Ministerio de Educación y Cultura

El pasado viernes 6 de junio, la Dirección Nacional de Educación llevó a cabo la primera reunión de trabajo en el marco de la campaña de alfabetización dirigida a personas privadas de libertad. La jornada contó con la participación de autoridades y equipos técnicos, actores clave para la construcción y el fortalecimiento de esta propuesta educativa que busca garantizar el acceso a un derecho fundamental.

El encuentro tuvo como objetivo avanzar en la articulación de estrategias conjuntas para la campaña de alfabetización y educación para personas privadas de libertad.

En una instancia que marca el inicio de una nueva etapa para la educación en contextos de encierro, autoridades de diversas instituciones participaron de la primera reunión de trabajo para delinear acciones en el marco del Plan de Alfabetización en personas privadas de libertad.

El director nacional de Educación, Gabriel Quirici, destacó la importancia del desafío de impulsar una articulación entre organismos, necesaria para fortalecer la educación dentro del sistema carcelario. Subrayó que este trabajo conjunto se inserta en una de las 63 prioridades establecidas por el gobierno nacional, y que será la Dirección Nacional de Educación quien lidere la campaña de alfabetización. “La vocación, la energía y la práctica docente en este ámbito es una de las más complejas, pero también de las más comprometidas con la democratización de la educación y recuperación en la igualdad de oportunidades”, afirmó Quirici, al tiempo que resaltó la deuda que la sociedad tiene en materia de educación y derechos humanos.

Por su parte, Gabriela Pérez, directora sectorial de Integración Educativa de ANEP, valoró la oportunidad de avanzar en una estrategia conjunta “con cuidado, pero con ritmo firme y claridad”. Señaló que ANEP cuenta con una trayectoria acumulada y que, si bien hay mucho camino por recorrer, existe una base sólida desde la cual proyectar. Enfatizó la necesidad de generar condiciones adecuadas para que las propuestas educativas sean efectivas, trabajando tanto en aspectos sociales como pedagógicos, y en la habilitación de trayectorias educativas diversas. “Celebramos esta instancia donde logramos superar fragmentaciones institucionales”, sostuvo.

Desde el Instituto Nacional de Rehabilitación, la directora Ana Juanche remarcó que esta reunión condensa un largo proceso de trabajo conjunto, especialmente en lo territorial, con distintos actores que han venido colaborando desde hace tiempo. “Es la primera vez que podemos trascender hacia una nueva etapa que implica una verdadera construcción interinstitucional e intersectorial”, indicó. Subrayó la necesidad de asegurar que todas las personas cuenten con herramientas básicas como condición para ampliar la ciudadanía y democratizar los bienes culturales y sociales. En ese sentido, destacó la experiencia previa en detección temprana del analfabetismo como un cimiento clave.

Juanche también valoró la convocatoria de equipos técnicos con experiencia, tanto en gestión como en la práctica diaria, que conocen de cerca los desafíos de operar en un territorio compartido por culturas institucionales diversas. “Sanjar los enormes nudos de convivencia es fundamental para que el acto educativo pueda suceder”, concluyó.

Participaron en la reunión docentes, equipos técnicos, y personal del sistema penitenciario. Destacada fue la intervención de la Directora del Centro de Formación Penitenciaria (Cefopen) Natalia Barraco y de la coordinadora de la Secretaría Permanente de la Comision Coordinadora del Sistema Nacional de Educación, Gabriela Dobal respecto a la articulación de esta institución en el conjunto de la educación uruguaya para visibilizar la importancia de incluir la formación penitenciaria y al personal penitenciario como claves en la estrategia para el abordaje de la convivencia en la cárcel, el acompañar y sostener procesos educativos y sobre todo, para garantizar el derecho de las personas privadas de libertad, con el fin de mejorar la convivencia y mejorar nuestra democracia.

Esta primera reunión sienta las bases para una agenda de trabajo común que buscará garantizar el derecho a la educación en contextos de privación de libertad, con un enfoque inclusivo y de derechos humanos.