3. Matriz de protección social y convivencia
La convocatoria y puesta en funcionamiento del Diálogo Social sobre Protección y Seguridad Social constituyó la materialización de un compromiso asumido por el Gobierno para promover una discusión amplia, plural y técnicamente informada sobre los principales desafíos de la protección social en Uruguay con una mirada de mediano plazo. Desarrollado entre agosto de 2025 y abril de 2026, el proceso dio lugar a una hoja de ruta con orientaciones en cuatro grandes áreas: protección a la infancia, cuidados, protección a las personas en etapa activa, y jubilaciones y pensiones. A partir de mayo, el Poder Ejecutivo ha desarrollado una agenda de trabajo para convertir los acuerdos, sugerencias y recomendaciones del Diálogo sobre Protección y Seguridad Social en propuestas concretas de transformación.
En ese marco, el presente proyecto de Rendición de Cuentas incluye una reforma del sistema de transferencias a la infancia y la adolescencia. La reforma unifica el conjunto de prestaciones que actualmente se encuentran dispersas (Asignaciones Familiares Contributivas, Plan de Equidad, Tarjeta Uruguay Social, Bono Crianza) y aumenta su monto, consolidándolas en una prestación única denominada Asignación Única para la Infancia y la Adolescencia. La implementación se realizará de forma gradual, comenzando en 2027 con las generaciones nacidas entre 2025 y 2027. De este modo, la implementación prioriza los primeros 1.000 días de vida, que juegan un rol clave en el desarrollo. Para 2027 se espera el ingreso de más de 50.000 niños al nuevo sistema. Se estima que, como efecto de la reforma, la pobreza en este grupo etario alcanzaría una disminución de 25% con la incorporación de la totalidad de los niños, niñas y adolescentes al nuevo esquema.
En materia de educación, la ANEP ha puesto especial énfasis en apoyar a la población estudiantil más vulnerable y en fortalecer la calidad de los aprendizajes. En ese marco, el Presupuesto Nacional asignó los recursos para ampliar significativamente tanto la cantidad de becas de apoyo económico para estudiantes de educación media como el monto de dichas becas. Para 2026 se estima la adjudicación de aproximadamente 22.000 becas, lo que representa un incremento cercano al 50% respecto al año anterior. Asimismo, el monto promedio de las becas aumentó en torno al 50%. Con el objetivo de acompañar el inicio del año lectivo, en marzo 2026 se otorgó el Bono Escolar, una prestación creada por este gobierno y destinada a estudiantes de educación inicial y primaria que asisten a centros educativos públicos. En 2025 el bono escolar alcanzó a 115 mil estudiantes, y en 2026 el beneficio se amplió a 170.000 estudiantes correspondientes a los contextos socioeconómicos más desfavorables. Por otra parte, se continuaron expandiendo las propuestas educativas que combinan una mayor carga horaria pedagógica con servicios de alimentación.
En materia de salud, durante el 2025 el Sistema Nacional Integrado de Salud mantuvo una amplia cobertura de la población y niveles estables en sus principales indicadores de funcionamiento. Se registraron avances normativos e institucionales orientados a fortalecer el acceso, la calidad y la modernización de las prestaciones. Entre los principales hitos se destaca la aprobación de la ley sobre eutanasia y el posterior trabajo de reglamentación, que consolida un marco legal pionero en América Latina vinculado con el derecho a la muerte digna. En cuanto a prestaciones, se incorporó la apendicectomía laparoscópica al Programa Integral de Atención en Salud y los Anticoagulantes Orales de Acción Directa en el Formulario Terapéutico de Medicamentos. A su vez, se reforzó la estrategia de inmunización con la incorporación de la vacuna contra el meningococo. En el plano institucional, se destaca la integración del sistema público mediante el nuevo acuerdo de complementación entre ASSE y Hospital de Clínicas.
En el marco de los lineamientos establecidos en el Plan Quinquenal de Vivienda y Hábitat, el Gobierno definió realizar una inversión sin precedentes para atender a las familias que residen en asentamientos irregulares. A lo largo del quinquenio se duplicarán los recursos destinados a atender la precariedad habitacional, alcanzando 700 millones de dólares. Asimismo, en cumplimiento de los compromisos asumidos, la presente rendición de cuentas incorpora un crédito por el IVA de las obras de construcción cooperativa, una reivindicación histórica del movimiento cooperativo que reducirá el costo de las viviendas y las cuotas de los socios.
Asimismo, en el marco de las recomendaciones surgidas del diálogo social, el Poder Ejecutivo remitirá en 2026 un proyecto de ley vinculado a la seguridad social, con reformas al pilar de solidaridad intergeneracional del régimen previsional, incorporando una causal anticipada con foco en las poblaciones más vulnerables para habilitar el acceso a la jubilación a los 60 años de edad con 30 años de servicio.
En marzo de 2026, luego de un trabajo de intercambio con instituciones del ámbito público, privado, académico y social, se presentó el Plan Nacional de Seguridad Pública 2025–2035. El plan contiene un conjunto de medidas orientadas a reforzar la prevención, la investigación criminal, la tecnología y la capacidad operativa de los organismos competentes. En la presente Rendición de Cuentas se incorporan nuevas inversiones con ejecución prevista para 2027, destinadas a fortalecer las capacidades operativas y tecnológicas del sistema de seguridad pública. Entre ellas se incluyen la incorporación de nuevos efectivos policiales, la mejora de la movilidad policial, el desarrollo de herramientas de identificación biométrica, la ampliación de sistemas de monitoreo y detección de incidentes, y el fortalecimiento de la seguridad en el sistema penitenciario.
Asimismo, en el marco de los compromisos que el Gobierno asumió en materia de seguridad, convivencia y vivienda, se puso en marcha el Programa Más Barrio. El programa constituye una estrategia de intervención territorial integral de alcance nacional que actúa de forma simultánea sobre las condiciones de vivienda, la transformación de los espacios públicos, el fortalecimiento de la seguridad y la convivencia, así como el trabajo directo con la comunidad. Por otro lado, se destaca la creación del Instituto Nacional de Reinserción como servicio descentralizado, una recomendación de política proveniente de actores sociales y académicos, que separa adecuadamente las funciones de persecución del delito de las de tratamiento y reinserción social de las personas privadas de libertad.
