«El lenguaje claro como política de comunicación institucional»
Actividad organizada por IMPO – Centro de Información Oficial y la Asociación Uruguaya de Correctores de Estilo (AUCE).
- 16:00
- Sala Felisberto Hernández (Germán Barbato 1379).
IMPO y AUCE instituciones con reconocida trayectoria en la promoción del lenguaje claro, aúnan esfuerzos para difundir los avances en la materia a nivel regional y destacar la estrecha relación entre el derecho a la información y los derechos humanos.
En esta oportunidad, harán uso de la palabra el director general de IMPO, Lic. Miguel Lorenzoni Herrera y la presidenta de AUCE, Martina Gancio.
El evento contará con la participación especial de la Dra. Nuria Gómez Belart (Argentina), quien disertará sobre el lenguaje claro como política de comunicación institucional y presentará el libro Perdidos en el laberinto de las palabras.
El lenguaje claro se ha consolidado, a nivel mundial, como una herramienta fundamental para garantizar el acceso de la ciudadanía a la información, a la justicia y a la administración pública. En los países hispanohablantes, su desarrollo ha comenzado recientemente, en el siglo XXI.
En 2022 se creó la Red Panhispánica de Lenguaje Claro, que agrupa a organismos públicos y sociales de España e Hispanoamérica con el objetivo de promover una comunicación fluida, clara y accesible para toda la ciudadanía.
La falta de claridad en los textos legislativos, administrativos o judiciales dificulta el ejercicio pleno de derechos y deberes. A diario, las personas se enfrentan a documentos plagados de tecnicismos, latinismos, oraciones extensas que no respetan la estructura lógica del español, y carentes de coherencia y cohesión. Predomina un estilo conservador y cerrado, que olvida que el lenguaje es, ante todo, comunicación, y que debe centrarse en el destinatario.
El lenguaje claro es un estilo de comunicación que facilita la vida cotidiana, amplía la libertad de acción de las personas y fortalece la democracia.
Es imprescindible capacitar a los actores públicos y privados, con el fin de evitar la opacidad en los textos legislativos, jurídicos, administrativos, sanitarios, entre otros, y así garantizar que toda la población comprenda la información esencial para ejercer sus derechos y cumplir con sus obligaciones.