VI. MATRIZ DE PROTECCIÓN SOCIAL Y CONVIVENCIA
La protección social constituye, junto con el crecimiento, el pilar fundamental del modelo de convivencia del país. Un sistema de protección social robusto contribuye a garantizar condiciones de bienestar a lo largo de todo el curso de vida, mitiga los riesgos asociados a la pobreza, la enfermedad, el desempleo y la vejez, y fortalece la cohesión social en un contexto de profundas transformaciones demográficas, familiares y laborales.
La sostenibilidad de la matriz de protección requiere conciliar los objetivos de cobertura, suficiencia y equidad con un esquema de financiamiento sostenible. La realización de estos objetivos requiere una visión de largo plazo que trascienda los ciclos electorales y construya consensos compartidos entre actores políticos, sociales e institucionales. Con este propósito, el Gobierno impulsó un Diálogo Social sobre Protección y Seguridad Social, que proporciona un marco amplio de deliberación orientado a consolidar una matriz de protección social más integrada, equitativa y sostenible.
El capítulo presenta en primer lugar los resultados del Diálogo Social. A partir de allí, se recorren las principales políticas que afectan cada una de las etapas de la vida en que el Estado interviene para proteger a las personas: la primera infancia, el paso por el sistema educativo, el cuidado de la salud, el acceso a una vivienda adecuada, la inserción en el mercado de trabajo, la cobertura en la vejez y, finalmente, las condiciones de seguridad y convivencia.
El Diálogo Social sobre Protección y Seguridad Social se desarrolló durante 2025 y el primer semestre de 2026 como un ámbito institucionalizado de deliberación con perspectiva de curso de vida, que culminó con un documento de orientaciones estratégicas. En este marco, el gobierno definió avanzar de forma inmediata en dos prioridades: la protección a la infancia, mediante la unificación del sistema de transferencias monetarias, y las jubilaciones.
En materia de combate a la pobreza infantil, se impulsa la creación de la Asignación Única para la Infancia y la Adolescencia, que unifica el actual sistema fragmentado de transferencias monetarias (AFAM-PE, AFAM contributivas, Tarjeta Uruguay Social y Bono Crianza), incrementa la suficiencia de los montos y mejora la focalización hacia los hogares con mayor vulnerabilidad, priorizando la primera infancia.
En materia educativa, en un contexto de transformación demográfica caracterizado por la caída sostenida de la natalidad, los recursos públicos destinados a la educación alcanzaron el 4,9% del PIB en 2025, avanzando respecto a 4,8% en 2024. Se destacan en este marco, la reformulación de las Becas Butiá, que amplió en 50% la cantidad de beneficiarios y los montos promedio transferidos en 2026 respecto a 2025; la creación del Bono Escolar, que alcanzó a 170.000 estudiantes de educación inicial y primaria en 2026, y los avances en la extensión del tiempo pedagógico.
En salud, se destacan los avances en materia de cobertura del Seguro Nacional de Salud, la actualización metodológica del Costo Promedio Equivalente, la ampliación de las prestaciones financiadas por el Fondo Nacional de Recursos, la mejora en la provisión de medicamentos por parte de ASSE y la aprobación de la Ley de Muerte Digna o Eutanasia.
En el marco de los lineamientos establecidos en el Plan Quinquenal de Vivienda y Hábitat, el Gobierno definió realizar una inversión sin precedentes para atender a las familias que residen en asentamientos irregulares. A lo largo del quinquenio se duplicarán los recursos destinados a atender la precariedad habitacional, alcanzando 700 millones de dólares. Asimismo, en cumplimiento de los compromisos asumidos, la presente rendición de cuentas incorpora un crédito por el IVA de las obras de construcción cooperativa, una reivindicación histórica del movimiento cooperativo que reducirá el costo de las viviendas y las cuotas de los socios.
En seguridad social, se desarrolla la propuesta que el Poder Ejecutivo remitirá en 2026 para la creación de una causal de retiro anticipado y modificación del mecanismo de ajuste del suplemento solidario; las mejoras en la gestión del Banco de Previsión Social, y la reforma de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios a través de la Ley Nº 20.410.
Finalmente, en materia de seguridad y convivencia ciudadana, se consolidó el Plan Nacional de Seguridad Pública 2025-2035 sobre la base de un fortalecimiento de las capacidades estatales de análisis criminológico y transparencia de la información delictiva, y se impulsaron dos innovaciones institucionales centrales: el Programa Más Barrio, que integra la transformación urbano-habitacional con la política de seguridad en los territorios de mayor vulnerabilidad, y la creación del Instituto Nacional de Reinserción, que separa las funciones de persecución del delito de las de tratamiento y reinserción social de las personas privadas de libertad.
