3.3. Mercado de trabajo
La desaceleración en el nivel de actividad de la economía uruguaya ha generado repercusiones negativas en el mercado de trabajo.
En este contexto, la tasa de empleo cayó a 57,2% en el promedio de 2018, lo que significó una pérdida de casi 10.000 empleos respecto a 2017 y 46.000 contra 2014 -año de nivel de ocupación record en términos históricos-. En los primeros cuatro meses de 2019 la tasa de empleo se ubicó en 56,9%, esto implica que los puestos perdidos alcanzan a 26.700 si se compara este período contra iguales meses de 2015.
A pesar de que el nivel de actividad económica creció 1,6% en términos reales en 2018, el crecimiento no fue acompañado por la creación de puestos de trabajo. Los sectores de actividad que impulsaron el crecimiento de la economía durante los últimos años tienen en general una baja intensidad en mano de obra, como el transporte, almacenamiento y comunicaciones, la electricidad, gas y agua. Por su parte, los más intensivos en mano de obra, como la construcción y el comercio – que representan el 25,6% del total de ocupados – registraron caídas del Valor Agregado Bruto (VAB) sectorial, y fueron los que en mayor medida explicaron la caída del empleo. La industria manufacturera y el sector agropecuario, si bien exhiben poco dinamismo, son sectores donde algunas de las actividades económicas que lo componen se encuentran en proceso de reducción de puestos de trabajo hace ya algunos años.
Uno de los sectores más intensivos en mano de obra y que explica la caída del empleo es la Construcción. Este sector perdió aproximadamente 21 mil puestos de trabajo entre el primer trimestre de 2015 y el primer trimestre de 2019.
Sin embargo, para 2019 se espera una mejora del sector en el marco de los proyectos de inversión en infraestructura impulsados desde el gobierno. En efecto, el despliegue de inversiones en infraestructura alcanzaría a aproximadamente US$ 2.000 millones.
A su vez, como respuesta a los desafíos que se observan en el mercado de trabajo, el Gobierno impulsó la creación de un Programa Temporal de Subsidio al Empleo que beneficiará a unos 5.000 nuevos puestos de trabajo (Ley Nº 19.689). Los empleadores que participen del programa obtendrán un subsidio equivalente al 25% de las retribuciones mensuales de cada nuevo trabajador, porcentaje que podrá llegar a 40% en el caso de trabajadores mayores de 45 años de edad.
También se modificó la ley de empleo juvenil (Ley Nº 19.133), con el objetivo de hacer más atractivos y ágiles los subsidios para la contratación de jóvenes. A través de esta herramienta, se favorecen las contrataciones de jóvenes en su primera experiencia laboral y de jóvenes en situación de vulnerabilidad que se encuentren desempleados, otorgando subsidios que van entre el 25% y el 80% de la retribución nominal del empleado.
También se han tomado medidas paliativas en algunos casos en los que empresas con gran impacto en su localidad enviaron trabajadores al seguro de desempleo, destacándose la decisión de extender el plazo durante el cual los trabajadores se acogen a dicho beneficio. De hecho, en 2018 se enviaron y aprobaron en el Parlamento siete solicitudes de extensión de seguro de paro y se propusieron tres creaciones de regímenes especiales.
A su vez, la Ley Nº 19.690 creó el Fondo de Garantías de Créditos Laborales (FGCL) con el fin de otorgar un respaldo a los trabajadores ante el cierre de una empresa por insolvencia patronal. Dicho Fondo asegurará a los trabajadores dependientes de la actividad privada que presten servicios remunerados amparados por el Banco de Previsión Social, la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias y la Caja Notarial de Seguridad Social. El Banco de Previsión Social (BPS) será quien servirá la prestación que correspondiere mediante un único pago al contado, hasta por la suma nominal equivalente a 105.000 UI, a la que se le practicarán los descuentos por contribuciones especiales de seguridad social personales, de conformidad con las normas generales. El FGCL se financiará, entre otros recursos previstos en la Ley, con un aporte patronal del 0,025% de las partidas que perciba el trabajador dependiente y que constituyan materia gravada.
A pesar de la caída en el empleo, la formalización se ha mantenido estable en el tiempo y continúa en los niveles más altos de la historia. En este sentido, en el promedio de 2018 los puestos cotizantes ascendieron a 1.450 mil, apenas 0,3% menos que en el promedio de 2017. Si bien la cantidad de puestos de trabajo perdidos en la economía durante 2018 fueron casi 10.000, alrededor de la mitad fueron puestos informales según estimaciones realizadas en base a la Encuesta Continua de Hogares. Ello responde, en parte, al proceso de formalización que está atravesando Uruguay desde el año 2005, el que fue impulsado por un conjunto de políticas llevadas a cabo con este fin, entre las que se destacan la reinstalación de los Consejos de Salarios, la regulación del trabajo rural y doméstico, la reforma de la Salud, y el fortalecimiento de la Inspección General del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Respecto a la tasa de desempleo, ésta se ubicó en 8,3% en el promedio de 2018, siendo el registro anual más alto desde 2007. En tanto la misma se ubicó en 8,6% en el promedio de los primeros cuatro meses de 2019. El aumento de trabajadores desocupados implicó un leve incremento de la proporción de beneficiarios de seguro de desempleo en relación a los cotizantes dependientes privados. En este sentido, en el promedio de 2018 hubo alrededor de 37.500 beneficiarios, 2,3% más beneficiarios que en 2017.
En materia salarial, a partir de julio 2018 se desarrolló la Séptima Ronda de Consejos de Salarios (CCSS) en un contexto de vencimiento de alrededor de 220 convenios a lo largo del año. El Poder Ejecutivo planteó sus lineamientos para esta ronda, donde sus objetivos fueron promover el empleo, dar mayor flexibilidad permitiendo aumentos salariales diferenciales, atendiendo la situación de los trabajadores con ingresos más bajos, así como la realidad de cada uno de los sectores.
Los resultados de esta ronda son considerados positivos ya que la mayoría de los acuerdos recogieron los lineamientos propuestos por el Poder Ejecutivo los cuales permiten dotar de consistencia a la política de ingresos en relación a las políticas macroeconómicas, en particular la promoción del empleo y el control de la inflación.
A su vez, los cierres de los convenios fueron en una amplia mayoría por acuerdos, ya sea tripartitos o bipartitos (85%), 12% se cerró por votación y 4% por decretos del Poder Ejecutivo.
Los aumentos salariales acordados estuvieron en casi todos los casos en el entorno planteado por los lineamientos. El 19,5% de los acuerdos definieron los aumentos correspondientes a los sectores en problemas, 71% a los sectores medios (o combinación de medio y otro sector) y 9,5% a los sectores dinámicos.
Un aspecto positivo a señalar es que cada vez más se encuentran presentes a la hora de la negociación elementos vinculados a las condiciones laborales. Una amplia mayoría incluye cláusulas vinculadas a las relaciones laborales como las de paz y prevención de conflictos. Le siguen en relevancia las cláusulas de género que hacen referencia a la no discriminación, violencia, acoso, entre otros. Las cláusulas de partidas pueden ser monetarias o no monetarias y en general son para alimentación, ropa de trabajo, canastas escolares, por productividad, entre otras.
Las cláusulas sobre cuidados implican en su mayoría licencia para el cuidado de familiares directos (42%), y en menor medida para modificar horarios para amamantar, entre otros. Las primas son mayoritariamente por antigüedad (25%), nocturnidad (14%) y presentismo (11%). Las licencias especiales incluyen feriado del sector, estudio, duelo, paternidad, matrimonio, maternidad y adopción; en tanto las cláusulas sobre sindicato hacen referencia a tener cartelera sindical, cuota sindical, licencia sindical. Finalmente, se han contemplado otras condiciones de trabajo como la salud, la seguridad laboral, la formación profesional y el régimen horario.
Los lineamientos de la Séptima Ronda pusieron especial énfasis y atención en mejorar los niveles de empleo, así como reducir el desempleo. Como ya fuera mencionado previamente, si bien la tasa de empleo se ubica aún en niveles históricamente altos, registra cuatro años consecutivos de caída. En particular, resulta relevante atender la situación de aquellos trabajadores más vulnerables, como las mujeres y los jóvenes menores de 25 años y los trabajadores de baja calificación.[1]
Teniendo presente que estos grupos de trabajadores son los más vulnerables es que los nuevos lineamientos incluyeron ajustes condicionales a la evolución del empleo. En particular, los aumentos salariales para los trabajadores sumergidos en caso que el número de cotizantes del sector caiga más de 3,0% se ajustarán a la baja en 0,5% (lo opuesto sucedería si los cotizantes aumentan más de 3,0%).
Las remuneraciones crecieron muy moderadamente en 2018. En este sentido, el índice de salario real que difunde el Instituto Nacional de Estadística (INE) registró un incremento general de 0,2% en 2018 respecto a 2017; resultado de un incremento de 0,5% de las remuneraciones de los trabajadores públicos y la estabilidad de las de los privados. Sin embargo, este incremento puede verse afectado por las demoras en los acuerdos de la Séptima Ronda de los Consejos de Salarios: cuanto más tiempo le toma a un grupo en alcanzar acuerdo, mayor es la pérdida de salario real registrada por el índice, la que no se ve compensada por el ajuste retroactivo que en los hechos se realiza. A modo de referencia, a junio de 2018 vencieron aproximadamente 170 grupos y subgrupos de Consejos de Salarios, mientras que hasta setiembre solamente había 23 acuerdos cerrados (14%) y a noviembre todavía faltaban por cerrar el 35%.
A pesar del magro crecimiento de los salarios privados en 2018, durante este período de gobierno el salario de estos trabajadores acumuló un crecimiento de 7%.
Los sectores que registraron mayores aumentos de salarios y evolucionaron por encima de la media fueron las actividades inmobiliarias y empresariales, seguidos por la construcción y el comercio.
El mercado de trabajo juega un papel sumamente relevante para explicar la desigualdad agregada, ya que según las encuestas a hogares alrededor del 80% de los ingresos de los hogares corresponden a ingresos por trabajo, ya sea dependiente o independiente. Por lo tanto, el desempeño distributivo del mercado de trabajo determina gran parte de la desigualdad de ingresos.
Como se observa en el siguiente gráfico, la desigualdad de ingresos laborales se redujo de manera sustancial desde el 2006 al 2018. El índice de Gini de ingresos laborales reales por hora se redujo 10 puntos en dicho período y pasó de 49,6 a 39,5. Esta mejora sustantiva de la desigualdad de ingresos laborales se explica por el fuerte incremento que registraron los salarios de los deciles más bajos. De hecho, entre 2014 y 2018 los salarios de los trabajadores dependientes del primer quintil crecieron 14% en términos reales mientras los del quintil más alto lo hicieron un 5%.
Uno de los factores explicativos de la evolución creciente de los salarios más bajos tiene que ver con los incrementos diferenciales del Salario Mínimo Nacional (SMN), política impulsada en forma continua desde el año 2005. En particular, creció 11,7% en términos nominales en enero de 2019 y se prevé se ubique en $16.300 en enero de 2020, en concordancia con lo establecido a instancias de la Séptima Ronda de los CCSS, alcanzando su nivel más alto en términos reales desde el retorno a la democracia.
A pesar de la caída del empleo y de la moderación del ritmo de crecimiento de los salarios, se estima que la masa salarial continúa creciendo. Después de haber alcanzado su nivel más bajo luego de la crisis de 2002-2003, la masa salarial retomó una senda de crecimiento sostenido llegando a alcanzar el 51,6% del PIB en 2018.
[1] Se consideró baja calificación tener 9 o menos años de estudio.