Conclusiones
La medida en la que los organismos de la Administración Central toman conocimiento de casos de personal en situación de violencia doméstica es limitada. A nivel agregado, entre los años 2013 y 2021 se identificaron 35 casos. En sintonía con los datos aportados por diversas fuentes especializadas, se encuentra que la mayoría de las personas vulneradas por violencia doméstica en la Administración Central son mujeres (32 en 35).
En el contexto nacional de una incidencia creciente de esta forma de violencia de género, tal como evidencian las cifras oficiales de los últimos años, no es razonable creer que las funcionarias y funcionarios de la Administración Central no estén afectados de la misma manera que la población general.
Un dato relevante en la dinámica de funcionamiento de la solicitud de esta licencia, es que en 17 organismos no hay protocolos definidos formalmente. El hecho de que los procedimientos no estén establecidos, aunque no inhibe al organismo de actuar, introduce dosis elevadas de incertidumbre y variabilidad en la actuación, en la medida que ésta termina dependiendo de la persona concreta que recepciona la solicitud.
Lo más frecuente es que los organismos reciban las solicitudes de la licencia especial en Gestión Humana, y desde ahí se realice una derivación al respectivo servicio de salud. También, se encuentran muchos casos donde la estrategia de la derivación no está presente.
En general, desde el servicio se aborda a la persona, su situación, y eventualmente se la certifica. Se encontraron testimonios que dan cuenta de que las situaciones de violencia doméstica suelen quedar encubiertas con diversas patologías o afecciones de salud.
En ese sentido, hubo un organismo particular que compartió su experiencia y aprendizaje, señalando que vienen desarrollando una forma de proceder que busca revertir la situación de encubrimiento antes mencionada, y en conjunción con el servicio de salud, generar un registro de los casos de violencia para poder trabajarlos eficazmente.
Es decir, en general, existe una fuerte inercia en la forma de trabajar las situaciones de violencia doméstica, que lleva a que los casos que trascienden en el organismo y lo ameritan, sean abordados por el servicio de salud correspondiente, y queden en la órbita de la certificación médica.
Del conjunto de 35 casos identificados, únicamente en 11 situaciones se recurrió a licencia por violencia doméstica, o de manera encubierta a través de otras formas de registro que preservan la identidad de la persona.
Uno de los objetivos específicos del presente trabajo se orientaba a indagar en prácticas de registro. Al momento de registrar la incidencia vinculada a violencia doméstica, solo en 2 oportunidades se ingresó explícitamente relacionado al tema de violencia, y en el resto de los casos se procedió a especificar como autorizado por el jerarca. El motivo manifestado para proceder de esta manera es principalmente proteger a la persona de posibles filtraciones, que pudieran eventualmente dañarla o ponerla en riesgo.
En relación a la estrategia de preservar a la persona a través del registro de la incidencia como autorizado por el Jerarca, se encontró que ésta es la opinión mayoritaria entre las referentes de los organismos sobre cómo proceder en estos casos.
Lo anterior es de vital importancia, ya que cuando se realiza la opción de registro de autorización por el jerarca, desde Gestión Humana se pierde la capacidad de hacer reportes que den cuenta del usufructo de la licencia. La posibilidad de conocer la situación en el organismo vinculada a la licencia por violencia, y realizar seguimientos de casos, queda restringido al conocimiento de primera mano, situación que no siempre es posible.
Otro hallazgo importante de investigación refiere a la existencia de una desigualdad en la facilidad de acceso a la licencia según organismo, en la medida que éstos hacen una diferente interpretación de la normativa. Se encontró que en 7 organismos se pide a la persona solicitante presentar algún tipo de certificado, en 10 organismos no se solicita, y para 3 organismos no se supo responder.
Como se comentó anteriormente, para el grupo de organismos donde no se solicita un documento probatorio, lo que se prioriza son espacios de entrevista con referentes de Gestión Humana, e instancias de diagnóstico o evaluación por parte de los correspondientes servicios de salud. En el grupo de organismos donde se solicita algún tipo de comprobante, en general, existe amplitud en las opciones posibles: certificado médico, denuncia policial, constancia de asistencia a Juzgado, son las modalidades de acreditación más mencionadas. Es común que en estos casos también se acepte para la acreditación la vía de la actuación del servicio de salud del organismo.
En cuanto a la pequeña cifra de casos identificados, una forma simple de entender lo que sucede implica por un lado a i) la decisión de la persona de trasladar o no al ámbito laboral la situación de violencia que vive, ii) y por otra parte, a la Administración Central y sus capacidades reducidas, fundamentalmente, en lo que respecta a difusión de la normativa que protege al personal en estas situaciones.
Se logró constatar que en general los organismos que demuestran cierto involucramiento y conocimiento en el tema son aquellos que ya tuvieron casos de personal en situación de violencia doméstica.
En las diferentes entrevistas, fue recurrente el surgimiento de una autocrítica constructiva, que ponía sobre la mesa la conciencia -a partir del contacto para el presente estudio- de carencias con relación al tema de violencia doméstica, pero indicando la voluntad de generar acciones para abordar el problema.
Al momento de identificar debilidades, surgen múltiples y variadas. Por ejemplo: que solo 2 organismos ofrezcan una orientación permanente en relación a diferentes aspectos relevantes de la violencia doméstica; que únicamente en 3 organismos haya establecido un protocolo para la recepción de las solicitudes de la licencia; y que en 2 organismos estén previstas medidas de apoyo a personal en circunstancias de violencia, son evidencias de carencias relevantes, que hacen a la capacidad de los organismos de llegar al personal con información pertinente, y abordar eficazmente los casos que surjan.
Tal como se presentó, existen algunas fortalezas. Por ejemplo, el hecho de que 17 de 20 organismos dispongan de un espacio adecuado, considerado seguro, para recibir a las personas que atraviesan esta situación de violencia es un factor positivo y necesario. La existencia de espacios seguros, y bien diseñados, que garanticen la privacidad de la persona, constituye un elemento relevante al momento de considerar la posibilidad de que el personal afectado busque ayuda, y eventualmente solicite esta licencia.
Otro hallazgo relevante, y que puede ser leído como una fortaleza, es que en 8 organismos donde desde Gestión Humana se tomó conocimiento de casos de personal en situación de violencia doméstica, no habiendo previstas medidas de apoyo, se implementaron acciones orientadas a ayudar a la persona. Esto refleja que existe una sensibilidad hacia el tema, que no se limita a lo formalmente existente para actuar.
También, otro aspecto positivo a destacar, es la disposición manifestada por las referentes consultadas a trabajar en torno al tema, implementar medidas concretas y generar espacios de reflexión, y una importante variedad de propuestas de acción compartidas, orientadas a afrontar diferentes desafíos vinculadas a la licencia por violencia doméstica.
Para finalizar, se considera que con los elementos presentados se logra visualizar la complejidad del tema, así como dimensiones centrales sobre las que se podría trabajar para mejorar el funcionamiento de la licencia por violencia doméstica en la Administración Central.