Pie de página
1. Presentación
1 El capítulo “Presentación” fue elaborado por Paula Florit (MGAP).
2. Marco político-institucional y conceptual
2 El capítulo “Marco político- institucional y conceptual” fue elaborado por Nicole Champion (FAO).
2.1. Compromisos e instrumentos internacionales
3 El Estado uruguayo ratificó la CEDAW en 1981 y aprobó el Protocolo Facultativo en 2001.
4 Los ODS aprobados en setiembre de 2015 por 193 Estados Miembros de Naciones Unidas, tras un proceso consultivo mundial, reemplazaron los Objetivos del Milenio (ODM) adoptados en el año 2000.
5 Aunque una declaración de la Asamblea General de las Naciones Unidas no constituya un instrumento coercitivo del derecho internacional, las asambleas son espacios privilegiados de debate sobre cuestiones prioritarias para la comunidad internacional.
6 Esta convención, también conocida como Convención de Belem do Pará, fue ratificada por la ley N.° 16 735 en 1995.
7 MERCOSUR/CMC/DEC. N.° 13/14.
8 MERCOSUR/GMC/RES. N.° 84/00.
9 MERCOSUR/GMC/REC. N.° 06/08.
10 Rec. 07/2012 del CMC “Mujeres Rurales” que recomienda a los Estados a realizar políticas específicas para mujeres rurales y promover la mirada de género en las políticas de desarrollo del sector agropecuario.
11 Rec. 01/18 del CMC “Políticas contra la violencia de género en el medio rural” que realiza un llamado a la coordinación de acciones entre las instituciones agropecuarias y las de género en la lucha contra la violencia basada en género.
12 Rec. 02/18 del CMC “Fomento del cooperativismo y el asociativismo en la agricultura familiar en el MERCOSUR” que recomienda que las políticas públicas de promoción, fomento y capacitación atiendan las especificidades de la agricultura familiar, el cooperativismo y el asociativismo desde una perspectiva de género y un enfoque generacional.
2.2. Instrumentos y compromisos nacionales
13 Parte del articulado de esta ley fue derogado por la ley N.° 19 580 de 2017.
14 Esta ley complementa y modifica la ley 17 514 de erradicación de la violencia doméstica de 2002.
15 Esta ley deroga la ley N.° 18 620 de 2009, de Regulación del Derecho a la Identidad de Género, Cambio de Nombre y Sexo Registral.
16 Integran el Consejo representantes de cada ministerio, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, de la Oficina Nacional del Servicio Civil, de Fiscalía General de la Nación, de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, del Instituto Nacional de Colonización, de la Administración Nacional de Educación Pública, de la Universidad de la República, del Banco de Previsión Social, del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, del Instituto Nacional del Cooperativismo, del Poder Judicial, del Congreso de Intendentes, de organizaciones de mujeres y feministas, incluidas organizaciones de mujeres afrodescendientes y rurales, del Plenario Intersindical de Trabajadores-Convención Nacional de Trabajadores y cámaras empresariales.
2.3. Antecedentes a nivel sectorial
17 DGDR-MGAP, INC, IPA, MSP, SENADE, INMUJERES-MIDES, DINAE-MTSS, SUL, Comisión Nacional de Fomento Rural (CNFR), Red de Grupos de Mujeres Rurales del Uruguay (REDGMU) y la Asociación de Mujeres Rurales del Uruguay (AMRU).
18 Creado en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social, por decreto del Poder Ejecutivo en 2015.
19 El Seminario Internacional Mujer Rural Hoy se organiza en forma conjunta con instituciones de Uruguay, Argentina, Colombia, Puerto Rico y México, promueve el intercambio de experiencias y lecciones aprendidas.
20 Informe interno “2nd Report of the International Advisory Committee (IAC) of INIA Uruguay 2016”
21 A modo de ejemplo, en ocasión del 19 de octubre, Día Mundial del Cáncer de Mama, el instituto organiza la campaña Octubre Rosado que promueve la detección y prevención precoz de este cáncer.
2.4. Marco conceptual: Políticas públicas y género
2.4.1. Las políticas públicas
22 El Instituto de la Mujer fue creado en 1987 por decreto N.° 226/87 del Poder Ejecutivo y funcionó hasta 1992 en la órbita del Ministerio de Educación y Cultura, se transformó luego y hasta 2005 en Instituto Nacional de la Familia y la Mujer (Johnson, 2003). El actual Instituto Nacional de las Mujeres fue creado en el año 2005 en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social, con la promulgación de la ley N.° 17 866. En 2007, se adoptó la ley N.° 18 104 de igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres en la República, ley derogada y reemplazada por la ley N.° 19 846 de igualdad de derechos y no discriminación en base al género entre mujeres y varones, el 19 de diciembre de 2019.
2.4.2. El enfoque de derechos
23 En particular el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) y el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité CEDAW).
24 Por ejemplo, estipula situaciones típicas de violación de derechos sociales y delimita las obligaciones negativas del Estado, es decir, aquello que no debe hacer para evitar violaciones y las obligaciones positivas, como ser el contenido mínimo de un derecho.
2.4.3. El enfoque de género
25 La discriminación directa refiera a situaciones de trato desfavorable a persona(s) por motivo de su sexo, orientación sexual o identidad de género, mientras la discriminación indirecta refiere a las situaciones de desventaja de persona(s) por su sexo, orientación sexual o identidad de género en la aplicación de normas, políticas o prácticas en apariencia neutra, ambas discriminaciones contravienen al principio de igualdad.
3. Metodología para la construcción del PNG Agro
26 El capítulo “Metodología para la construcción del PNG Agro” fue elaborado por Paula Florit (MGAP) y Verónica Sarli (MGAP).
3.1. Etapas del proceso colectivo de construcción del PNG Agro
27 Originalmente se había previsto una formulación comprendida entre marzo y octubre de 2020, no obstante, el contexto de emergencia sanitaria por COVID-19 impuso la extensión de los plazos.
3.1.1. Acuerdo interinstitucional de trabajo
28 La Comisión Especializada de Género tiene entre sus funciones la de asesorar sobre la transversalización de la perspectiva de género en los cometidos del MGAP, así como su política interna en el organismo. Está conformada por dos representantes de cada Unidad Ejecutora del ministerio.
29 Unidades ejecutoras del MGAP: 1) Dirección General de Secretaría; 2) Dirección Nacional de Recursos Acuáticos; 3) Dirección Nacional de Recursos Naturales (DGRN); 4) Dirección General de Servicios Agrícolas (DGSA); 5) Dirección General de Servicios Ganaderos (DGSG); 6) Dirección General de la Granja (DIGEGRA); 7) Dirección General de Desarrollo Rural (DGDR); 8) Dirección General Forestal (DGF) y 9) Dirección General de Bioseguridad e Inocuidad Alimentaria (DIGEBIA).
3.1.2. Revisión de antecedentes y mapeo de actores
30 Todos ellos referidos en la bibliografía.
3.1.3. Consultas al funcionariado
31 Se realizaron instancias por unidad ejecutora y por instituto. En el caso de INIA, un antecedente inmediato sustituyó una consulta específica y adicionalmente funcionarios/as de INIA participaron en instancias de consulta no específicas del Instituto.
3.1.4. Consultas ciudadanas
32 CEPAL (2017) señala que la participación de las mujeres en los procesos de elaboración de políticas públicas, y en particular en los planes y programas con perspectiva de género, constituye una condición imprescindible para el desarrollo y su sostenibilidad. No obstante, en la mayoría de las regiones las mujeres están subrepresentadas en los procesos políticos y de toma de decisiones. Si bien se ha avanzado en la participación de las mujeres, sigue existiendo en todos los niveles una brecha en detrimento de las mujeres en el acceso a la toma de decisiones y a los espacios de liderazgo, destacándose los problemas observados en la calidad y tipo de participación de las mujeres y la valoración de la sociedad (FAO, 2013). Como lo señalan los antecedentes y ratifica el diagnóstico base del PNG Agro, el medio rural y el agro uruguayo no constituyen una excepción.
3.1.5. Diseño y estructuración del PNG Agro
3.1.6. Validación e inclusión del PNG Agro en Gobierno Abierto
3.2. Productos del proceso de construcción
4. Diagnóstico
4.1. Síntesis general del diagnóstico
33 El capítulo “Diagnóstico” fue elaborado por Paula Florit (MGAP), y contó con la revisión de Valentina Alles (INC).
34 La escisión entre estas poblaciones es analítica, ya que una misma persona puede ser al mismo tiempo una residente rural, desarrollar una explotación agropecuaria y participar en una gremial, por ejemplo. De modo que en la trayectoria individual de una persona puede no haber superposición entre estos ámbitos de inserción, o ser totales o parciales.
35 Denominada “superposición” en el texto de Cardeillac et al. (2019).
4.1.2. Área de intervención: políticas agropecuarias
4.2. Brechas de género en los sistemas productivos y las cadenas de valor
agropecuarias
4.2.1. Trabajo remunerado y no remunerado en el medio rural y el agro
4.2.2. Ocupaciones agropecuarias y rurales
36 Incluye arroz, hortifruticultura, oleaginosas y cereales.
4.2.3. Trabajo asalariado y división sexual del trabajo
4.2.4. Producción agropecuaria y división sexual del trabajo
37 Los hallazgos son congruentes con la distinción de tareas que se identifica en la apertura por sexo de la Encuesta Lechera 2014 (INALE).
38 En relación a la toma de decisiones, si bien no se señala como una de las actividades principales de los varones, la participación de estos es 12% a 18% mayor a la de las mujeres estudiadas.
39 Si bien hombres y mujeres jerarquizan la participación en la toma de decisiones productivas, la participación identificada en los hombres es 20% superior.
40 El/la cónyuge colaborador/a adquiere los derechos jubilatorios a partir de un incremento del 10% sobre el aporte básico que se realiza sobre el número de hectáreas índice CONEAT ponderadas por la Unidad Básica de Contribución (Santos, 2016).
41 Cabe señalar que la “baja” se puede realizar por parte de una de las partes, conforme lo señala BPS.
4.2.5. Titularidad y control en los sistemas productivos
42 INC (2021) indica que a 2014 del total de titulares de unidades de producción familiar solo el 11% eran mujeres, mientras a 2021 este guarismo se eleva al 29%.
43 Esto ha supuesto que, en la mayoría de los casos presentados, el procesamiento de la información haya debido hacerse de forma manual.
Cuadro 4.4. Proporción de mujeres y varones en los registros administrativos de titularidad y propiedad analizados a 2020
44 El Registro de la Producción Familiar que lleva adelante DGDR incorpora a todas las personas adultas de la familia que trabajen en el predio, sean o no propietarias de los recursos o titulares de las empresas.
45 Los datos publicados por INC son a abril 2021. “En el caso de los varones se registra una alta predominancia de la Titularidad Individual, que representa un 72%; en segundo lugar, la forma de acceso más frecuente para los varones corresponde a Otra Titularidad Conjunta con un 15% y la Titularidad Conjunta Conyugal/Concubinaria representa un 13%. En el caso de las mujeres, la Titularidad Individual es la más significativa, pero con un menor peso relativo para el total de las mujeres (43%) que para los varones (72%). Al contrario de lo que sucede en los varones, la segunda forma de acceso más presente para las mujeres es la Titularidad Conjunta Conyugal/Concubinaria (37%), con 5 puntos de diferencia con la Titularidad Individual. Adicionalmente, los datos muestran que la forma de acceso menos frecuente para las mujeres es Otra Titularidad Conjunta (20%)” (INC, 2021).
46 Véase también Florit y Piedracueva (2017).
47 En forma consistente con los antecedentes al respecto. Véase Gallo, Molinaro y Osorio (2011).
4.2.6. Comercialización y valorización de productos y servicios
48 Véase la “Declaración conjunta sobre Comercio y Empoderamiento Económico de las Mujeres” de la Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio desarrollada en Buenos Aires en diciembre 2017. Este mismo organismo recomienda también atender no solo a la participación y empoderamiento de las mujeres en los espacios empresariales y de comercio internacional, sino atender en particular a los efectos que tienen los acuerdos comerciales
internacionales sobre las mujeres en el sector productivo y en la inserción laboral.
4.2.7. Género, ambiente y cambio y variabilidad climática
49 El Espacio de Diálogo de Mujeres Rurales es un espacio de trabajo de sociedad civil e instituciones públicas para dar seguimiento y promover el documento “Voces de Mujeres Rurales Organizadas construyen una Agenda Nacional”, elaborado en 2015 en un Encuentro Nacional de Mujeres y difundido como la “Agenda de las Mujeres Rurales” en el 4.° Plan de acción nacional de Gobierno Abierto. La integración de MGAP, IPA e INC de ese espacio fue ratificado en la administración de gobierno 2020-2024. Las organizaciones que la integran son la Comisión Nacional de Fomento Rural (CNFR), la Asociación de Mujeres Rurales del Uruguay (AMRU) y la Red de Grupos de Mujeres Rurales del Uruguay (REDGMRU).
4.3. Brechas en la gestión de conocimiento, extensión y comunicación
4.3.1. Estadísticas y registros agropecuarios
50 La generación de muestras base de las estadísticas agropecuarias se construye a partir de los censos como marcos muestrales.
51 Para la identificación de registros se trabajó con el inventario de registros de SNIA (2019) y se realizó una actualización y ampliación con información provista por los/as referentes frente al PNG de la institucionalidad agropecuaria y de las Unidades Ejecutoras de MGAP.
4.3.2. Extensión y capacitación agropecuaria
Cuadro 4.6. Proporción de mujeres y varones en los registros administrativos
de asistencia técnica a 2020
52 Se trata de habilitaciones y no de personas individuales, una misma persona puede realizar varias habilitaciones.
4.3.3. Comunicación institucional
53 A modo de ejemplo, la información disponible de IPA muestra sesgos en personas registradas como usuarios/as (73,3% varones), pero al analizar las consultas a las páginas las mujeres son mayoría (55%) evidenciando usos diferenciales de unos y otras.
4.4. Brechas de género en la participación e incidencia
4.4.1. Representación y organización
4.4.2. Interseccionalidad
54 Con la expresión “Agenda de las Juventudes Rurales” se identificó, en el marco del 4.° Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto, al documento síntesis del Encuentro Nacional de las Juventudes Rurales llevado adelante en 2018, que convocó a más de 200 jóvenes rurales a
discutir sobre sus necesidades y proyecciones. Este documento recoge transversalmente la mirada de las jóvenes rurales y cuenta, además, con un apartado de género.
4.4.3. Ejercicio de derechos
55 No se trata de categorías excluyentes, una misma mujer puede señalar haber vivido situaciones de violencia en diferentes ámbitos a lo largo de su vida.
4.5. Brechas internas e institucionalización de la perspectiva de género
4.5.1. Recursos humanos y estructura jerárquica
56 Considerando para ello: nivel gerencial en INALE e INASE; niveles jerárquicos hasta mandos medios en INAC; niveles jerárquicos hasta jefatura de sector en MGAP; coordinaciones de unidad y direcciones de programas nacionales en INIA; hasta gerente de departamento en INC; en el caso de INAVI comprende jefaturas, cargos de responsabilidad, coordinaciones, encargaturas y asesoría técnica; en el caso de IPA comprende direcciones, coordinaciones regionales y del fondo de transferencia.
57 Considerando para ello los cargos de dirección política: juntas directivas y directorios de los institutos, ministro, subsecretario, directora general y direcciones de unidades ejecutoras de MGAP.
Cuadro 4.7. Presencia de mujeres en recursos humanos de la institucionalidad agropecuaria a 2020
58 Datos a abril 2021.
59 Fuente: ONSC, 2021.
4.5.2. Política interna de equidad de género
5. Plan Nacional de Género en las Políticas Agropecuarias
60 El capítulo “Plan Nacional de Género en las políticas agropecuarias” fue elaborado por Paula Florit (MGAP), Verónica Sarli (MGAP) y Nicole Champion (FAO), los compromisos operativos fueron trabajados por quienes integran el equipo de construcción del Plan en calidad de referentes de sus instituciones y unidades ejecutoras de MGAP.
61 Los países que se adhieren a esta Alianza, como Uruguay, se comprometen a respaldar “la Declaración de Gobierno Abierto que se basa en los principios consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción
y otros instrumentos internacionales aplicables relacionados con los derechos humanos y la buena gobernanza” (AGA, 2020).
62 Se incluye el resultado de gestión, ya que se entiende que en el marco de la alianza entre el PNG Agro y el Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto, el componente donde se trabaja el monitoreo, la rendición de cuentas y la evaluación constituye en sí mismo un resultado del plan que apunta al objetivo general y coadyuva a cumplir con los resultados de otros componentes.
5.2. Componentes y compromisos operativos asociados
5.2.1. Sistemas productivos y cadenas de valor agropecuarias con equidad de género
5.2.2. Conocimiento, extensión y comunicación con perspectiva de género
5.2.3. Participación y empoderamiento de las mujeres del agro y el medio rural
5.2.4. Fortalecimiento institucional de la perspectiva de género en la institucionalidad pública agropecuaria
5.2.5. Gestión, monitoreo y evaluación del plan
5.3. Implementación del PNG Agro