Exposición de motivos - Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal Ejercicio 2025

8. SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

La convivencia ciudadana constituye uno de los ejes centrales de la acción de gobierno durante el presente ejercicio, en el entendido de que la seguridad pública no se agota en la respuesta reactiva frente al delito, sino que exige una mirada integral capaz de articular prevención, disuasión, represión, investigación, administración de una sanción penal y reintegración social, así como atención a las condiciones sociales y urbanas que inciden sobre la violencia y la criminalidad. 

La evolución de la criminalidad en Uruguay durante los últimos años puso de manifiesto una realidad cada vez más compleja, caracterizada por la coexistencia de mejoras sostenidas en algunos delitos patrimoniales con el incremento de fenómenos de violencia de alta lesividad, mayor utilización de armas de fuego, expansión de modalidades delictivas complejas y nuevas formas de criminalidad. Este escenario evidenció la necesidad de fortalecer las capacidades permanentes del Estado para comprender, anticipar y enfrentar estos fenómenos mediante políticas públicas sustentadas en evidencia, coordinación institucional y planificación estratégica de largo plazo.

En respuesta a estos desafíos, el año 2025 representó un punto de inflexión en la política de seguridad pública. Se fortalecieron las capacidades estatales de análisis criminológico, planificación y evaluación de políticas, se amplió sustancialmente la medición y transparencia de los fenómenos delictivos y se generó la base empírica del Plan Nacional de Seguridad Pública 2025-2035. Estas transformaciones se desarrollaron en un contexto de descenso de la mayoría de los principales indicadores de criminalidad, incluyendo reducciones en homicidios, heridos por armas de fuego, lesiones, amenazas, rapiñas, hurtos, delitos sexuales, extorsiones, secuestros y otros delitos de alta relevancia. 

Adicionalmente, Uruguay implementó una transformación metodológica e institucional en seguridad en 2025, a través de la creación del Área de Estadística y Criminología Aplicada (AECA), unificando la gestión de información criminal bajo estándares técnicos. Si bien el Ministerio del Interior reporta periódicamente quince indicadores criminales, el nuevo modelo utilizado estructura el análisis estadístico a veinte variables delictivas, incluyendo fuerza letal y muertes dudosas, además de conformar un Consejo Asesor Honorario y permanente del AECA, integrado por organismos nacionales e internacionales vinculados a la ciencia, la tecnología, la innovación y la criminología, cuya función es orientar estratégicamente el trabajo del Área, a través del aporte de conocimientos técnicos, así como fortalecer la legitimidad institucional.

En particular, la producción y publicación del Anuario "AECA 2025" constituye una innovación que permite brindar información actualizada más allá de los tradicionales indicadores que difunde el propio Ministerio del Interior. Esta herramienta contribuye a comprender las distintas dinámicas delictivas del país, entre las que se destacan los secuestros, las muertes dudosas, el uso de la fuerza letal por parte de las fuerzas del orden, la tasa de esclarecimiento de homicidios durante el mismo año, la información sobre presuntos autores de homicidios y las estadísticas penitenciarias. De este modo se consolida un sistema permanente de rendición de cuentas y producción de evidencia en seguridad pública, alineado con estándares internacionales que instalan la lógica de la evaluación y la transparencia. Ello implicó, además, un cambio estructural en la calidad de la información sobre homicidios: al incorporar la tasa de esclarecimiento y los datos sobre presuntos autores, se pasa de medir solo resultados finales a medir también la capacidad investigativa.

Sobre esa base se elaboró el Plan Nacional de Seguridad Pública 2025-2035, que organiza la estrategia nacional en materia de seguridad sobre la base de la evidencia internacional acerca de lo que funciona y lo que no para abordar los distintos problemas. No se limita al ámbito policial, sino que constituye una estrategia multiagencial sustentada en un diagnóstico integral de los principales fenómenos de violencia y criminalidad que enfrenta el país.

Adicionalmente, dentro de este enfoque integral de la convivencia ciudadana, se destacan en este capítulo dos innovaciones institucionales centrales del período, tanto por su carácter estructural como por su capacidad de proyectar efectos sostenidos en el mediano y largo plazo. Por un lado, el Programa Más Barrio, que representa una innovación en la forma de diseñar e implementar políticas públicas, al integrar desde su concepción la transformación urbano-habitacional y la seguridad, consolidando una presencia estatal sostenida en los territorios con mayores desafíos socio-residenciales del país. Por otro, la creación del Instituto Nacional de Reinserción, a partir de la transformación del actual Instituto Nacional de Rehabilitación, dotándolo de mayores capacidades y autonomía, para fortalecer las políticas de ejecución penal y reinserción social.

8.1 Plan Nacional de Seguridad Pública 2025-2035

El Plan Nacional de Seguridad Pública 2025-2035 es el instrumento estratégico que ordena la acción del Estado en materia de seguridad y el marco dentro del cual se inscriben las decisiones presupuestales que esta Rendición de Cuentas propone. Su punto de partida es el diagnóstico de que Uruguay enfrenta problemas de violencia y criminalidad de mayor magnitud, complejidad y concentración territorial que los que históricamente lo caracterizaron, sostenidos por un encadenamiento entre fenómenos –homicidios, narcotráfico, circulación ilegal de armas, violencia de género, fraude digital– que se potencian mutuamente cuando fallan los controles y la coordinación institucional.

Su elaboración se sustentó en evidencia sobre la evolución de los principales fenómenos delictivos, sus dinámicas territoriales, los factores que los habilitan y las brechas institucionales que los perpetúan. Ese diagnóstico permitió establecer prioridades –condición indispensable para que una política de seguridad produzca resultados en lugar de distribuir esfuerzos sin impacto– y construir una hoja de ruta con objetivos estratégicos, responsables institucionales, secuencias de implementación e indicadores de evaluación. El proceso fue transversal recogiéndose aportes en los Encuentros por Seguridad donde participaron políticos con representación parlamentaria, agencias del Estado, organizaciones del sector productivo, instituciones académicas, organizaciones de la sociedad civil. 

La política de seguridad se organiza en torno a siete desafíos prioritarios. Los cinco primeros corresponden a fenómenos delictivos: 

  • los homicidios;

  • la violencia de género y contra niñas, niños y adolescentes;

  • las armas de fuego y municiones;

  • el narcotráfico;

  • el ciberdelito y los fraudes informáticos. 

A ellos se suman dos ejes orientados al fortalecimiento de las capacidades institucionales:

  • el sistema de justicia criminal, enfocado en la articulación entre la Policía, la Fiscalía, el Poder Judicial y el sistema penitenciario, y 

  • el sistema de prevención del delito y la violencia, sustentado en la coordinación interinstitucional, la focalización territorial y la corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad civil. 

Los ejes se articulan sobre la convicción de que los resultados sostenidos en seguridad pública no dependen de operativos puntuales sino de la convergencia de capacidades estatales en torno a objetivos compartidos. Ello se traduce en 79 acciones y más de 130 medidas concretas con responsables, plazos y mecanismos de seguimiento que permiten medir avances, identificar brechas y corregir desvíos antes de que se consoliden.

Durante 2025 y el inicio de 2026 la implementación avanzó en las líneas de mayor impacto esperado: el fortalecimiento operativo y la profesionalización de la Policía Nacional; el desarrollo de unidades especializadas en investigación de delitos complejos y criminalidad organizada; la mejora de las capacidades de inteligencia y análisis criminal; la incorporación de tecnología para la prevención y la toma de decisiones; y el fortalecimiento de la coordinación entre los organismos del sistema de seguridad y justicia. Los resultados registrados en los indicadores de criminalidad durante 2025 son, en parte, la expresión de esa orientación sostenida. No son un punto de llegada: son la base sobre la cual se construye la fase siguiente.

La inversión en seguridad pública responde a prioridades definidas en el Plan y se orienta a financiar las capacidades de infraestructura, tecnología, formación e investigación que los resultados de largo plazo exigen. En ese marco se inscriben las iniciativas que se desarrollan a continuación. El programa de intervención en barrios con alta concentración de violencia y el Instituto Nacional de Reinserción son la traducción territorial e institucional concreta del Plan. 

 

8.2 Programa Más Barrio

La presente administración asumió desde el inicio de su gestión el compromiso de fortalecer la presencia del Estado en aquellos territorios donde las dificultades sociales, urbanas y de convivencia se manifiestan con mayor intensidad, entendiendo que la integración de los barrios constituye una condición indispensable para consolidar mayores niveles de cohesión social, seguridad y desarrollo humano. En Uruguay existen zonas donde la acumulación de déficit habitacional, necesidades básicas insatisfechas y conflictividad socio-residencial genera condiciones de vida que limitan profundamente las oportunidades de sus habitantes. 

En ese marco, se impulsó la implementación del Programa Más Barrio, una iniciativa interinstitucional que opera en la órbita de la Secretaría de Presidencia de la República e integra al Ministerio del Interior y al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. Su objetivo es mejorar las condiciones de vida de los habitantes de los territorios más vulnerables del país, actuando de manera simultánea en cuatro dimensiones: infraestructura urbana y espacio público, vivienda, seguridad y participación y desarrollo comunitario. La innovación central del Programa reside en la integración de la política urbano-habitacional con la política de seguridad, bajo la premisa de que la transformación del espacio urbano contribuye a la reducción de los niveles de violencia y mejora las condiciones de vida de las personas.

Durante el año 2025 se llevó adelante el diseño del Programa en conjunto con el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, el Ministerio del Interior y la Secretaría de Presidencia de la República, trabajando de manera integrada con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Se definieron sus objetivos, alcance, metodología y actores intervinientes, articulando las áreas internas del MVOT con experiencia en procesos de transformación urbana y, en el caso del Ministerio del Interior, la Policía Comunitaria Orientada a Problemas, desde el enfoque de prevención situacional del delito. Para la conducción del Programa se creó un comité integrado por la Secretaría de Presidencia, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, garantizando un análisis integrado del Poder Ejecutivo, mientras que su ejecución se organiza a través de una coordinación general impulsada por una secretaría técnica.

En el mismo año se llevó adelante un proceso de negociación con la Corporación Andina de Fomento (CAF), que reconoció al Programa Más Barrio como una innovación en los procesos de transformación urbana de territorios con alta conflictividad socio-residencial. En noviembre de 2025, la CAF aprobó una línea de crédito de 250 millones de dólares para apoyar la iniciativa; las acciones vinculadas a seguridad no se incluyen en este financiamiento y son aportadas a través del presupuesto del Ministerio del Interior. Para la definición de las zonas de intervención se realizó un análisis integrando variables de delitos violentos contra las personas, necesidades básicas insatisfechas y precariedad habitacional, identificándose 21 zonas a ser intervenidas con financiamiento de ese organismo.

El año 2026 marca el inicio de la concreción del Programa. En ese sentido, mediante el Decreto N° 116/026, de 29 de mayo de 2026, se formalizó la estructura de gobernanza del programa. Asimismo, se avanzó en la creación del Fideicomiso Más Barrio, instrumento de ejecución del programa, cuyo fiduciario será la Corporación Nacional para el Desarrollo.

En este marco se encuentra próximo a la firma el primer contrato de préstamo con la CAF, por 50 millones de dólares, destinado a financiar las intervenciones en las primeras cinco zonas priorizadas, ubicadas en los departamentos de Montevideo, Canelones, Rivera, Durazno y Maldonado. A ello se sumará la integración de otros organismos del gobierno nacional que colaborarán en el cumplimiento de los objetivos del Programa, así como la coordinación con los gobiernos departamentales y municipales para la definición del alcance de las intervenciones.

Durante 2026 se inician las acciones del Programa en cada una de las cinco zonas priorizadas, a través de la ejecución de obras de emergencia orientadas a prevenir entornos urbanos que propicien la inseguridad (como la instalación de luminarias, limpiezas y podas), la articulación con actores locales para fortalecer la institucionalidad en el territorio, obras de urbanismo, vivienda y equipamiento barrial de pequeña escala como avanzada de intervenciones de mayor porte, la formulación y ejecución de proyectos de desarrollo barrial, y el llamado a licitación de las obras de mediano y gran porte.

Además, se impulsan acciones de proximidad, despliegue preventivo y fortalecimiento de herramientas de apoyo al monitoreo y la vigilancia, incorporando la dimensión de seguridad como parte integrante de los procesos de recuperación y transformación territorial. Asimismo, se promueven instancias de diálogo e intercambio con vecinos, referentes barriales y organizaciones sociales, con el objetivo de relevar necesidades específicas de cada comunidad y fortalecer mecanismos de participación y apropiación colectiva de las intervenciones desarrolladas y a desarrollar.

Este Poder Ejecutivo entiende que los procesos de fragmentación territorial y exclusión social requieren respuestas públicas integrales, sostenidas y construidas desde el territorio. En tal sentido, para esta administración el Programa Más Barrio representa una herramienta estratégica orientada a fortalecer la integración urbana, recuperar espacios de convivencia y consolidar, en articulación con los actores nacionales, departamentales y locales, una presencia estatal continua, más cercana y efectiva en distintas comunidades del país.

8.3 Reforma institucional del Instituto Nacional de Rehabilitación

La población privada de libertad alcanzó en 2025 su récord histórico, con 477 personas privadas de libertad cada 100.000 habitantes, consolidando a Uruguay como uno de los países con las tasas de encarcelamiento más elevadas de América del Sur y del mundo. La crisis del sistema penitenciario uruguayo es la expresión de un proceso estructural, caracterizado por altos niveles de hacinamiento, condiciones edilicias deficitarias, dificultades persistentes para el ejercicio de derechos y el acceso a programas de tratamiento, carencias de recursos humanos y materiales, y debilidad extrema del sistema de medidas alternativas. 

Si bien en las últimas décadas el país ha desarrollado experiencias innovadoras y valiosas orientadas a transformar el sistema penitenciario y fortalecer las oportunidades de reinserción social, la magnitud de los desafíos acumulados hace necesario profundizar estos esfuerzos para que sus impactos alcancen de manera más extendida al conjunto de la población sujeta a sanciones penales. En este contexto, persisten importantes oportunidades de mejora para avanzar hacia un sistema plenamente alineado con su objetivo central de promover la reinserción social, ampliando el acceso a herramientas efectivas de integración y fortaleciendo las condiciones de vida dentro de los establecimientos penitenciarios. Tal como ha señalado el Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario en su informe de 2024, subsisten situaciones que requieren especial atención para garantizar el pleno respeto de los derechos humanos y consolidar un modelo de ejecución penal orientado a la rehabilitación y la convivencia social.

La evidencia internacional muestra que los sistemas penitenciarios que cuentan con capacidades institucionales adecuadas pueden desempeñar un papel decisivo en la reducción de la reincidencia, la promoción de procesos de rehabilitación y el fortalecimiento de la seguridad pública. En ese sentido, la política penitenciaria trasciende el ámbito estrictamente carcelario y constituye un componente central de una estrategia integral de seguridad. Por esa razón, desde la reapertura democrática, distintos actores políticos, académicos y de la sociedad civil han coincidido en la importancia de dotar al sistema penitenciario de una institucionalidad capaz de sostener procesos de transformación de mediano y largo plazo, diferenciando con claridad la función de persecución y represión del delito de la función de tratamiento y rehabilitación de las personas sujetas a sanciones penales.

Recogiendo este diagnóstico ampliamente compartido, el país avanzó recientemente en la elaboración del Libro Blanco de Reforma Penitenciaria, un hito orientado a consolidar la política penitenciaria como una política de Estado con visión de largo plazo, sobre la base de cinco principios rectores: el enfoque de derechos humanos; la integralidad e interinstitucionalidad; la intervención técnica basada en evidencia y orientada a la disminución de la reincidencia; el diseño participativo y planificado de la política; y la apertura al monitoreo, la evaluación y la mejora continua.

En atención a este diagnóstico estructural y a este conjunto de recomendaciones sostenidas en el tiempo, se propone la creación del Instituto Nacional de Reinserción (INR), que tomará a su cargo los cometidos actualmente asignados a la Unidad Ejecutora 026 “Instituto Nacional de Rehabilitación” del Ministerio del Interior. Se propone que el nuevo Instituto funcione como servicio descentralizado, relacionándose con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio del Interior, dotándolo de mayor autonomía técnica, financiera y de gestión de la que dispone actualmente, lo que le permitirá administrar su propio presupuesto, gestionar sus recursos humanos y planificar su estructura organizativa. Esta transformación avanza sustantivamente en la separación definitiva entre la tarea de persecución y represión del delito y la del tratamiento de las personas sujetas a sanciones penales, dando respuesta a un reclamo expresamente señalado por distintos actores políticos, académicos y de la sociedad civil desde la reapertura democrática.

El Instituto tendrá como competencia el diseño, implementación y control de las políticas y programas de reinserción social, la organización y gestión del sistema penitenciario y la vigilancia y control de las unidades penitenciarias, debiendo velar por la ejecución de las medidas cautelares y las penas privativas y no privativas de libertad conforme a la legislación nacional y los instrumentos internacionales de derechos humanos. Su dirección estará a cargo de un Directorio integrado por un presidente y dos directores designados por el Poder Ejecutivo conforme al artículo 187 de la Constitución, que tendrá entre sus atribuciones definir la orientación estratégica del organismo, manteniendo el equilibrio entre los objetivos de seguridad, ejercicio de los derechos humanos y reinserción social.

La creación del Instituto se acompaña de las disposiciones necesarias para asegurar la continuidad operativa durante la transición: el patrimonio, los créditos presupuestales y el personal civil actualmente afectados a la Unidad Ejecutora 026 se transfieren al nuevo servicio descentralizado, manteniéndose el principio de no afectación de los derechos adquiridos por los funcionarios involucrados.

La creación del Instituto Nacional de Reinserción constituye, en este sentido, un paso fundamental en el proceso de reforma penitenciaria que el país viene reclamando desde hace décadas. Una institucionalidad moderna, autónoma y fortalecida contribuirá a un mejor funcionamiento del sistema penal. En tal sentido, esta reforma trasciende el ámbito estrictamente penitenciario y colabora en el abordaje integral de los problemas de seguridad pública, en la medida en que una gestión eficaz de la privación de libertad y de las medidas alternativas resulta indispensable para reducir la reincidencia, fortalecer la convivencia y consolidar una política de Estado en la materia, sostenida más allá de los impulsos de las distintas administraciones.

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