Quinto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto 2021-2024

2. Participación ciudadana y políticas para la igualdad

Potenciar los principios del gobierno abierto como herramienta para la construcción, implementación y monitoreo de políticas públicas orientadas a alcanzar una sociedad más igualitaria e inclusiva. Facilitar herramientas para diversificar y ampliar los mecanismos de participación impulsando la participación ciudadana digital.

2.1 Accesibilidad en la información y servicios digitales del Estado

Fecha inicio: Enero  2022

Fecha Fin: Junio 2024

Institución o actor responsable de la implementación: Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (AGESIC)  - Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC) –  Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP).

Descripción del compromiso

¿Cuál es la problemática que el compromiso aborda?

En 2020 el Parlamento Nacional sancionó la ley No.19.994 mediante la cual se dispuso que el Estado, los Gobiernos Departamentales, los Entes Autónomos, los Servicios Descentralizados y las personas de derecho público no estatales deberán asegurar la accesibilidad para contenidos web de acuerdo con las normas, requisitos y exigencias técnicas recomendadas por la Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información y del Conocimiento (AGESIC), la que deberá tomar como referencia para su elaboración, las buenas prácticas y recomendaciones internacionales, específicamente las recomendaciones del W3C - WAI (Web Accesibility Initiative del World Wide Web Consortium). Además, la ley dispuso que el Poder Ejecutivo podrá determinar la aplicación de las normas, requisitos y exigencias técnicas referidas en el inciso anterior en sectores específicos de la actividad privada.

Entre otros fundamentos, la nueva normativa apunta a atender los desafíos que persisten para garantizar el ejercicio de derechos de las personas en situación de discapacidad en condiciones de igualdad, y contribuir a derribar las barreras garantizando la información y los servicios digitales del Estado sean accesibles.

La implementación efectiva de la nueva normativa supone importantes desafíos, que van: desde la necesidad de llevar adelante acciones de sensibilización y capacitación y la adopción de pautas técnicas complementarias que faciliten las adaptaciones necesarias por parte de las instituciones públicas, hasta el trabajo articulado entre las instituciones públicas, los actores de la sociedad civil, la academia y el sector privado interesados en la temática para el impulso de una política pública integral para la accesibilidad universal a la información y a los servicios digitales del Estado y el involucramiento directo de personas en situación de discapacidad en tanto grupo de la sociedad directamente impactado por la normativa y las barreras.

¿Cuál es el compromiso?

Impulsar una política de accesibilidad en la información y servicios digitales que brinda el Estado, involucrando en espacios de diálogo e intercambio a las personas en situación de discapacidad.

¿Cómo contribuirá a resolver la problemática?

La implementación del presente compromiso supondrá el trabajo articulado de distintas instituciones públicas y otros múltiples actores interesados, abordando e implementando acciones para atender los diferentes y múltiples desafíos identificados antes detallados

El compromiso contribuirá a la adecuada implementación de la nueva normativa derivada del artículo 88 de la Ley 19. 994 sobre accesibilidad de la información de los sitios web y los servicios digitales del Estado, desarrollando pautas técnicas y generando capacidades en los distintos organismos.

Asimismo, permitirá dar respuesta a demandas y necesidades planteadas por personas en situación de discapacidad y los colectivos que trabajan en la temática durante su participación en el proceso de cocreación del Plan.

Permitirá impulsar una política nacional de Accesibilidad en la información y los servicios del Estado.

El compromiso propone:

  • Crear y poner espacios de diálogo e intercambio multiactor que pueda funcionar como instancia de cocreación del diseño de líneas de acción del Programa de Accesibilidad que articulará Agesic. Generar directrices técnicas y un plan de sensibilización y capacitación en la temática orientado a organismos del Estado y su implementación.
  • Adoptar, mediante un proceso participativo que involucre a las personas en situación de discapacidad, un dictamen de la Unidad de Acceso a la Información Pública que establezca pautas para armonizar la implementación de la Ley de Acceso a la Información Pública con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y otras normas en relación a la adopción de estándares y prácticas para el diseño universal y/o ajustes razonables.
  • Asimismo, y  atendiendo a demandas e iniciativas identificadas en las mesas de diálogo de gobierno abierto y la Plataforma de Participación Ciudadana Digital,  el compromiso implicará: generar un piloto para garantizar la accesibilidad de los servicios digitales  del Estado de mayor utilización por parte de la ciudadanía, y la creación de un servicio centralizado virtual de intérpretes en Lengua de Señas Uruguaya (LSU) que facilite la atención a la ciudadanía vinculada con Servicios en línea para efectivizar la accesibilidad a la información de las personas sordas.
  • Finalmente, también incorporando  propuestas surgidas en el marco del proceso de cocreación, el compromiso supondrá impulsar e implementar un conjunto de pautas, acciones de capacitación y adecuación de contenidos para mejorar la accesibilidad del portal  de ingreso al Estado, Uruguay Concursa, a través del cual se publican y canalizan los concursos de la Administración Pública. Y crear un currículum electrónico accesible que integre nuevas dimensiones de información que contemplen la perspectiva de los derechos de las personas con discapacidad.
¿Por qué es relevante a los valores de OGP?

Las iniciativas comprometidas se orientan a fortalecer el acceso universal a la información pública, en tanto derecho en sí mismo y en tanto prerrequisito para el ejercicio de otros derechos y el acceso a los servicios del Estado.

Complementariamente, contribuye a garantizar condiciones habilitantes para una participación pública efectiva e informada para todas las personas.

Información adicional

El presente compromiso contribuye al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 16, meta 16.7 16.7 y a  la implementación de la Convención sobre los Derechos de las Personas Con Discapacidad.

Asimismo atiende a diversas recomendaciones realizadas por los organismos monitores de Naciones Unidas en el marco de la supervisión periódica que realizan los distintos comité y en particular el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

1.Metas y/o principales hitos
Hitos con fechas verificablesFecha de inicioFecha de término
Espacio de diálogo e intercambio multiactor. Poner en funcionamiento un espacio de intercambio multiactor que integre representantes de colectivos de personas en situación de discapacidad, instituciones del Estado y academia que pueda aportar al  diseño de líneas de acción del Programa de Accesibilidad de contenidos digitales. Generar directrices técnicas, un plan de sensibilización y capacitación en la temática orientado a organismos del Estado y su implementación. Responsable Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic) Junio 2022Junio 2024
Armonizar la implementación de la Ley de Acceso a la Información Pública con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Adoptar, mediante un proceso participativo que involucre a las personas en situación de discapacidad, un dictamen de la Unidad de Acceso a la Información Pública que establezca pautas para armonizar la implementación de la Ley de Acceso a la Información Pública con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y otras normas en relación a la adopción de estándares y prácticas para el diseño universal y/o ajustes razonables. Responsable Unidad de Acceso a la Información PúblicaAgosto 2022Agosto 2023
Accesibilidad de los llamados a concurso del Estado en Uruguay Concursa. Evolucionar  la información de los concursos que gestiona Uruguay Concursa dirigidos a personas con discapacidad para que sean accesibles.  Elaborar directrices y pautas de accesibilidad comunicacional e impulsar un plan de capacitación orientados a todos los organismos que tienen obligación de publicar sus llamados en el Portal Uruguay Concursa. Responsable Oficina Nacional de Servicio CivilJunio 2022Junio 2024
Currículum electrónico accesible y nuevas dimensiones de información. Desarrollar un nuevo currículum electrónico de Uruguay Concursa, que cumpla los estándares de accesibilidad y que incorpore las dimensiones de identidad de género, autodefinición étnico-racial y discapacidad. Responsable Oficina Nacional de Servicio CivilJunio 2022Junio 2024
Accesibilidad en la Atención a la Ciudadanía. Desarrollar un piloto incorporando la asistencia virtual centralizada con Lengua de Señas Uruguaya (LSU) y evolucionar el catálogo de trámites y servicios en línea para que la información de los mismos sea accesible. Responsable Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic) Mayo 2022Junio 2024

Información de contacto

Nombre de la persona responsable en la institución implementadora: Ing. Rossana Gienochio

Cargo y departamento: Coordinadora del Programa de Accesibilidad - Agesic

Correo electrónico y teléfono: 29012929

Nombre de la persona referente para el seguimiento: Ing. Viviana García

Cargo y departamento: Técnico del Programa de Accesibilidad - Agesic 

Correo electrónico y teléfono: viviana.garcia@agesic.gub.uy - 29012929

2.2 Fortalecimiento de espacios de participación ciudadana y uso de herramientas ditigales en políticas públicas sobre envejecimiento y vejez

Fecha inicio: Marzo 2022

Fecha Fin: Junio 2024

Institución o actor responsable de la implementación: Instituto Nacional de las Personas Mayores (Inmayores), Ministerio de Desarrollo Social (MIDES).

Descripción del compromiso

¿Cuál es la problemática que el compromiso aborda?

Uruguay ha dado pasos importantes en el reconocimiento y la protección jurídica de los derechos humanos de las personas mayores. En 2016 el país ratificó la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos de las Personas Mayores, aprobada por Ley Nº 19.430. Asimismo, en 2009 la Ley N° 18.617 creó el Instituto Nacional del Adulto Mayor (hoy Instituto Nacional de las Personas Mayores) como órgano especializado y rector en asuntos de envejecimiento y vejez y dispuso la conformación de un Consejo Consultivo integrado por instituciones públicas, academia y representantes de las organizaciones de la sociedad civil vinculados a la temática sobre envejecimiento y vejez.

Para avanzar en la elaboración de políticas públicas integrales e intersectoriales que tomen en cuenta todas las dimensiones de las condiciones de vida de las personas mayores, resulta clave fortalecer su participación social en los espacios institucionalizados como el Consejo Consultivo, el cual se configura como un ámbito privilegiado de participación y articulación de la política pública en esta materia. En cuanto a la promoción de ámbitos para la participación ciudadana, en las últimas décadas, se han creado diversos espacios institucionalizados en la órbita del Estado uruguayo. No obstante estos avances, aún existe el reto de lograr mayor legitimidad y efectiva participación de las personas mayores en términos de injerencia y/o incidencia (y no únicamente participación consultiva) en los asuntos que les atañe así como también el desafío de democratizar aún más la participación, para que la misma sea accesible a todas las personas mayores, independientemente del lugar geográfico en donde residan y de sus condiciones socioeconómicas.

Por otra parte, si bien en la última década y media, Uruguay ha tenido un significativo desarrollo informacional, sustentado en la expansión de las Tecnologías de la Información y el Conocimiento (TIC) y que entre el 2010 y 2019 el porcentaje de personas mayores de 65 años usuarios de internet se incrementó de 12% a 49%, el uso de las TIC en este grupo etario continúa siendo el de menores niveles de acceso, registrando un 95% en el caso de los menores de 49 años y un 88% en aquellos de entre 50 y 64 años (EUTIC, 2010 y 2019). En este sentido, se considera necesario avanzar en la inclusión digital de las personas mayores para facilitar su acceso a los espacios de participación e información, sin discriminación por motivos de edad.

¿Cuál es el compromiso?

Fortalecer la participación ciudadana de las organizaciones de la sociedad civil vinculadas con la temática sobre el envejecimiento y vejez, en los ámbitos institucionalizados tales como el Consejo Consultivo de Inmayores. Para ello se integrará el uso de herramientas de participación ciudadana digital con el objetivo de fortalecer su participación en términos de incidencia en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas en esta materia, potenciando de esta manera el ejercicio de su derecho a la participación, favoreciendo su integración y contribución al desarrollo de la sociedad.

¿Cómo contribuirá a resolver la problemática?

Este compromiso contribuirá a:

  • Fortalecer la participación ciudadana de las organizaciones de la sociedad civil vinculadas con la temática sobre envejecimiento y vejez, en particular, y de las personas mayores en general, con el cometido de construir colectivamente políticas públicas más eficientes y eficaces.
  • La diversificación de las formas de participación ciudadana institucionalizada (complementando los espacios existentes presenciales con instancias digitales).
  • El aprovechamiento de las herramientas digitales para mejorar y fortalecer el funcionamiento del Consejo Consultivo de Inmayores.
  • La promoción de la transparencia y la rendición de cuentas de este espacio participativo (Consejo Consultivo) así como facilitar la disponibilidad y el acceso a información actualizada, precisa y completa sobre el funcionamiento de este espacio así como de todo lo que concierne al abordaje en temas de envejecimiento y vejez en Uruguay.
  • El fortalecimiento de la inclusión digital de las personas mayores a partir de la generación de habilidades instrumentales que permitan el mejor aprovechamiento de las tecnologías digitales para el ejercicio del derecho a la participación.
¿Por qué es relevante a los valores de OGP?

El compromiso es relevante a la participación ciudadana. El hecho de que las personas mayores logren ejercer plenamente sus derechos, como el derecho a la participación e integración comunitaria, permitirá mejorar la eficiencia y eficacia en las políticas públicas en esta materia. Esto se debe a que el logro en el aumento en la participación, en términos de incidencia, de un grupo poblacional, que es heterogéneo, diverso y con distintas necesidades e intereses, permitirá una mejora en la identificación de las prioridades y problemáticas que les atañe, a nivel local y comunitario, así como también en las alternativas de solución, lo cual contribuye también a una mayor legitimidad de las acciones cotidianas implementadas en el ámbito de la gestión pública. A su vez, se fortalece la sociedad civil que trabaja por los derechos de las personas mayores incidiendo en la agenda pública.

La promoción de la participación ciudadana a través del fortalecimiento del Consejo Consultivo, es relevante a los valores colaborativos ya que se fortalece la articulación entre los diversos actores públicos, academia y organizaciones de la sociedad civil en favor de políticas públicas sobre envejecimiento y vejez con objetivos coherentes, integrales y de calidad.

Contribuirá a la consolidación de una cultura del reconocimiento de las personas mayores en tanto sujetos de derechos, la dinamización de los espacios de participación ciudadana existentes como el Consejo Consultivo, y la inclusión digital para la participación ciudadana plena y efectiva en la sociedad.

Por último, pero no menos importante, este compromiso permitirá incrementar la transparencia y rendición de cuentas de las políticas públicas sobre envejecimiento y vejez en Uruguay.

Información adicional

Se articulará con otros organismos públicos y organizaciones de la sociedad civil:

  • Con el Grupo de Trabajo de Ciudadanía Digital, coordinado por la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic) a los efectos de contar con asesoramiento y establecer intercambios para el mejor desarrollo del compromiso.
  • Con la Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en el Medio (CSEAM) del Área de Derechos Humanos de la Unidad Académica de la Universidad de la República, a los efectos de llevar a cabo instancias de diálogo, capacitación, encuentro de saberes para trabajar en la aplicabilidad de la normativa de los derechos de las personas mayores y su ejercicio.
  • Con la Asociación de Sordos del Uruguay para generar instancias de diálogo y realización de actividades sobre accesibilidad a los espacios de participación por parte de las personas mayores sordas.
  • Con el Banco de Previsión Social a través de la política pública de inclusión digital de las personas mayores Plan Ibirapitá, con el cometido de generar sinergias de actividades y procesos a la hora de implementar acciones estratégicas concertadas entre los actores involucrados y sinergias cognitivas, de intercambio de información y conocimiento.

Información sobre integrantes del Consejo Consultivo del Instituto Nacional de las Personas Mayores: este Consejo está integrado por la sociedad civil organizada Red Nacional de Organizaciones de Personas Mayores (Redam) y Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay (Onajpu), por actores estatales Ministerio de Salud Pública (MSP), Banco de Previsión Social (BPS), Congreso de Intendentes y por la academia (Cátedra de Geriatría y Gerontología de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República).

Respecto de la vinculación de este compromiso con la Agenda 2030 y la consecución de los ODS, el desarrollo del mismo, aportará especialmente al objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 16 en tanto apuntará a mejorar los mecanismos institucionales de participación ciudadana y el fortalecimiento de la presencia del Instituto en el territorio. A su vez, siendo la promoción de la participación ciudadana el eje central de este compromiso, está en estrecha sintonía con el carácter participativo de los procesos de trabajo impulsados por la Agenda 2030 y la naturaleza interconectada del derecho a la participación con los demás derechos de las personas mayores. Así mismo, la creación de alianzas entre múltiples actores para lograr las metas propuestas.

En esta misma línea, este compromiso de acción contribuirá a la implementación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores de la Organización de Estados Americanos (OEA).

2.Metas y/o principales hitos

Hitos con fechas verificables

Fecha de inicio

Fecha de término

Elaborar un plan de trabajo (hoja de ruta), que incluya los pasos y actividades a realizar construyendo alianzas estratégicas entre todos los actores involucrados en el desarrollo del compromiso.

Marzo 2022

Agosto 2022

Diseñar y poner en funcionamiento en conjunto con Agesic y con el Consejo Consultivo del Instituto Nacional de las Personas Mayores, un módulo sobre envejecimiento y vejez dentro de la Plataforma de Participación Ciudadana Digital disponible para el Gobierno de Uruguay.

Agosto 2022

Marzo 2023

Diseñar un ciclo de capacitaciones en el uso de la plataforma de participación ciudadana digital dirigidas al Consejo Consultivo y otros actores intervinientes, considerando la inclusión de personas con discapacidades como la comunidad sorda.

Marzo 2023

Agosto 2023

Monitoreo y seguimiento del proceso participativo a través de la Plataforma digital

Marzo 2023

Junio 2024

Implementar ciclo de capacitación en el uso de la plataforma para la inclusión digital orientado a desarrollar habilidades y competencias instrumentales para la promoción de la participación en los integrantes del Consejo y representantes de las organizaciones de la sociedad civil de personas mayores.

Septiembre 2023

Junio 2024

Implementar talleres de sensibilización sobre el derecho a la participación y la inclusión digital en el proceso de políticas públicas sobre envejecimiento y vejez.

Febrero 2024

Abril 2024

Información de contacto

Nombre de la persona responsable en la institución implementadora: Ps. Malva Torterolo.

Cargo y departamento: Directora Nacional del Instituto de las Personas Mayores, Ministerio de Desarrollo Social.

Correo electrónico y teléfono: mtorterolo@mides.gub.uy - 24000302 interno 5601, 5602

Nombre de la persona referente para el seguimiento: Gabriela Garbarino

Cargo y departamento: Dir. División de Fortalecimiento y Estudios

Correo electrónico y teléfono: ggarbarino@mides.gub.uy 24000302 interno 5601, 5602

Nombre de la persona referente para el seguimiento: Javier Landinelli

Cargo y departamento: Técnico Departamento de Análisis y Estudios, División de Fortalecimiento y Estudios.

Correo electrónico y teléfono: jlandinelli@mides.gub.uy 24000302 interno 5601, 5602

Otros actores involucrados

Actores estatales involucrados: Secretaría de Derechos Humanos, Presidencia de la República.

Organizaciones de la sociedad civil, sector privado, organizaciones multilaterales, grupos de trabajo: Asociación de Sordos del Uruguay, Organización Nacional de Asignaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay ONAJPU, Red Nacional de Organizaciones de Personas Mayores (Redam Montevideo y Redam interior).

2.3 Observatorio para el seguimiento de la implementación de acciones afirmativas para personas afrodescendientes.

Fecha Inicio: Marzo 2022.

Fecha Fin: Junio 2024

Institución o actor responsable de la implementación: División de Promoción de Políticas Públicas para Afrodescendientes, Ministerio de Desarrollo Social (MIDES).

Descripción del compromiso

¿Cuál es la problemática que el compromiso aborda?

En Uruguay, según datos estadísticos, el 8,1% de la población se auto reconoce como afrodescendiente (Censo Nacional de Población y Vivienda, 2011), conformando la minoría étnico-racial mayormente representada en el país. Cifra que a lo largo de los años, debido a diversos factores, entre ellos la incidencia de la migración en los últimos 5 años, se estima ha experimentado un incremento.

Si bien desde el Estado se han adoptado diversas acciones y medidas para combatir el racismo, y reconocer y afrontar la desigualdad que históricamente ha afectado a la población afrodescendiente, las brechas étnico-raciales persisten en forma crítica. La población afrodescendiente, continúa siendo la peor posicionada en términos económicos, sociales, educativos y laborales.

En este marco, mejorar el cumplimiento de la Ley 19.122, por la cual se disponen acciones afirmativas con el fin de garantizar la participación de las personas afrodescendientes en las áreas educativa y laboral, resulta clave. El fortalecimiento de la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana en relación a la implementación de la normativa constituyen pasos necesarios para alcanzar este objetivo.

La mencionada Ley establece  la reserva de un 8% de los cupos laborales en instituciones estatales para personas afrodescendientes, así como en los programas de capacitación y calificación a implementar por el Instituto de Nacional de Empleo y Formación Profesional (INEFOP). También contempla la reserva de cupos para los sistemas de becas y apoyos estudiantiles que se asignen a nivel nacional y departamental. A la fecha, los resultados de la aplicación de esta norma no han sido los esperados. Si bien se ha logrado su cumplimiento en el ámbito educativo, en lo que respecta al ámbito laboral, persisten altos niveles de incumplimiento. En este sentido, en el 2014, primer año de aplicación de la Ley, el porcentaje de cumplimiento fue de un 1,1%; en 2015 de 2,7%; en 2016 de 1,78%; 2017 de 2,08%; 2018 de un 3,29%; en 2019 de 2,24% y en 2020 de 0,69%.

La norma también estableció la Comisión Implementadora de la Ley 19.122, integrada por 3 instituciones públicas y un Consejo Consultivo, integrado por 3 representantes de organizaciones de la sociedad civil.

¿Cuál es el compromiso?

Crear un observatorio para el seguimiento y monitoreo de la implementación de acciones afirmativas dirigidas a la población afrodescendiente, fortaleciendo la transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana en relación con el cumplimiento de Ley 19.122. Promover pautas e implementar acciones para mejorar la producción y disponibilidad de información que integre la variable étnico-racial por parte de las instituciones públicas.

¿Cómo contribuirá a resolver la problemática?

En Uruguay cada año se realiza un informe por parte de la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC) que releva el cumplimiento del año anterior de las acciones afirmativas por parte de las persona jurídicas obligadas al cumplimiento de la Ley 19.122 (según lo mandata el artículo 10 del Decreto 144/014); que si bien es un buen insumo, dado que nos permite contar con estadísticas respecto del nivel de cumplimiento, no es posible incidir de forma inmediata para subsanar los posibles incumplimientos.

La creación de un Observatorio posibilitará interactuar e influir positivamente en los órganos del Estado obligados a implementar las acciones afirmativas, particularmente la Ley 19.122; fortaleciendo la transparencia y participación ciudadana.

Por otro lado, mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación se pretende desarrollar apertura de datos, procurando que las personas afrodescendientes conozcan respecto de sus derechos derivados de la Ley 19.122, así como de las herramientas y procesos para acceder efectivamente a los mismos. Posibilitando de este modo, que la propia ciudadanía pueda ser partícipe del monitoreo y seguimiento del cumplimiento de la Ley 19.122.

Asimismo, la implementación del compromiso permitirá contar con un conjunto de pautas y la concreción de acciones de sensibilización para mejorar la disponibilidad de información desagregada y cumplimiento de la normativa vigente relacionada con la aplicación de la variable étnico-racial, permitiendo contar con un mapeo de todos los registros que manejan esta variable actualmente.

¿Por qué es relevante a los valores de OGP?

La creación de un Observatorio para el seguimiento de la implementación de acciones afirmativas y el fortalecimiento de la ciudadanía digital de las personas afrodescendientes contribuirá a la transparencia, colaboración y participación cívica, así como a la rendición de cuentas, puesto que a través del mismo será posible contar con información actualizada y pública respecto de la aplicación y cumplimiento de la Ley 19.122, creando condiciones favorables para que la sociedad civil pueda informarse e incidir en el monitoreo y seguimiento de su implementación, procurando interactuar e influir positivamente en los órganos del Estado obligados a implementar las acciones afirmativas. Dotando además, a la población afrodescendiente de información necesaria respecto de sus derechos derivados de la referida norma.

Información adicional

La implementación de este compromiso se articulará con el Grupo de Trabajo de Ciudadanía Digital, coordinado por la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic)y el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES).

Vinculado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) número 10: “Reducción de las desigualdades” y número 16: “Paz, justicia e instituciones sólidas”.

3.Metas y/o principales hitos
Hitos con fechas verificablesFecha de inicioFecha de término
Diseñar una propuesta de Observatorio mediante un proceso participativo en el marco de la Comisión Implementadora de la Ley 19.122 y su Consejo Consultivo.Marzo 2022Octubre 2022
Poner  en funcionamiento el Observatorio para el seguimiento de la implementación de acciones afirmativas para personas afrodescendientes.Noviembre 2022Febrero 2023
Implementar un proceso de apertura de datos del Observatorio y desarrollar visualizadores para potenciar las herramientas de monitoreo ciudadano.Marzo 2023Junio 2023
Incorporar espacios de intercambios y participación ciudadana vinculados a las temáticas del Observatorio a través de la Plataforma de Participación Ciudadana Digital.Julio 2023Setiembre 2023
Elaborar pautas para implementar mejoras a la producción de información desagregada y cumplimiento de la normativa vigente relacionada con la aplicación de la variable étnico-racial, permitiendo un mapeo de todos los registros que manejan esta variable actualmente.Octubre 2023Enero 2024
Diseñar e implementar un programa de sensibilización orientado a organismos y funcionarios con respecto a la temática de manera de promover mejoras a los sistemas de información para que puedan existir datos desglosados y se promuevan procesos de apertura de datos; y elaborar una guía, por parte de la División, que favorezca la efectiva implementación de la Ley 19.122.Febrero 2024Junio 2024
Difundir el Observatorio y fomentar su uso dentro de la población objetivo.Junio 2024Noviembre 2024

Información de contacto

Nombre de la persona responsable en la institución implementadora: Ing. Leydis Aguilera.

Cargo y departamento: Directora de la División de Promoción de Políticas Públicas para Afrodescendientes.

Correo electrónico y teléfono: laguilera@mides.gub.uy (+598) 24000302 | Interno: 3770

Nombre de la persona referente para el seguimiento: Ing. Leydis Aguilera.

Cargo y departamento: Directora de la División de Promoción de Políticas Públicas para Afrodescendientes.

Correo electrónico y teléfono: laguilera@mides.gub.uy (+598) 24000302 | Interno: 3770

Otros actores involucrados

Consejo Nacional de Equidad Racial y Afrodescendencia (CNERA), Comisión Implementadora de la Ley 19.122 y su Consejo Consultivo, Instituto Nacional de Estadísticas (INE),  Plan Ceibal.

2.4 Monitoreo y transparencia del Plan Nacional de Género en las Políticas Agropecuarias

Fecha inicio: Marzo 2022

Fecha Fin: Junio 2024          

Institución o actor responsable de la implementación: Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP).

Descripción del compromiso

¿Cuál es la problemática que el compromiso aborda?

El Plan nacional de género en las políticas agropecuarias (PNG Agro) aborda 4 dimensiones de las desigualdades de género que se presentan en el medio rural y el sector agropecuario, y pretende mediante un abordaje interinstitucional transversalizar las áreas de trabajo de la institucionalidad pública agropecuaria para, en el periodo 2021 – 2024, impactar en forma sustantiva en esa desigualdad. Por el alcance y la estructura institucional de la cual depende, el PNG Agro en una planificación ambiciosa y compleja, por lo que las estrategias de que permitan facilitar el monitoreo por parte de sociedad civil y la rendición de cuentas, supone aspectos claves para concretar una ejecución ajustada a la realidad de las poblaciones objetivo.

¿Cuál es el compromiso?

Realizar el monitoreo del Plan Nacional de Género en las Políticas Agropecuarias, en conjunto con sociedad civil, propiciando su involucramiento, incidencia y la transparencia en la gestión y ejecución del PNG Agro.

¿Cómo contribuirá a resolver la problemática?

Al garantizar la participación ciudadana en el proceso de implementación y al mismo tiempo transparentar el proceso de implementación, el compromiso da soporte al PNG Agro contribuyendo a su concreción y a que se realicen los ajustes o debates necesarios en las medidas que habiendo sido comprometidas no se encuentran delimitadas o precisadas a cabalidad en el PNG Agro.

Para concretar el objetivo del compromiso se desplegarán un conjunto de acciones con los siguientes resultados esperados:

  1. El PNG Agro cuenta con una comisión de seguimiento constituida por sociedad civil del agro y el medio rural.
  2. El PNG Agro constituye una red de referentes de las Mesas de Desarrollo Rural que acompaña con aportes territoriales el proceso de implementación del PNG Agro.
  3. El PNG Agro cuenta con rendiciones semestrales de lo actuado.
  4. Las acciones implementadas por el PNG Agro se transparentan para ser seguidas y consultas por un amplio público y población interesada.
  5. La comisión de seguimiento y el grupo de referentes de las Mesas de Desarrollo Rural son fortalecidas para alcanzar mayores grados de formación en participación y potenciar su incidencia en el PNG Agro.     

A efectos de cumplir con el resultado 1 se prevé convocar a la sociedad civil vinculada al agro y el medio rural, al menos trimestralmente. Esta comisión deberá hacer acuerdos de trabajo y jerarquizar temas en los cuales aspira a tener mayor incidencia, a su vez las instituciones parte del PNG Agro deberán tener apertura a esta incidencia, a efectos de dar validez a la herramienta.

Por su parte, a partir de la delegación de una referente por Mesa de Desarrollo Rural se pretende articular una red de referentes de todo el país que permita dar mayor conocimiento del PNG Agro a nivel de los territorios, e incorporar esas miradas al trabajo de implementación. Esta red sesionará a su vez en forma trimestral.

En ambos casos, la comisión y la red participarán de las instancias en que semestralmente el PNG Agro y las instituciones parte, rindan cuenta de lo avanzado. Para ello se prevé la construcción de un reporte de lo actuado con cierres en los meses de marzo y octubre, que buscara hacer coincidir la rendición de lo actuado con las fechas conmemorativas del Día Internacional de la Mujer (8 de marzo) y el Día Internacional de las Mujeres Rurales (15 de octubre).

A su vez en forma continua se pretende realizar un proceso de transparencia de lo actuado, con la generación de un mirador virtual donde los 83 compromisos operativos que constituyen el PNG Agro puedan ser informados de manera continua, y en la cual quede a disposición de cualquier persona interesada los detalles y niveles de avance.

Finalmente, se entiende que la participación y principalmente la incidencia, son procesos que pueden ser potenciados y desarrollados, especialmente cuando los/as interlocutores cuentan con menor experiencia en la materia y la política sobre la que buscan influir es de alta complejidad, como el PNG Agro. En ese marco, se entiende que el trabajo junto al Grupo de Gobierno Abierto permitirá la ejecución de instancias de formación en este proceso, que potencien el carácter de contralor y efectiva incidencia de ambos espacios sobre el proceso de implementación del PNG Agro.

¿Por qué es relevante a los valores de OGP?

En primer lugar el compromiso supone transparentar la ejecución de una política pública de 8 instituciones agropecuarias, por lo que implica democratización de la información y propicia la incidencia y conocimiento de la sociedad civil.

Al mismo tiempo el compromiso implica generar espacios y fortalecer capacidades de la sociedad civil para incidir sobre los procesos de implementación del PNG Agro, así como en el diseño de una fracción de las medidas concretas a llevar adelante en el marco del mismo.

Asimismo, contribuye a fortalecer las condiciones habilitantes y capacidades de la sociedad civil para el contralor, la incidencia y participación informada.

Información adicional

El PNG Agro en su conjunto, cuyo monitoreo se contempla en este compromiso, se articula con varios programas, estrategias y recomendaciones vinculadas al desarrollo. Concretamente, el PNG Agro dialoga con los ODS en especial el ODS 5, con las recomendaciones de la Reunión Especializada de la Agricultura Familiar, con la CEDAW y la Ley 19.846 y con el Plan de Acción en Género de la convención de Cambio Climático. Cada una de las 83 medidas señala con cuál de estos instrumentos dialoga.

Adicionalmente, el PNG Agro cuenta con un diagnóstico que recoge las experiencias previas y los documentos de la sociedad civil de incidencia que trabajaron aspectos de género. En las medidas se señala explícitamente si las mismas dan respuesta a una demanda de esos documentos de incidencia.

4.Metas y/o principales hitos
Hitos con fechas verificablesFecha de inicioFecha de término
Crear una comisión de seguimiento de la implementación del Plan Nacional de Género en las Políticas Agropecuarias (PNG Agro) constituida por  sociedad civil del agro y el medio rural y su puesta en funcionamiento.Marzo 2022Junio2024
Constituir una red de referentes de las Mesas de Desarrollo Rural que acompañe el proceso de implementación del PNG Agro.Marzo 2022Junio 2024
Generar e implementar un plan de capacitación para fortalecer las capacidades de incidencia y monitoreo de la Comisión de Seguimiento y/o la Red de referentes de las Mesas de Desarrollo Rural.Marzo 2022Junio 2024
Desarrollar y poner en funcionamiento un mirador de la implementación del Plan Nacional de Género en las Políticas Agropecuarias para facilitar el seguimiento y acceso a la información y reportes periódicos de los compromisos operativos por parte de toda la ciudadanía interesada.Marzo 2022Junio 2024
Realizar durante el proceso de implementación, al menos 6 eventos de rendición de lo actuado, en torno a las fechas conmemorativas del 8 de marzo y 15 de octubre de cada año.Marzo 2022Junio 2024

Información de contacto

Nombre de la persona responsable en la institución implementadora: Fernanda Maldonado

Cargo y departamento: Directora General del MGAP.

Correo electrónico y teléfono: direcciongeneral@mgap.gub.uy, 2410 41 55 Interno 304

Nombre de la persona referente para el seguimiento: Paula Florit.

Cargo y departamento: Coordinadora (i) de la Unidad de Género del MGAP. Unidad ejecutora Dirección General de Secretaría

Correo electrónico y teléfono: pflorit@mgap.gub.uy, 2410 41 55 Interno 405

Otros actores involucrados

Actores estatales involucrados: Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP); Instituto Nacional de Semillas (INASE), Instituto Plan Agropecuario (IPA), Instituto Nacional de la Carne (INAC), Instituto Nacional de Colonización (INC), Instituto Nacional de la Leche (INALE), Instituto Nacional de Vitivinicultura (INAVI), Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA).

Organizaciones de la sociedad civil, sector privado, organizaciones multilaterales, grupos de trabajo: Las organizaciones de la  sociedad civil involucrada depende de la constitución de la comisión de seguimiento, se prevé la presencia de todas las gremiales mixtas agropecuarias nacionales, las asociaciones de estudiantes de veterinaria y agronomía y las organizaciones de mujeres del medio rural y el agro.

2.5 Perspectiva de igualdad de género en los datos abiertos y en el nomenclátor de Montevideo.

Fecha inicio: Enero 2022.

Fecha Fin: Junio 2024.

Institución o actor responsable de la implementación: Intendencia de Montevideo (IM).

Descripción del compromiso

¿Cuál es la problemática que el compromiso aborda?

La Intendencia de Montevideo se encuentra elaborando la Estrategia para la Igualdad de Género de Montevideo, que tiene cuatro ejes estratégicos, dos de los cuales son Derecho a la ciudad y al territorio, y Cultura organizacional con igualdad de género. En ese marco, se profundizará el compromiso en dos líneas: la disponibilidad de los datos abiertos y el proyecto “Mujeres con Calle”. 

Se ha identificado la necesidad de incrementar la disponibilidad de datos abiertos que permitan realizar análisis con perspectiva de igualdad de género y que posibiliten evidenciar y/o revertir las desigualdades existentes, así como para fortalecer el diseño, implementación y/o seguimiento de políticas públicas. Se trabajará el afianzar la incorporación de esta perspectiva a todo dato abierto que se publique como algo a instituir en la cultura organizacional.

Por otra parte, la iniciativa Atunombre.uy llevada adelante por la organización de la sociedad civil DATA en 2015, puso en evidencia la desigual representación de mujeres en el nomenclátor montevideano. En aquel entonces, de casi 5500 calles de la capital, un poco más de 100 llevaban nombres de mujeres. A partir del 2018, desde el Departamento de Desarrollo Urbano de la Intendencia, en consonancia con el 3er Plan de Igualdad de Género (2014-2020), se elaboró el proyecto Mujeres con Calle. La iniciativa, incluyó la promoción de una medida afirmativa para revertir la brecha de género existente en el nomenclátor, lo cual se logró con la aprobación del Decreto 37.252/19 de la Junta Departamental, que estableció que 3 de cada 4 nombres de personas que se incorporen al nomenclátor deban ser de mujeres.

Asimismo, en el marco de las metas comprometidas por el Departamento de Planificación al 3er Plan de Igualdad de Género (2014-2020), se promovió y concretó la inclusión de la etiqueta Equidad en el Sistema de Información Geográfica, integrando la capa Representatividad, la cual pone de manifiesto la información construida por DATA.

Para potenciar las acciones emprendidas desde el gobierno departamental con el fin de abordar la brecha de género que exhibe el nomenclátor de la ciudad, se identifica la necesidad de fortalecer en articulación con los Municipios, la participación ciudadana para la propuesta de nombres de mujeres, y fortalecer la transparencia y rendición de cuentas sobre la implementación de la acción afirmativa que contempla la normativa vigente al respecto.

¿Cuál es el compromiso?

Desarrollar un proceso para incrementar la disponibilidad y publicación de datos abiertos que posibiliten potenciar los análisis con perspectiva de igualdad de género.

Fomentar la participación ciudadana, la transparencia y rendición de cuentas para disminuir la brecha de género en el nomenclátor de la ciudad en el marco de Estrategia para la Igualdad de Género de Montevideo, fortaleciendo la implementación del proyecto Mujeres con Calle y de la acción afirmativa dispuesta por del Decreto 37.252/19 de la Junta Departamental.

¿Cómo  contribuirá a resolver la problemática?

Disponibilizar los datos abiertos existentes, con la finalidad de incrementar la calidad de los mismos, permitirá realizar análisis con perspectiva de igualdad de género.

Se potenciarán las acciones que lleva adelante el gobierno departamental con el fin de abordar la brecha de género que exhibe el nomenclátor de la ciudad mediante el proyecto “Mujeres con calle”, incorporando categorías para poder realizar análisis con perspectiva de igualdad de género y promoviendo acciones para transparentar y fomentar la participación en el proceso de asignación de nombres de las calles y espacios públicos.

¿Por qué es relevante a los valores de OGP?

El compromiso incrementará la transparencia sobre la implementación de la normativa que establece una acción afirmativa para abordar la brecha de género que exhibe el nomenclátor de la ciudad, como uno de los componentes de la Estrategia para la Igualdad de Género en Montevideo, y de la ejecución del proyecto Mujeres con calle, instrumento desarrollado por el gobierno departamental para intervenir en la temática desde las políticas públicas.

Asimismo el compromiso contribuirá a fortalecer la publicación de datos abiertos, la rendición de cuentas y la participación ciudadana.

Información adicional

En este sentido trabajarán en forma coordinada en este proyecto los departamentos de: Desarrollo Urbano, Planificación, Desarrollo Sostenible e Inteligente, la Asesoría para la Igualdad de Género y el tercer nivel de gobierno.

5.Metas y/o principales hitos
Hitos con fechas verificablesFecha de inicioFecha de término
Elaborar recomendaciones para la publicación de datos abiertos con perspectiva de igualdad de género en la organización.Enero 2022Junio 2023
Actualizar la publicación de los datos abiertos existentes aplicando las recomendaciones.Julio 2023Junio 2024
Clasificar el nomenclátor de Montevideo con colaboración de la sociedad civil para publicar como datos abiertos y permitir su análisis con diferentes perspectivas.Enero 2022Diciembre 2023
Promover la transparencia en la evolución de las propuestas presentadas en el marco de la convocatoria Mujeres con calle, mediante una devolución de éstas.Enero 2022Junio 2024
Visibilizar la brecha de género en el nomenclátor y la trayectoria de las mujeres que lo integran, así como también las que fueron propuestas, mediante la realización de acciones de difusión y talleres de sensibilización del proyecto en el territorio.Enero 2022Junio 2024

Información de contacto

Nombre de la persona responsable en la institución implementadora: Mónica Méndez Basterrechea

Cargo y departamento: Directora de desarrollo, Departamento de Desarrollo Sostenible e Inteligente

Correo electrónico y teléfono: monica.mendez@imm.gub.uy / 1950 9340

Nombre de la persona referente para el seguimiento: María Gabriela Detomasi

Cargo y departamento: Arquitecta, Departamento de Planificación

Correo electrónico y teléfono: maria.detomasi@imm.gub.uy / 1950 4180

Otros actores involucrados

Organizaciones de la sociedad civil, sector privado, organizaciones multilaterales, grupos de trabajo: DATA, Organizaciones Barriales Vecinales.

2.6 Violencia doméstica y de género: acceso a datos abiertos.

Fecha inicio: Febrero 2022

Fecha fin: Diciembre 2023

Institución o actor responsable de la implementación: Dirección Nacional de Políticas de Género (DNPG) –  Ministerio del Interior (MI).

Descripción del compromiso

¿Cuál es la problemática que el compromiso aborda?

La violencia doméstica y de género es una problemática que atenta contra la vida y la dignidad humana, siendo un tema de seguridad pública. En este sentido, el Ministerio del Interior a través del Sistema de Gestión de Seguridad Pública, registra la información de las denuncias y de todos hechos en los cuales tuvo intervención. En virtud de continuar con el compromiso asumido, es pertinente centralizar la disponibilidad de la información en formato abierto para contribuir a mejorar el acceso y la interpretación de los datos.

¿Cuál es el compromiso?

Ampliar la publicación de datos abiertos de violencia doméstica y de género, y desarrollar un panel de visualización para facilitar la comprensión e interpretación de los datos, considerando aportes de especialistas para la construcción del mismo.

¿Cómo contribuirá a resolver la problemática?

La violencia doméstica y de género es un tema de interés social y el Ministerio del Interior recibe continuamente solicitudes de información de instituciones y población en general. En este sentido, continuar con el proceso de publicar datos de los últimos años, facilitaría el acceso a la información pública y además contribuye a la transparencia institucional.

En una primera instancia, se actualizarán los datos de la información publicada para luego comenzar a aportar la información de los años 2019 y 2020. Asimismo, se elaborará un panel de visualización para facilitar la comprensión e interpretación de los datos, por lo cual se recogerá insumos con la colaboración de especialistas, que aporten a la construcción de dicho panel.

El compromiso da continuidad al proceso de publicación de datos abiertos resultante del 4to. Plan de Acción de GA.

¿Por qué es relevante a los valores de OGP?

El compromiso incrementará la disponibilidad de datos abiertos sobre la violencia basada en género, fortaleciendo la transparencia y el acceso a la información en relación con la temática.

6.Metas y/o principales hitos
Hitos con fechas verificablesFecha de inicioFecha de término
Rediseñar el modelo para la publicación de datos abiertos vinculados a las situaciones de violencia doméstica y de género.Marzo 2022Abril 2022
Actualizar los datos en formato abierto de las situaciones de violencia doméstica y asociados y de género del año 2018 y publicar datos de las situaciones de violencia doméstica y asociados 2019 y 2020Mayo 2022Octubre 2022
Publicar datos en formato abierto de los homicidios domésticos a mujeres y por violencia basada en género,  y datos de los delitos sexuales de 2019 y 2020Setiembre 2022Diciembre 2022
Diseñar y desarrollar un panel de visualización de los delitos de violencia doméstica y de género, para facilitar el entendimiento de la información por parte de la ciudadanía, con el apoyo de Agesic.Febrero 2023Julio 2023
Puesta en marcha del panel de visualizaciónAgosto 2023Diciembre 2023

Información de contacto

Nombre de la persona responsable en la institución implementadora: Crio. Mayor Edgar Duarte.

Cargo y departamento: Subdirector de la DNPG

Correo electrónico y teléfono: edgar.duarte@minterior.gub.uy

Nombre de la persona referente para el seguimiento: Suboficial Mayor Lic. Christian Gularte.

Cargo y departamento: Encargado del Dpto. de Información y Análisis Estratégico de la DNPG

Correo electrónico y teléfono: christian.gularte@minterior.gub.uy

2.7 Acceso a la información para el empoderamiento y la autonomía económica de las mujeres.

Fecha inicio: Julio 2022

Fecha fin: Marzo 2024

Institución o actor responsable de la implementación: Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) – Ministerio de Desarrollo Social (MIDES).

Descripción del compromiso

¿Cuál es la problemática que el compromiso aborda?

La problemática que aborda este compromiso está vinculada a la necesidad política de impulsar la autonomía económica de las mujeres y responde a la oportunidad que este plan de acción representa para incorporar el uso de tecnologías digitales para promover el acceso a la información y la transparencia como componente clave para avanzar en ese objetivo.

La evidencia muestra nudos estructurales de la desigualdad, potenciados por la desigualdad de género en intersección con otras categorías y jerarquías sociales, como la edad, la pertenencia territorial o étnico-racial y condición socioeconómica, entre otras, provocando situaciones de aún mayor desigualdad y discriminación para diversos grupos de mujeres, en particular en el trabajo remunerado y no remunerado.

Estas desigualdades estructuran la vida de las mujeres en Uruguay, y operan como barreras que impiden transformar y desarrollar los recursos en activos en trayectorias de vida con fuertes vulneraciones de derechos.

El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) en su rol rector de las políticas de igualdad de género en el marco de su actuación en el Consejo Nacional de Género (CNG) y amparados por la Ley 19846 de 2019, ha definido, entre otros asuntos, impulsar el diseño  e implementación de políticas e instrumentos y acciones que operen como promotoras de la autonomía económica de las mujeres en todo el territorio nacional.

Resulta un desafío avanzar en el diseño de políticas públicas integrales e integradoras de la ciudadanía, incorporando “la mirada de género”, reconociendo las situaciones diferenciales entre mujeres y varones, y por ende identificado estrategias de acción e indicadores de resultado e impacto, que permitan concretar las transformaciones requeridas.

¿Cuál es el compromiso?

Fortalecer el acceso a la información que contribuya a impulsar la autonomía económica de las mujeres en Uruguay, mediante el desarrollo de una aplicación colaborativa,  gratuita, abierta y pública que involucre la participación activa de las potenciales usuarias en el diseño y la priorización de los contenidos.

¿Cómo contribuirá a resolver la problemática?

Este compromiso busca facilitar el acceso a información relevante, potenciar y amplificar las oportunidades que permitan  la autonomía económica de las mujeres en Uruguay. Para lograrlo se propone:

  • En una primera etapa desarrollar un espacio de consulta e intercambio con las propias mujeres para identificar los  temas de su interés vinculados a la autonomía económica.
  • Realizar alianzas estratégicas con diferentes instituciones, que permitan amplificar y disponibilizar oportunidades y recursos.
  • Se prevee incorporar  el uso de la Plataforma de Participación Ciudadana Digital como un instrumento más para generar procesos participativos con las potenciales usuarias para el diseño y fortalecimiento de la herramienta durante la etapa de piloto.
  • Desarrollar una aplicación colaborativa que permita integrar  información, de diferentes instituciones y tenga el foco en los asuntos del mercado laboral, empresarialidad, formación para el trabajo, entre otros asuntos priorizados por las propias mujeres.

Está orientado hacia el empoderamiento y autonomía económica de las mujeres como contribución directa a la igualdad de género, la erradicación de la pobreza y el crecimiento económico inclusivo. Las mujeres contribuyen de manera muy significativa a las economías, ya sea en empresas, granjas, como emprendedoras o empleadas o trabajando como cuidadoras domésticas no remuneradas.

¿Por qué es relevante a los valores de OGP?

El compromiso permitirá fortalecer el acceso a la información relevante para impulsar la autonomía económica de las mujeres y aportar a garantizar la igualdad de derechos y la no discriminación en base al género entre mujeres y varones, comprendiendo la igualdad formal, sustantiva y de reconocimiento, tal como lo consagra el Artículo 1 de la Ley 19.846.

Información adicional

Este compromiso se sustenta en el ámbito del Consejo Nacional de Género (CNG),  creado a través de la ley Nº 18.104 de marzo del 2007, en el marco del Plan de Igualdad de Oportunidades y Derechos. El mismo es un espacio de definición de las líneas estratégicas de las políticas públicas de género, integrando las voces del Estado, la Academia y la sociedad civil en sus diferentes expresiones. Funciona en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social y es presidido por el Instituto Nacional de las Mujeres.

Es el ámbito interinstitucional que define las prioridades de política pública de género y promueve que su diseño, ejecución y evaluación, contribuya al fortalecimiento de derechos de mujeres y hombres, mediante la incorporación de la perspectiva de género. Para el período 2020-2025 se ha definido una Comisión de Trabajo interinstitucional referida a la autonomía económica.

El Consejo está integrado por Ministerios, Poder Judicial, Servicios Descentralizados, Entes autónomos, sociedad Civil y se encuentra presidido por el Instituto Nacional de las Mujeres.

Este compromiso contribuye a avanzar en el ODS 5 que busca lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas en América Latina y el Caribe.

7.Metas y/o principales hitos
Hitos con fechas verificablesFecha de inicioFecha de término
Realizar una consulta inicial y otra de medio término a potenciales usuarias utilizando como uno de los mecanismos la Plataforma de Participación Ciudadana Digital.Julio 2022Diciembre 2022
Diseñar e instrumentar alianzas estratégicas  con  instituciones de gobierno vinculadas a la iniciativa en el marco del Congreso Nacional de Género.Julio 2022Diciembre 2022
Desarrollar la aplicación e implementar una etapa piloto.Enero 2023Diciembre 2023
Diseñar e implementar una estrategia de difusión y apropiación por parte de usuarias e instituciones públicas.Octubre 2023Junio 2024

Información de contacto

Nombre de la persona responsable en la institución implementadora: Mtra. Martha Piñeiro

Cargo y departamento: Inmujeres -  Directora de División autonomías y Desarrollo.

Correo electrónico y teléfono: mpiñeiro@mides.gub.uy

Nombre de la persona referente para el seguimiento: Lic. Vivian Gilles

Cargo y departamento: Inmujeres - Asesora Técnica de División autonomías y Desarrollo.

Correo electrónico y teléfono: vgilles@mides.gub.uy

2.8 Promoción y fortalecimiento de la Participación Ciudadana Digital

Fecha inicio: Marzo 2022

Fecha fin: Agosto 2024

Institución o actor responsable de la implementación: Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (AGESIC).

Descripción del compromiso

¿Cuál es la problemática que el compromiso aborda?

En Uruguay existe una extensa variedad de ámbitos de participación ciudadana que tradicionalmente funcionan con modalidad presencial. El contexto de emergencia sanitaria durante los años 2020 y 2021 obligó a la población a adaptarse al manejo de herramientas digitales para desarrollar distintas actividades, esto brinda una oportunidad para que a través de la e-participación se pueda disminuir las barreras existentes para la participación ciudadana, atendiendo los aspectos que posibilitan la inclusión de manera de evitar la generación de nuevas barreras.

¿Cuál es el compromiso?

Fortalecer una política de participación ciudadana digital, promoviendo la inclusión digital, el uso por parte de las instituciones públicas de la Plataforma de Participación Ciudadana Digital u otras herramientas digitales e incorporando buenas prácticas en los procesos participativos. Investigar sobre los factores que generar las brechas para la participación ciudadana en entornos digitales, considerando dimensiones como género, generaciones, étnico racial, territorialidad, situación de discapacidad, entre otras, que permitan fortalecer la estrategia.

¿Cómo contribuirá a resolver la problemática?

El fortalecimiento de la e-participación como oportunidad para promover la participación ciudadana institucionalizada y trascender barreras (género, territoriales, étnicas, otras) buscando evitar generar nuevas brechas (personas en situación de discapacidad, personas mayores, población con nivel educativo bajo o escaso manejo de herramientas informáticas, como el acceso a dispositivos y conexión a internet, entre otros)

La adecuación de las herramientas de e-participación a las necesidades de los procesos de participación y a las posibilidades de  la ciudadanía convocada a estos espacios, pueden contribuir a  alcanzar el objetivo de promover y fortalecer la participación, tanto en calidad como diversidad. Se espera lograr a través de la incorporación de herramientas de e-participación no solo mantener el alcance de la participación, sino que ampliarlo y profundizarlo.

Se debe aclarar que las características de los procesos participativos están establecidas por la normativa que rigen a los distintos ámbitos de participación ciudadana.

¿Por qué es relevante a los valores de OGP?

El compromiso contribuye a la Participación y colaboración ciudadana permitiendo a la ciudadanía una modalidad de participación que trasciende barreras territoriales y da la oportunidad de participar de forma asincrónica. La Plataforma de Participación Ciudadana Digital y el marco de referencia buscan dotar de nuevas herramientas y estándares de calidad a las instituciones públicas para mejorar y fortalecer el espacio cívico.

Información adicional

El compromiso establece una sinergia con la política digital del país establecida en la Agenda Uruguay Digital 2025 en su Objetivo I-Ciudadanía Digital, meta 3: “Avanzar hacia la participación ciudadana digital, fortaleciendo y ampliando los espacios y procesos participativos existentes, a nivel local y nacional.”.

Además contribuye al ODS 16.7: “Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades”.

8.Metas y/o principales hitos
Hitos con fechas verificablesFecha de inicioFecha de término
Evolucionar el Catálogo Nacional de Participación Ciudadana en términos de actualización de información y accesibilidad.Marzo 2022Marzo 2023
Incorporar la perspectiva de la Sociedad Civil y de la Academia a través de mesas de diálogo o instancias participativas, para el fortalecimiento de la política de participación ciudadana digital y del marco de referencia para esta modalidad de participación ciudadana, de manera que se permita robustecer los instrumentos y acciones en esta materia.Mayo 2022Noviembre 2022
Incorporar estándares, pautas y herramientas para promover procesos participativos accesibles y potenciar la participación ciudadana digital inclusiva en la Plataforma, alineándolos a la utilización de los estándares internacionales en materia de accesibilidad.Agosto 2022Marzo 2024
Realizar estudios y análisis de los factores que generan barreras y brechas en la participación en entornos digitales, teniendo en cuenta dimensiones como género, generaciones, étnico racial, territorialidad, situación de discapacidad, entre otras.Agosto 2022Junio 2024
Institucionalizar la Plataforma de Participación Ciudadana Digital, como instrumento para centralizar los ámbitos y procesos del Estado.Agosto 2023Agosto 2024

Información de contacto

Nombre de la persona responsable en la institución implementadora: A/S Ninoschka Dante

Cargo y departamento: Directora del Área Sociedad de la Información - Agesic

Correo electrónico y teléfono: ninoschka.dante@agesic.gub.uy - 2901 2929 Int.8320

Nombre de la persona referente para el seguimiento: Mathías Fraga

Cargo y departamento: División Gobierno Abierto - Agesic

Correo electrónico y teléfono: mathias.fraga@agesic.gub.uy – Tel: 2901 2929 Int.8349

Otros actores involucrados

Actores estatales involucrados: Todos los organismos que tienen ámbitos o procesos participativos institucionalizados.

Organizaciones de la sociedad civil, sector privado, organizaciones multilaterales, grupos de trabajo: Red de Gobierno Abierto (RGA), Universidad de la República (UdelaR).

2.9 Cocreación y monitoreo público del Plan de Acción Nacional de Derechos Humanos

Fecha inicio: Setiembre 2021

Fecha fin: Junio 2024

Institución o actor responsable de la implementación: Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia de la República (SDH).

Descripción del compromiso

¿Cuál es la problemática que el compromiso aborda?

Nuestro país tiene una larga trayectoria de respeto y compromiso con la adopción de medidas para satisfacer los derechos humanos de todos sus habitantes. Pero también como en todos los países existen problemas de derechos humanos. Los países tienen la obligación, derivada de sus propias constituciones y de los tratados de derechos humanos que han ratificado, de adoptar medidas desde sus políticas públicas para responder a ellos. Desde la Secretaría de Derechos Humanos  impulsamos a partir del 2021 el proceso de elaboración del Plan Nacional de Derechos Humanos, como herramienta de trabajo para construir políticas públicas que den respuesta a los problemas de derechos humanos, en pos de garantizar a todas las personas, la satisfacción de sus derechos y de disminuir las brechas existentes entre la población, atendiendo prioritariamente a las personas que viven en situación de vulnerabilidad. 

“La ruta por los derechos” es el camino que transitaremos para la construcción del plan que busca identificar problemas, y necesidades y realizar las acciones que el país requiere para garantizar el desarrollo de una vida digna en su población. 

En tal sentido, el compromiso se propone generar oportunidades y disponibilizar herramientas que posibiliten que la visión de los diversos actores de la sociedad puedan participar e incidir en el ciclo de elaboración de este instrumento de política pública implementando así los principios y estándares de la construcción de políticas con enfoque de derechos humanos promoviendo la participación activa de las personas destinatarias de estas políticas en el diseño y monitoreo de las mismas.

¿Cuál es el compromiso?

Implementar un proceso participativo para la construcción del primer Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos. Diseñar y desarrollar un proceso de seguimiento y monitoreo ciudadano, integrando herramientas digitales para garantizar el acceso público a la información y mecanismos de rendición de cuentas.

El proceso prevé amplias instancias participativas para la identificación de problemas y necesidades del país en materia de derechos humanos, así como de propuestas de acciones de políticas públicas para responder a esos problemas, con miras a la construcción de una mirada estratégica de Estado y su concreción en planes operativos asumidos como compromisos de gestión por las diferentes instituciones del Estado. 

¿Cómo contribuirá a resolver la problemática?

El objetivo general del Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos es fortalecer la construcción de un sistema de planificación de políticas públicas con enfoque de derechos humanos y su implementación a nivel nacional a través de una serie de compromisos de acción, documentos y protocolos consensuados y validados por la participación de referentes sociales y aprobados por el más alto nivel político. En línea con lo anterior, el objetivo del compromiso es incorporar la metodología de cocreación y monitoreo ciudadano para fortalecer la participación ciudadana en el diseño, ejecución, monitoreo y evaluación de este instrumento.

Los Planes Nacionales de Acción en Derechos Humanos son una herramienta fundamental para el cumplimiento y revisión de las obligaciones que los Estados asumen ante la ciudadanía y organismos internacionales de derechos humanos. Obligaciones que se construyen colectivamente a partir de amplios procesos de deliberación pública y participación, definen una mirada estratégica asumida como compromiso por los Estados y generan articulaciones interinstitucionales que coordinan y potencian las respuestas y permiten el monitoreo y el control ciudadano mediante el acceso público a la información, la transparencia y la rendición de cuentas.

El plan se desarrollará durante el período 2021-2024 en 6 etapas: 

  • Proceso preparatorio: Diseño e implementación de los instrumentos de consulta. Producción y difusión de documentos e insumos para el proceso consultivo participativo. Construcción de alianzas con actores estratégicos institucionales, organizaciones de la Sociedad Civil, academia, organismos internacionales y actores locales.  
  • Relevamiento de propuestas: En esta etapa se realizará el relevamiento de propuestas sobre el estado de situación de los Derechos Humanos en Uruguay, los problemas de Derechos Humanos a los que las políticas públicas deberían responder y las posibles soluciones a esos problemas que puedan contribuir a una mejora en la calidad de vida. Podrán participar todas las personas, ya sea a título personal o en representación de un organismo del Estado, de la sociedad civil, academia o del sector privado. Se podrá participar a través de la plataforma de participación ciudadana en la que se podrán presentar propuestas que identifiquen problemas de derechos humanos y que propongan acciones a implementar desde las políticas públicas para responder a esos problemas. También se realizarán encuentros para relevar propuestas, organizados por la Secretaría de Derechos Humanos o eventos descentralizados organizados por otros actores que se inscriban en la agenda del Plan. 
  • Proceso de construcción de una mirada estratégica de Estado: A partir de los aportes recibidos en el proceso preparatorio, el equipo redactor del Plan priorizará aquellas propuestas a incluir en el documento “Bases hacia un Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos”. Las propuestas que no se incluyan en el mencionado documento, integrarán la relatoría del proceso participativo. Se conformarán grupos interinstitucionales por cada eje temático del Plan, que tendrán la responsabilidad de reelaborar el capítulo correspondiente al tema en cuestión del documento “Bases hacia un Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos”, tomando en consideración las relatorías del proceso participativo. Los capítulos reelaborados deberán ser sometidos a la validación institucional mediante la firma de las autoridades correspondientes de las instituciones implicadas en cada grupo temático, para luego ser compilados en el proyecto de texto del Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos que contendrá la mirada estratégica asumida por el gobierno. 
  • Proceso de construcción de planes operativos; Elaboración participativa de planes operativos institucionales. Lanzamiento del Plan de Acción Nacional en Derechos Humanos. 
  • Seguimiento y monitoreo ciudadano de los planes operativos validados por las autoridades institucionales correspondientes
  • Rendición de cuentas y evaluación de las acciones realizadas durante todo el proceso de forma de dar continuidad con el nuevo ciclo de política pública.
¿Por qué es relevante a los valores de OGP?

El Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos, se construirá a partir de procesos participativos, desarrollará sistemas de seguimiento y evaluación que garanticen el acceso público a la información y la rendición de cuentas al finalizar ciclos, dando continuidad a las acciones para su fortalecimiento como política de Estado. Contribuirá a la construcción interinstitucional de las políticas públicas. Generará una mayor conciencia acerca de la situación de los derechos humanos y sobre la necesidad de construir garantías de derechos en forma conjunta entre las áreas y niveles del Gobierno, como camino para la institucionalización de la perspectiva de derechos humanos en el Estado.

El compromiso integrará un conjunto de acciones orientadas a instrumentar y garantizar la participación ciudadana en el ciclo de construcción del Plan de Acción Nacional de Derechos Humanos, promoviendo así la transversalización de los principios y valores del Gobierno Abierto y la metodología de cocreación en los procesos de construcción de políticas públicas con enfoque de derechos humanos.

Información adicional

El proceso de coconstrucción y monitoreo público del Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos cuenta para su ejecución con los recursos humanos y presupuestales de la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia de la República. Por su parte, el carácter interinstitucional de los planes operativos movilizará recursos de diferentes agencias estatales y diferentes programas de gobierno, en el marco de una mirada estratégica y un marco conceptual compartido. Contará con los avales de las máximas autoridades de Gobierno, y pretende la continuidad de sus acciones en nuevos ciclos de política pública como política de Estado.

En este proceso se integran las diferentes agendas que responden, sectorialmente, o en relación a poblaciones específicas, a problemas u objetivos de desarrollo desde una perspectiva de derechos humanos. En particular se integran aquí las recomendaciones recibidas por Uruguay en el marco del Examen Periódico Universal o de los diferentes órganos de seguimiento de tratados y relatores especiales de Naciones Unidas, así como la Agenda 2030.

9.Metas y/o principales hitos
Hitos con fechas verificablesFecha de inicioFecha de término

Implementar la primera etapa del proceso participativo para relevar propuestas de problemas y acciones a través de 4 instrumentos:

  • Plataforma de participación ciudadana digital, 
  • Creatón (4 encuentros regionales)
  • 1 seminario académico
  • 3 mesas de diálogo con académicos y referentes institucionales.
Setiembre 2021Diciembre 2021

Sistematizar y priorizar las propuestas recibidas para la elaboración del documento Bases hacia un Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos y relatorías para la construcción de la mirada estratégica. 

Enero 2022Mayo 2022
Cocreación y aprobación de los planes operativos a través de un proceso participativo realizando por cada eje temático una mesa de diálogo. Mayo 2022Julio 2022

Implementar un proceso de seguimiento y monitoreo ciudadano, utilizando herramientas digitales para garantizar el acceso público a la información (Mirador). Realizar una Mesa de diálogo anual para el seguimiento con participación social, en setiembre de cada año. Las instituciones evaluarán la ejecución y replanificarán en un nuevo plan operativo anual. 

Organizar una instancia de rendición de cuentas y evaluación del plan al final del período.

Julio 2022Junio 2024

Información de contacto

Nombre de la persona responsable en la institución implementadora: Rosario Pérez

Cargo y departamento: Secretaria de Derechos Humanos – Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia. Correo electrónico y teléfono: roperez@presidencia.gub.uy Tel: 150 2460.

Nombre de la persona referente para el seguimiento: Perla Rodríguez
Cargo y departamento: Integrante del equipo técnico de la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia .Correo electrónico y teléfono: perodriguez@presidenci.gub.uy Tel: 150 2466.

Por consultas con respecto al proceso de construcción del Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos: planddhh@presidencia.gub.uy

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