerarquiza la temática y se le asignan recursos incrementales en el periodo, principalmente destinados a fortalecer la gestión del agua y los residuos. En segundo lugar, se destaca la decisión de integrar los objetivos de cambio climático y conservación de la biodiversidad a la política económica (Ley de Presupuesto Nacional Nº 19.924), a partir de la cual se han realizado diferentes acciones desde la política de ingresos, gastos y financiamiento público. En particular, en la estrategia de endeudamiento soberano, se han incorporado compromisos ambientales en innovadores instrumentos financieros como son el Bono Indexado a Indicadores de Cambio Climático (BIICC) y la suscripción de un Préstamo Soberano Sostenible con el Banco Mundial. Por último, en materia de movilidad sostenible, se destaca la creación del Fideicomiso para la Movilidad Sostenible (FiMS) como paso decisivo fundamental para promover la incorporación de buses eléctricos a la flota de transporte colectivo, aportando a la descarbonización de la actividad y a mejorar la calidad de aire para la población. Ello permitirá la electrificación acelerada en el transporte colectivo, pasando de aproximadamente 40 unidades eléctricas en circulación al finalizar el 2023, a más de 160 unidades previstas al cierre de 2024.
Por otro lado, una vez diagnosticada la necesidad de una reforma estructural de la Seguridad Social por razones demográficas, de justicia social e inter temporal, de sostenibilidad fiscal y de fragmentación del sistema, se impulsó la creación de un Sistema Previsional Común mediante la aprobación de la Ley Nº 20.130 en el año 2023. Este resultado se logró luego de un extenso trabajo de la Comisión de Expertos en Seguridad Social – basado en un diálogo abierto, participativo y transparente – y de un prolífero tratamiento parlamentario.
La reforma establece las bases para la convergencia gradual hacia un sistema único, en el que cada peso aportado redunde en un mismo beneficio (un avance relevante en equidad intra generacional) y frena la tendencia creciente del gasto previsional permitiendo que el gasto estatal en pasividades se estabilice en torno a 10% del PIB (un avance en equidad inter generacional). A su vez, se mantendrán los elevados niveles de cobertura poblacional que caracterizan a nuestro sistema previsional, tanto en la etapa activa como en la pasiva.
Adicionalmente, durante el 2023 se propusieron otras tres leyes para complementar el camino iniciado. En primer lugar, para incorporar herramientas para el manejo financiero de los aportes de la generación de “cuarentones”, además de mantener el régimen de aportes bonificados durante el periodo de convergencia hacia el nuevo régimen. En segundo lugar, era necesario proponer una solución frente a las restricciones financieras de la Caja Bancaria y la Caja Profesional, que les diera viabilidad, lo que fue analizado en grupos de trabajo con representantes de las entidades y del Poder Ejecutivo. Mientras que el proyecto presentado para la Caja Profesional no tuvo aprobación parlamentaria, el proyecto presentado para la Caja Bancaria, basado en la contribución de todas las partes a la solución, fue aprobado por unanimidad en el parlamento y se está implementando de acuerdo a lo previsto.
Con respecto a la agenda de inserción internacional, en este período de gobierno se realizaron importantes avances para el país, mediante una estrategia proactiva en materia de apertura comercial, acceso a mercados, reducción de tasas e impuestos, digitalización y facilitación de trámites de comercio exterior e integración física en infraestructura y desarrollo logístico. La agenda de reformas que se impulsó se basó en entender que la inserción internacional del país juega un rol clave en economías pequeñas y abiertas como la uruguaya, para impulsar el desarrollo económico del país con la consiguiente inversión en capital humano y generación de empleo. Se han logrado avances tanto a nivel del Mercosur, como en materia bilateral, en la región y con terceros países.
En el caso del MERCOSUR, por primera vez en los 30 años de su existencia, se aprobó una rebaja generalizada del Arancel Externo Común (AEC) extra zona (E/Z) que, en el caso de Uruguay, alcanzó a 67% de las categorías de productos (líneas arancelarias a 10 dígitos). En julio de 2022 se arribó a un acuerdo para avanzar en el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre MERCOSUR y Singapur, siendo éste el primer acuerdo entre el MERCOSUR y un país del sudeste asiático. Asimismo, en este período de gobierno, se logró un acuerdo bilateral histórico con Brasil, que eliminó las barreras arancelarias entre las zonas francas de ambos países.
En materia de desarrollo logístico, se obtuvo un significativo logro el presente año con el acuerdo argentino para iniciar la obra de ampliación y profundización del Canal de Acceso al Puerto de Montevideo a -14 metros, lo que implicará mejores condiciones de competitividad para la principal terminal portuaria del país. Y producto del acuerdo con el gobierno de Brasil, otras obras de infraestructura transfronteriza han tenido avances sustantivos en los últimos meses, a saber: la concreción de la binacionalización del aeropuerto de Rivera (que fue reinaugurado en diciembre de 2023), la construcción del segundo puente sobre el Río Yaguarón y la obra de dragado y balizamiento de la Hidrovía Uruguay-Brasil (Laguna Merín-Laguna de los Patos).
La infraestructura desempeña un rol relevante para elevar la productividad global de la economía y con ello mejorar la competitividad de la producción nacional de bienes y servicios, por lo que desde esta administración se ha hecho énfasis en conjugar los esfuerzos del sector público con los del sector privado para optimizar el desempeño en materia de ejecución de obras de infraestructura y ampliar las alternativas de financiación de las diferentes iniciativas, logrando así potenciar los resultados. Para todo el quinquenio 2020-2024 la ejecución de inversión en infraestructura, en conjunto con la inversión pública en vivienda, se proyecta que se habrá superado los US$ 11.740 millones.
Una vez superada la pandemia, se aceleró el ritmo de ejecución de obras de infraestructura como parte de su estrategia para impulsar el desarrollo económico y mejorar la calidad de vida, priorizando los proyectos que apuntaban a mejorar la eficiencia productiva, a reducir las brechas de desarrollo territorial y a contribuir a la sostenibilidad ambiental. Se destacan en ese sentido, la modernización y expansión récord de la infraestructura vial (un 76 % más que en el quinquenio anterior) y el desarrollo y concreción de un ambicioso proyecto ferroviario en el centro del país, que permitirán mejorar la conectividad interna y facilitar el transporte de la producción nacional.
Del mismo modo, se priorizó la interconexión regional, tanto en inversiones viales, como aeroportuarias y energéticas, fortaleciendo la posición de Uruguay como centro logístico. Asimismo, se propiciaron proyectos claves para asegurar el suministro de agua de calidad a la población, así como un aumento significativo en la cobertura de saneamiento en el interior del país, mejorando la calidad de vida de la población y contribuyendo a la sostenibilidad ambiental. También se avanzó mucho en la construcción de infraestructura social, especialmente educativa y de cuidados en todo el territorio.
Uruguay cuenta con características diferenciales basadas en su solidez institucional, la seguridad jurídica, estabilidad macroeconómica, tradición de desarrollo tecnológico de muchos años y el estadio tecnológico alcanzado hasta el presente, en particular en energías renovables. Todo ello ha llevado a esta administración a establecer una hoja de ruta con el objetivo de aprovechar la oportunidad de posicionar a nuestro país en el mundo emprendedor, transformándolo en un polo o hub de innovación en el Sur, impulsando sectores de alto valor agregado. Con ventajas competitivas en ciencia, tecnología y sostenibilidad, Uruguay puede incorporar tecnologías avanzadas, biotecnología y tecnologías verdes, fortaleciendo su ecosistema emprendedor y atrayendo startups y empresas tecnológicas con énfasis en la internacionalización.
El Programa Uruguay Innovation Hub (UIH) es el plan estratégico puesto en marcha en 2023 con el objetivo de promover el fortalecimiento del ecosistema innovador y emprendedor en materia de ciencia, tecnología e innovación, priorizando las tecnologías digitales avanzadas, la biotecnología y las tecnologías verdes. Se creó el Programa de Aceleración, donde el Estado se asocia con privados que contribuyan a capacitar otros emprendimientos innovadores y para el que se recibieron catorce postulaciones de diez países diferentes. Se inició el Programa de “Company Builder” para promover el desarrollo de la biotecnología y se está en proceso de completar un programa de coinversión. En el mes de junio de este año se inauguró en el predio del LATU un Campus de Innovación, donde se podrán alojar laboratorios abiertos, espacios de cowork para emprendimientos y oficinas para empresas y fondos de inversión. Los fondos asignados al UIH y la capacidad de asociar este capital público con el aporte privado es lo que permitirá que se multipliquen los recursos y se potencien los resultados a obtener a través de esta línea de acción.
En los últimos tres años, nuestro país recibió un fuerte respaldo de las agencias calificadoras inversores y de la comunidad inversora, alcanzando la máxima calificación crediticia y la menor prima de riesgo soberano, de su historia. En el período comprendido entre marzo de 2020 y junio de 2024, se sucedieron cinco subas de la calificación, y cuatro mejoras en la perspectiva crediticia de Uruguay. Así, el país logró alcanzar la mayor nota de crédito de su historia, BBB+, apenas un escalón por debajo de la selecta categoría A. En sus respectivos informes, las calificadoras coincidieron en destacar el manejo fiscal prudente y creíble, la robustez de la nueva institucionalidad fiscal, las reformas estructurales en marcha (en particular, la de seguridad social), la resiliencia de la economía a los shocks externos y el fuerte flujo de inversión extranjera directa en distintos sectores de actividad. En consonancia con las mejoras en la calificación crediticia, se observó en los últimos cuatro años una reducción sostenida del EMBI spread de Uruguay, alcanzando el menor riesgo país en América Latina desde 2021. El EMBI spread de Uruguay alcanzó su mínimo histórico de 71 puntos básicos el 11 de abril de 2024.
En suma, implementamos un modelo económico distinto al que se aplicó en Uruguay durante las administraciones anteriores, con especial respeto por los dineros públicos. Se priorizó el cuidado de los recursos para atender las urgencias. Y a diferencia de lo que ocurría antes, no se aumentaron los impuestos para enfrentar las distintas circunstancias que se fueron sucediendo.
Este modelo económico distinto es el que nos permite hoy estar en una mejor situación que en 2019: hay más empleo, mayor inversión en infraestructura y aumento de recursos para áreas sensibles como las políticas sociales, la educación, la salud y la seguridad pública. En definitiva, un Uruguay más próspero, con mayores oportunidades y mayor libertad para los ciudadanos.