2. Crecimiento económico y empleo
El gobierno tiene como prioridad apuntalar el crecimiento económico para generar más empleo, mediante acciones vinculadas con la competitividad, la innovación, la agenda de infraestructura, la sostenibilidad ambiental, la inserción internacional, el estímulo de sectores estratégicos, el desarrollo de políticas de empleo, la atención a la zona de frontera, y la amortiguación del impacto en los precios internos de los combustibles.
Con el objetivo de mejorar la competitividad de la economía y reducir el costo de vida de la población, el gobierno impulsó durante 2025 y 2026 una agenda de cambios y reformas normativas. En julio de 2025 se impulsaron medidas de “desempapelamiento” sobre un 75% de los documentos de comercio exterior, mientras que en marzo de 2026 se anunció un nuevo conjunto de medidas para eliminar requisitos burocráticos e ineficiencias estatales que afectan la actividad productiva. Ambos paquetes de medidas implicaron una reducción estimada de costos de 40 millones de dólares. Adicionalmente, en junio de 2026 se remitió al parlamento el proyecto de Ley de Competitividad y Reducción del costo de vida, que propone una amplia batería de cambios legales para mejorar las condiciones de competitividad del país.
En materia laboral, en 2025 se desarrolló la 11ª ronda de Consejos de Salarios, cuyos lineamientos establecieron pautas diferenciales priorizando los salarios más bajos, mediante ajustes nominales de periodicidad semestral. La primera fase de negociación, correspondiente a los convenios con vencimiento entre junio y noviembre de 2025, involucró a 167 mesas y aproximadamente 672.000 cotizantes. En este marco, el 83% de las mesas alcanzó acuerdos tripartitos. Asimismo, se creó el programa “Uruguay Impulsa: trabajo y capacitación”, orientado a mejorar la empleabilidad de personas en situación de vulnerabilidad socioeconómica y con dificultades de acceso a empleos de calidad. El programa incorporó un componente de capacitación a cargo del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, equivalente al 20% del tiempo total, con cupos para 5.500 personas. Durante el primer semestre de 2026 se lanzó su segunda edición. Asimismo, en el primer semestre de 2026 aprobó la Ley de Empleo Integral, que propone un nuevo esquema de promoción del empleo basado en un régimen general de estímulos dirigido a distintos colectivos con dificultades de inserción laboral.
Durante 2025 y el primer semestre de 2026 se consolidó una agenda de infraestructura orientada a remover restricciones estructurales al crecimiento, mejorar la competitividad de la economía y fortalecer la resiliencia del país frente a desafíos logísticos, energéticos e hídricos. En materia de infraestructura vial, se definió una cartera de inversiones superior a 2.100 millones de dólares, que comprende obras de mantenimiento, rehabilitación y expansión de la red nacional, junto con nuevas licitaciones y proyectos estratégicos. Asimismo, se lanzaron los contratos de Mantenimiento de Activos Sostenible, que incorporan incentivos asociados al cumplimiento de estándares ambientales con visión de largo plazo. En seguridad hídrica, se reformuló el proyecto Arazatí para adecuarlo a los objetivos de abastecimiento sostenible del área metropolitana y se concretaron los acuerdos para la construcción de la represa de Casupá, obra clave para fortalecer las reservas de agua dulce y la seguridad de abastecimiento. Asimismo, se está impulsando un programa de infraestructura educativa bajo la modalidad de participación público-privada, ampliando la infraestructura educativa y deportiva y fortaleciendo las oportunidades de desarrollo territorial. En materia de movilidad y transporte, se inició la implementación del Proyecto de Transporte Público Metropolitano. El programa constituye una histórica transformación del sistema de transporte público, con la incorporación de nuevas infraestructuras de alta capacidad, priorización del transporte colectivo, incorporación de tecnología y por primera vez la gestión integral del sistema a partir de una nueva institucionalidad metropolitana. También se fortalecieron las capacidades institucionales para promover inversiones estratégicas en riego, orientadas a aumentar la productividad, mejorar la adaptación al cambio climático y fortalecer la producción exportadora del sector agropecuario.
En materia de ciencia, tecnología e innovación, se han dado pasos relevantes para fortalecer la institucionalidad, la planificación estratégica y los instrumentos de apoyo al ecosistema en el marco de Uruguay Innova. En cuanto a los nuevos instrumentos, se destaca: el lanzamiento del Fondo Ida Holz, orientado a promover proyectos de investigación de largo plazo con montos significativamente superiores a otros instrumentos nacionales; el fortalecimiento de herramientas para el desarrollo de emprendimientos innovadores y empresas de base científico-tecnológica; la consolidación de convocatorias para la vinculación entre la academia y el sector productivo, y la puesta en marcha del programa Uruguay al Mundo. Por otra parte, en materia regulatoria, se destacan los avances en la instrumentación de sandboxes regulatorios, el desarrollo de nuevas herramientas de compra pública y ampliación de exoneraciones fiscales. Por último, en iniciativas de innovación pública, se destaca la alianza con Microsoft Lab para desarrollar pilotos en el sector público basados en inteligencia artificial.
En un contexto en el que la sostenibilidad ambiental se ha convertido en una necesidad y en un requisito, se avanzó integrando la dimensión ambiental en el diseño y ejecución de la política económica, buscando una gestión más eficiente de los recursos y fortaleciendo la estrategia de inserción comercial y captación de inversiones. En este sentido, la transición hacia modelos de producción de menor impacto ambiental relativo plantea desafíos, pero también genera oportunidades para fortalecer la competitividad e incentivar la inversión. En ese marco, se ajustó el marco de funcionamiento de la COMAP incorporando el indicador “Sostenibilidad Ambiental” y se establecieron indicadores estratégicos para la protección del campo natural, la producción de bioinsumos, la cadena de valor del Hidrógeno Verde y la valorización de residuos y reciclaje.
En materia de inserción internacional, el período 2025–2026 deparó logros de carácter histórico. Las exportaciones uruguayas de bienes alcanzaron los 13.493 millones de dólares en 2025, el registro más alto de la última década y un crecimiento del 5% respecto al año anterior. En el plano de los acuerdos comerciales, entró en vigor para Uruguay el Acuerdo de Libre Comercio entre Singapur y el MERCOSUR, y se firmó el Acuerdo de Libre Comercio entre el MERCOSUR y los países del EFTA. El hito más relevante fue la firma, el 17 de enero de 2026, del Acuerdo de Asociación entre el MERCOSUR y la Unión Europea –tras más de veinticinco años de negociaciones–, cuyas disposiciones comerciales comenzaron a aplicarse provisionalmente el 1° de mayo de 2026. Uruguay fue el único miembro del bloque que, con independencia del signo político de sus sucesivos gobiernos, mantuvo un apoyo constante a la conclusión del acuerdo, configurando así una genuina política de Estado. En febrero de 2026, el presidente Orsi encabezó una visita oficial y misión comercial a China con una amplia delegación del sector privado, orientada a abrir nuevas oportunidades de negocios, inversión y cooperación.
Las políticas impulsadas también incorporan el estímulo de sectores estratégicos: el sector agropecuario, la industria manufacturera y el turismo. Estos sectores son prioritarios por sus encadenamientos productivos y sociales, y por su capacidad de generar empleo y valor agregado en el territorio. La promoción del riego constituye una línea estratégica central para aumentar la productividad y reducir la vulnerabilidad frente a eventos climáticos adversos del sector agropecuario.
El gobierno implementó una serie de medidas orientadas a la frontera, con el objetivo de mitigar los efectos distorsivos generados por la brecha de precios con Argentina y Brasil, así como fomentar la formalización económica. En materia de combustibles, se comenzó a ajustar periódicamente el descuento de IMESI a la nafta y se amplió la zona de descuento, agregando una franja adicional para las estaciones de servicio ubicadas entre 20 y 60 kilómetros de los pasos de frontera. En materia de comercio, se establecieron mecanismos simplificadores de importaciones para comercios minoristas formales e incorporó exoneraciones de aportes patronales para estimular la creación de empleo formal en la región, al tiempo que habilitó la exoneración del IVA a importaciones de una lista de productos seleccionados.
Frente al shock internacional producido por el conflicto bélico entre Estados Unidos e Israel con Irán, que desencadenó una disrupción sin precedentes en el suministro mundial de petróleo y provocó un abrupto aumento de los precios internacionales del crudo y sus derivados, el gobierno optó por una estrategia para amortiguar el impacto sobre los precios internos de los combustibles. De esta forma, los aumentos mensuales fijados con posterioridad al inicio del conflicto fueron menores a los que se habrían registrado de haber convalidado internamente los Precios de Paridad de Importación de forma automática.
