2.1. Compromisos e instrumentos internacionales
Uruguay es parte del sistema de Naciones Unidas, y como tal ratificó diversos convenios e instrumentos internacionales vinculados a la igualdad de género que dan marco a las políticas nacionales en este sentido. Destacar los principales compromisos internacionales en la materia, permite poner de manifiesto el encuadre general del Plan Nacional de Género en las Políticas Agropecuarias, y su marco político-institucional.
Un instrumento central, de carácter internacional, es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por su sigla en inglés), así como su protocolo facultativo. Esta convención describe las formas de discriminación contra las mujeres y establece lineamientos necesarios para erradicarla. Al ratificarla,(3) Uruguay quedó comprometido a nivel internacional y nacional a cumplir con las obligaciones que especifica, a saber adoptar las medidas necesarias para eliminar la discriminación contra las mujeres, practicada por personas, organizaciones, empresas o por el propio Estado. Asimismo, se obligó a rendir cuentas ante el Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer, encargado de monitorear el cumplimiento de los Estados Partes. El país aprobó, a su vez, la Declaración y Programa de Acción de Viena durante la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de 1993, en Austria, declaración que pone especial énfasis en los derechos humanos de las mujeres, las niñas y los niños, las personas con discapacidad y los pueblos indígenas.
A nivel internacional, Uruguay se comprometió a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), conjunto de objetivos mundiales relacionados con los desafíos ambientales, políticos económicos y sociales actuales. Estos 17 objetivos interrelacionados constituyen un llamado universal a poner fn a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad para el año 2030.(4) Cabe destacar en articular los objetivos 5, 8 y 13 que preconizan la igualdad de género, así como la promoción del trabajo decente y el crecimiento económico, y la acción por el clima, respectivamente. Asimismo se destaca el voto a favor de Uruguay en la adopción de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de otras personas que trabajan en zonas rurales, durante la 73.ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas celebrada en 2018.(5) La declaración reconoce un conjunto de derechos para quienes, de manera individual, en asociación con otras personas, o en comunidad, se dedican a la producción agrícola, la ganadería, el pastoreo, la pesca, la silvicultura, la caza o la recolección, así como a las artesanías relacionadas con la agricultura u otras ocupaciones conexas en una zona rural, para subsistir o comerciar. Estos derechos, entre los que se especifica el derecho a la igualdad de género, se extienden también a sus familiares, así como a trabajadores/as asalariados/as, inclusive trabajadores/ras zafrales y migrantes. En materia de cambio climático, Uruguay es parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), que ha reconocido la importancia de la igualdad de género y la participación efectiva de las mujeres en todos los aspectos, así como las repercusiones del cambio climático para los grupos vulnerables, en particular las mujeres. En su preámbulo, el Acuerdo de París (2015), mecanismo internacional que compromete a los Estados a una respuesta global frente a la crisis climática, insta a las partes a “respetar, promover y tomar en consideración sus respectivas obligaciones en materia de derechos humanos […] igualdad de género, empoderamiento de las mujeres y equidad intergeneracional”. En cumplimiento con el Acuerdo, Uruguay se dotó de una Política Nacional de Cambio Climático (2017), instrumento estratégico y programático que promueve la adaptación y mitigación ante el desafío del cambio climático y el efectivo cumplimiento de las obligaciones y contribuciones asumidas. Además, el país se encuentra desarrollando la Estrategia de Género y Cambio Climático nacional, y su Plan de Acción en Género, instrumentos con los que el presente plan genera sinergias.
En lo que al trabajo refiere, Uruguay es un Estado miembro de la Organización Mundial del Trabajo (OIT) desde 1919. El país no solo ha ratificado los ocho convenios fundamentales de la organización, sino numerosos otros, siendo en algunos casos pionero. Los convenios ratificados por Uruguay directamente vinculados con el presente Plan son, entre otros, el Convenio N.° 100, relativo a la igualdad de remuneración de la mano de obra masculina y femenina por un trabajo de igual valor, el Convenio N.° 103, sobre la protección de la maternidad, el Convenio N.° 111 relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación, el Convenio N.° 141 sobre las organizaciones de trabajadores rurales, el Convenio N.° 156 sobre trabajadores con responsabilidades familiares, así como el Convenio N.° 184 sobre la seguridad y la salud en la agricultura. El país, a su vez, ya ratificó el convenio N.° 190, contra el acoso y la violencia en el trabajo, aunque todavía no esté vigente. Reconociendo las importantes funciones que desempeñan las mujeres en las zonas rurales, la OIT elaboró asimismo una cartera de notas de orientación de políticas para el trabajo decente en la economía rural, que reúnen un conjunto de instrumentos y herramientas.
La Agencia de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), ha establecido por su parte un conjunto de Directrices destinadas a los ministerios de Agricultura y a la propia interna de la organización, para la formulación de políticas y programas de agricultura y desarrollo rural que incluyan una perspectiva de género. La FAO también desarrolló una Estrategia regional de género específica para América Latina y el Caribe, para el periodo 2019-2023, que apunta a la autonomía económica, la igualdad de derechos, promover una agricultura familiar sostenible y la lucha contra el hambre y la malnutrición.
Uruguay es, a su vez, parte de la Organización Mundial del Comercio (OMC), organización internacional dedicada a elaborar y negociar acuerdos que rigen el comercio entre los países. En ocasión de la undécima Conferencia Ministerial de la OMC, celebrada en 2017 en Buenos Aires, su presidente emitió una Declaración conjunta sobre comercio y empoderamiento económico de las mujeres. Esta declaración se origina en la constatación del valor diferencial otorgado a las personas que participan de los procesos de producción, elaboración y comercialización de productos. Dicha observación puso en evidencia la necesidad de analizar las cadenas de valor con enfoque de género para entender los vínculos complejos existentes entre comercio y género, así como de conocer mejor los impactos de género del comercio local, nacional, internacional y multilateral. De hecho, Uruguay ha sido pionero en incorporar un capítulo de género en el Tratado de Libre Comercio celebrado con Chile en 2016.
A nivel regional, en el marco de los ODS hacia 2030, los Estados miembros de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), entre los cuales se encuentra Uruguay, aprobaron la Estrategia de Montevideo en la XIII Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe de 2016. Esta Estrategia, que constituye una hoja de ruta para alcanzar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible desde la perspectiva de la igualdad de género, identifica cuatro nudos estructurales: I) la autonomía y los derechos humanos de las mujeres; II) la desigualdad socioeconómica y la pobreza; III) patrones culturales patriarcales, discriminatorios y violentos y la cultura del privilegio; IV) la división sexual del trabajo con una injusta organización social del cuidado y la concentración del poder y relaciones de jerarquía en el ámbito público. Para superar estos nudos, la Estrategia establece medidas en diversos ejes de implementación, tales como marcos normativos, institucionalidad, participación, construcción y fortalecimiento de capacidades, financiamiento, comunicación, tecnología, cooperación, sistemas de información, monitoreo, evaluación y rendición de cuentas.
En el ámbito interamericano, Uruguay ratificó la Convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer de la Organización de los Estados Americanos (OEA),(6) primer tratado internacional de derechos humanos que abordó específicamente la temática de la violencia contra las mujeres y consagró el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia tanto en el ámbito privado como en el público. Considerando los procesos de integración regionales, en el marco de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), mecanismo intergubernamental de ámbito regional, la Declaración de Brasilia de la 1ª Conferencia sobre Mujeres Rurales de América Latina y el Caribe, celebrada en 2014, Año de la Agricultura Familiar, insta a los Estados Nacionales a adoptar una agenda de medidas detalladas en la declaración, para cambiar el escenario de desigualdades de género.
En lo que refiere al Mercado Común del Sur (MERCOSUR), el Consejo del Mercado Común (CMC), órgano superior del MERCOSUR decidió, por su parte, implementar una política de género del MERCOSUR,(7) adoptando directrices de política de igualdad de género que enfatizan la necesidad de profundizar una integración regional que tenga en cuenta las especificidades de las mujeres. Los principios que guían la política de igualdad de género son la igualdad y la equidad, la no discriminación, la diversidad, la laicidad del Estado, la justicia social, la vida libre de violencia y la participación social. Previo a ello, el Grupo Mercado Común (GMC) había adoptado una resolución de incorporación de la perspectiva de género en la organización y el funcionamiento del MERCOSUR.(8) Asimismo, en materia de agricultura familiar específicamente, el GMC había recomendado previamente (9) la aprobación de Directrices para la igualdad de género en políticas públicas para la agricultura familiar. Finalmente, ocupan un lugar destacado en los avances en materia de políticas de género en el país, los resultantes de las recomendaciones y programas regionales de género de la Reunión Especializada en Agricultura Familiar (REAF) del MERCOSUR. La REAF es órgano asesor del GMC, que fue creada en el año 2004 con la finalidad de fortalecer políticas públicas para el sector, promover el comercio de los productos de la agricultura familiar y facilitar su comercialización en la región. Este espacio de diálogo político regional, en el que participan delegaciones oficiales junto a delegaciones de organizaciones sociales representativas de la agricultura familiar y campesina de cada país, funciona con comisiones permanentes entre las que está la Comisión de Equidad de Género. En particular, se destacan las recomendaciones específicas sobre mujeres rurales (10) y sobre violencia basada en género en el medio rural, (11) y la mirada transversal incluida en las recomendaciones sobre Asistencia Técnica, Cooperativismo y Juventud rural. (12)