Deuda Pública
De acuerdo a la información suministrada por el Banco Central del Uruguay, la deuda bruta del sector público global al cierre de 2019 ascendía a 37.160 millones de dólares, lo que representó 66,4% del PIB. Este resultado evidencia un desvío significativo respecto a lo proyectado en el Presupuesto Nacional 2015, como se evidencia en el siguiente gráfico.
Asimismo, existió un desvío significativo respecto a la proyección de la deuda neta del sector público ajustada por encajes (aun sin considerar el efecto positivo de los ingresos del FSS). En 2014 se ubicaba en 33,3% del PIB, proyectándose en el Presupuesto Nacional de 2015 que alcanzaría el 37,8% en 2019, siendo el dato efectivamente verificado 43,5% del PIB.
Las necesidades totales de financiamiento del Gobierno Central durante 2019 totalizaron US$ 4.833 millones (US$ 3.974 millones correspondieron al pago del servicio de deuda -intereses y amortizaciones- y US$ 859 millones al déficit fiscal primario del Gobierno Central).
Más del 80% del financiamiento fue cubierto mediante la emisión de títulos en el mercado en moneda local (Unidades Indexadas -UI- y Unidades Previsionales-UP) y moneda extranjera (dólares), en los tramos de corto, mediano y largo plazo de las curvas soberanas. El monto restante se completó, principalmente, mediante el desembolso de préstamos con organismos multilaterales y el uso de activos líquidos.
En términos netos, la emisión de bonos y desembolsos de préstamos durante 2019 fue de aproximadamente US$ 1.529 millones.
El nivel de deuda bruta del Gobierno Central[1] al cierre del 2019 fue de US$ 29.838 millones, representando 53,3% del PIB. Al tomar en cuenta el total de activos del Gobierno, la deuda neta para igual período fue de 49,5% del PIB.
Por otro lado, el Gobierno contaba con las líneas de crédito con tres organismos multilaterales de crédito (BID, CAF y FLAR) por un monto de aproximadamente US$ 2.191 millones. En conjunto, esta política de pre-financiamiento del servicio de deuda de corto plazo y la disponibilidad de estas líneas con organismos multilaterales, que comenzó a instrumentarse desde 2008, actúa como un seguro ante shocks de los mercados financieros internacionales, permitiendo a la República acceder a los mismos en los momentos que considera más propicios.
La madurez promedio del portafolio de deuda al cierre del año 2019 era de aproximadamente 14 años, uno de los mayores a nivel de los países emergentes. El porcentaje de la deuda que vencía en los siguientes 12 meses se ubicaba en 5.6% del total, mientras que el 68% del total de la deuda tenía un plazo a vencimiento mayor a cinco años.
En lo que respecta a la composición por monedas, aproximadamente un 44% del portafolio total de deuda se encontraba denominado en moneda nacional al final de 2019. En cuanto a la composición de la deuda por jurisdicción, al finalizar 2019, el 22% del portafolio de deuda se encontraba emitido bajo jurisdicción local, al tiempo que el 78% restante fue emitido bajo jurisdicción extranjera. La participación de inversores extranjeros en las tenencias totales de títulos públicos alcanzó 54%.
Tope de variación de la deuda neta del Sector Público Consolidado
El marco legal vigente en materia de tope de incremento de endeudamiento neto para todo el Sector Publico está establecido en el artículo 2º de la Ley Nº 17.947, de 8 de enero de 2006, en la redacción dada por el artículo 334 de la Ley Nº 19.670, de 15 de octubre de 2018.
En comunicación realizada a la Asamblea General, fechada el 26 de diciembre de 2019, la anterior administración anticipó la posibilidad de que la variación de la deuda neta del sector público global durante el ejercicio 2019, superase el monto máximo establecido. En dicha comunicación se indicó:
“El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a Ud. a efectos de dar cuenta de que en el presente año la economía uruguaya ha transitado un proceso de desaceleración de la actividad, que impactó en los ingresos del sector público. Esto podría determinar que el Poder Ejecutivo tenga que hacer uso de la facultad prevista en la Ley Nº 17.947, del 8 de enero de 2006, en la redacción dada por el artículo 735 de la Ley Nº 19.355, de 19 de diciembre de 2015, que permite superar hasta en un 50% (cincuenta por ciento) el monto máximo de UI 14.000.000.000 (catorce mil millones de unidades indexadas) contemplado en el literal E) del artículo 2 de la Ley Nº 17.947 en la redacción dada por el artículo 334 de la Ley Nº19.670 del 15 de octubre 2018”.
La evaluación del cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 2° de la precitada Ley, solo puede ser realizada una vez que el Banco Central del Uruguay (BCU) ha publicado las cifras de deuda correspondientes al cierre de cada año. Dicha publicación se realiza tres meses después de finalizado cada ejercicio. En el caso del ejercicio de 2019, los datos de deuda para evaluación del tope de variación de endeudamiento fueron publicados por el BCU el 31 de marzo de 2020.
De la publicación de las cifras se desprende que la variación de la deuda neta del sector público global correspondiente al ejercicio 2019, ocurrida bajo la anterior administración, fue de 16.086:000.000 UI (dieciséis mil ochenta y seis millones de Unidades Indexadas). Este monto excede, efectivamente, el tope de 14.000:000.000 UI (catorce mil millones de Unidades Indexadas), fijado de conformidad a lo dispuesto por el literal E) del artículo 2 de la Ley Nº 17.974, de 8 de enero de 2006, en la redacción dada por el artículo 334 de la Ley Nº 19.670, de 15 de octubre de 2018.
La actual administración comunicó el 15 de abril de 2020 a la Asamblea General de la utilización de la facultad conferida legalmente para ampliar el tope de endeudamiento. En dicha comunicación se expresó:
“La desaceleración económica junto al incremento sostenido del gasto público determinaron un aumento del déficit fiscal y, por ende, la necesidad de un mayor endeudamiento del que hubiera sido necesario por la mera caída de la recaudación. Se deja constancia, entonces, de la necesidad de realizar esta comunicación en virtud de las disposiciones legales vigentes, como consecuencia de la actuación del gobierno que culminó sus funciones en febrero de 2020.”
[1] Las estadísticas de deuda incluyen todos los instrumentos de mercado emitidos, tanto en moneda doméstica como extranjera, bajo jurisdicción local o externa, y en poder de entidades privadas y del sector público, tanto locales como del exterior. También se incluyen todos los préstamos con organismos multilaterales cuyo deudor contractual es el Gobierno Central. Las cifras de deuda que se presentan a continuación incluyen los instrumentos emitidos por el Gobierno Central en poder del Fideicomiso de Seguridad Social, y excluyen los bonos emitidos en su momento con el objetivo de capitalizar al Banco Central