4.2.5. Titularidad y control en los sistemas productivos
“Al campo accedes porque se jubilan o por fallecimiento”.
“La mujer no es propietaria de la barca y de las redes, porque es el hombre. El dueño de la plata es el hombre. Los hombres de la familia heredan las propiedades. Mi viejo siempre me dice ¿Por qué no me saliste varón?”.
“Tuve una alumna que no continuó sus estudios en escuela agraria ni en secundaria porque su familia no la dejó porque ella iba a tener la herencia de todos sus campos e iba a ser su esposo el que iba a influir en esa toma de decisiones y hasta el día de hoy está en esa situación”.
(Consultas ciudadanas)
En consonancia con las secciones anteriores, un elemento que se ha identificado como un nudo en materia de desigualdad de género es la propiedad y control de los recursos productivos. Desde los estudios específicos se ha señalado la relevancia que tienen para la autonomía de las mujeres la titularidad y el control de los recursos. La titularidad, individual o colectiva, implica el reconocimiento formal, legal, de los derechos, y permite garantizar y asegurar las relaciones de propiedad. Por su parte, el control efectivo de los recursos implica el reconocimiento comunitario y familiar de los derechos, y se entiende como las posibilidades de decidir sobre el uso y también de acceder a los beneficios y utilidades surgidas de ese uso (Agarwal, 1994; Deere y León, 2001). La ausencia de recursos propios o de su control limita la toma de decisiones económicas, así como la posibilidad de actuar individualmente frente a entidades públicas y privadas, y condiciona las trayectorias personales y del entorno familiar.
Conforme el CGA 2011, el 19,7% de las explotaciones agropecuarias identificaba como titular a una mujer, alcanzando estas explotaciones el 11,2% de la tierra censada (DIEA-MGAP). Una década antes, la proporción de mujeres titulares de las explotaciones era 18% (CGA, 2000), lo que evidencia el carácter estructural de esta desigualdad.
En cuanto al acceso a tierra de colonización, previo a la política de titularidad conjunta de 2014, las mujeres titulaban en menor proporción que los varones, con un nivel de masculinización mayor al promedio nacional (Florit y Piedracueva, 2017). La resolución de cotitularidad y la posterior aprobación de la ley N.° 19 781 de titularidad conjunta, marcan un punto de inflexión en esa tendencia, prácticamente triplicando la titularidad de las mujeres de unidades de producción familiar en el periodo 2014-2021 (INC, 2021). (42)
Asimismo, la información vinculada a registros administrativos de la institucionalidad agropecuaria constituye una fuente valiosa para identificar brechas en la titularidad de mujeres y varones, aunque en su mayoría no incluye la variable sexo y no realiza análisis de género, (43) y el hecho de que los diferentes registros administrativos implican requerimientos disímiles sobre quiénes pueden registrarse, así como la posibilidad o no de declarar titularidades múltiples. A pesar de ello, es posible aproximarse a las condiciones de titularidad y control, así como observar variaciones entre rubros y dispositivos de registro, como lo ilustra el Cuadro 4.2.
Resulta evidente que existen limitaciones en la información disponible para establecer a cabalidad la titularidad, acceso y control de los recursos por parte de las mujeres, siendo el acuerdo de una estrategia de medición común, consistente y sistemática, un desafío pendiente. A pesar de ello, la información cuantitativa generada es firme en evidenciar una titularidad y explotación desigual de mujeres y varones de los recursos productivos, y congruente con los insumos cualitativos que al unísono señalan menor propiedad, (46) sesgos de género en los procesos de sucesión (47) y vulnerabilidad de las mujeres en relación a las decisiones económico-productivas.
En consonancia, los antecedentes han mostrado que existe un menor poder de decisión de las mujeres en los emprendimientos agropecuarios. Florit et al. (2013) identificaron que, entre titulares de proyectos de apoyo a la producción familiar, existían brechas importantes de género, ya que mientras el 86,5% de los varones titulares eran los decisores principales, esta cifra descendía a 34,2% cuando se trataba de mujeres titulares. Por su parte, Bernheim (2018) en una encuesta a mujeres de la lechería, la horticultura y la ganadería identificó que el 44% de las mujeres encuestadas declaraban participar poco o nada en las decisiones prediales, y que un 28% declaraba tener interés en participar en mayor medida de la dirección de la explotación. El anhelo de una participación mayor en los emprendimientos productivos también ha sido parte de las demandas y necesidades establecidas en las consultas ciudadanas, e interactúa con brechas generacionales y con la dinámica de los procesos sucesorios.
Cabe señalar que la ausencia de bienes y titularidades, así como la menor presencia en los espacios de decisión y gestión, resultan además en limitaciones para el acceso a otras oportunidades y recursos como créditos, espacios de representación gremial, entre otros. Los formatos administrativos centrados en la titularidad única generan distorsiones en la información en materia de control y propiedad, y al mismo tiempo tienen efectos simbólicos y en el reconocimiento jurídico-administrativos en relación a las potestades y recursos disponibles para quien no figura como titular.
Consultas ciudadanas: Percepciones relacionadas con brechas de género en tenencia y control.
Limitaciones identificadas
- Existe mayor propiedad y control de los recursos productivos y herramientas por parte de los varones.
- Los registros administrativos transmiten a las familias la noción de un titular, un jefe de hogar, un decisor en la empresa, y con ello invisibilizan u obstaculizan otros arreglos familiares. Quienes son titulares tienen posibilidades diferentes de quienes no lo son, por ejemplo, en la titularidad de la tierra, en las matrículas de remitentes de leche, en los permisos de pesca, en el registro de empresa frutihortícola.
- Hay menor información sobre la producción, menor contacto con la asistencia técnica y con quienes trabajan en toda la cadena de valor, esto obstaculiza la toma de decisiones. Los estereotipos de género sobre quién decide y quién gestiona la producción atraviesan los vínculos a lo largo de toda la producción, con la asistencia técnica, intermediarios, trabajadores y al interior de las familias.
- Se incorpora la voz de varones a las decisiones productivas (hijos, yernos, nietos), y en menor medida las de las mujeres de las familias. En ocasiones se toman decisiones sobre la producción sin consultar a las mujeres que comparten el patrimonio. Se identifica que existen instancias de consulta, pero que la decisión final es tomada por los varones.
- En los procesos de sucesión se prepara a los hijos para la continuidad en la explotación y a las hijas para la salida del medio rural. Se van trasladando decisiones y activos productivos paulatinamente a los varones.
Potencialidades identificadas
- La expansión de experiencias de capacitación y de extensión donde se convoca a mujeres explícitamente, donde se desarrollan actividades prediales que las incorporan o de apoyo productivo a grupos de mujeres, aportan a posicionarlas como productoras y decisoras en sus producciones.
- La existencia de trayectorias de mujeres productoras cercanas o procesos de sucesión y asunción por parte de mujeres en el entorno familiar facilita la incorporación de las mujeres jóvenes en las decisiones o como potenciales sucesoras de la explotación.
- La forma de liderazgo y decisión de las mujeres tiene mayores dinámicas de consulta y construcción de consenso, por lo que siendo titulares tienden a incluir en mayor medida a otros/as integrantes de la familia y la explotación, en particular a las nuevas generaciones.
Merece un acápite particular en relación la existencia de menores titularidades y habilitaciones de las mujeres para el uso de vehículos. Las consultas ciudadanas y los antecedentes disponibles muestran un menor conocimiento de conducción y reducida habilitación formal (libreta) y familiar para el uso de vehículos (Florit et al., 2018). La residencia en predios agropecuarios y en zonas rurales supone en sí misma una mayor necesidad de acceso a vehículos para el desplazamiento y desarrollo de tareas cotidianas. Las limitaciones en la movilidad y acceso a vehículos obstaculizan el acceso al empleo, el desarrollo de funciones de comercialización y gestión vinculadas al predio, la participación social y condiciona las tareas de cuidados. Al mismo tiempo, las capacidades de conducción y sus respectivas habilitaciones formales constituyen el conocimiento básico para el desarrollo de capacidades asociadas al trabajo con maquinaria agrícola, forestal y desarrollo de servicios para el agro, sectores de la economía en crecimiento conforme indican Ackerman y Cortelezzi (2017).