Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

4. Visión de las tendencias futuras

A continuación, se sintetizan las principales tendencias, desafíos y oportunidades para las cadenas agroindustriales en los ámbitos internacional y nacional.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) estima que, para cubrir la demanda en 2050, la agricultura del mundo tendrá que producir cerca de 50% más de alimentos, forraje y biocombustible de los que producía en 2012 (FAO, 2017). En ese escenario, la región latinoamericana se está consolidando como la mayor exportadora de productos agrícolas y como la mayor productora de servicios ecosistémicos a escala mundial (Morris et al., 2020). Como tal, deberá enfrentar desafíos sociales y ambientales derivados del crecimiento demográfico y económico.

Se identifican algunas tendencias mundiales. Desde el lado de la demanda, se espera: 1) un aumento de los requerimientos de alimentos y fibras, como consecuencia del aumento de la población mundial y de su ingreso promedio, especialmente en países de ingresos bajos y medios; 2) una tendencia a la diferenciación de los productos; 3) una mayor preocupación por el acceso a alimentos seguros, saludables y amigables con el ambiente y con los animales, corroborado con mayor información y certificaciones sobre los procesos de producción; y 4) cambios en los canales de comercialización, con un mayor peso de las compras en línea. Del lado de la oferta, se espera: 1) una disminución de la disponibilidad de tierra para la producción de alimentos a escala mundial; 2) un aumento de la productividad, vía el desarrollo y la adopción de nuevas tecnologías; 3) una tendencia a la baja en el precio de los bienes básicos en términos reales en el largo plazo; y 4) una mayor diferenciación de productos orientados a nichos de demanda, que podrían dar lugar a diferentes trayectorias de los precios en estos segmentos.

Según la OCDE y la FAO (2023), el crecimiento de la población mundial, la mejora de los ingresos en las economías asiáticas, la creciente urbanización y los cambios en los patrones de dieta hacia proteínas de mayor valor, traccionan la demanda mundial de alimentos y fibras, lo que genera oportunidades para la colocación de exportaciones agroindustriales. A su vez, el envejecimiento de la población mundial y la creciente urbanización afectan también los patrones de consumo de bienes y servicios a escala global y los sistemas de distribución, con mayor énfasis en la nutrición y su vínculo con la salud y el bienestar (Vidal et al., 2013). La tendencia marca que existen patrones de consumo diferencial, con más preocupación por la inocuidad y valorización de la trazabilidad de los alimentos por parte de quienes tienen mayor poder adquisitivo, mientras que los consumidores de poder adquisitivo medio tienden a sustituir proteínas vegetales por animales (OCDE y FAO, 2021).

Los cambios en los patrones de consumo también reflejan un interés mayor por el origen de los alimentos y por la forma en que se realizan los procesos de producción (OCDE y FAO, 2021). En estas tendencias de consumo, producción y organización de los sistemas alimentarios las mujeres tienen un rol central (MGAP y FAO, 2021), al tiempo que existen diferencias territoriales, generacionales, de género y las antedichas de poder adquisitivo, que son determinantes de la demanda.

Estos elementos generan oportunidades para el desarrollo de productos diferenciados por la información y la reputación. Uruguay cuenta con un sistema de producción ganadero mayormente desarrollado a cielo abierto, en gran parte sobre pastizales naturales, y con un sistema de trazabilidad que permite rastrear el producto final desde la unidad de producción hasta el consumo. De esta manera, los productos cárnicos pueden diferenciarse por medio de certificaciones, posibilitando una mayor captación de valor.

También se generan amenazas por las crecientes exigencias en cuanto a los productos admitidos en el proceso de producción, el nivel de residuos cada vez menor que se admite en los productos y las restricciones comerciales a los productos que afectan las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Por el contrario, otros cambios en los patrones de alimentación, principalmente en las economías de mayor ingreso per cápita, amenazan con disminuir la demanda de proteína animal. A su vez, el desarrollo de nuevos productos sintetizados como sustitutos de la carne y la consolidación de bebidas de origen vegetal como sustitutos de la leche refuerzan la idea de que los cambios en los hábitos de consumo pueden tener impacto sobre la producción ganadera nacional (Ahmed et al., 2018; OCDE y FAO, 2021).

Este fenómeno ya se observó en el pasado para el cuero y la lana, cuyos precios se vieron afectados negativamente con el surgimiento del cuero sintético y los productos sustitutos de la lana. No obstante, los problemas ambientales que está generando el desecho de prendas confeccionadas con productos sintéticos podrían hacer resurgir la demanda por productos confeccionados con lana y otras fibras naturales como el algodón y el lino.

Como se adelantó, las nuevas tendencias de consumo dan mayor relevancia al proceso de producción y no sólo a las características intrínsecas del producto. Además, muchos Estados han aumentado sus exigencias, tanto en lo referido a la inocuidad y seguridad de los productos como respecto a sus preocupaciones por los impactos ambientales y por el bienestar animal (OCDE y FAO, 2021). Cumplir con estos nuevos requerimientos en muchos casos implica incurrir en mayores costos de producción en el ámbito privado. Incluso puede comprometer el crecimiento de la producción o el acceso a algunos mercados.

Pero, simultáneamente, de la mano del paradigma de la bioeconomía circular, se presentan oportunidades para dinamizar sectores tradicionales, así como para desarrollar nuevos complejos productivos (Balian y Cortelezzi, 2020). Asimismo, la certificación de la huella ambiental de los productos es un atributo cada vez más relevante para el comercio y es esperable que gane aún más espacio en el futuro.

Adicionalmente, el desarrollo de productos que se caractericen por su valor social, por cumplir normas internacionales vinculadas al trabajo, la producción familiar y la equidad de género, puede constituir oportunidades, dados el acumulado nacional y sectorial en la materia y la creciente incorporación de cláusulas sociales y de género en los acuerdos comerciales.

A escala mundial, el sector agropecuario (incluyendo el cambio de uso del suelo) es responsable de un 18,4% de las emisiones totales de GEI (Ritchie, 2020). Este es un impacto que, en su correcta magnitud, es necesario asumir, medir, y abordar para intentar minimizarlo. Por otra parte, la agricultura, la silvicultura y los ecosistemas naturales asociados a la producción agropecuaria son, a su vez, responsables de buena parte de las remociones de GEI atribuibles a la acción humana, al capturar carbono en la biomasa y en la materia orgánica del suelo.

En respuesta al Acuerdo de París de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), Uruguay se propuso la meta de reducir la intensidad de las emisiones de GEI (en la Primera Contribución Determinada a nivel Nacional o NDC1) (ROU, 2017) y las emisiones absolutas (en la Segunda Contribución Determinada a nivel Nacional o NDC2) (ROU, 2022), con metas específicas para el sector agropecuario (ROU, 2017).

La humanidad se plantea alcanzar la neutralidad de carbono hacia mediados de este siglo. Con el fin de aportar en esa dirección, Uruguay anunció en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26) de la CMNUCC su Estrategia Climática a Largo Plazo, con una meta aspiracional de lograr la neutralidad de CO2 a 2050, además de estabilizar las emisiones de metano y óxido nitroso, para asegurar que no generará calentamiento adicional (SNRCC, 2021).

Por su parte, en países como Uruguay, que tienen bajas emisiones absolutas y alta vulnerabilidad al cambio climático, las estrategias de adaptación han sido priorizadas en los instrumentos nacionales de lucha contra el cambio climático. Es el caso de las contribuciones determinadas a nivel nacional ante el Acuerdo de París, que son, al mismo tiempo, instrumentos de adaptación, o de los planes sectoriales de adaptación, como el Plan Nacional de Adaptación a la Variabilidad y el Cambio Climático para el Sector Agropecuario (PNA-Agro, SNRCC, 2019).

En lo que hace a las tendencias globales del lado de la oferta, el mundo transita la llamada cuarta revolución industrial (Schwab, 2016). Esto conlleva transformaciones de los medios de producción y de la forma de comprender la realidad: así como se configuran empresas industriales inteligentes, se podrán formar “explotaciones agropecuarias inteligentes”, dado que existe gran espacio para la incorporación de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en las cadenas agropecuarias, que permitan incrementos de la productividad, mejoras en las condiciones laborales y la generación de evidencias para certificaciones ambientales, entre otros beneficios. La velocidad de los cambios tecnológicos hace emerger desafíos vinculados al mundo del trabajo, fundamentalmente en las relaciones laborales y en las habilidades y formación requeridas.

Por otra parte, la emergencia de las nuevas tecnologías digitales posibilita el desarrollo y la ampliación del alcance de bienes públicos vinculados a sistemas de información. Sistemas basados en sensores satelitales y drones, por ejemplo, incrementan el potencial de control, monitoreo y evaluación ambiental de los riesgos climáticos y brindan oportunidades para incursionar en la exportación de servicios no tradicionales, como los servicios globales. Se espera que el aumento de la productividad, con base en innovación tecnológica o aumentos de eficiencia, determine incrementos de la producción de alimentos y fibras a escala mundial.

Todos los cambios mencionados se están desarrollando en un contexto comercial caracterizado por el aumento reciente del proteccionismo a nivel global, que ha implicado la adopción creciente de barreras, tanto arancelarias como no arancelarias, que dificultan las exportaciones (UNCTAD, 2020; OCDE y FAO, 2021). Por otro lado, las reformas para disminuir los apoyos al sector agropecuario se han estancado en los últimos diez años (OCDE, 2021).

También se identifica una tendencia al pasaje del multilateralismo a los tratados bilaterales en el comercio internacional. Se ha desarrollado una gran cantidad de acuerdos comerciales bilaterales, debido, en parte, al escaso avance en las negociaciones multilaterales (OCDE, 2021).

En la medida que el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) no logre avanzar en la concreción de este tipo de acuerdos, esto podría significar un problema en cuanto a que Uruguay quede relegado en términos de condiciones de acceso en relación con sus competidores. A esto se agrega la lejanía respecto a los principales centros de demanda mundial y la reducida escala del país, que incrementan los costos medios de producción y comercialización.

En lo que hace a la sanidad, importa tomar en cuenta que, con la globalización, las plagas y las enfermedades transfronterizas han ido en aumento, mientras que la resistencia antimicrobiana supone un riesgo para la salud humana (FAO, 2017). Además, Uruguay enfrenta un problema por especies invasoras, que no son necesariamente plagas o enfermedades transfronterizas pero amenazan a pastizales y montes nativos, así como a los recursos acuícolas.

En el ámbito nacional, el crecimiento de la actividad agropecuaria y la mayor competencia por la tierra entre los distintos rubros ha repercutido en un aumento del costo de los arrendamientos y del precio de compraventa de tierras en las últimas dos décadas (crecieron 1% y 4% acumulativo anual entre 2000 y 2021, respectivamente).[1]

La continuidad de la evolución al alza de los precios de la tierra y los arrendamientos en los próximos años tensionaría los márgenes de producción y provocaría incentivos a una mayor intensificación y presión sobre los recursos naturales. Por otro lado, esto podría generar un proceso de reasignación de recursos y de concentración de la tierra, que conllevaría a una reducción de las unidades productivas, especialmente las vinculadas a la agricultura familiar. A su vez, la mayor intensificación esperada aumenta la cantidad de capital expuesto al riesgo, lo que, sumado a la variabilidad climática, hace necesaria la adopción de estrategias integrales de gestión de riesgos y prácticas de gestión sostenible de la tierra, el agua, la pesca y la silvicultura (FAO, 2017). En este contexto, el crecimiento de la productividad será cada vez más importante como motor del desarrollo de los sistemas agroalimentarios. Las políticas públicas deberán contribuir a que este proceso se dé de manera sostenible, en términos económicos, sociales y ambientales.

En los últimos años, se ha verificado una tendencia hacia nuevas formas organizacionales, en las que se desdibuja el prototipo tradicional de productor afincado en el campo, propietario de la tierra y de los recursos aplicados, para dar lugar a otras formas, según las cuales quien gerencia el negocio maneja recursos de terceras personas y potencia las capacidades de los actores participantes, agregando valor al capital productivo que se aplica a la tierra.

Las cifras del Censo 2023 publicadas hasta el momento por el INE muestran que, en términos geográficos, sólo un 4% de la población del país vive en áreas rurales. Al mismo tiempo, los departamentos con mayor incremento poblacional son Maldonado, Canelones, San José y Colonia, con un crecimiento cada vez más concentrado en la costa sur del país (Uruguay, Presidencia, 2023).

Este comportamiento podría afectar la disponibilidad de mano de obra para actividades rurales, lo que afecta en particular a ciertas actividades intensivas en trabajo y con un alto componente de zafralidad. Al mismo tiempo, se identifica una necesidad de trabajo por parte de las mujeres y sesgos de género entre quienes realizan los procesos de contratación (MGAP y FAO, 2021). Por otro lado, las condiciones laborales y las condiciones de vida en el medio rural se presentan como poco atractivas para las personas jóvenes, en particular, para quienes provienen del medio urbano.

Cambios en la oferta y en la calidad de los servicios públicos y mejoras en los medios de transporte y de comunicación han posibilitado un desplazamiento de la fuerza de trabajo de localidades rurales aisladas a pueblos y ciudades del interior del país. Las estadísticas evidencian que crece la proporción de personas ocupadas en el sector que no están radicadas en el medio rural. Asimismo, un crecimiento del sector resulta en un crecimiento de la demanda de servicios en ciudades y pueblos, muchos de los cuales dependen en gran medida de lo que ocurre en la producción primaria.

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