Ministerio de Educación y Cultura

El pasado 5 de diciembre se desarrolló la Muestra Anual del Programa Nacional de Educación en Cárceles de la Dirección Nacional de Educación (DNE) del Ministerio de Educación y Cultura (MEC). El evento tuvo lugar en la Sala Auditorio Vaz Ferreira de la Biblioteca Nacional.

Este año, la muestra se denominó “La mediación a la lectura y la escritura en privación de libertad”. Esta acción estuvo en el marco del proyecto Tomar la palabra: acciones para la disminución del analfabetismo en personas privadas de libertad, que tuvo desde el inicio apoyo de la Comisión Nacional Coreana para la UNESCO (KNCU, por sus siglas en inglés).

En la apertura estuvieron presentes el director nacional de Educación, Gonzalo Baroni, el director del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Luis Mendoza, el comisionado parlamentario para el Sistema Penitenciario, Juan Miguel Petit, y el tercer secretario y vicecónsul de la República de Corea, Young Gu Do.

"Es importante que el INR no sea sólo un centro penitenciario, sino que contribuya para reinsertar a las personas en la sociedad”, afirmó el director del INR. Por su parte, el director de Educación señaló que el apoyo de la KNCU fue “fundamental” para avanzar en este proceso, que reconoció como política de Estado en constante perfeccionamiento.

Durante la muestra se llevaron a cabo diferentes mesas temáticas e intervenciones artísticas.

Elías, recluso de la unidad Nº7 de Canelones, expuso su trabajo como redactor del diario informativo del centro penitenciario. En una de las ediciones anteriores pudo expresar cómo “usar en algo positivo” el tiempo en que permanece privado de libertad. “Lo mío es más orientado a la lectura y la escritura, es impresionante cómo he mejorado todo eso”, concluye.

El Programa Nacional de Educación en Cárceles desarrolla propuestas en 19 unidades penitenciarias del Instituto Nacional de Rehabilitación, ubicadas en 15 departamentos. Semana a semana, 800 personas privadas de libertad participan de los espacios educativos organizados en torno a tres ejes: Apoyo a los procesos de alfabetización, Formación para el trabajo y Educación desde y hacia la cultura.

Acerca del proyecto “Tomar la palabra”

Tomar la palabra: acciones para la disminución del analfabetismo en personas privadas de libertad fue diseñado en el marco del Plan Nacional de Educación en Cárceles, como aporte al fortalecimiento de las trayectorias educativas de la población penitenciaria.

Se trata de una iniciativa que, a través de un conjunto de acciones integradas, busca contribuir a los procesos de alfabetización de las personas privadas de libertad, desde la perspectiva de la educación no formal a través de tres componentes principales:

1. Detección temprana del analfabetismo en las personas que ingresan a las unidades penitenciarias;
2. Desarrollo de una propuesta de mediación a la lectoescritura para contribuir al proceso de alfabetización de las personas privadas de libertad y
3. Instalación de bibliotecas multimodales al servicio de los procesos socioeducativos en las unidades penitenciarias.

En forma transversal a los componentes principales, el proyecto incorporó la formación de educadores, funcionarios penitenciarios y personas privadas de libertad, en contenidos de mediación a la lectoescritura y gestión de bibliotecas.

Para el desarrollo del dispositivo de detección de analfabetismo, se tuvo que realizar un proceso teórico-metodológico articulado en cinco etapas: planificación, diseño, pre-test, aplicación y evaluación final.

Como resultado, se logró aplicar más de 700 pruebas de detección, en tres unidades

penitenciarias (N°4, N°5 y N°20). Se detectó a personas privadas de libertad que no habían culminado educación primaria para que se inscriban y finalicen el ciclo. Se creó y actualizó una base de datos para la recopilación de la información relevada en las pruebas de detección. La información recabada permitirá desarrollar un informe sobre detección de analfabetismo en la privación de libertad, cuya publicación está prevista para abril de 2023.

La evaluación de la experiencia piloto permitirá realizar los ajustes necesarios y escalar su aplicación a todas las unidades penitenciarias del área metropolitana durante 2023.