1. DIÁLOGO SOCIAL SOBRE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL
Durante 2025 y el primer semestre de 2026, el Poder Ejecutivo impulsó el Diálogo Social sobre Protección y Seguridad Social como un ámbito amplio de deliberación, intercambio técnico y construcción de acuerdos en torno a algunos de los principales desafíos estructurales del país. La iniciativa respondió al compromiso de convocar a los actores políticos y sociales a discutir, con perspectiva de mediano y largo plazo, orientaciones para continuar avanzando hacia una matriz de protección social más integrada, equitativa, sostenible y adecuada a las transformaciones demográficas, familiares, laborales y sociales que atraviesa Uruguay.
El proceso se desarrolló bajo la coordinación de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, en el marco de la Comisión Sectorial de Protección y Seguridad Social, e involucró la participación de organismos del Poder Ejecutivo, el Banco de Previsión Social, partidos políticos con representación parlamentaria y diversas organizaciones sociales representativas, vinculadas a la agenda de temas propuesta.
Uno de los principales valores del Diálogo Social fue haber generado un espacio institucionalizado para abordar la protección y la seguridad social con una mirada de curso de vida. En lugar de tratar de forma aislada las políticas de infancia, cuidados, protección laboral y jubilaciones, el proceso permitió identificar interdependencias entre estos componentes y ordenar una agenda de reformas que articula cobertura, suficiencia, equidad, sostenibilidad y financiamiento. Esta perspectiva resulta particularmente relevante en un contexto en el que la reducción de la pobreza infantil, la consolidación del Sistema Nacional Integrado de Cuidados, la protección de nuevas formas de trabajo y la adecuación del sistema previsional constituyen dimensiones inseparables de una misma estrategia de desarrollo social.
El proceso también permitió cumplir con un compromiso del gobierno: promover una discusión pública, plural, técnicamente informada y con participación territorial. A través de instancias de intercambio con actores sociales y políticos, seminarios, conversatorios, audiencias y recepción de aportes ciudadanos, se recopilaron insumos de diversa naturaleza y se habilitó una deliberación más amplia que la estrictamente gubernamental. La participación de la Universidad de la República en tareas de relatoría y sistematización contribuyó a fortalecer las garantías del proceso y a preservar la trazabilidad de los aportes recibidos.
Tal como estaba previsto, el Diálogo Social culminó con la entrega al Presidente de la República de un documento que sistematiza acuerdos, convergencias y matices en torno a una agenda de protección y seguridad social. El documento contiene un conjunto de orientaciones estratégicas para la acción pública y define una hoja de ruta que constituye un insumo relevante para que el Poder Ejecutivo defina prioridades y ritmos de implementación para los próximos años, conteniendo recomendaciones en materia de protección a la infancia, cuidados, protección de las personas activas y jubilaciones y pensiones.
El conjunto de recomendaciones recibidas configura una agenda amplia de reforma y fortalecimiento de la protección social cuya consolidación requerirá combinar ambición transformadora con responsabilidad fiscal, gradualidad en la implementación y capacidad de priorización. Para articular ese proceso, la Comisión Sectorial de Protección y Seguridad Social constituye el ámbito institucional llamado a coordinar a los organismos competentes, continuar con la elaboración técnica y política y liderar una hoja de ruta para las transformaciones necesarias. A partir de ese marco, el Poder Ejecutivo ha definido avanzar de forma inmediata con dos prioridades concretas: la protección a la infancia y las jubilaciones y pensiones.
En la presente rendición de cuentas se destaca la incorporación de medidas vinculadas con la protección a la infancia. Las orientaciones surgidas del Diálogo Social enfatizan la necesidad de fortalecer la seguridad económica de los hogares con niños, niñas y adolescentes, con especial atención a la reducción de la pobreza infantil. En este marco, se planteó avanzar hacia un sistema de transferencias más integrado, con mayor suficiencia de las prestaciones y simplicidad administrativa, que permita mejorar la capacidad de protección del Estado y reducir brechas persistentes.
En relación con jubilaciones y pensiones y en el marco de los compromisos asumidos en el programa de Gobierno, el Poder Ejecutivo definió avanzar en la creación de una causal de retiro anticipado, que habilite el acceso a la jubilación con 60 años de edad y 30 años de servicio para todas las personas, con un diseño que pone especial énfasis en la suficiencia de las prestaciones de las personas de menores ingresos.
