Educación Inclusiva

Nuevo protocolo para personas con discapacidad con enfoque en la educación inclusiva

El documento, de 26 páginas, culmina un proceso de reflexión y consulta a múltiples agentes del sistema educativo uruguayo e integrantes de la sociedad civil, recabando insumos para construir una nueva propuesta.
Ana Verocai, Robert Silva, Pablo da Silveira, Martín Lema, Gonzalo Baroni, Karen Sass.

El lunes 12 de diciembre tuvo lugar en la Sala José Pedro Varela de la Biblioteca Nacional la presentación pública del Protocolo de actuación para garantizar el derecho a la Educación Inclusiva de las personas con discapacidad, aprobado por el Poder Ejecutivo recientemente a través del decreto n° 350/022.

El acto contó con la presencia del ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, el ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, el presidente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Robert Silva, el director nacional de Educación, Gonzalo Baroni, y la directora de Discapacidad de la Secretaría Nacional de Cuidados y Discapacidad, Karen Sass. También estuvieron presentes representantes de asociaciones y personal técnico vinculado a la temática.

El director de Educación celebró la "enorme pluralidad" de grupos y asociaciones que a través de su participación en la Comisión van hacia "una mejor educación y una mejor sociedad". Por su parte, Robert Silva señaló que desde ANEP son conscientes de que "hemos avanzado muchísimo, pero también que tenemos muchos desafíos", y ratificó el "compromiso del derecho a la educación de todas las personas, independiente de la situación en la que se encuentren".

El ministro de Desarrollo Social recordó la importancia de conocer permanentemente la posición de las organizaciones de la sociedad civil; "Los protocolos tienen que estar en un revisionismo permanente", concluyó. Por último, el ministro Da Silveira afirmó que "cuando enunciamos algo como un derecho, lo único que estamos haciendo es asumir un compromiso ante nosotros mismos y la sociedad a hacer todo eso que tenemos que hacer para que se proteja a aquellos que debemos proteger".

El documento fue elaborado por la Comisión de Continuidad Educativa y Socio Profesional para la Discapacidad, un ámbito interinstitucional presidido por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) e integrado por el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y ANEP, y en el que también participan el Espacio CANDI del Ministerio del Interior, el Grupo de Estudios sobre Discapacidad de la Facultad de Ciencias Sociales y el Grupo de Trabajo sobre Educación Inclusiva, como entidad de la Sociedad Civil. 

Esta acción se encuentra en el marco del Plan de Política Educativa Nacional 2020 - 2025 y se trata de un sólido avance en términos de políticas educativas inclusivas, que sitúa al MEC en un lugar de compromiso con la temática. 

El protocolo fue construido a partir de instancias colaborativas con aportes de diversos agentes educativos y sociales, personas con discapacidad y familias. Tiene alcance sobre todos los tramos del sistema educativo y establece pautas para asegurar la accesibilidad, la participación efectiva y los logros en el aprendizaje de los estudiantes, especialmente de aquellos que están en situación de exclusión o riesgo de marginalización, como es el caso de las personas con discapacidad. Su perspectiva y enfoque de Derechos Humanos busca consolidar los avances conceptuales en el campo de la Educación Inclusiva y responder más adecuadamente a las múltiples demandas de la población en este aspecto.

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