Ministerio de Educación y Cultura

La iniciativa profundiza un camino de trabajo articulado entre organismos nacionales y departamentales, con foco en la generación de oportunidades reales de inclusión social. En particular, se propone reforzar la coordinación territorial y el despliegue de acciones que integren educación, formación para el trabajo y apoyo en el proceso de egreso.

Las acciones previstas tendrán especial énfasis en la Unidad Nº. 7 de Canelones y su chacra anexa, así como en las personas que cumplen medidas no privativas de libertad a través de la Dirección Nacional de Medidas Alternativas, consolidando una perspectiva que atiende tanto el tiempo de encierro como la etapa posterior.

La actividad contó con la participación del intendente de Canelones, Francisco Legnani; del director de la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado, Luis Parodi; del director nacional de Educación, Gabriel Quirici, la directora del Instituto Nacional de Rehabilitación, Ana Juanche, y la coordinadora del Gabinete Social, Nataly Zalkind, junto a autoridades nacionales, departamentales y municipales.

La directora del Instituto Nacional de Rehabilitación, Ana Juanche, destacó que este convenio es la “consolidación de un conjunto de una trayectoria de acciones conjuntas que han desarrollado las instituciones con las personas privadas de libertad”.

Luis Parodi, por su parte, resaltó la importancia de generar circuitos democráticos para fortalecer la reinserción de personas privadas de libertad y destacó la relevancia de contar con participación interinstitucional.

Quirici subrayó que desde la Dirección Nacional de Educación se continúa “redoblando el apoyo y el compromiso, tanto con los equipos territoriales como con docentes y estudiantes que forman parte de este proceso”. Destacó que se trata de un trabajo que ha fortalecido la educación en contextos de encierro y que ha construido una perspectiva de acompañamiento sostenido, a nivel nacional y en cada territorio.

“Lo más sustantivo es esa mirada democrática sobre la inclusión de la educación en los contextos más complejos. Es una apuesta a hacer más democrática la convivencia, a ampliar derechos y a generar oportunidades reales”, afirmó.

Por su parte, el intendente Legnani remarcó que el Estado tiene la obligación de generar oportunidades, porque “cada persona que logra reinsertarse es una oportunidad ganada para toda la sociedad”.

El acuerdo reafirma la voluntad de articular recursos y estrategias para mejorar las condiciones de egreso y el acompañamiento a las personas privadas de libertad y a sus familias. El trabajo conjunto — educación, formación, empleo y apoyo dentro y fuera del sistema — se plantea como una herramienta clave para que, al momento de recuperar la libertad, exista una posibilidad concreta de comenzar una nueva etapa.