Introducción
La tuberculosis (TB) continúa siendo un problema de salud mundial, con una estimación por parte de la OMS de 10,7 millones de casos (tasa de incidencia de 131/ cien mil habitantes) para el año 2024. Es la principal causa de muerte por un agente infeccioso, habiendo sido solamente superada en el pasado por la COVID-19, estimándose 1,2 millones de muertes anuales.
Si bien la TB está presente en todos los países y sectores de las poblaciones, existen grupos que son los de mayor posibilidad de desarrollar la infección y la enfermedad: contactos de los enfermos con TB pulmonar, personas con enfermedades que causan inmunosupresión (por ejemplo VIH) y las que viven en condiciones de pobreza y vulnerabilidad social.
Un enfoque estratégico para controlar la TB, alineado con las directivas de la ops/oms, consiste en centrar las acciones de detección precoz, tratamiento oportuno y adherencia al mismo en los grupos prioritarios.
En este sentido, el Programa Nacional de Tuberculosis (PNT) y el Ministerio de Salud Pública (MSP) han asumido la responsabilidad de elaborar nuevos protocolos de atención de la TB en contextos de encierro. Estos protocolos buscan transitar desde un enfoque centrado exclusivamente en aspectos biomédicos y de salud pública hacia una perspectiva basada en los derechos, que garantice a las personas privadas de libertad (PPL) el acceso a cuidados de salud adecuados y en condiciones de igualdad con respecto a la atención brindada a los pacientes con TB en la comunidad.
La Mesa de Salud Penitenciaria convocada por el MSP en el año 2023 e integrada por representantes de Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Centros Auxiliares Sanitarios del Interior y Montevideo de Sanidad Policial (Casim), Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa), equipo del Comisionado Parlamentario, Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Cátedra de Medicina Legal de la Universidad de la República, Dirección Nacional del Liberado del Ministerio de Desarrollo Social (DINALI), Comisión Honoraria para la Lucha Antituberculosa y Enfermedades Prevalentes (CHLAEP) asumió la responsabilidad de impulsar la elaboración del actual protocolo de «Atención y Prevención de la tuberculosis en la población privada de libertad en Uruguay - 2025».
