1. RESUMEN EJECUTIVO
El balance del período de gobierno que culminó el 28 de febrero de 2025 confirma una década de bajo crecimiento económico. Durante este período, los niveles de inversión se mantuvieron por debajo de los requeridos para que la economía crezca a un ritmo capaz de sostener la matriz de protección social y mejorar el bienestar de la población.
La recuperación parcial del salario real y del empleo observada hacia el final del quinquenio apenas logró retornar a los niveles previos a la pandemia, tras un deterioro significativo en los primeros años del período. En materia de pobreza, se observó una trayectoria de brusco aumento inicial seguido de un paulatino descenso, convergiendo hacia el final del período a niveles similares a los previos a la pandemia, pero con mayor indigencia y vulnerabilidad en la primera infancia. Durante el quinquenio la desigualdad mostró una tendencia creciente durante los primeros cuatro años y medio, con una reversión en los registros del segundo semestre de 2024 que permitió retornar a los niveles previos a la pandemia. A lo largo de los cinco años, los hogares más vulnerables sufrieron una pérdida de ingresos.
La inflación se moderó en los últimos dos años del período, ubicándose dentro del rango meta del Banco Central del Uruguay, favorecida por la actuación de la política monetaria y la evolución del tipo de cambio.
En el plano fiscal, la nueva institucionalidad no logró evitar el deterioro asociado al ciclo electoral, lo que se refleja en el incumplimiento de las metas fiscales de 2024. Además, medidas como el adelanto de ingresos y la postergación o el no registro de egresos resultaron en un déficit observado inferior al real en 2024, trasladando un deterioro estadístico de las cuentas públicas que impacta en 2025. El escenario fiscal heredado combina un gasto público más elevado, mayores ingresos del Estado y un incremento en la deuda pública. Sin perjuicio de esta situación, el historial de cumplimiento y las fortalezas y capacidades institucionales de Uruguay son bien valoradas por el mercado, reflejándose en el premio y la calificación de riesgo soberano. El contexto económico global y la situación fiscal de partida plantean un escenario desafiante para el nuevo gobierno.
La economía uruguaya creció 3,1% en 2024, influenciado por el fin de la sequía, la reactivación de la planta de ANCAP luego de la parada técnica programada y una normalización de la temporada turística. Con este registro se cierra una década de bajo dinamismo, con un crecimiento promedio anual de 1,1%, muy por debajo del 5,4% registrado entre 2005 y 2014. Uno de los principales factores que explica este desempeño es la debilidad persistente de la inversión, que culminó el período en 16,2% del PIB, a pesar del efecto puntual de grandes proyectos como UPM 2 y sus obras conexas. En el último quinquenio, tras 17 años de expansión sostenida, el PIB registró una caída en 2020 a raíz del impacto de la pandemia del COVID-19.
En relación con el mercado de trabajo, la tasa de empleo se ubicó en 59,0% en 2024, superando el valor de 2023. A su vez, la tasa de desempleo fue 8,2%, levemente por debajo del valor del año anterior. El cambio metodológico en la medición del mercado de trabajo por parte del Instituto Nacional de Estadística (INE) dificulta la extracción de conclusiones claras con respecto a un análisis de mediano plazo. Según el criterio que se tome para realizar la comparación histórica, la tasa de empleo de 2024 se ubicaría en niveles similares a los de 2019, o 2,4 puntos porcentuales (p.p) por encima.
En 2024, el salario real promedio aumentó 0,9 % respecto a 2023. En el período 2020-2024, la evolución salarial tuvo una forma de “U”: los salarios cayeron en 2020 y 2021, y comenzaron a recuperarse hacia el final del quinquenio. Si bien en 2024 los salarios lograron finalmente ubicarse por encima de sus valores de 2019, en el transcurso del período se verificó una pérdida del poder adquisitivo. El Salario Mínimo Nacional evolucionó en línea con el salario promedio, lo que contrasta con la dinámica observada entre 2005 y 2019, cuando aumentó por encima y operó como un instrumento para la reducción de la desigualdad.
En 2024, la pobreza y la indigencia se ubicaron en 17,3% y 1,5%, respectivamente, según las estimaciones del INE elaboradas con la nueva metodología publicada en febrero de 2025[1]. Esta actualización arroja niveles más elevados que los resultantes de aplicar la metodología anterior, pero confirma la trayectoria que metodología anterior reflejaba: una marcada reducción de la pobreza entre 2006 y 2017 seguida de una etapa de estabilización, un aumento en 2020 y 2021 –vinculado a la pandemia y a la respuesta de las políticas públicas para amortiguar el shock–, y un descenso posterior que llevó a alcanzar, en 2024, el nivel registrado en 2019. Este retorno se vio acompañado de mayores niveles de indigencia y pobreza infantil de niños y niñas menores de seis años.
Con relación a la distribución del ingreso, el índice de Gini descendió en 2024 respecto de 2023. De esta forma, Uruguay regresa luego de cinco años a los niveles de desigualdad de 2019. Por su parte, el ingreso promedio de los hogares cerró el período en valores similares a los de 2019, tras una caída intermedia. A diferencia de anteriores quinquenios, el ingreso de los hogares del primer decil (el 10% de menores ingresos de la población) cayó en el período.
La inflación cerró en 5,5% en 2024, un nivel levemente superior al de 2023. Desde junio de 2023 la inflación anual se mantiene dentro del rango meta establecido por el Banco Central del Uruguay (BCU), que había fijado su objetivo en 4,5% con una tolerancia de ± 1,5%. Esta moderación estuvo fuertemente impulsada por la evolución de los precios transables de la economía, con el correspondiente impacto en materia de competitividad.
Durante la pasada administración se dispusieron reformas en la institucionalidad fiscal que incluyeron la adopción de una regla fiscal basada en tres metas y la creación de grupos técnicos externos. Si bien la nueva institucionalidad contribuyó al debate sobre los objetivos y estándares de la política fiscal, no fue eficaz para cumplir con sus cometidos. El déficit fiscal en 2023 y 2024 se ubicó por encima del necesario para estabilizar la deuda pública, sin evitar las presiones fiscales en el contexto del ciclo electoral.
En materia fiscal, el gasto del Gobierno Central-BPS (GC-BPS) se ubicó en 2024 en 30,5% del PIB, lo que representa un aumento de 0,7 p.p. respecto a 2023. A lo largo del quinquenio, la evolución del gasto (incluyendo el Fondo Solidario COVID 19) mostró un comportamiento en forma de “U”: tras una marcada reducción en 2021, comenzó a crecer de manera sistemática en 2023 y 2024. Por su parte, los ingresos del GC-BPS representaron 27,1% del PIB en 2024, con una tendencia creciente a lo largo del quinquenio, cerrando el período 1,2% del PIB por encima de los niveles de 2019.
El déficit fiscal del GC-BPS ascendió a 3,3% del PIB en 2024, mientras que el déficit del Sector Público Consolidado (SPC) se ubicó en 4,2% del PIB.[2] No obstante, si se consideran ciertos gastos que fueron postergados durante ese año y algunos ingresos que, por el contrario, se adelantaron, ambos indicadores se situarían en niveles más elevados. En efecto, en 2024 se difirieron gastos por una magnitud inusualmente elevados, lo que produjo un doble efecto: redujo de forma artificial el déficit fiscal registrado en ese año e incrementó el correspondiente a 2025. Adicionalmente, la administración saliente solicitó adelantos de pagos de impuestos a las empresas públicas —que corresponden a 2025— lo que mejoró el resultado fiscal de 2024 a costa de empeorar el de 2025. De no haberse aplicado estas medidas extraordinarias, el déficit fiscal de 2024 habría alcanzado 3,8% del PIB, en el caso del GC-BPS, y 4,6%, en el del SPC.
Considerando la combinación de factores transitorios —como la postergación de egresos y el adelanto de ingresos— junto con otros estructurales—un mayor nivel de gasto permanente y un conjunto de gastos comprometidos por la administración saliente—, la proyección del déficit fiscal del GC-BPS para 2025 es de 4,0% del PIB (4,1% si se excluye el efecto de la Ley N° 19.590). Este contexto impone restricciones relevantes a la política fiscal en la etapa inicial del nuevo ciclo gubernamental.
En cuanto al endeudamiento, el stock de la deuda neta del GC alcanzó en 2024 a 52,9% del PIB, lo que implicó un aumento de 8,5 p.p. en comparación con el valor pre pandemia.
El gobierno que asumió la conducción del país a partir del 1° de marzo de 2025 se propone como objetivos centrales la dinamización del crecimiento de la economía —a través del impulso a la inversión privada y la mejora de la inserción internacional del país—, y el fortalecimiento del sistema de protección social, con especial foco en la infancia, con el fin de mitigar la pobreza, la desigualdad y la exclusión social. A su vez, buscará mejorar los resultados en materia de seguridad ciudadana, todo ello en el marco de una gestión fiscal responsable.